El neoliberalismo en las tierras del meta

El neoliberalismo en las tierras del Meta
Emilio García Gutiérrez

Centro de Estudios para el Desarrollo Regional – CEDER
Emilio García Gutiérrez
Diagramación: Lucila Cubillos Cruz
Primera edición: Octubre de 2000
Impresión y encuadernación: Surtipapeles
Dirección electrónica: comejen47@gmail.com

1. Caracterización de la globalización.
2. El modelo neoliberal imperante.
3. La desactivación productiva.
3.1. Desagriculturización.
4. La ofensiva ideológica de la apertura.
5. La actividad productiva en la Orinoquia.
6. Repercusiones del neoliberalismo en el sector rural.
6.1. Pérdida de identidad cultural y de biodiversidad.
6.2. Pérdida de seguridad alimentaria.
6.3. Impacto negativo en renglones productivos.
6.4. Empobrecimiento tecnológico.
6.5. Crisis y pobreza.
7. Bibliografía.

Emilio García Gutiérrez
Lectura para análisis en el curso de Política Agraria en Unillanos
Villavicencio, octubre de 2000.
1. Caracterización de la globalización.
La globalización bajo el modelo neoliberal, es la característica de la etapa
actual del capitalismo. Se reproduce en las sociedades modernas bajo la
presión de diversas fuerzas sociales, económicas, tecnológicas y
geopolíticas que se profundizaron a partir del fin de la segunda guerra
mundial, y al diseminarse por el mundo está alterando la forma de relación
y el comportamiento no sólo de las sociedades sino de sus miembros como
individuos. (Garay, 1999a).
La acción de estas fuerzas ha exigido una nueva definición del papel del
Estado, diferente a la que prevaleció durante el siglo XX, principalmente por
la erosión del concepto de soberanía nacional al iniciarse el
desplazamiento, desde el Estado-nación hacia instancias supranacionales,
del centro de decisiones referidas a un conjunto cada vez más amplio de
temas (en principio problemas que atañen a la humanidad como un todo).
Entre las principales fuerzas que han impulsado el proceso de globalización
se pueden señalar, (Garay, 1999ª):

 La revolución en la informática, las comunicaciones y las nuevas
tecnologías que propiciaron la automatización flexible y la aparición del
posfordismo, la descentralización espacial de los procesos productivos y
el cambio en la organización de la producción y del capital. Y en el
campo de las relaciones entre individuos, la masificación de la televisión
y la telefonía y la comunicación interactiva instantánea a escala mundial,
por encima de la posibilidad de censura previa y con acceso a fuentes,
privilegiadas de conocimiento.
 El avance en la internacionalización de los procesos de producción y de
reproducción del capital, y en la renovación del patrón internacional de
especialización.
 La mundialización del sistema financiero internacional y la jurisprudencia
surgida de la constitución y funcionamiento de entidades multilaterales.
 El desarrollo de las armas atómicas.
 El fin de la guerra fría expresado en el derrumbe del campo socialista,
que desactivó la polarización entre sistemas y permitió la
configuración de bloques económicos a escala mundial.
 La profundización de los problemas medioambientales a escala cada
vez más global.
 La progresiva toma de conciencia de que el funcionamiento del sistema
capitalista en un mercado mundialista hace necesario enfrentar cierto
tipo de problemas de una manera global, incluso por encima de las
nacionalidades. Entre este tipo de problemas se pueden citar la defensa
de los derechos humanos, la profundización de condiciones
democráticas en los países, reconociéndose la crisis del modelo de
democracia ligado a la existencia de los partidos de masas, el combate al

crimen organizado y el narcotráfico y la manipulación de la genética
humana.
Estas fuerzas permitieron el desarrollo del “mecanismo del desanclaje” del
tiempo y el espacio -la interacción a distancia- mediante el cual se hace
posible la reorganización de las relaciones sociales sin la limitación de la
distancia (Giddens, 1993), y entender que la globalización es un proceso
social en el que las restricciones de la geografía en los arreglos sociales y
cultural se desvanecen y mediante el cual la gente va tomando conciencia
de tal desvanecimiento (Waters, 1996).
La globalización se reproduce en tres esferas determinantes de la dinámica
social en medio de un proceso de progresivo relacionamiento entre
sociedades del mundo como un todo: la económica, la política y la cultural.
El ámbito de la esfera económica es el arreglo social para la producción,
intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios -bajo desafíos
colectivos como el desarrollo sustentable y la preservación del medio
ambiente.
El escenario de la globalización en la esfera política tiene lugar en el
ordenamiento social para la coordinación, aplicación y legitimación del uso
del poder en sus diversas formas, desde las relaciones con los aparatos
militar y policial para la conservación del orden público y la preservación de
la seguridad territorial, hasta las más mediatizadas como son la estructura
jurisdiccional para velar por el imperio de los principios rectores y las
reglas del juego sobre las conductas y convivencia ciudadanas -incluidas las
regulaciones del comportamiento de los agentes económicos en el mundo.
La esfera cultural es la conciencia social representada por los valores,
carencias, principios, preferencias y gustos de la población recreada
permanentemente por la historia de la propia sociedad.

2. El modelo neoliberal imperante
La globalización capitalista está siendo administrada bajo el modelo
neoliberal imperante en el mundo de hoy. Este no es el único modelo de
globalización; por el contrario su perdurabilidad está en serio
cuestionamiento ante la creciente exclusión y agudización de
contradicciones que genera. Es una etapa posterior a la de la
internacionalización de la economía capitalista y es consecuente con la
tendencia a la configuración de una “sociedad global” fraccionada,
desigual, excluyente y diferenciadora, constituida por grupos relativamente
amplios de las sociedades desarrolladas y de sólo determinadas elites
privilegiadas de otras sociedades no hegemónicas.
En la concepción neoliberal y de libre competencia se supone, en la esfera
económica, que el mercado es una institución social donde los diferentes
agentes intervienen, en teoría, en condiciones de igualdad en el
intercambio, y con las mismas capacidad y oportunidad para satisfacer sus
necesidades a través de su interacción en el propio mercado. Así, la
instauración del mercado y del régimen de competencia debería tener
como contrapartida en la esfera política la necesidad de desarrollar un
régimen que responda a los mismos postulados básicos -como principios
teóricos abstractos- del régimen de competencia.
El primero de esos principios teóricos es el de la “igualdad” de los
ciudadanos en el proceso de decisión política para la definición de las
prioridades sociales mediante el derecho de elección a través del voto lo
que en términos de mercado implicaría el derecho de los agentes a
participar e interactuar a través de la relación oferta-demanda.
El segundo es el de la “soberanía” en las decisiones. Se supone
teóricamente que en el mercado, el agente económico es soberano en sus
decisiones. Similarmente, en el régimen democrático cada ciudadano, con

el acervo de información y de oportunidades que dispone, es soberano en
el sentido de que no debe haber fuerzas externas que lo lleven a definir o
condicionar sus decisiones en la esfera de lo político.
En la medida en que no se cumple en la práctica (como evidentemente
ocurre) con los postulados de igualdad y soberanía -en términos de la
capacidad y la disponibilidad real de oportunidades efectivas de los actores
para decidir libremente-, la consolidación de un régimen de mercado no
implica necesariamente la equiparación de un régimen democrático. Es
más, se ha llegado a argumentar que para su funcionamiento el mercado
no requiere necesariamente de la existencia de condiciones democráticas
al tenor de lo ocurrido en la Alemania nazi y en el Chile de Pinochet. En
estos casos se supondría que las dictaduras son una forma de “efectividad”
del Estado que “contribuiría” a la transparencia del mercado.
No obstante, como lo han afirmado algunos autores, la democracia
representativa -poliárquica como se la conoce en la práctica- ha
sobrevivido de manera estable en países con predominio de economías de
mercado capitalista, por el hecho de que algunos principios teóricos
característicos del mercado (capitalista) son compatibles -con instituciones
democráticas.
Ahora bien, la democracia y el capitalismo de mercados se relacionan en
medio de graves contradicciones y tensiones por la reproducción de
desigualdades de oportunidades en lo económico y en lo político. Es por
ello que “el capitalismo de mercado en gran medida favorece el desarrollo
de la democracia hasta el nivel de la democracia poliárquica. Pero, dadas
sus adversas circunstancias para la igualdad política, es desfavorable para el
desarrollo de la democracia más allá del nivel de la poliarquía” (Dahl, 1999).
Además, una economía de mercado no es autorregulada sino que como
institución social requiere, la instauración de valores, principios, normas,
regulaciones y comportamientos íntimamente compatibles con los
postulados de la racionalidad de la competencia: protección de los

derechos de propiedad, cumplimiento de los contratos en el mercado para
asegurar la reciprocidad y la confianza en el mercado como institución
social. Todavía más necesaria la intervención sobre el mercado en presencia
de “fallas” en la competencia y en la medida en que se reproduzcan
inequidades y perjuicios sobre unos ciudadanos y agentes económicos que
sean “injustificados” -en términos económicos y morales- a la luz de
criterios socialmente acogidos sobre la justicia distributiva.
El régimen político que debía acompañar al modelo neoliberal teórico, que
pregona por postulados como la igualdad y soberanía, en la realidad no es
el modelo democrático vigente en la etapa actual del proceso de
globalización. En este sentido el régimen político tiene que
complementarse o renovarse para que, en consulta con las condiciones
existentes tanto políticas como económicas, pudiera facilitar en mayor
medida la competencia en el mercado.
De otra parte, sobresale una seria contradicción interna al neoliberalismo
por ser en el ámbito económico hostil a la tradición, como consecuencia
del impulso de las fuerzas del mercado y de un individualismo agresivo.
Pero por ser defensor de la tradición en el ámbito político y cultural, de ahí
que su legitimación y su conciliación con el conservadurismo se deban
basar en la persistencia y defensa de la tradición en las áreas de la nación,
la religión, los sexos y la familia. Dado que no posee verdaderos motivos
teóricos, su defensa de la tradición en estas áreas suele adoptar la forma
de algún fundamentalismo (Giddens, 1996).
Ahí reside precisamente, una razón de la necesidad de reflexionar, analizar
y plantear opciones alternativas de política bajo escenarios probables como
la no sostenibilidad del modelo neoliberal teórico y la implantación de
otros alternativos, tomando en consideración las implicaciones sociales,
políticas y económicas entre diferentes países, regiones y en el sistema
capitalista en su conjunto.

3. La desactivación productiva
Bajo un ordenamiento político en avanzado estado de resquebrajamiento
progresa una determinada aculturación de la ilegalidad, y la cultura
productiva sufre severas y profundas transformaciones. En Colombia la
cultura productiva que prevalece no corresponde a la de una verdadera
cultura capitalista sino, en cierta medida, es una cultura que ha propendido
a la búsqueda del lucro y la satisfacción de objetivos egoístas excluyentes
en favor de ciertos grupos, logrados mediante el usufructo de privilegios
individuales relacionados con su posición en la estructura política,
económica y social del país. Más aún, esta cultura manifiesta rasgos
típicamente rentísticos; esto es, prácticas a través de las cuales los grupos
dominantes privilegian la obtención de ganancias como fruto de su
posición en la estructura social y no como fruto del trabajo, el ahorro, la
inversión, la innovación y el riesgo. A continuación veamos los
planteamientos de Luis Jorge Garay (1998).
Estos privilegios fueron adquiridos por ciertos grupos predominantes en
el ordenamiento político y económico del país al influir, con base en su
poder de influencia e incluso de coacción de los que disponen en la
aplicación de políticas públicas y colectivas aún a costa del interés público,
en beneficio exclusivo de sus propios intereses privados egoístas y/o por
medio del aprovechamiento de su capacidad de actuación respecto al
mercado, donde han existido condiciones equiparables a las de
competencia perfecta.
Puede decirse que en Colombia no se ha desarrollado una verdadera
cultura empresarial capitalista ni una verdadera cultura capitalista en el
sentido que su sociedad no ha observado estrictamente valores clave del
régimen capitalista de acumulación. Lo anterior sin pretender “idealizar” la
cultura capitalista, ni pregonar su irrestricta perdurabilidad, sino
reconociendo apenas que además de ser el régimen imperante en el

mundo hoy día, es en el que se encuentra adscrita esta sociedad, al menos
nominalmente.
Esta aculturación rentística tiene una clara expresión en el caso de la
industria y, en buena medida, la agricultura, en especial, para no
mencionar el caso típico de la prestación de servicios financieros-, al haber
sido reproducida por una excesiva prolongación y falta de renovación de
una estrategia de industrialización circunscrita primordialmente a apoyar a
unos determinados (sub)sectores domésticos productores de bienes tanto
de consumo como intermedios basados en recursos naturales, sin una
contraprestación comprometida por parte de los agentes beneficiados en
términos, por ejemplo, del mejoramiento de su capacidad competitiva, de
una creciente productividad en la utilización de recursos productivos, de la
capacitación del recurso humano y de la innovación técnica. Ello resultó
favoreciendo a los sectores tradicionales mono u oligopolizados y con
mayor poder de influencia política y económica por su posición
privilegiada en la estructura productiva en el país.
Si se analizan cuidadosamente los diferentes planes de desarrollo que ha
habido en Colombia desde los setenta hasta el día de hoy, se puede
observar que no han satisfecho no sólo las metas, sino que no se han
podido llevar a cabo porque gran parte del esfuerzo y de la prioridad de la
política económica han estado centrados en la búsqueda de la estabilidad,
y no necesariamente en la continuidad de un programa de desarrollo.
Ello no quiere decir que hubiese convenido haber dejado de lado la
estabilidad, sino que se requería buscar, dentro de un proyecto social más
comprometido, los esfuerzos necesarios para que con estabilidad también
se hubieran podido mantener metas, programas y objetivos de desarrollo
a largo plazo. Esto no ha sucedido en Colombia, y a la profundización de
los problemas estructurales del aparato productivo señalan que las
respuestas no se pueden buscar exclusivamente en las prácticas y
propuestas del manejo económico que han prevalecido.

En un mundo de globalización conviene contar con un programa de
desarrollo que presente un proyecto que sea buscado e implementado a
través del tiempo, independientemente de los gobiernos de turno. ¿ A
través de qué mecanismos, de qué modalidades, y con la intervención de
qué sectores y qué agentes de la sociedad, se puede definir y aplicar el
proyecto de desarrollo y velar por su cumplimiento? No es el Estado, en el
mundo actual, el único y exclusivo responsable del diseño, aplicación,
implantación, verificación y control de un programa de desarrollo; se trata
de una relación público-colectivo-privada nueva que está por crearse y por
institucionalizarse no sólo en Colombia sino en países en desarrollo en el
mundo globalizado, para poder ejercer una acción que posibilite por lo
menos la búsqueda de una inserción productiva del país al escenario
internacional.
Casi independientemente del modelo imperante -ahora el neoliberal-,
Colombia tendrá que desarrollar una nueva cultura productiva y política
con la abolición de prácticas y lógicas de comportamiento arraigadas,
como la rentística y la ilegal, enmarcadas dentro de un verdadero
ordenamiento democrático e incluyente socialmente, bajo el contexto de
globalización en las esferas económica, política, social y cultural, si se
deseara transitar hacia la construcción de una nueva sociedad.
En los orígenes de la crisis estructural y en una perspectiva
fundamentalmente económica se observa que la sociedad colombiana ha
desarrollado una cultura adversa a la inversión y a la acumulación de
capital, y más proclive al consumo.
Las tasas de ahorro y de inversión privada en Colombia nunca han
despegado de un nivel promedio moderado, en contraste con economías
similares que para desarrollarse incrementaron significativamente
(triplicaron o aun cuadruplicaron temporalmente) sus niveles de ahorro
respecto al Producto Interno Bruto, durante períodos de dos o tres
décadas.

A la par con esta cultura de no acumulación y de no inversión, el país
tampoco ha logrado alterar su estructura productiva de manera creativa y
funcional con el desarrollo económico. Colombia se ha caracterizado por
haber sufrido un proceso simultáneo de desindustrialización,
desagriculturización y terciarización durante los últimos treinta años.
Con estas características, aunque Colombia había logrado una capacidad
de estabilidad con crecimiento moderado, en medio del proceso de
apertura a la competencia externa surgieron serios interrogantes sobre,
primero, la sostenibilidad del crecimiento y las fuentes del crecimiento, y
segundo, sobre la capacidad de la economía colombiana para poder
competir o resistir la competencia de los bienes importados y para alcanzar
una productiva inserción al mercado internacional bajo el proceso de
globalización.
Dentro de la dinámica actual del sistema capitalista, el proceso de
desindustrialización y de terciarización parece constituir una de sus
características básicas. Sin embargo, en los países desarrollados y en los de
reciente industrialización, el proceso de terciarización ha sido dinámico,
centrado alrededor de sectores con tecnología de punta que desarrollan
eslabonamientos y relacionamientos con el resto de la economía, cada vez
más modernos, tecnificados y productivos. Infortunadamente, en el caso
de Colombia el tipo de terciarización que ocurrió fue uno absolutamente
pasivo y no productivo: los sectores terciarios financieros y de servicios de
gobierno, algunos de ellos privatizados recientemente, y nuevos servicios
en el área de comunicaciones, los cuales no incorporan ni desarrollan
tecnología ni posibilidades de modernización del sistema productivo e
institucional.
Como resultado de la cultura de la no acumulación, de fallas inherentes al
proceso productivo colombiano y de la apertura externa, se ha agudizado
la tendencia a reproducir déficit en las cuentas comercial y corriente de
Colombia con el exterior, lo que quiere decir que Colombia no sólo tiende a
consumir más de afuera que los productos que logra colocar en el exterior,

sino que a su vez requiere, crecientemente, del ahorro externo; es decir, de
recursos del resto del mundo para poder sustentar sus patrones de
consumo e inversión y gasto (productivo e improductivo).
Eso incluso en medio de bonanzas externas de toda índole que Colombia
pudo usufructuar desde 1975. Uno de los interrogantes centrales a tener en
cuenta es hasta qué punto se puede mantener esta tendencia a consumir
sin consultar debidamente el ingreso permanente de índole legal del país.
Quizás la crisis a la cual el país se enfrenta es una de las expresiones de la
no sostenibilidad de este patrón de consumo y bajo ahorro e inversión,
asociado con la orientación del mercado financiero en Colombia, y éste es
un fenómeno ligado a la crisis particular del sector financiero.
Ahora bien, ¿por qué existe la tendencia a utilizar ahorro externo en una
economía como la colombiana? En primer lugar; por la insuficiencia del
ahorro interno e inversión; en segundo lugar, por una tendencia al
consumo; y en tercer lugar, por algo que es fundamental: en Colombia uno
de los factores que contribuyó (no el único ni el más determinante
necesariamente) para haber mantenido estabilidad con crecimiento, fue el
hecho de haber usufructuado permanentemente, desde los años 1975-
1976, de consecutivas bonanzas externas de diferente índole: legales,
paralegales y abiertamente ilegales.
Todas estas bonanzas, ligadas a recursos naturales, que no implicaban ni
eran fruto del esfuerzo de la actividad productiva del país y de sus
ciudadanos (con la excepción del café), ni tampoco fruto del mejoramiento
de la capacidad productiva del sistema económico nacional sino, por un
lado, de la “aparición” de recursos naturales estilo petróleo o carbón, o de
bonanzas esporádicas del precio de los productos de exportación
colombianos como el café y, por otro lado, de la utilización de parte del
territorio para cultivar, procesar y comerciar drogas ilícitas, llevaron a que la
economía y la sociedad colombiana se acostumbraran a tener un patrón de
consumo que no responde a la capacidad de creación de riqueza de la
sociedad.

Al reducirse este tipo de bonanzas, Colombia está obligada a realizar un
serio ajuste en su patrón de consumo e inversión, para poder sostener no
sólo la solvencia del país, sino también su viabilidad y poder crear una
base que le permita crecer hacia el futuro. Más que un ajuste cosmético, se
trata de hacer uno verdaderamente estructural que vaya más allá del
diseño de la política económica: se trata de una nueva concepción de
desarrollo y un cambio de la cultura económica. En cuanto a esta cultura,
ha venido siendo permeada crecientemente por la irrupción de patrones
anómalos: comportamientos “mafiosos”, de enriquecimiento ilícito, y de
aprovechamiento de los bienes colectivos-públicos a favor de intereses
individuales privilegiados.
En este sentido la situación económica colombiana no se puede desligar de
la situación social y cultural porque, en la medida en que se vive en un
mundo más globalizado, estas anomalías internas imponen restricciones
crecientes y determinantes en la conducción económica del país.
3.1. Desagriculturización
La desagriculturización que se produjo simultáneamente con la
desindustrialización tuvo el efecto perverso de reducir la capacidad de
crecimiento y acumulación de la economía colombiana, mientras expulsaba
“destructivamente” población del sector rural hacia el sector urbano sin que
este último sector, por el patrón productivo que se ha mencionado, lograra
incorporar creativa y productivamente a esta mano de obra excedente del
sector rural.
El proceso de desagriculturización del país es consecuencia de un variado
conjunto de anomalías y problemas de muy diversa índole que van desde
las tradicionales prácticas sociales y económicas (por ejemplo, fiscales) en
favor de la acumulación de tierras en amplias zonas con fines más
especulativos -ligados a la valorización urbana y/o la búsqueda de poder y

legitimidad por parte de agentes ilegales y paralegales- antes que
propiamente productivos, a la exagerada pobreza del campesinado, a la
elevada concentración de la tierra y de activos rurales y a la ausencia de
una verdadera política de tierras y de productividad agraria, hasta la
aberrante proliferación de variadas modalidades de violencia enraizadas y
retroalimentadas por las condiciones de desigualdad, marginación e
inaccesibilidad a servicios básicos (como salud, educación, justicia, vías)
ante la ausencia del Estado, la preeminencia de intereses particulares
individualistas -legales e ilegales- y a la pérdida de legitimidad del régimen
político tradicional en buena parte del territorio nacional.
Colombia no ha superado problemas endémicos -políticos, económicos y
sociales-, sino que incluso ha sufrido serios retrocesos que han deteriorado
aun más las condiciones de vida del campo. No sólo se ha producido una
mayor concentración de la tierra, con la presencia de intereses ilegales, que
buscan en el poder territorial y geoestratégico una forma de legitimación y
de poder político, sino que tampoco se ha avanzado decididamente en una
mejor explotación de la tierra con técnicas productivas más eficientes y con
adecuados patrones de especialización. Por el contrario , aparte de que
amplias zonas del país están dedicadas a la ganadería extensiva cuando
algunas de ellas podrían ser utilizadas en la siembra de cultivos
comerciales, en otras regiones no se está produciendo de manera
consecuente con la aptitud de la tierra y en otras hay cultivos ilícitos que
han propiciado la transgresión de reservas forestales, extendiéndose
indebidamente la denominada frontera agrícola del país.
Esto ha llevado a que en diversas actividades del campo se haya arraigado
una aculturación rentística cuya lógica no es la producción comercial
capitalista mediante el aprovechamiento de las condiciones de la tierra, el
mejoramiento de la productividad y la competitividad, sino
fundamentalmente el aprovechamiento de un poder territorial para facilitar
una cierta legitimidad y la realización de excedentes legales e ilegales, y
para asegurar el logro de sus propios intereses individuales.

Con sus particularidades, en lo rural la acumulación rentística se profundizó
gracias al predominio de poderes territoriales sustentados en la elevada
concentración de la propiedad de la tierra y el latifundio, con una influencia
determinante en la configuración de partidos tradicionales y, a través de
ellos, en la conducción de asuntos del Estado y la aplicación de políticas
públicas como, por ejemplo, la impositiva que no solamente no penaliza
con mayor tributación de uso de la tierra para fines fundamentalmente
rentísticos y especulativos, sino que tampoco busca premiar relativamente
la producción eficiente en el campo.

4. La ofensiva ideológica de la apertura
En letras de molde quedaron las advertencias de que la aplicación del
modelo neoliberal conducirá la nación al matadero: así ocurrió con los
muchos análisis publicados en las revistas Deslinde y Agricultura Tropical
en estos nueve años. En esta sección incluimos los análisis que en el
ensayo “Neoliberalismo y desastre agropecuario” realiza Jorge Enrique
Robledo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.
Entre las muchas cosas que quedaron claras en los orígenes de la apertura
estuvo la que ella no era el producto de la genialidad de algún cerebro
criollo y que se estaba ante la definitiva concreción de una emboscada que
se intentaba desde antes. Dos años antes de definirla, el 7 de noviembre
de 1988, en el periódico El Tiempo, el ex ministro de hacienda Edgar
Gutiérrez Castro advirtió que Colombia estaba siendo sometida “a un
peligroso desmantelamiento de los controles sobre sus importaciones”, por
cuenta de “una política dictada por el Fondo Monetario Internacional”. Por
su parte, a los pocos días de aprobada la definitiva desprotección del
mercado interno, Abdón Espinosa Valderrama, explicó la decisión como el
producto de un chantaje y agregó que “el equipo económico del gobierno
de Barco ha dado, en sus postrimerías, prueba de heroico estoicismo al
guardar escrupuloso silencio sobre el origen de la mal llamada apertura de
la economía colombiana. Ha preferido asumir valientemente su
responsabilidad a compartirla con la institución de donde provino su
exigencia como requisito sine qua non para desbloquear el otorgamiento
de sus créditos.
En efecto, el Banco Mundial los tenía virtualmente suspendidos, (...). Si el
gobierno quería obtener nuevos prestamos, siquiera equivalentes al pago
de capital, debía comprometerse a liberar sus importaciones, o, en términos
más benignos, abrir su economía...

Anteriores experimentos de liberación de importaciones, también
impuestos desde afuera como supuestos requisitos de la aceleración del
desarrollo, tuvieron adversos resultados: estrangulamiento exterior en 1966
y recesión económica en 1981 – 82”. (Espinosa Valderrama, 1990).
También se advirtió que en el caso de los productos agropecuarios que
hacían parte de la oferta de las grandes potencias, los agricultores y
ganaderos colombianos no darían ni un brinco, porque en esas naciones
trabajaban, entre otras ventajas, con el respaldo de unos subsidios que
sumaban la enorme suma de 320 mil millones de dólares anuales, aportes
que no iban a ser desmontados por la retórica del mal llamado “libre
comercio”, como quedó demostrado en la Ronda de Uruguay, donde
Estados Unidos y sus socios en el control del Banco Mundial apenas
aceptaron disminuirlos en 21%, dejándolos en 252.800 millones de dólares
al año (!)(El Espectador, 1993), promesa que por supuesto tampoco
cumplieron. Y que ese comercio internacional de productos agrícolas y
pecuarios era aun más corrupto que las muchas corruptelas nacionales que
usaban las aperturistas como pretexto para dejar indefensos a los
productores colombianos, lo explicó Carlos Gustavo Cano, presidente de la
Sociedad de Agricultores de Colombia, cuando dijo:
“Se sabe que el comercio internacional de dichos bienes no solo no es
diáfano sino que es muy oscuro y que, bajo su turbia sombra, la supuesta
corrupción de los organismos públicos que intervinieron en él es apenas un
pálido reflejo de la del sector privado y transnacional” (SAC, 1990).
Otra de las afirmaciones que se hicieron anticipando la gravedad del
impacto de la apertura sobre toda la nación fue la muy certera de Darío
Múnera Arango, presidente de la Junta Nacional de la Andi, quién señaló:
“entonces yo llego a la tesis de que la competencia no es entre empresas
sino entre naciones, naciones completas (...) en el ámbito internacional, más
que la capacidad de competencia empresarial o de competencia industrial
juega la capacidad nacional de competencia” (ANDI, 1990).

Significaba con ello Múnera Arango que en el precio de cualquier
mercancía que se envía por el mundo, lo principal, lo determinante, no es la
voluntad de los individuos que la producen sino las circunstancias en que
ellos actúan, es decir, las condiciones nacionales que les hayan permitido, o
no, acumular grandes capitales y las tecnologías que de ellos se derivan, y
si se beneficiaron de maquinarias con precios razonables, de créditos
abundantes y baratos, de insumos con precios bajo control, de altos niveles
de educación, investigación científica y asistencia técnica, de grandes y
pudientes mercados internos, de enormes obras de infraestructura, de
fletes internos baratos, de subsidios abiertos y encubiertos, de barreras
proteccionistas arancelarias y fitosanitarias y de las restantes garantías que,
en últimas, determinan quién vence a quién en la competencia
internacional.
Una vez se hizo el ejercicio de comparar cómo se producía en el agro de
Colombia y en el de Estados Unidos, por ejemplo, quedó claro que la
capacidad nacional de competencia de los colombianos era bastante
menor, y no solo porque los subsidios de esa potencia a su sector
agropecuario sumaban unos 80 mil millones de dólares al año. Cuando la
apertura empezó, toda la producción se hacía allá con equipos de
significado poder y, con frecuencia, por auténticos monopolios que
controlaban capitales e inversiones inmensas, porque no existía la
producción campesina, entendida ésta como la que hacen quienes carecen
de manera absoluta de un capital o lo tienen de muy escaso monto y
deben entonces laborar con sus manos y las de su familias, sin contratar
mano de obra asalariada o en muy poca cantidad, y sin el empleo de
maquinarias que les aumenten la productividad de su trabajo.
También se señaló que los precios de sustentación norteamericanos era tan
efectivo que hasta habían permitido garantizarles el ingreso a los
agricultores para que no sembraran o pagarles, por cuenta del Estado, el
sacrificio de millares de vacunos y el derrame de millones de litros de leche,
para impedir superproducciones consideradas indeseables. Eran tan

notorias las diferencias en las tasas de interés de los créditos, que no es del
todo exagerado decir que allá los productores pagaban por el dinero en un
año lo que aquí se les cobraba en un mes. En tanto aquí el riego apenas
respaldaba una porción pequeña del área sembrada, allá era prácticamente
omnipresente, gracias a que desde la década de 1930 el Estado había
hecho por su cuenta grandes inversiones en represas y canales.
Mientras en esas tierras los fletes se abarataban por el común empleo de
ríos y ferrocarriles como sistemas de comunicación, en éstas casi todo se
cargaba por carretera, el sistema de transporte más costoso que existe
después del aéreo. En tanto allá existía una formidable red de
universidades públicas gratuitas y multitud de centros de investigación
financiados por el gobierno, que ponían a disposición de los productores
especialistas a porrillo y casi a diario semillas mejoradas y avanzados
recursos para controlar las plagas, aquí apenas había unas pocas facultades
de agronomía y veterinaria signadas por la escasez de recursos, y los
institutos de investigación, mal dotados y financiados, eran la excepción y
no la norma, a pesar de que en los países de la zonas templadas los gélidos
inviernos se encargan de hacer fuertes controles fitosanitarios cada año,
mientras que en las regiones tropicales las plagas se reproducen y mutan
con extraordinaria rapidez, realidad que genera diferencias naturales
enormes y de grandes consecuencias a la hora de producir.
Para completar el cuadro de las desemejanzas, allá solo se producía en
tierras planas y aquí buena parte de la agricultura y la ganadería se hacía en
las montañas, donde ni siquiera era posible beneficiarse de muchas de las
posibilidades que ofrece el empleo de la rueda. En resumen, a cada
agricultor y ganadero norteamericano lo llevaban de la mano el Estado y la
capacidad nacional de competencia que los gobiernos habían creado y
mantenían, cuando en Colombia ocurría todo lo contrario. Y las garantías
en Europa y Japón eran aún mayores.
Las diferencias anotadas entre las capacidades nacionales de competencia
son las que en últimas explican las grandes distancias entre las respectivas

productividades del trabajo, el indicador que por excelencia marca los
niveles de tecnificación de las faenas y de desarrollo de las naciones. En el
caso del arroz, por ejemplo, los trabajadores norteamericanos tienen una
productividad 4.6 veces mayor que la de los colombianos (Induarroz, 1999),
así las producciones del cultivo por hectáreas sean similares.
También se explicó que si todos los gobiernos de todas las potencias
protegían sin escrúpulos a su agro, no lo hacían porque sufrieran de un
particular estupidez que los indujera a convertir en perezosos a sus
pueblos –como podría deducir algún neoliberal ignorante-, sino en razón
de las conveniencias de sus monopolio y del conjunto de sus naciones.
Porque en el capitalismo el agro termina por desaparecer sin la debida
protección del Estado, porque los menores precios de los alimentos
disminuyen el precio de la mano de obra y, por esa vía, de todas las
mercancías, porque los consumos de la producción agropecuaria jalonan la
industria y el resto de la economía, porque las exportaciones de productos
agrícolas constituyen una parte vital de sus comercios exteriores, hasta el
punto que en 1995 las norteamericanas superaron los 50 mil millones de
dólares, y, por sobre todo, porque país que no garantice la seguridad
alimentaria de su pueblo perderá su soberanía nacional y será
indefectiblemente sometido a lo que le quieran imponer los que le vendan
y controlen su comida, y especialmente los cereales, el alimento estratégico
por excelencia.
Sin lugar a dudas, en la campaña neoliberal tendiente a convencer a los
colombianos de que la soberanía nacional ha caducado en la era de la
“globalización”, también cuenta que así se prepara el terreno ideológico
para eliminar o reducir hasta la insignificancia la producción cerealera, sin
que se generen protestas proporcionales al tamaño del atentado. Así se
entiende porqué la ministra de agricultura de Samper, cuando le
preguntaron qué opinaba acerca de que las importaciones de maíz
hubieran pasado de 17 mil a 1.7 millones de toneladas a partir de 1990,
tuvo el descaro de responder:

“Colombia tiene que entender que no puede ser un país competitivo en
producción de cereales” (El Tiempo. 1997)
Afirmación que si se hubiera hecho en cualquiera de los países
desarrollados que los aperturistas criollos dicen imitar, habría provocado la
destitución fulminante del funcionario o la caída del gobierno.
Lo otro que se aclaró fue por qué el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, los cancerberos de los intereses de los monopolistas
norteamericanos y de las restantes potencias, decidieron pisar el acelerador
de la política aperturista precisamente en ese momento. Según Lester
Thurow, decano de la escuela administración del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT):
“tome cualquier producto, sume la capacidad mundial para producirlo,
calcule a cuanto habrá de comprarlo el mundo, y habrá cuanto menos un
30% de exceso de capacidad de producción” (Thurow, 1993).
Y para el caso del agro, Turow detalló:
“el mundo sencillamente puede producir más que lo que necesitan comer
los que tienen dinero para pagar. Ningún gobierno firmará un acuerdo que
obligue a un elevado número de sus agricultores y a una gran extensión de
sus tierras a retirarse de la agricultura” (Thurow, 1992), con lo que dejó
claro que la humanidad padece por una de las clásicas crisis de
superproducción que periódicamente azotan a las economías de mercado,
que la apertura busca sacar tierras, agricultores y ganaderos del negocio
agropecuario como solución a ese exceso de capacidad productiva y que
cuando habla de “ningún gobierno” no se refiere a los de Barco, Gaviria,
Samper y Pastrana, sino a los de Estados unidos y de las restantes
potencias.

La ruina de millones de productores urbanos y rurales en todo el mundo no
es, entonces, una consecuencia impensada de las orientaciones
neoliberales, sino su principal propósito. Si en esta etapa los monopolistas
y en general los empresarios de los países desarrollados no logran eliminar
competidores en todo el orbe, la política habría fracasado. Es obvio que la
idea de crear mercados de envergadura global presupone la consolidación
de capitales de esa misma amplitud, es decir, de carácter monopólico y
transnacional, los únicos capaces de actuar en cada rincón de la tierra, y
presupone, también, la tendencia al desaparecimiento de todas las formas
económicas no monopolistas, bien sean empresariales y, naturalmente,
campesinas.
Entonces, otra de las mentiras de la época consiste en decir que la apertura
estimula la competencia entre todos los productores, como si fuera posible
que ella se diera haciendo caso omiso del tamaño de los competidores,
razón que explica porqué en el deporte, la actividad humana competitiva
por excelencia, se compite pero dentro de categorías precisamente
establecidas. Sin duda alguna, el público reclamaría indignado contra un
promotor de boxeo que metiera en el mismo ring un peso pesado y a un
peso pluma, así a éste lo hubiera tramado dictándole varios cursos para
mejorarle su autoestima.
Que por diversas razones que no es del caso detallar aquí, en Estados
Unidos, Japón y Europa exista una política que se empeña en mantener con
vida a sectores de productores no monopolistas en su agro, no debe
entenderse como que éstos, y los del resto del mundo que logren
sobrevivir, quedarán exentos de tributarle al gran capital transnacional.
Aun si a esos productores se les permitiera mantenerse en el negocio
indefinidamente, jugando el papel de concentrar parte de la producción
alimentaria del mundo, serán cada vez más una especie de siervos de los
monopolios de agroquímicos, de semillas y comerciales. Que se trata de
empresas que poseen poderes cada vez más descomunales y que actúan
en los más diversos campos, como corresponde con la época de la
definitiva consolidación del capital financiero como el amo y señor del

capitalismo, lo muestra bien el caso de Cargill, conglomerado que tuvo
ingresos por 60 mil millones de dólares en 1996 y que controla el 25% de
las exportaciones de grano, un quinto del procesamiento de maíz y un
cuarto del triturado de semillas oleaginosas de Estados Unidos, país donde
también posee trescientos elevadores de grano. La diversidad de intereses
de Cargill, que tiene 79.000 empleados, activos en 65 países y comercia con
100, incluido Colombia donde compra café, se entiende mejor cuando se
sabe que
“produce casi la mitad del jugo de naranja que se consume en Moscú.
Desarrolla una semilla de maíz en Pakistán, para alimentar los pollos que
sacrifica en Tailandia y se consumen en Japón” (El Tiempo, 1997).
El corolario de estas políticas de concentración de la riqueza podría ser la
adquisición de las mejores tierras de todos los países que lo permitan por
parte de las transnacionales de los imperios, en todo de acuerdo con el
acaparamiento que ya se observa en las finanzas, la industria y el comercio.
Lo ocurrido en Argentina, donde el área comprada por dos inversionistas,
uno norteamericano y otro europeo, suma más de medio millón de
hectáreas, alerta lo que podría terminar ocurriendo en Colombia y en todas
partes.
Además, era previsible que países distintos a los desarrollados también
pusieran en aprietos la producción nacional, como sucede con el Ecuador,
pues dado su menor desarrollo relativo poseen costos de mano de obra
substancialmente inferiores a los colombianos. Eso es lo que ocurre en
Tailandia, país que en el arroz tiene una productividad del trabajo 21 veces
inferior a la colombiana (Induarroz, 1999) y, sin embargo, es el primer
exportador del mundo.
Y que no digan los neoliberales que no se les advirtió que las licencias de
importación de la apertura le darían “patente de corso” al contrabando,
forma de corrupción que, además, se facilitó con las primeras
determinaciones legales del gaviriato; o que no era obvio que los acuerdos

subregionales podían servir para triangular importaciones norteamericanas
o de cualquier otra parte, como en efecto ha ocurrido.
La tesis neoliberal de que el agro colombiano debía dedicarse
exclusivamente a los productos tropicales de exportación, porque en ellos
las ventajas del clima liberaban al país de tener que competir con los
productos de las zonas templadas de Europa, Estados Unidos y del
hemisferio sur, también fue rebatida. Y lo fue porque era apenas natural
que más de medio centenar de países pobres dedicados a sembrar lo
mismo agravaría la tendencia a la superproducción de esos cultivos y la
caída de los precios, experiencia ya comprobada en el banano y el café;
porque carecía de sentido común emplear las posibles exportaciones de
pitayas, por ejemplo, como pretexto para justificar las importaciones de
maíz; y porque en esos productos de exportación los cultivadores
nacionales terminan por dejar de ser campesinos y empresarios libres para
convertirse en una especie de peones de las transnacionales que
monopolizan la comercialización internacional, como gráficamente lo
explicara un bananero del Magdalena.
Por otro lado, este disparate teórico genera una nueva amenaza, en estos
días en que la ingeniería genética abre posibilidades hasta hace poco
insospechadas: si en el futuro la manipulación de los genes de las plantas
permitiera sembrar banano en la Florida, café en Alemania y los demás
cultivos tropicales en cualquier parte donde el clima hoy no lo permite, ¿la
nación colombiana también deberá resignarse a abandonar lo que le han
autorizado producir las potencias en esta etapa y aceptar que sus tierras
solo sirvan para cargar rastrojos? ¿Será a esto a lo que aspiran las
concepciones más agresivas del imperialismo ambientalista, las cuales
buscan crear en el orbe zonas “pulmones” que descontaminen lo que
contaminan las potencias?
Por lo demás, la preocupación anotada atrás de que las transnacionales
vienen hasta por la producción agropecuaria, incluida la de los cultivos
tropicales, ya tiene base material en Colombia. Fuera de desalojar de

buena parte de la comercialización del banano de Urabá a las empresas
nacionales, las compañías extranjeras han incursionado en la producción
bananera de esa región, donde ya poseen más de seis mil hectáreas. Lo
más reciente al respecto es que Dole ya adquirió tres de las principales
empresas que cultivan flores en la sabana de Bogotá, compra que no por
casualidad coincidió con la decisión norteamericana de cesar en las
acusaciones de dumping en las Cortes de ese país en contra de las
exportaciones colombianas.
Obviamente, también se resaltó que la apertura llevaría a un rotundo
descalabro por otra razón, además de las ya anotadas: la existencia de una
pavorosa violencia que se ha enseñoreado particularmente del campo y
que, por supuesto, hace bien difícil, cuando no imposible, atender como se
debieran la agricultura y la ganadería.
A pesar del conocimiento de estas verdades, las cuales se encuentran todas
en los textos elementales de economía, los neoliberales empotrados en el
poder decidieron aplicar la totalidad de unas recetas en las que apenas
jugaron el melancólico papel de traducirlas del inglés, solo que tuvieron
que hacerlo con un inconveniente: quedaron impedidos para defenderse
alegando que nadie les había anunciado lo que sucedería, aun cuando la
verdad es que hicieron todo lo que tuvieron a su alcance para conseguir la
unanimidad del pensamiento, mediante la oferta de puestos, prebendas y
contratos y el empleo de amenazas, exclusiones y castigos.

5. La actividad productiva en la Orinoquia
Colombia vive hoy en día la peor crisis del siglo. Esta crisis está marcada
por la falta de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones
nacionales.
El recrudecimiento de la violencia en todas sus formas, generalización del
conflicto armado, expansión de las áreas dedicadas a cultivos ilícitos, el
aumento del narcotráfico, el creciente desempleo, la caída de la tasa de
crecimiento del PIB y la agudización de las crisis en el sector rural, son
algunos de los factores que explican dicha crisis.
Gracias a la existencia de todos estos factores el sector rural ha vuelto a ser
objeto de atención de analistas y algunos sectores del gobierno, pues es
en dicho sector donde se ubica un buen número de los problemas antes
mencionados. El abandono del Estado al sector rural, expresado en la falta
de políticas claras de apoyo para el logro de un desarrollo equitativo y
armónico y la aplicación de las políticas de apertura económica, de manera
repentina y drástica, han contribuido a la desestabilización de la siempre
frágil estructura rural. (Universidad Javeriana, 1999).
La importancia del sector rural colombiano es indiscutible. Allí habitan más
de doce millones de personas, lo cual representa más del 30% de la
población total del país. El producto Interno Bruto agropecuario representa
el 18% del PIB total, genera el 27% del empleo y el 31% de las
exportaciones del país. Todo esto a pesar de las condiciones de abandono
por parte del Estado y de la situación de guerra generalizada.
En efecto La participación del sector agropecuario en el PIB nacional ha
venido descendiendo paulatinamente desde 1991, cuando contribuía con
el 22%, al 18% en 1999; el crecimiento se ha desacelerado de manera

considerable pasando de las tasas del 4.6% observadas en el último
quinquenio de los ochenta al 2.5% en el período 1990 - 1994 y 1.48% en
1993 - 1997. Incluso entre 1996 - 1998 se registraron tasas negativas o
menores del 1% (Perry, 1999).
La agricultura tiene un peso importante en el valor de la producción
agropecuario, representando en promedio un 64% en el período 1970 -
1997. El área dedicada a la agricultura presentó, hasta principios de los 90,
un crecimiento continuo.
Entre 1991 y 1998, las áreas de cultivos transitorios (arroz, maíz, sorgo,
cebada, trigo, y oleaginosas de ciclo corto, principalmente) disminuyeron
en más de 875 mil hectáreas, en tanto las áreas dedicadas a permanentes
sin incluir café (caña de azúcar, la caña panelera, la palma y los frutales,
principalmente) aumentaron en 293 mil. Sin embargo, su consolidación no
se da sobre la base de la sustitución de los cultivos semestrales, lo que
afecta de manera particular zonas como la Costa Atlántica (Balcázar y otros,
1998).
El área y la producción cafetera han sufrido igualmente una considerable
merma durante la década, derivada de la baja en los precios internacionales
y problemas fitosanitarios. La producción en 1998 se tasaba en 10.7
millones de sacos, frente a 18 millones en 1992.
Es importante anotar, como hecho coyuntural, el crecimiento del área de
cultivos transitorios entre el primer semestre de 1998 y el mismo semestre
en 1999, a pesar de que se han agudizado las condiciones de violencia y no
se tienen nuevas modificaciones importantes en las políticas
macroeconómicas que afecten el sector. Así mismo, el sector agrícola
muestra, para el primer trimestre de 1999, un repunte del orden del 6.7%,
hecho que contribuyó de manera predominante a llevar la tasa de inflación
hasta el 12%, la menor en los últimos treinta años (El Tiempo 1999a).

Esto no significa que haya mejorado la productividad agrícola ni que haya
una tendencia hacia el mejoramiento de la situación del sector
agropecuario. Más bien la explicación del repunte es la abundancia de las
lluvias durante el último año, debido al fenómeno de La Niña.
La superficie en hectáreas cultivadas en la Orinoquia durante 1997,
representa aproximadamente el 14% de la superficie cultivada en la nación
(sin incluir superficies dedicadas al cultivo de frutales). La superficie está
dedicada especialmente al cultivo de arroz secano mecanizado (55% del
área nacional para éste uso), palma africana (36%), soya (34%), arroz riego
(26%), plátano (12%) y yuca (11%)
En un análisis de la década (1997/1987) es posible observar como los
cultivos de arroz, soya, palma africana, yuca y plátano presentan un
crecimiento en superficie, en tanto que otros como el sorgo y el cacao
presentan un decrecimiento, los cultivos del algodón y maíz se mantienen
estables.
En conclusión para la Orinoquia se presentó un crecimiento (90/87) del
35% en el área sembrada regionalmente, determinado por un crecimiento
acelerado de las extensiones agrícolas, debido a la política proteccionista
imperante en ese entonces. Posteriormente, de 1990 a 1997 se dio una
caída en el área consechada que por fortuna fue aminorada gracias a que
los cultivos permanentes como el plátano, yuca y la palma africana
tendieron a aumentar en superficie, sustituyendo cultivos transitorios como
el sorgo y la soya, entre otros. Entre 1990 y 1997 se registró una
disminución en la superficie sembrada regionalmente, equivalente al 13%
del área sembrada en 1990, es decir 44.964 hectáreas.
Ahora bien, en términos de tendencia los cultivos en los cuáles se registra
comportamiento creciente en la curva de superficie cultivada son: la palma,
el plátano y la yuca, mientras el arroz riego, algodón, sorgo, soya y cacao
son cultivos que tienden a ser sustituidos.

En términos generales la producción de cultivos permanentes viene
creciendo cada año, indicando que los agricultores lejos de pensar en dejar
de producir, tomaron la opción de sustituir cultivos transitorios por
permanentes como en el caso del plátano, yuca y palma africana. Aunque
la palma tuvo una caída en producción durante 1997, debida a una leve
reducción del área sembrada y al hostigamiento de la guerrilla.
El rendimiento de los productos orinoquense se ha mantenido estable en la
mayoría de los casos durante la serie 87 – 97. Durante los años 1992 y
1993 se presenta en la mayoría de los productos un incremento
significativo en el rendimiento, caso más evidente en el plátano y la yuca;
productos que durante esos años generaron una mayor producción por
hectárea, a pesar que la superficie cultivada no creció significativamente.
Tenemos para el período 1997/1987 rendimientos crecientes para la palma
africana, yuca, algodón, soya, plátano y maíz tecnificado. El arroz ha caído
en rendimiento mientras que el sorgo, el maíz tradicional y el cacao están
igual en rendimiento que en 1987.
Tanto el arroz como la palma en su condición de requerir grandes
inversiones y extensiones de tierra, han venido obteniendo los beneficios
de las economías de escala, como otra forma para sortear fluctuaciones de
precios. Sin embargo es contradictorio el caso del arroz en la región que
según información de los centros de almacenamiento es un cultivo que a
comienzos de la década empleaba fincas hasta de 1000 hectáreas, pero que
ahora es implantado en fincas de máximo 500 hectáreas. Esto obedece al
riesgo que tienen que enfrentar los productores que ya no depende
únicamente de la calidad de la cosecha, los intereses bancarios, el
incumplimiento de los pagos de los molineros, sino también del vaivén de
precios en los mercados nacionales e internacionales.
La producción pecuaria nacional, por su parte, representa el 40% del valor
de la producción agropecuaria del país, con una tasa de crecimiento
estable del 3.5% anual en las tres décadas pasadas, pero hay diferencia

importantes al interior del subsector. Por ejemplo, las producciones con
menor crecimiento han sido la de carne de res (1.4%, anual) y la porcícola
(2.1%). La avicultura, en cambio, ha sido el renglón más dinámico en las
tres últimas décadas, con un crecimiento promedio anual de 11.6% para
pollos y 7.5% en los huevos. La producción de leche ha crecido a partir de
1978, pues antes, debido a las políticas de control de precios estaba
estancada. Hasta 1997 la producción de leche creció a una tasa promedio
anual de 6.2%.
Uno de los cambios más importantes en la producción pecuaria se ha dado
en la disminución en la contribución porcentual de la producción de carne
de res y de cerdo, frente a la producción de pollos entre 1970 y 1996. La
producción de carne bovina ha tenido un crecimiento muy pobre a largo
plazo. La tasa de extracción (razón entre sacrificio e inventario) se sitúa
alrededor del 15% lo que lleva a caracterizar a la ganadería colombiana
como altamente extensiva, pues países como Uruguay y Argentina
presentan tasas de extracción cercanas al 25% (Balcázar y otros, 1998).
Otro cambio importante ha sido la consolidación del doble propósito
como característica de la producción bovina en Colombia. Entre 1970 y
1996 la producción de leche pasa de representar el 30% al 41% del valor de
la producción ganadera.
El crecimiento de la ganadería se ha dado gracias a la pérdida del área de
los cultivos transitorios en los años 90 que han sido reemplazados por
pastos y rastrojos. En especial el crecimiento de la ganadería de carne se
debe a la sustitución de cultivos agrícolas por ganaderías extensivas,
fenómeno que es bastante notorio en la Costa Atlántica.
La inseguridad ha sido uno de los factores más influyentes en el desarrollo
de la ganadería colombiana. Especialmente en la década de los 90 la
expansión del paramilitarismo y narcotráfico han impulsado una
reconcentración de la propiedad ganadera en fincas de grandes
extensiones. La violencia también ha inducido procesos de relocalización de

la producción ganadera, ubicándose en las zonas donde es menor la
inseguridad para los propietarios, gracias a la aparición de grupos de
autodefensas que protegen la vida y los bienes de los ganaderos aunque
ello conlleve un alto incremento de los costos de transacción.
Es también importante anotar que ha habido cambios significativos en la
productividad de la ganadería por la utilización de tecnologías modernas
como introducción de pastos y razas mejoradas, nuevas prácticas de
manejo de ganado, progreso en el potencial genético de los hatos, etc. En
estos cambios tecnológicos jugaron un papel importante los
narcotraficantes - ganaderos, pero también ganaderos tradicionales y
empresarios y profesionales del sector.
Los ganaderos han desarrollado una serie de estrategias para mantener la
producción y desarrollar el mercado de la ganadería, tales como la
administración a “control remoto” de sus fincas mediante la instalación de
equipos electrónicos, y la organización de mercados virtuales de venta de
ganado.
Según el Dane, en 1995 el hato ganadero nacional alcanzó la cifra de
26.392.173 cabezas, en donde el departamento del Casanare ocupó el
segundo lugar con 2.752.472 cabezas que representan el 10.4%, el primer
lugar lo ocupó Antioquia con 2.774.284 cabezas y el 10.5% del total
nacional y en tercer lugar se encuentra Córdoba con 2.623.369 cabezas y
una participación del 10% a nivel nacional.
La producción pecuaria de Arauca se ha visto disminuida pues mientras en
1991 el hato ganadero era de 766.100 cabezas, y lo que se esperaba era
que aumentase, para 1995 la cifra disminuyó a 590.289 cabezas, con tan
solo una participación del 2.2% del total nacional. El Meta ocupó una
posición destacada con 1.818.165 cabezas y una participación de 6.9% a
nivel nacional, ubicándose en el promedio de otros departamentos
ganaderos.

En la Orinoquia los departamentos de Meta, Casanare y Arauca presentan
en 1995 un total de 5.160.969 cabezas, que aportan el 19.55% del total
nacional. Para este hato ganadero el área en pastos es de 6.826.326 has.
(Arauca 1.163.871, Casanare 2.668.885, Meta 2.993.570) las cuales
representaron el 25.7% del total nacional (26.580.245 has). La capacidad de
carga de 0.78 para Casanare, que superó el promedio nacional (0.73), y
Arauca y Meta se ubicaron por debajo del promedio con 0.38 y 0.47
respectivamente.
En pastos con cobertura densa, la Orinoquia en ganado de carne, fase de
cría, tiene una carga de 0.43 UGG/hectárea en pastos de cobertura densa y
0.42 UGG/hectárea a en pastos de cobertura rala, inferior a la región caribe
que tiene cargas de 0.98 y 0.79.

6. Repercusiones del neoliberalismo en el sector rural
6.1. Pérdida de identidad cultural y de biodiversidad
El uso intensivo de la tierra unido a la necesidad de utilización de una
cantidad mayor de insumos agrícolas (fertilizantes químicos y agrotóxicos)
y a la tendencia hacia la especialización de la producción favoreciendo el
monocultivo; provoca una serie de cambios culturales, representados por
ejemplo en cambios culturales, representados por ejemplo en cambios en
los hábitos de consumo y la tendencia a reducir los periodos de barbecho y
descanso que significan una ruptura de los mecanismos de preservación de
los agroecosistemas.
En otras palabras, las tecnologías que se continúan impulsando, con mayor
agresividad en el modelo de apertura atentan claramente contra la
diversidad y conservación de los recursos genético, que son la base de las
producciones futuras no solo de los campesinos sino de cualquier cultivo.
En realidad en el origen de la generación de las semillas milagrosas de la
Revolución Verde y de la creación de variedades mejoradas, está la
necesidad de tener una base genética suficientemente rica y diversa que
sirva de materia prima para el enriquecimiento de los avances ya obtenidos
y para los nuevos.
Así las cosas, la reiterada insistencia en la modernización y la constante
negativa hacia una investigación que favorezca los elementos positivos de
este tipo de producción, atenta no solamente contra este sector de la
sociedad sino contra las posibilidades alimentarias y productivas del
plantea en el futuro. Al mismo tiempo se está dejando perder una
importante base de conocimiento y de prácticas culturales que han
demostrado ser eficientes en términos de la utilización sostenible de los
recursos naturales.

Colombia se ubica en los primeros lugares del mundo en diversidad
natural. Complemento de ello es la coexistencia de múltiples grupos
étnicos y culturales con diferentes grados de articulación a la economía de
mercado. A pesar de la rápida incorporación del campesinado, a los
procesos de modernización, existe todavía una importante diversidad
cultural que es necesario tomar en consideración cuando se piensa en las
posibilidades de un desarrollo sostenible.
La tendencia modernizante y homogenizadora de los modelos de
desarrollo impuestos hasta ahora, y especialmente del neoliberal, va en
contravía al mantenimiento de nuestra identidad cultural que es diversa en
su base y contenido y puede aportar grandemente en términos de
autonomía local. El conocimiento producto de esta diversidad y ajustado a
nuestras condiciones naturales, está desapareciendo rápidamente y con
ello, las posibilidades de un desarrollo apoyado en nuestros propios
recursos.
De otro lado, la entrega total a los mecanismos del mercado, cuya artillería
publicitaria es una fábrica de creación de necesidades, unido a la libre
entrada de los productos correspondientes afectará sin duda los patrones
de consumo y los componentes culturales que los acompaña.
Paralelamente, la orientación de la producción hacia la demanda de los
mercados internacionales determina cambios en los productos, en las
formas de producirlos y de las posibilidades de apoyarnos en bienes de
autoconsumo –especialmente- en el caso de la producción campesina.
En el contexto de la apertura, el empeño de muchas organizaciones no
gubernamentales y otros sectores de la sociedad en el rescate de la cultura
propia y en la comprensión de las formas de vida locales, solamente tendría
posibilidad si los resultados se convierten en productos de exportación.
Evidentemente, esta situación afecta las bases mismas de la nacionalidad
colombiana.

6.2. Pérdida de seguridad alimentaria
La producción de alimentos para el mercado interno pierde toda relevancia,
con la opción del mercado mundial como despensa del país. En el
mercado alimentario mundial Colombia deberá abrirse paso con
exportaciones de granadilla, uchuva, mora de castilla, fresa, pepinillo,
maracuyá, pitahaya, curuba, uva, además de continuar colocando café y
banano. Entre tanto ampliará sus compras de cereales, oleaginosas, leche
en polvo y carne. En otras palabras, se trataría de colocar una amplia gama
de productos de alta fragilidad mercantil, absolutamente prescindibles y
sujetos a todo tipo de manipulaciones y restricciones mientras que entraría
a comprar productos de alto valor estratégico alimentario y geopolítico.
6.3. Impacto negativo en renglones productivos
Evidentemente con la política de importación de alimentos estratégicos, la
heterogeneidad de la economía campesina implica impactos diferentes.
Directamente se están afectando los cultivadores de productos transables
internacionalmente: en primer lugar la tradicional producción campesina de
maíz que constituye alrededor de un 6% del valor total de la pequeña
producción (Cartier y Forero, 1990). En segundo término las materias
primas industriales contempladas en la política gubernamental de
compensaciones por los efectos nocivos de la apertura y cuya aplicación
parece rezagarse angustiosamente de los efectos. Son susceptibles de
afectación los pequeños productores de arroz y algodón que compiten en
condiciones desventajosas con los empresarios capitalistas o producen
asociaciones con ellos. En el más corto plazo parecen producirse
consecuencias negativas para los campesinos que cultivan soya. Quienes
están insertos también en medio de la agricultura capitalista.
La enorme agroindustria panelera (azúcar no centrifugada) que ocupa a
más de 200.000 familias y genera un 11% de la producción campesina
podría afectarse también en el mediano o largo plazo por la importación de

azúcar. El secado de yuca, una agroindustria reciente muy exitosa y ligada
al aprovisionamiento de materias primas para la fabricación de alimentos
para animales queda en una situación de alta fragilidad. Queda también
dependiendo de los subsidios de las vacas europeas, una floreciente
producción lechera que en las dos últimas décadas ha consolidado el
autoabastecimiento nacional conformando una eficiente y extensa red
basada fundamentalmente en la intensificación y el cambio técnico de los
productores.
Aparentemente quedaría a salvo y hasta posiblemente estimulada por una
posible estabilización de los precios de los insumos agroquímicos, la
producción de tubérculos hortalizas, frutas, plátanos que surten
directamente la canasta de los consumidores urbanos y rurales y que
constituye un 62% de la producción campesina total. La producción
cafetera campesina que representa un 13% esta producción –y un 37% del
total de la producción de grano- queda en una situación de menor
fragilidad que su competencia capitalista en la medida en que la menor
relación entre costos monetarios e ingresos monetarios protege
mayormente a los primeros de las pérdidas en dinero suscitadas por la
caída de precios del café; eso si, a costa de la subremuneración del trabajo
de la familia y de los recursos de la finca.
El panorama presentado hasta aquí arroja luces sobre las posibles
consecuencias para el futuro del campesinado como resultado de la actual
política estatal. Al quedar aplazada la solución de problemas urgentes
como el de acceso a al tierra, a los recursos de la producción y a la
tecnología apropiada, el mejoramiento de las condiciones de vida de esta
población, esta práctica, aparece mas lejano que en épocas anteriores, con
todas las secuelas sociales y políticas que esto implica.
La economía campesina continuará con su papel de abastecedora de
alimentos, esta vez con una reducción fundamental en los mismos apoyos
con que, mal que bien, habían contado.

El sector agrícola empresarial también ha manifestado su desconcierto ante
el modelo neoliberal; esta incertidumbre puede tener efectos de
importancia para el campesinado pues la ausencia de inversión privada en
el agro afectaría las posibilidades de ingreso que significa el trabajo fuera
de la finca en explotaciones comerciales, una de las estrategias de
supervivencia frecuentemente utilizada por los pequeños productores.
6.4. Empobrecimiento tecnológico por la presión a la especialización
productiva
De acuerdo con el análisis de las posibilidades del país para posicionarse en
los mercados internacionales, se vislumbra una peligrosa especialización de
la producción en bienes no indispensables, al tiempo que se abandona el
necesario fortalecimiento del mercado interno. Mientras tanto
dependemos cada vez mas de la importación de los recursos básicos ante
el desestímulo a la producción interna de los mismos. Todo esto induce a
cambios en los patrones de consumo tanto de los productores como de
demandantes y muy posiblemente a una reducción de la demanda por los
bienes nacionales.
La especialización de la producción a su vez significa la pérdida de una
serie de prácticas de cultivo y de manejo de recursos naturales en los
diferentes ecosistemas, que hasta ahora han garantizado el mantenimiento
de especies vegetales y animales, que de otra manera hace mucho tiempo
habría desaparecido. Además la especialización, por naturaleza contraría a
la lógica de producción, contribuye al debilitamiento de aquellos renglones
destinados al autoconsumo que en muchos casos también pueden ser
mercadeados. En estas circunstancias se presiona el abandono de la
poliactividad campesina y de sus mecanismos de fortalecimiento, basados
en las estrategias de combinación de diversas alternativas productivas para
el autoconsumo y el mercadeo.

La toma en consideración de los recursos naturales en el modelo parecería
ser apenas una mención, si pensamos en la propuesta tecnológica implícita
y en la urgencia con que se requiere una mayor vinculación con los
mercados internacionales. Así por ejemplo, ante el argumento de la
imposibilidad de competir con productos que ya tienen una importante
posición en el mercado, se ha propuesto la exportación de los recursos
naturales y de la diversidad, eso si con tecnologías altamente eficientes, es
decir, capaces de extraerlos rápidamente y en grandes volúmenes... con el
agravante de que, por supuesto, estas tecnologías también son importadas.
En la práctica, la investigación para las condiciones del trópico y la
conservación de los recursos naturales se ven también amenazados desde
que se enfatiza más en la eficiencia económica, que en la sostenibilidad del
desarrollo. La política de ciencia y tecnología acorde con la política global,
tampoco presenta alternativa claras para la producción, descargando todo
el peso de la responsabilidad en las organizaciones no gubernamentales.
La pérdida de la relativa autonomía alimentaria y la exigencia de un tipo de
producción que obedezca a las posibilidades de competencia en los
mercados externos, implican un incremento importante en la dependencia
tecnológica y financiera, por lo tanto, nos lleva a la pérdida de autonomía
para decidir el tipo de desarrollo que queremos.
Es necesario aclarar aquí que lo que defendemos no es el encierro y
aislamiento del país ante la inevitable internacionalización de la economía
de la que, de hecho, hace tiempo hacemos parte. Creemos que es
necesario el mejoramiento de la calidad de muchos de los productos que
estamos produciendo internamente, lograr incrementos de producción y
reducir los costos, diversificar, buscar y ganar posiciones importantes en los
mercados internacionales. Es indiscutible también la necesidad de
modernizar la producción nacional y de hacer más evidentes los costos que
esto representa. Pero esto no puede significar la entrega de nuestra
seguridad alimentaria, de nuestros recursos naturales y sobre todo de
nuestra autonomía política y cultural. Nuestra historia esta llena de

ejemplos de lo que ha significado para nosotros la dependencia y la
entrega de sectores importantes a los capitalistas internacionales. No
podemos permitirnos el lujo de omitir lo que la experiencia nos ha
enseñado, a riesgo de llegar al futuro con una fragilidad aún mayor.
6.5. Crisis y Pobreza
Luego de los análisis reseñados, no había que ser adivino para prever cuál
sería el resultado de la introducción del llamado “mercado libre” en el
comercio internacional del café, de la baja de los aranceles a los productos
agropecuarios importados y de la eliminación o el debilitamiento del
respaldo estatal del agro nacional. ¿Y que´ ocurrió? ¿Progresaron la
agricultura y la ganadería? ¿Creció la riqueza y el empleo? ¿Se redujeron la
pobreza y la miseria? ¿Hubo un salto hacia el futuro o Colombia cayó como
una piedra hacia el pasado?
Entre 1992 y 1999 desaparecieron cerca de seis millones de sacos de café
de la cosecha nacional, los cafetales que superaron la edad crítica pasan del
40% del total y se agudizó la pauperización de los cafeteros: 95% sobrevive
con cafetales de menos de cinco hectáreas, el 88% con menos de tres y el
60% con menos de una, situación que el editorial de La República del 11
de diciembre de 1997 resumió como que “se avanza en un acelerado
proceso de proletarización” del sector. Si las cosas no son peores, fue
porque con la lucha de los agricultores, en la que ocupó papel importante
la orientación de Unidad Cafetera, se consiguió la condonación total de
cerca de cien mil deudas bancarias anteriores a 1994.
La situación de los otros renglones es, si se quiere, más grave. Los cultivos
transitorios disminuyeron en 800 mil hectáreas y la participación del agro
en el Producto Interno Bruto se redujo en casi cuatro puntos, una pérdida
enorme si se tiene en cuenta que se trata de un indicador macroeconómico
y que los productos de pancoger le ayudan a las cifras porque son muy
resistentes a la ruina, dada la proverbial capacidad campesina para

apretarse el cinturón. Prácticamente desaparecieron el algodón, el maíz, la
cebada y el sorgo, en tanto que disminuyeron el arroz, la soya, el tabaco, y
tantos más.
Las rentabilidades, claves porque de ellas depende el futuro de los
productos, han caído en picada en los sectores sobrevivientes, como lo
ilustra el caso de la ganadería, otrora símbolo de prosperidad. Y son
decenas de miles los agricultores y ganaderos entrampados por créditos
impagables, que amenazan con despojarlos hasta de la propiedad de las
fincas y parcelas, en tanto los bancos no aceptan los predios rurales como
garantías hipotecarias. De ahí que no tenga nada de extraño que 72 de
cada 100 habitantes en las zonas rurales ya no sean pobres sino miserables,
pues aparecen por debajo de la “línea de pobreza” que define el gobierno.
(Robledo, 1999).
Cada una de las causas del desastre es conocida. Utilizando una supuesta
lucha contra la corrupción como el pretexto favorito para justificar
cualquier atentado contra los colombianos, se eliminaron o debilitaron las
medidas e instituciones que en algo respaldaban el agro. Así se liquidó el
Idema y con él los precios de sustentación que algún control ejercían sobre
las maniobras de los intermediarios; las tasas de interés de los créditos para
el sector se igualaron con las comerciales y éstas se llevaron a niveles
confiscatorios; el precio de los insumos se dejó al arbitrio de los
monopolios de agroquímicos; a la Caja Agraria se le redujeron sus recursos
hasta anquilosarla, primero, y liquidarla, luego; la investigación se redujo a
casi nada y se le quiere entregar la responsabilidad de hacerla a las débiles
agremiaciones de los productores y las tarifas de los servicios públicos y los
impuestos se escalaron para poder auspiciar las privatizaciones y
compensar las bajas de los aranceles a las importaciones.
Como era de esperarse, los productos de exportación no se salvaron de la
crisis, colocando nuevamente al desnudo la estulticia neoliberal, la cual los
propuso, y con cinismo lo sigue haciendo, como la salida del sector. El
café, además de sufrir por las mismas razones del resto del agro, fue la

primera víctima de las concepciones neoliberales. El rompimiento del Pacto
que le ordenaba su comercio internacional le entregó a las transnacionales
la libertad de esquilmar sin contemplaciones a los productores, mediante el
establecimiento de precios de compra tan bajos que alcanzaron a ser de
casi un tercio de los vigentes antes del rompimiento. A su vez, los
bananeros han sufrido por los precios de monopolio y por los pleitos entre
las comercializadoras europeas y norteamericanas, y el Banco Mundial ya
anunció que el exceso de producción y la disminución de los consumos
deberá deprimir aún más las cotizaciones internacionales de los productos
tropicales, hasta el punto que en la próxima década las de café y el aceite
de palma africana serían inferiores en un 30 y 40%, respectivamente.
Pero lo que definitivamente desquició el agro nacional fueron las fuertes
reducciones de los aranceles a las importaciones agropecuarias, por lo que
éstas pasaron de 700 mil toneladas –que ya era mucho- a siete millones de
toneladas, en una política que tiene a los colombianos comprando de todo
en el extranjero: trigo y maíz, arroz y soya, carne de res, de cerdo y de
pollo, leche y huevos, yuca y plátano, aguacates y sapotes, manzanas y
naranjas, ajos y cebollas, sin excluir hasta las hojas en la que se envuelven
los tamales, con lo cual no solo se reemplaza la producción interna sino
que se debilitan los precios de venta de los productos nacionales que no
desaparecen.
Inclusive, la Nestlé importa café soluble y se sabe que en las conversaciones
con el Mercosur y en la nueva ronda de la Organización Mundial del
Comercio están sobre el tapete la apertura en azúcar y café verde –únicos
productos agrícolas que no pueden importarse al país-, importaciones que
destrozarían a los caficultores colombianos, quienes producen con costos
superiores a los brasileños, en tanto que las de azúcar borrarían del mapa
la producción azucarera y podrían liquidar de carambola la caña panelera y
setenta mil pequeños y medianos trapiches artesanales, si los grandes
ingenios vallecaucanos se transforman en productores de panela, camino
que ya parece han iniciado con su decisión de montar un entable panelero
de 30 mil millones de pesos en el departamento del Cauca.

Estas importaciones se facilitaron por otro de los engendros neoliberales:
una notable disminución en el control del precio del dólar, la cual le facilitó
a los especuladores nacionales y extranjeros actuar a su antojo y en contra
del interés nacional, política que revaluó el peso y generó la casi increíble
situación de golpear, al mimo tiempo, a los que producían para la
exportación y a los que producción para el mercado interno. En la
revaluación de la moneda también contó el haber pasado la deuda externa
de 15 mil a 34 mil millones de dólares en solo ocho años, con el propósito
de reemplazar por préstamos la destrucción del trabajo nacional, adicción
al crédito que, a su vez, impulsó hacia arriba las tasas internas de interés,
como una forma de atraer capitales especulativos a un país que está
quebrado, como todo el mundo en el exterior lo sabe.
Para completar el cuadro, el desastre del agro nacional también se agravó
porque su propio hundimiento, y el de la industria y el del resto de la
economía, llevaron el desempleo y la caída de los consumos a niveles
nunca vistos en el país, por lo que los sectores que sobreaguan no
encuentran a quien venderle sus productos. Ni siquiera de la reducción de
la inflación pueden vanagloriarse los neoliberales, pues ésta no es el fruto
del desarrollo y el progreso sino de todo lo contrario. Mucho de lo que se
está ofreciendo a menosprecio, incluidos los alimentos, contiene el germen
de la ruina que acompaña a quienes venden a pérdida.
A las causas de la debacle del sector agropecuario colombiano solo resta
sumarle el rotundo fracaso de las políticas neoliberales como medio para
resolver los problemas de la economía mundial, pues es notorio que la
caída de los precios de los productos agrícolas en los mercados
internacionales también tiene que ver con las quiebras de países de todos
los continentes y con la cada vez más notorio incapacidad de Estados
Unidos para actuar como locomotora del mundo, haciendo de gran
consumidor de última instancia, para no mencionar lo que ocurrirá si se
produce el muy probable colapso de la burbuja especulativa que sustenta
la glotonería de las capas medias y altas de ese país.

El Plan de Desarrollo, a pesar de utilizar las mismas cifras indicadores del
desastre que se emplean en este texto, no dice una palabra sobre echar
atrás el modelo neoliberal e insiste en que la prosperidad del agro
descansará en los productos de exportación, en dejar a los restantes
sometidos a la dolorosa suerte que les impone la apertura y en acabar de
desmontar la institucionalidad agropecuaria que aún queda.
Por si hubiera dudas, ahí están los hechos: nada de precios de
sustentación, menos de créditos baratos, ninguna solución a los problemas
de deudas, IVA a los insumos agrícolas, protección a los abusos de los
monopolios de agroquímicos, alzas en las tarifas de los servicios públicos y
la gasolina, sepultura de la Caja Agraria, la toma de 398 mil millones de
pesos del Fondo Nacional del Café, que es la plata del precio interno del
grano, para el “rescate” del Bancafé y, especialmente, continuar con la
importación masiva de productos agropecuarios, como lo muestra de sobra
la autorización para importar arroz y una nueva disminución de los
aranceles a las importaciones de maíz.
Y ahí está, por sobre todo, la determinación de someter el país de una vez
por todas a los ucases del Fondo Monetario Internacional, órdenes que,
como se sabe, exigen profundizar en la apertura y la privatización y en el
fallido intento de reemplazar con deuda externa condicionada y usurera la
riqueza que las víctimas del modelo neoliberal ya no pueden producir, así la
normal impudicia de quienes ferian la soberanía nacional de Colombia
intente presentar el fracaso implícito en los acuerdos con las banqueros
norteamericanos como un gran éxito de sus políticas y al FMI como una
institución que “ya no es el ogro que era antes”.
El caso de las importaciones de arroz ilustra bien la realidad nacional y las
orientaciones de extinción a las que la tiene sometida la práctica
aperturista. Esas compras se autorizaron a pesar de que Colombia es
autosuficiente en ese cereal y que la productividad promedio del cultivo de
los arroceros colombianos es la primera entre los países tropicales y está

cerca del nivel de la de Estados Unidos, a la cual iguala o supera en el caso
de los productores más tecnificados; aun cuando se produce sin el respaldo
de otros cultivos que permitan rotar las tierras y en muchos casos sin el
beneficio de los distritos de riego; no obstante que el subsidio promedio al
arroz en los países del la OCED llega al 80% y que hay casos como el de
Japón donde los productores reciben un pago seis veces superior a la
cotización del grano en el mercado mundial; sin importar que por lo menos
una porción considerable del arroz despachado por los comerciantes
ecuatorianos sea simple triangulación de cereal norteamericano y que el
arroz sea el último pilar de la seguridad alimentaria nacional.
Haciendo caso omiso de que las importaciones y el contrabando de 1998
tienen a los cultivadores colombianos en una crisis que puede arruinarlos y
que si ello ocurre quedarán sin trabajo 21 mil familias de productores y se
perderá el equivalente a 175 mil jornales permanentes; que sufrirán
consecuencias negativas todas las actividades económicas de un
importante número de municipios de Tolima, Meta, Huila, Casanare, Norte
de Santander, Valle y la Costa Atlántica y que si ese cultivo desaparece no
habrá qué hacer con las tierras que hoy utiliza. Y, además, sin considerar
que su ruina podría arrastrar la de la industria molinera, pues sería extraño
que los países exportadores siguieran pagándole fletes internacionales a la
cascarilla del arroz y no se dieran el gusto de emplear a fondo los molinos,
enviándonos arroz blanco ya empacado e inclusive precocido.
En términos comerciales acabar con el cultivo del arroz no tiene misterio,
como ya se vio con el algodón. Ni siquiera se requiere reemplazar con
importaciones y de un día para otro toda la producción nacional. Basta
con que el grano importado reduzca los precios de compra del nacional
hasta el punto de que los agricultores no les queda alternativa distinta que
tomar la decisión de no sembrar, para que el gobierno quede políticamente
autorizado para abastecer con importaciones lo que requiera el consumo
del país.

A los que les puedan parecer muy severas estas advertencias, hay que
recordarles que en la apertura hasta las peores pesadillas se han
convertido en realidad y contarles las declaraciones de Linda Kotschwar,
ponente por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el
XIII Congreso Internacional de Induarroz, en octubre de 1998, quien
refiriéndose a las exportaciones de arroz de su país, dijo:
“En 1997-98 América Latina se ha convertido en un mercado muy
importante, específicamente Colombia y Ecuador (...) También es factible –
agregó- que Colombia se convierta en un mercado regular para el arroz
norteamericano” (Induarroz, 1999).
Esta amenaza tampoco suena exagerada si se sabe que el mercado mundial
arrocero es todavía muy pequeño, porque lo corriente es que casi todas las
naciones sean autosuficientes y apenas se exporten excedentes temporales,
lo que podría estimular el diseño de una estrategia tendiente a concentrar
su producción en unos cuantos países y a entregarle a las transnacionales
del comercio agrícola del mundo la intermediación de esos grandes
volúmenes, tal y como ocurre en el trigo, el maíz, la cebada y en general
con todos los cereales.
Para acabar de complicar las cosas en el arroz y en todo el agro, la apertura
no ha concluido. Apenas va en la primera etapa. Los aranceles deben bajar
más, de acuerdo con lo diseñado por la banca internacional y el gobierno
norteamericano, que insisten en hacer un solo gran mercado desde Alaska
hasta la Tierra del Fuego, orientación en la que los acuerdos subregionales,
como el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), apenas tienen como
fin servirle de mascarones de proa al gran imperio que viene detrás. Y el
actual gobierno ha ratificado, en la teoría y en la práctica, que continuará
con esta política de destrucción del ahorro y del trabajo nacional.
El pensamiento del neoliberalismo colombiano sobre el tema lo expresó
con cierta franqueza el funcionario del Banco de la República, Carlos Felipe
Jaramillo, en el mismo congreso de Induarroz. Allí dijo:

“En las negociaciones internacionales el tema del arroz y del azúcar siempre
genera discordia y rechazo entre nuestros socios. Se suele preguntar: ¿por
qué Colombia protege estos dos cultivos? ¿Qué tiene de especial esos
cultivos? ¿Qué es lo que están escondiendo? Si las protecciones fueran
relativamente bajas, de niveles de 10%, 15% o 20%, se podría argumentar
que esos niveles son normales y se generarían menos presiones. El
problema es que el arroz y el azúcar son los únicos cultivos con niveles de
protección del 60% y 70%”,
al tiempo que ocultó la “protección” de la que habla no tiene origen en los
estímulos que reciben los arroceros colombianos sino los extranjeros. Y
agregó:
“participé en las negociaciones del GATT y en la formación de la OMC.
Conozco la naturaleza de estas discusiones y debo advertirles que el arroz
en estos momentos se encuentra en una situación vulnerable. Durante la
nueva ronda de negociaciones del GATT, a Colombia le van a reclamar por
la protección elevada del arroz. Esto también ocurrirá en las negociaciones
de una zona de libre comercio de las Américas” (Induarroz, 1999).
Cuando los neoliberales han desnudado su verdadera naturaleza y han
anunciado que los tiene sin cuidado que sus teorías no funcionen y que las
seguirán aplicando a un cuando no cuenten con el respaldo de la nación,
porque les basta y les sobra con la bendición del imperio norteamericano,
con el aplauso de los contados nacionales que se lucran de la hecatombe y
con los beneficios personales que se derivan de dirigir el Estado y de
ingresar a las burocracias de las agencias internacionales de crédito, los
colombianos y en particular las gentes del agro no tienen sino dos
opciones. O resignarse a la manifiesta arbitrariedad con que los tratan y
desentenderse de las consecuencias personales y nacionales de lo que
ocurre, aceptando esos lavados cerebrales tan en boga que venden como
muy sabio convertir la cobardía en una virtud y que enseña “cómo morirse
de hambre y ser feliz”, u oponerse a que sus vidas y las de la nación acaben

por perderse en un infierno de destrucción productiva, desempleo y
miseria, que hará que Colombia se aparezca cada vez más al continente
africano.
Lo que hay que conseguir no es nada excesivo. Que la agricultura y la
producción pecuaria cuenten con las mismas garantías con que cuentan en
los países soberanos donde tiene éxito, es decir, con precios de
sustentación remunerativos y estables y garantizados por el Estado,
créditos suficientes, oportunos y baratos y definitiva solución a los
problemas de las deudas que ya existen, control a los costos de los
insumos, tarifas e impuestos.
Se necesita el activo papel del Estado en respaldo a la financiación,
comercialización, investigación, asistencia técnica, infraestructura y demás
necesidades del agro, debida atención a los asuntos particulares de las
regiones y productos y, especialmente, definición de una política que
defina como de máxima prioridad conseguir el autoabastecimiento y la
seguridad alimentaria nacional (Robledo, 1999).

Bibliografía
1. BALCAZAR, Álvaro y otros. “Regionalización de los conflictos agrarios
y la violencia política en Colombia” En: Fundación Social “Municipios
y regiones en Colombia. Una mirada desde la sociedad Civil” Santafé
de Bogotá, mayo de 1998.
2. BALCAZAR, Álvaro y otros. Del proteccionismo a la apertura. ¿El
camino a la modernización agropecuaria? Misión Rural, IICA Tercer
Mundo editores. Santafé de Bogotá, septiembre de 1998.
3. BERNAL, Fernando, Poder y crisis institucional en el campo
colombiano. Misión Rural, Volumen 6, IICA. Tercer Mundo editores.
IICA. Santafé de Bogotá, julio de 1999.
4. CANO, Carlos Gustavo. La Nueva Agricultura. Una contribución al
proceso de paz en Colombia. Tercer Mundo Editores. Fundación
Social IICA. Santafé de Bogotá, julio de 1999.
5. DAHL. R. La democracia. Una guía para los ciudadanos Taurus,
Santafé de Bogotá 1999
6. DANE. Cuentas Nacionales, 1970 – 1998
7. ECHEVERRI, Rafael. Colombia en transición. De la crisis a la
convivencia: una visión desde lo rural. Misión Rural. Informe Final.
IICA. Tercer Mundo editores. Santafé de Bogotá, septiembre de
1998.
8. El Espectador, diciembre 9 de 1993, p.7B
9. EL ESPECTADOR. 23 de mayo de 1999. pp7B (1999A)

10. El Tiempo, 1ro de noviembre de 1977.
11. El Tiempo, 7 de enero de 1997, p. 4B, separata The Wall Street
Journal Américas.
12. EL TIEMPO. 22 de mayo de 1999. (1999B)
13. EL TIEMPO. Tormenta en un vaso de agua, 26 de junio de 1999.
pp 13ª (1999C)
14. ESPINOSA VALDERRAMA, ABDÓN, “La mal llamada apertura”, El
Tiempo, 27 de febrero de 1990, p. 5A.
15. FERRO. J.G. y otros jóvenes, coca y amapola. Un estudio sobre las
transformaciones socioculturales en zonas de cultivos ilícitos. Serie IIER 20
años. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y
Rurales. Instituto de Estudios Rurales. Santafé de Bogotá, 1999
15. GARAY, L.J. et al. Colombia: estructura industrial e
internacionalización 1967 – 1996. DNP – Colciencias – Ministerio de
Comercio Exterior – Ministerio de Hacienda, Santafé de Bogotá, 1998.
16. GARAY, Luis Jorge. “La transición hacia la construcción de
sociedad. Reflexiones en torno a la crisis colombiana”, Santafé de
Bogotá. 1999B.
17. GARAY, Luis Jorge. Globalización y crisis ¿hegemonía o
corresponsabilidad?. Tercer Mundo editores. Colciencias. Santafé de
Bogotá, marzo de 1999.
18. GIDDENS, A. Consecuencias de la modernidad. Alianza
Editorial. Madrid, 1993

19. IICA. Departamento Nacional de Planeación. Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. Misión Rural: Transición, convivencia y
sostenibilidad. Documento de trabajo. Versión preliminar. Febrero
de 1998.
20. Múnera Arango, Darío, Revista Andi, No. 102, p.15. Subrayado
en este texto.
21. PEREZ, Edelmira y FARRA, María Adelaida. Descentralización,
Municipio y Desarrollo rural: Retos para la participación ciudadana.
Serie IER 20 años. Instituto de Estudios Rurales. Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales. Pontificia Universidad Javeriana. Abril de
1999
22. PERRY, Santiago. El Impacto de las Reformas Estructurales
sobre el Sector Agropecuario colombiano. Enero de 1999.
23. REYES P., Alejandro. “Compra de tierras por narcotraficantes”.
En: PNUD, Ministerio de Justicia y del Derecho. Dirección Nacional de
Estupefacientes. Unidad Administrativa Especial Entidad de
Coordinación Nacional. “Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto
económico, político y social”. Editorial Ariel. Santafé de Bogotá,
mayo de 1997.
24. ROBBIO N. Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general
de la política. Fondo de Cultura Económica, México D.F. p219 (Cuarta
reimpresión 1996).
25. Robledo, J.E. 1999 “Neoliberalismo y desastre agropecuario” En:
Deslinde No. 25, Santafé de Bogotá D.C. Noviembre – diciembre de
1999. pp.32-49

26. SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA – SAC-
“Preferimos el monopolio estatal al privado”. El Tiempo, Septiembre
20 de 1990. p12A
27. SUDARSKY, J. 1999. “El capital social de Colombia” DNP.
Santafé de Bogotá, 1999
28. Thurow, Lester, El Tiempo, 14 de febrero de 1993
29. Thurow, Lester, La guerra del siglo XXI, p. 73, Vergara, Buenos
Aires, 1992

El neoliberalismo en las tierras del meta

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (18)

Similar a El neoliberalismo en las tierras del meta

Similar a El neoliberalismo en las tierras del meta (20)

Más de Emilio Garcia

Más de Emilio Garcia (20)

Último

Último (18)

El neoliberalismo en las tierras del meta