El documento habla sobre las comunidades rurales del departamento de Guaviare en Colombia. Describe los problemas que enfrentan estas comunidades debido a la falta de presencia del estado, incluyendo la falta de acceso a servicios básicos, integración al mercado y dominio de economías ilegales. También discute la importancia de implementar lo acordado en el acuerdo de paz de 2016 para traer paz y desarrollo a estas regiones.

1. La paz y las cotidianas cosas de las comunidades rurales del Guaviare.
Emilio Garcia Gutiérrez, consultor externo del PATR
Villavicencio, Meta. Agosto de 2018
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La paz y las cotidianas cosas de las
comunidades rurales del Guaviare
Foto: Boletín Sirvo a mi País - Edición 21
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La paz y las cotidianas cosas de las
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La introducción o hablan los ciudadanos del Guaviare
Los problemas que se viven en el departamento del Guaviare y con
mayorcrudeza, en extensas zonas rurales en dónde es precaria o nula
la presencia del Estado ,ha llevado a afirmarque en la Orinoquiahay
mucho más territorio y mucha más sociedad que Estado para referir
que en buena parte no existe una presencia del Estado si se entiende
por dicha presencia la existencia de entidades públicas no solo de la
Fuerza Pública sino de las entidades encargadas de garantizar los
derechos a la salud, a la educación, a la construcción de vías de
comunicación y a la integración social y económica de grandes
extensiones del país en que viven millones de personas, que no han
sido integradas ni al mercado de bienes y servicios y mucho menos al
goce efectivo de los derechos económicos,socialesy culturales de una
sociedad moderna y democrática.
Allí, en el Guaviare yla periferia del país han crecido poderes fácticos
ligados a economías legales pero también ilegales. En estas zonas de
frontera agrícola se ubican principalmente cultivos de uso ilícito como
los sembradíos de coca, y se desarrolla ampliamente y sin ningún
control del Estado. Es en estos territorios que se ha mantenido la
retaguardia estratégica de las guerrillas, el poder de las bandas y
organizaciones surgidas del narcotráfico que recurren a las armas
para ejercerdominio sobre la sociedad y sobre el territorio. En el país
tenían asiento los frentes de las desmovilizadas FARC-EP, en unos
230 municipios ejercían presencia y control militar del territorio.

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A pesar de las advertencias y propuestas para que el Estado hiciera
presencia y asegurara el dominio territorial, lo que debería haberse
hecho de común acuerdo con las FARC no se hizo. Se planteó y así
quedó consignadoen los acuerdos que deberían ponerse en marcha 16
planes de desarrollo con enfoque territorial para cubrir 170
municipios en que ejercían dominio militar esas guerrillas, poner en
marcha un plan de sustitución de cultivos, un proceso de
redistribución y de formalización de la propiedad, la construcción de
bienes públicos como puestos de salud, escuelas, vías de acceso para
integrarlos a los circuitos económicos y al mercado nacional, una
representaciónpolíticapara quelas organizacionesde la sociedad civil
allí presentes tuvieran 16 curules en la Cámara de Representantes,y
también por supuesto la presencia de entidades de justicia, puestos
electorales para que los ciudadanos residentes allí puedan participar
en las decisiones políticas, en fin, un plan para integrar y asegurar
esos territorios.
En esos territorios y el departamento del Guaviare a lo largo de los
años se ha creado un poderestatal local profundamentepenetradopor
las economías ilegales. Los poderes políticos locales entrecruzan
intereses nacionales con poderes ilegales ligados al narcotráfico y a
las economías ilegales que dominan allí. Los poderes nacionales
conviven con esos poderes facticos mafiosos.Los toleran y en muchas
ocasiones esos poderes mafiosos han penetrado profundamente a los
aparatos de la Fuerza Pública que tienen presencia allí.
Organizaciones políticas nacionales,y dentro de ellas ocupa un lugar
muy destacado el partido Centro Democrático de Uribe, pero no es el
único, también el partido Cambio Radical y en menor medida los
partidos Conservador,Liberal yel partido de la U, han tejido alianzas
y hacen presencia en estos territorios a través de clanes familiares
que entrelazan estos intereses locales con los poderes regionales en
los cuales dominan y a su vez establecen las alianzas con los poderes
nacionales.Hasta cierto punto representan esos intereses locales ante
los poderes públicos nacionales. A cambio ofrecen a los poderes
mafiosos y a las economías ilegales protección para sus actividades,
impunidad para sus delitos y aún para sus crímenes.

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Tienen tal poder que fueron capaces de detener la investigación que
la Corte Suprema de Justicia emprendió contra la alianza entre
políticos y grupos paramilitares que desde 1958y hasta junio de 2017
según informe publicado recientemente por el Centro Nacional de
Memoria Histórica,fueron los responsables de 100.000asesinatos,las
guerrillas fueron responsables de 35.000 en ese mismo periodo y la
impunidad de todos esos horrendos crímenes supera el 95% de los
casos. En el año 2006 la Corte Suprema de Justicia emprendió una
investigación penal en contra de la alianza establecida entre políticos
y paramilitares que popularmente se llamó como parapolítica y que
llevó a la condena de 62 parlamentarios la mayoría de los cuáles
pertenecía a la coalición de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esos
parlamentarios tenían acuerdos con los grupos criminales del
paramilitarismo así lo comprobó la Corte Suprema de Justicia que los
condenó y los despojo de su investidura de parlamentarios. En esos
años Uribe recomendó públicamente a sus parlamentarios que
votaran en el Congreso los proyectos del Gobierno mientras no los
llevaran a la cárcel, tal es el cinismo de Uribe.
Pues bien estos sectores se dieron a la tarea de tomarse a la Corte
Suprema de Justicia lo que lograron eligiendo a los nuevos
magistrados que resultaron después investigados por corrupción, me
refiero a los expresidentes de la Corte Suprema Leónidas Bustos,
Tarquino Pacheco,Francisco JavierRicaurte yal Magistrado Gustavo
Enrique Malo. Lo primero que hicieron fue desmontar las
investigaciones de la parapolítica hasta lograr sacar de allí al
magistrado auxiliar que coordinaba todo el equipo de investigación,
Iván Velásquez.Desmontadala investigación dieron un pasoadelante
ofrecieron sentencias y actos inhibitorios contra los parlamentarios
que estaban investigando yen otros procesos,como los que involucran
a Álvaro Uribe, simplemente los detuvieron o no los iniciaron o no
continuaron con las investigaciones.Lo que ahora investiga la justicia
es justamente la venta de fallos absolutorios;estos magistrados antes
señalados están siendo investigados con muchas dificultades puesto
que ellos gozan de un fuero especial y solo pueden ser investigados si
el Congreso de la República así lo autoriza, en cuyo caso es la propia
Corte Suprema de Justicia la que deberá juzgarlos.Hasta el momento
solo un magistrado ha sido despojado de la inmunidad,el magistrado

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de la Corte Constitucional,Jorge PreteltChaljub,que se encuentra en
investigación en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
pendiente de que se inicie el juicio por corrupción.
La paz: el deseo nacional
Ahora en esta semana, persiste una explicable incertidumbre por el
futuro de la paz vinculada con los Acuerdos firmados entre el gobierno
de Santos y las Farc. En pocos días se posesionaun nuevo Presidente
de la Republica y sus posiciones en la materia están plagadas de
reticencias y animadversiones en varios puntos que se consideran
sustantivos para consolidar un proceso de gran envergadura en la
construcción de la paz. Su foco ha sido el funcionamiento de la justicia
especial de paz, donde se pretende imponer una lógica de impunidad
para los principales protagonistas de la violencia contra la población
campesina como los empresarios,políticos ymilitares involucradosen
miles de “falsos positivos”; también se cuestiona el programa de
sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito para regresara los
campañas de la guerra contra las drogas y alimentar así la
maquinaria de guerra financiada por el Estado Norteamericano con
las consecuencias que se conocen por los antecedentes con el Plan
Colombiay el Plan Mérida en México; igualmentese pretende anular
la dimensión política de los pactos con las Farc para desconocer su
representación en los cuerpos legislativos.
Con justificada razón se dice en San José del Guaviare que, no
obstante, ese horizonte, el camino recorrido hasta el momento debe
ser defendido sin descartarlos recursos pertinentes,pues como quiera
que el Estado es un protagonista central en este asunto es necesario
recordar que el mismo es un escenario de confrontación y disputa
entre diversas fuerzas socialesypolíticas que actúan para permearsu
funcionamiento y definir su orientación.
Hay ya unas decisiones con rango constitucional y jurisprudencial a
las cuales se debe recurrir para ampararel derecho a la paz contenido
en los Acuerdos y materializada en los avances de la implementación.

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Me refiero al Acto Legislativo 02 de 2017 que adiciona un artículo
transitorio a la Constitución Política con el propósito de dar
estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final. Según el texto:
“Los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y
la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de
noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho
internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la
Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán
obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de
desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y
desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones
constitucionales. Las instituciones y autoridades del Estado tienen la
obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo
Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y
autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final
y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e
integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los
compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final” (Acto
Legislativo 02 de 2017).
De igual manera debe tenerse en cuenta que el Acuerdo de paz es un
Tratado Especial acogido por el Consejo de Seguridad de la ONU y
que el Tribunal Penal Internacional ha volcado su atención en la JEP
para contrarrestar la pretensión de impedir la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición.
En virtud de la reforma constitucional mencionada está vigente el
Plan Marco de Implementación de la Paz hasta el 2033 (ver
https://bit.ly/2Of4e5b ) y hace pocas semanas se aprobó el Conpes
3932 del 2018 (ver https://bit.ly/2LLJOyV)con los Lineamientos para
la articulación del Plan marco con los instrumentos de Planeación,
Programación y seguimiento a políticas públicas del orden nacional y
territorial. Se trata de dos herramientas claves que ameritan toda la
atención del bloque progresista comprometido con el fin de la guerra
con las Farc.
Como ya se ha señalado la correlación de fuerzas, ingrediente clave
en los desarrollosfuturos,no favorece la pretensión de hacer trizas la

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paz. Hay un “bloque disidente” (ver García Linera en
https://bit.ly/2JVrIJ4 )[1] que involucra más de 8 millones de
ciudadanos, con una notable representación parlamentaria, en
disposición de actuar pacíficamente en la esfera pública (está
convocada una movilización para el próximo 7 de agosto) para
bloquear la pretensión de regresar a una guerra múltiple y difusa
contra el ELN, las llamadas disidencias, los campesinos cocaleros,
Venezuela y los pobres, exterminado sus líderes mediante un
dispositivo nacional (Águilas Negras) anidado en las profundidades
de los aparatos armados del Estado (como lo indica Gustavo Petro).
Claro está que hay que prevenirse con un exceso de optimismo. El
proceso de paz puede fracasar de manera absoluta y tal evento bien
puede darse en los próximos 50 meses como lo indica la experiencia
internacional.
Rettberg (2003), apoyada en los estudios de Doyle y Sambanis, (ver
https://bit.ly/2JZ0nFY)plantea que “en la práctica, la construcción de
paz (y su consolidación) no es sólo asunto de matices ni se basa
necesariamente en los méritos normativos de las distintas
interpretaciones. La misma se relaciona también con factores como:
1) la naturaleza del conflicto (por ejemplo su duración,los asuntos en
juego –si se trata de un conflicto de identidades o de recursos– y el
grado de debilitamiento del Estado),
2) las circunstancias en las que cesan las hostilidades (victoria militar
de una de las partes, negociación entre iguales, negociación entre
desiguales, intervención externa o agotamiento) y, si se llega a una
resolución negociada, el tipo de acuerdo alcanzado, y
3) el interés estratégico y la participación de la comunidad
internacional en la solución del conflicto y en los esfuerzos de
construcción de paz.
La particular combinación de circunstancias resultante de estos tres
factores limita y determina en buena medida el campo de acción y la
orientación de la actividad de construcción de paz. Por tanto, es
preciso recalcarque la construcción de pazno es una actividad neutral
desde el punto de vista político y que incluye una negociación sobre
las causas del conflicto y la mejor manera de solucionarlo”

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Un conflicto armado se cierra, vía negociada, cuando las partes
enfrentadas están madurasy tienen interés y propuesta para dar ese
significativo paso.
El contexto local y el día a día
La paz pactada con las Farc y su implementación mediante leyes,
comisiones,reformas constitucionales,Sentenciasde la Corte, Planes
marco, proyecciones presupuestales y Conpes esta capturada por la
visión institucional y “estadocéntrica”. Ya lo hemos señalado, en
varias charlas, es la “paz liberal” que prioriza el esquema
gubernamental para supeditar al ciudadano y las comunidades a
dispositivos molares enfocados en la perpetuación de los poderes
políticos tradicionales, de contenido excluyente y antidemocrático.
Una paz así va derecho al fracaso y la ruina. La paz que se está
construyendo en el nivel central adolece de un vacío descomunal por
el desconocimiento de las comunidades y su vida cotidiana. La paz
requiere la articulación de la ciudadaníay las comunidades mediante
la reconstrucción de su vida cotidiana.La aspiración a la pazno puede
satisfacerse únicamente por las instituciones del Estado.
También debe incorporar lo cotidiano, pues las prácticas cotidianas
dan sentido a la vida y a la comunidad, y constituyen la base de la
paz, antes que las instituciones, a pesar de que sería útil que las
instituciones posteriores así lo reflejaran.
La guerra y la violencia durante varias décadas causaron enormes
daños en la sociedad provocando la destrucción de la vida cotidiana de
millones de seres humanos,campesinosy trabajadores del campo que
fueron despojados de sus tierras y desplazados de sus lugares de
vivienda ytrabajo.Las masacres,los homicidios,los “falsos positivos”,
las desapariciones, la irrupción sorpresiva de la confrontación en las
veredas, sitios de trabajo, lugares de vivienda, escuelas, centros de
salud,trochas, caminos, provocaron la fractura de la vida cotidiana.
Erradicar la violencia como sentido común y lo obvio en la vida
cotidiana es la tarea principal en la implementación de los acuerdos,

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promoviendo el sentido común de la paz mediante el desarrollo de un
imaginario asociado con la solidaridad, la convivencia, la
reconciliación, los derechos humanos, el respeto por el otro, el
pluralismo y la tolerancia. Los desafíos de cuidar la vida en un país
que sale paulatinamente de un complejo conflicto armado prolongado
y en un escenario de posconflicto, son múltiples. Una vía para
afrontarlos se encuentra en el acercamiento a la vida cotidiana
máxime si esta incorpora y explora los sentidos y significados que las
personas construyen desde sus vivencias y experiencias, pues es allí
donde se encuentranlas respuestas más potentes para los procesosde
recuperación de la sociedad.
El acercamiento a la vida cotidiana constituye una fuente fructífera
para hacer del cuidado de la vida un acto singular y creativo,
especialmente en contextos de postconflicto.Para medirel alcance de
esta problemática resulta conveniente plantearse las siguientes
cuestiones: ¿Qué es la vida cotidiana, como se manifiesta y cuál es su
capacidad de agenciamiento de nuevas ciudadanías?
Heller(1994) define la vida cotidiana como el conjunto de actividades
diversas que le permiten al hombre ordinario reproducirse a sí mismo
y su función dentro de la sociedad, a la vez que garantiza las
condiciones para que la sociedad también pueda hacerlo.Medianteel
despliegue de actos reiterativos y repetitivos se instaura una especie
de naturalización y normalización, que permite establecer lo que se
considera legítimo, verdadero, real y necesario para garantizar la
continuidad propia,la del grupo social y, de alguna manera,definirlo
que se constituye como el orden mismo.
Por eso afirma que para la mayoría de los hombres la vida cotidiana
es la vida y, por tanto, constituye el espacio de las relaciones,
actividades y fuente de conocimiento para conducirse en el mundo [1].
Venna Das (2007) da continuidad a la pregunta de Heller por la
manera como los seres humanos habitamos el mundopero,sobre todo,
a la particularidad de un mundo devastado, donde la incertidumbre,
la duda y el escepticismo se incorporan en las relaciones cotidianas.
Para ella, la violencia que se experimenta no solo en el cuerpo, sino
también en el contexto, produce una fragilidad que se traduce en

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desconfianza ymiedo, cuya recuperación solo se logra a través de las
tareas diarias de sobrevivir y hacer habitable el mundo cotidiano,
profundamente integradas a formas complejas de agencia y
responsabilidad moral [2].
Michel de Certeau (2007) amplía esta perspectiva, en la medida en
que identifica la vida cotidiana como fuente de potencial
agenciamiento para las personas. Para este autor, si bien la
característica principal de la vida cotidiana es la repetición,
simultáneamentees un espacio de potenciales prácticas de innovación
y cambio, donde es posible desplegar la capacidad para gestionar la
propia vida.
Para De Certeau (2007), las personas inconscientemente navegan a
su manera y tratan de crear un espacio para sus propias actividades,
teniendo en cuenta las instituciones de poder. Las personas son
capaces de adaptarse y apropiarse de las estructuras e instituciones,
por lo que empiezan a reflejarsu propia vida cotidiana en lugar de los
intentos de asimilación estructural.Esta reapropiacióna través de lo
cotidiano se convierte en una parte crucial de la política e implica dar
el paso de sujetos a ciudadanos activos [3].
La vida cotidiana tiene una dimensión propia, aquella que se deriva
de la relación del hombre con su ambiente más inmediato;atiende al
estudio de las prácticas y relaciones de los hombres comunes y
corrientes en la vida diaria.
Referencias
1] Heller A. Sociología de la vida cotidiana. Barcelona: Nova Grafic;
1994.
[2] Das V. Life and Word: violence and the descentinto the ordinary.
London: University of California Press; 2007.
[3] De Certeau M. La invención de lo cotidiano. Artes de hacer.
México: Universidad Iberoamericana; 2007.