El documento discute el proceso penal según la Constitución, comparando los paradigmas inquisitivo y acusatorio. Explica que el modelo inquisitivo prioriza al Estado sobre el sujeto, mientras que el acusatorio defiende la presunción de inocencia. También analiza los modelos modernos de "control del delito" y "debido proceso", señalando que el primero se enfoca en la represión con presunción de culpabilidad, mientras que el segundo valora la limitación del poder político y los derechos individuales.