La educación es un derecho universal y de interés público según el documento. Explica que la educación es fundamental para el desarrollo de las personas y las sociedades, y los estados deben asegurar que sea accesible para todos los niños. También argumenta que la educación es un servicio público que debe regularse con leyes para garantizar la igualdad de oportunidades educativas para todos sin distinción. El documento concluye que la educación es esencial para establecer la democracia y la participación ciudadana.