Este documento discute los conceptos de democracia, derechos y deberes ciudadanos. Explica que la democracia implica más que solo elecciones y requiere la igualdad de todos los ciudadanos y su participación en el gobierno. También destaca que los derechos conllevan deberes hacia los demás y la sociedad. El objetivo principal es enfatizar la importancia de que los ciudadanos ejerzan sus deberes de participar y controlar a las autoridades, no solo reclamar sus derechos.

1. Escuela Electoral
Martes Electorales
© 2005 Gerencia de Educación
LOS DERECHOS DE
PARTICIPACIÓN Y CONTROL
CIUDADANOS
Expositor:
Christian Alberto Zacarías Orrillo
Lima, 11 de octubre del 2005

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Objetivo:
Interiorizar y saber utilizar conceptos elementales como derechos,
deberes, democracia, participación y control.
Introducción:
Es muy común en el Perú de hoy, hablar sobre derechos humanos,
defensa de la “persona humana”; sin embargo, se ha olvidado
aquella parte esencial de la persona, los deberes.
Debemos saber que no es justo que reclamemos derechos sin
antes haber realizado una crítica a nosotros mismos para saber si
hemos, también, cumplido con nuestras obligaciones como
ciudadanos del colectivo llamado Perú. Para sincerar el tema,
hablar de deberes es hablar de obligaciones.
Ser ciudadano comprende no sólo ejercer derechos sino también
cumplir deberes, y la participación y control de nuestras autoridades
es un deber ineludible nuestro.

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LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANOS
Hablar de este tema resulta sumamente interesante. Para empezar hemos de
decir que es un tema muy específico; y por ello es preciso que antes nos
detengamos a analizar y sopesar algunos conceptos para hablar en un
lenguaje común y podamos entendernos.
DEMOCRACIA.
Aclaremos el término. ¿Qué entendemos por democracia? Que nos han
enseñado, qué hemos aprendido, que hemos vivido; por tanto, a partir de
nuestra experiencia que podemos decir de la democracia.
Dentro del siglo XXI constatamos en todo el mundo la fragilidad del sistema de
gobierno que llamamos democracia. Aunque esta palabrita se haya convertido
en un saco sin fondo, conteniendo realidades muy distintas, conviene recordar,
frente a lo que suele ser creencia generalizada, que “democracia” no es
reductible a “elecciones”, y muchos menos a elecciones cada cuatro o cinco
años.
Históricamente la democracia ha sido una aspiración, un ideal de justicia, de
igualdad y de libertad, y nace como una respuesta frente al abuso del poder, la
injusticia y los privilegios de tiranos, dictadores, monarcas absolutos y
autócratas de toda índole y grado. La democracia es la experiencia –y la
propuesta- de una vida colectiva más justa, igualitaria y participativa que
prioriza el interés general –no confundir con “interés del Estado”- por encima de
los intereses particulares. Evoca derechos y responsabilidades individuales y
colectivas compartidas. Es una filosofía de vida y una forma de entender al ser
humano. La democracia es hija de la cultura de la reflexión y sobre todo, de un
pacto no escrito, de un contrato social tácito entre los seres humanos para
acordar unas bases de vida en común y de legitimación basadas en la elección
libre de las reglas y principios morales necesarios para un reparto equitativo de
los bienes esenciales: derechos, libertades, obligaciones, responsabilidades,
conocimiento y poder.
Que esa ya no es la realidad actual ni siquiera en el mundo occidental es
evidente. Cabe entonces preguntarse por qué. Pero sobre todo qué ha pasado
para que tanta gente en el siglo XXI siga identificando democracia a
elecciones, a desigualdad e injusticia, a abuso de poder y a desmovilización
ciudadana1
.
Rousseau hace muchos años dijo lo siguiente:
1
Este texto es un resumen actualizado del contenido de Democracias desiguales, El Serbal, Barcelona,
1995.

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Hubiera querido nacer en un país donde el Soberano y el Pueblo sólo
tuvieran un único y mismo interés, para que todos los movimientos de la
máquina tendiesen solamente a la felicidad común; lo cual, al no poderse
lograr más que siendo el Pueblo y el Soberano una misma persona, se
desprende que hubiera querido nacer bajo un gobierno democrático.
Esta identificación entre “Pueblo” y “Soberano” –la soberanía popular- define el
gran cambio axiológico -de valores y de prioridades básicas- y la nueva
propuesta ética que supuso en su día, la apuesta por la democracia. Esa
identificación entre pueblo y soberano es, efectivamente, la base primera de la
democracia, cuando la autoridad suprema está en manos de todos y cada uno
de los ciudadanos y las prioridades surgen de convicciones antropológicas
esenciales como la libertad, la igualdad, la dignidad, la justicia, etc. Y, sobre
todo, una nueva concepción de las relaciones de poder. Ningún órgano,
individuo o institución puede ejercer autoridad que no sea expresión de la
voluntad popular. Y para que esa autoridad suprema sea realmente soberana y
popular, para que la soberanía no la ejerzan sólo unos pocos para sus propios
intereses particulares, deben darse unas determinadas condiciones –formales y
reales-, organizarse unos canales de expresión y respetarse unas
determinadas reglas de juego y unos valores para que todos puedan jugar con
las mismas cartas y con idénticas oportunidades y con el exclusivo fin de velar
por el interés colectivo. La primera condición de la democracia moderna es la
dignidad, la igualdad y la justicia: todos los miembros adultos de la sociedad,
sea cual sea su condición social, riqueza, instrucción, edad o sexo, deben
disfrutar de los mismos derechos y deberes y de las mismas oportunidades
para expresar su opinión y de influir con su voto en las decisiones colectivas.
Esa prioridad en los intereses colectivos es lo que convierte a una
persona en ciudadana. Y sólo ese telón de fondo igualitario y solidario –de
ciudadanos iguales- hace posible que la opinión y el voto de unos tengan
idéntico peso que la opinión y el voto de los demás.
Para que ese telón de fondo sea posible es necesario acordar y definir:
- Principios: tripartición de poderes, legitimidad a través del voto.
- Condiciones: ciudadanía (relación horizontal entre los habitantes y no
vertical), sufragio universal
- Reglas de juego: constitución que enuncie principios, derechos,
libertades y garantías fundamentales.
Hasta este punto hemos descrito raudamente lo que se puede entender por
democracia.
DERECHOS.
Desde que inicie la aventura del derecho y, desde mucho antes, en el colegio,
siempre escuché hablar de derechos: a la educación, a la salud, a la
información y el más sagrado de todos, a una vida digna.

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Pero cuanto importa el término derecho a desdén de otro muy ligado a él, que
constituye la otra cara de la moneda, el deber. Alguien ha escuchado hablar de
los deberes humanos; me parece que nadie. Sólo de los derechos humanos.
Hablemos entonces de ellos para después darnos cuenta de por qué es
importante también hablar de deberes.
Para empezar por qué decimos que los derechos son humanos. Seguramente
por que los derechos sólo pueden atribuirse a ese mal llamado “animal
racional” u hombre; o por como dirían los iusnaturalistas los derechos son
“algo” intrínseco al hombre, asociado e indisoluble de su naturaleza. Según
esta postura los derechos humanos han existido siempre, desde el homo
sapiens hasta la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de
1791 en Francia, cuyos autores sólo redactaron, institucionalizaron, declararon
y pusieron en vigencia, esos derechos.
Hasta el momento sólo divagaciones pero nada concreto.
Alguno de nosotros se ha puesto a pensar que lo que llamamos derechos son
creaciones humanas; son creaciones históricas, creación humana espacio-
temporal, producto de la libertad y de la voluntad de algunos individuos y
grupos en defensa de una clase o de todos los hombres. La voluntad y la
libertad que se expresa en el derecho son valores o potencias exclusivamente
humanas y no fenómenos naturales, como la corriente del niño o la gravitación.
En estos tiempos he viajado mucho por el país y me he dado cuenta de algo.
Las personas exigen derechos. Ejemplo: en estas charlas sobre el referéndum
los ciudadanos exigen que tienen el derecho a ser informados, eso nadie lo
niega ni lo discute pero donde esta aquel deber de todo ciudadano o de todo
integrante del colectivo llamado República del Perú de buscar esa información,
en vez de quedarse sentado esperando a que llegue alguien a decirle qué debe
hacer.
Entramos a la parte que quería tocar acerca de los deberes. Escuchamos,
exigimos, protestamos, gritamos, nos acogemos a los derechos. Pero ¿y los
deberes? ¿Qué es un deber? Todo derecho lleva aparejado un deber. Ejemplo:
Vivo en un edificio en el piso quinto, es mi cumpleaños. Como soy amiguero,
armo una fiesta hasta la hora en que mis invitados se queden o hasta que el
liquido elemento se acabe. Sin embargo, ¿qué pasa con mis vecinos? Tengo
todo el derecho de festejar con buena música y demás aditamentos pero
también tengo el deber de respetar la tranquilidad y descanso de mis vecinos.
Notamos entonces la íntima relación entre derecho y deber.
Importa entonces hablar sobre los deberes, es decir, los derechos de los otros.
Por ello, una adecuada reivindicación de los deberes humanos no se
contradice en absoluto con la defensa cerrada de los derechos; aunque la
defensa y desarrollo de los derechos no sea sólo un problema político sino de
educación.

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Lo importante en la vida política es la práctica de deberes; sobre todo si hemos
venido a hablar de participación, autogobierno, autonomía y se promueve
iniciativas contra toda forma de paternalismo. Ninguna autoridad puede
imponer deberes sociales. Solamente nosotros mismos, los seres humanos
podemos hacerlo y el respeto a la libertad es el primero.
¿Que requerimos? Un renacimiento de los valores autoimpuestos, es decir, de
las conductas libres, concientes y responsables frente a los otros y frente a uno
mismo. Estas normas facultativas que se impone el hombre moderno,
independientemente de toda autoridad terrena o celestial: una ética moderna.
Esa que hace que un alemán respete las reglas aun cuando no hay policía ni
peatón a cien kilómetros a la redonda, ni controlador alguno; mientras que en
otros países se viola las reglas delante de ellos y cuando no están ellos y
siempre.
PARTICIPACIÓN Y CONTROL.
Ahora nos toca ver el tema vital de esta tarde: participación y control.
¿Participar es acudir a votar y desentenderse del asunto como si las
consecuencias de mi voto no me fueran a afectar? ¿Participar es votar sin
ningún conocimiento de la persona a la que le estoy confiriendo mi confianza?
¿Participar es quedarse callado ante un atropello o una injusticia? ¿Participar
es no criticar por que es mi amigo? ¿Participar es dejar hacer, dejar pasar?
Participar no es otra cosa que involucrarse. Una de las características más
importantes del hombre es su capacidad de trascender. ¿Qué es trascender2
?
Es salir de la esfera personal y poder con nuestros actos dejar huella, ponernos
en otro lugar, llegar a cambiar una realidad. El hombre está hecho para eso,
para poder modificar la realidad con sus actos. Y como puede uno hacerlo:
participando. Aquel ente que no participa es un ser que no va a trascender.
Recogiendo lo dicho en nuestras primeras palabras. La democracia necesita de
la participación. Si bien es cierto nosotros asistimos a votar también es
necesario que participemos a través de nuestras conductas de control.
Nosotros somos profesionales para quejarnos, para criticar, para señalar con el
dedo. Pero no hemos sido capaces de controlar.
Una característica de la democracia es la delegación del poder, esa delegación
la hacemos nosotros cuando elegimos a alguien, pero no es total. ¿Por qué no
lo es? Porque tenemos la capacidad de controlar, de supervisar que aquella
persona que le hemos dado esa parte de nuestro poder cumpla y satisfaga las
aspiraciones que tuvimos para elegirla y en caso no lo haga sustraerle el
mandato.
2
DRAE: Extenderse o comunicarse a otras, produciendo consecuencias.

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MECANISMOS.
¿Qué maneras de participar y controlar tenemos? Las establecidas en ley. Para
ello tenemos la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos - N°
26300.
Son derechos de participación de los ciudadanos los siguientes:
a) Iniciativa de Reforma Constitucional;
b) Iniciativa en la formación de las leyes;
c) Referéndum;
d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales; y,
e) Otros mecanismos de participación establecidos por la presente ley para
el ámbito de los gobiernos municipales y regionales.
Son derechos de control de los ciudadanos los siguientes:
a) Revocatoria de Autoridades;
b) Remoción de Autoridades;
c) Demanda de Rendición de Cuentas; y,
d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente ley para el
ámbito de los gobiernos municipales y regionales.
LA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Es el derecho de todo ciudadano a plantear una modificatoria de algún artículo
de la Constitución. Para ello se requiere la adhesión de un número de
ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población
electoral nacional. Una vez cumplido este requisito se tramita de acuerdo las
normas establecidas para las iniciativas de los congresistas.
Sólo existe una limitación a este derecho y es que es improcedente toda
iniciativa de reforma constitucional que recorte los derechos ciudadanos
consagrados en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado.
LA INICIATIVA LEGISLATIVA
Es aquella posibilidad de que un ciudadano presente uno o más proyectos de
ley. Para lo que debe acompañar las firmas comprobadas de no menos del
cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral nacional. Esta
iniciativa recibe preferencia en el trámite del Congreso. Para lo cual se ordena
su publicación en el diario oficial.
El derecho de iniciativa en la formación de leyes comprende todas las materias
con las mismas limitaciones que sobre temas tributarios o presupuestarios
tienen los congresistas de la República. La iniciativa se redacta en forma de

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proyecto articulado. El plazo para que el Congreso dictamine y vote el proyecto
es de 120 días calendario.
ES importante saber que aquellas personas que presenten el proyecto pueden
nombrar a dos representantes para la sustentación y defensa en la o las
comisiones dictaminadoras del Congreso y en su caso en el proceso de
reconsideración.
El proyecto de ley que haya sido rechazado en el Congreso puede ser
sometido a referéndum. Asimismo, cuando los promotores juzguen que al
aprobarla se le han introducido modificaciones sustanciales que desvirtúan su
finalidad primigenia podrán solicitar referéndum para consultar a la ciudadanía
sobre su aprobación.
EL REFERÉNDUM Y DE LAS CONSULTAS POPULARES.
El Referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a
la Constitución en los siguientes temas normativos:
a) La reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo al Artículo 206o.
de la misma.
b) Para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y
ordenanzas municipales.
c) Para la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de
urgencia, así como de las normas a que se refiere el inciso anterior
d) En las materias a que se refiere el artículo 190° de la Constitución,
según ley especial.
El referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al
10 por ciento del electorado nacional.
Si una iniciativa legislativa fuera rechazada o modificada sustancialmente por el
Congreso, conforme a esta ley se podrá solicitar iniciación del procedimiento de
Referéndum, adicionando las firmas necesarias para completar el porcentaje
de ley.
El resultado del referéndum determina la entrada en vigencia de las normas
aprobadas o la derogación de las aprobadas, siempre que hayan votado en
sentido favorable a la consulta la mitad más uno de los votantes, sin tener en
cuenta los votos nulos o en blanco. La consulta es válida sólo si fuera aprobada
no menos del 30% del número total de votantes. Surte efectos a partir del día
siguiente de la publicación de los resultados oficiales por el Jurado Nacional de
Elecciones
Una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de
modificación dentro de los dos años de su vigencia, salvo nuevo referéndum o
acuerdo del Congreso en dos legislaturas con el voto de dos tercios del número

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legal de congresistas. Si el resultado del referéndum deviene negativo, no
podrá reiterarse la iniciativa hasta después de dos años.
La convocatoria a referéndum corresponde ordenarla al Jurado Nacional de
Elecciones en plazo no mayor de cuatro meses después de acreditadas las
respectivas iniciativas.
LA REVOCATORIA Y REMOCIÓN DE AUTORIDADES.
La Revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus
cargos a:
a) Alcaldes y Regidores;
b) Autoridades regionales que provengan de elección popular;
c) Magistrados que provengan de elección popular.
Este derecho no procede durante el primero y el último año de su mandato
salvo el caso de magistrados. La particularidad especial de este mecanismo es
que la solicitud no requiere ser probada, sólo fundamentada. El Jurado
Nacional de Elecciones, convoca a consulta electoral la que se efectúa dentro
de los 90 días siguientes de solicitada formalmente.
La consulta se lleva adelante en una circunscripción electoral, si el veinticinco
por ciento de los electores de una autoridad, con un máximo de 400,000 firmas,
presenta la solicitud de la revocación del mandato ante la ONPE.
Para revocar a una autoridad se requiere la mitad más uno de los votos
validamente emitidos y para que proceda la Revocatoria deberá haber asistido
por lo menos el cincuenta por ciento de los electores hábiles del padrón. En
caso contrario la autoridad sobre la cual se consulta la Revocatoria se
mantiene en el cargo sin posibilidad de que se admita una nueva petición hasta
después de dos años de realizada la consulta.
Luego de producida la revocatoria el JNE acredita como reemplazante de la
autoridad revocada, salvo los jueces de paz, a quien alcanzó el siguiente lugar
en el número de votos de la misma lista para que complete su mandato.
Quien hubiere sido revocado del cargo para el que fue elegido está apto para
ser candidato al mismo cargo en las elecciones siguientes a excepción del
proceso de elecciones complementarias.
Se realizará elecciones complementarias únicamente si se confirmase la
revocatoria de más de un tercio de los miembros del Concejo Municipal.
Mientras no se elija a los reemplazantes en el cargo, asumen las funciones los
accesitarios. Se sigue el mismo procedimiento en el caso de confirmarse la
Revocatoria de un tercio de los miembros del Consejo de Coordinación

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Regional, elegidos directamente. Quienes reemplazan a los revocados
completan el período para el que fueron elegidos éstos.
La Remoción es aplicable a las autoridades designadas por el Gobierno Central
o Regional en la jurisdicción regional, departamental, provincial y distrital. No
comprende a los Jefes Político Militares en las zonas declaradas en estado de
emergencia.
Si el JNE comprueba que más del 50% de los ciudadanos de una jurisdicción
electoral o judicial solicitan la remoción, ésta procede.
Aquel funcionario que hubiese sido removido no puede volver a desempeñar el
mismo cargo en los siguientes cinco años.
LA DEMANDA DE RENDICION DE CUENTAS
Mediante la rendición de cuentas el ciudadano tiene el derecho de interpelar a
las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso de recursos
propios; estando la autoridad obligada a dar respuesta. Son susceptibles de
esta demanda quienes ocupan cargos sujetos a revocatoria y remoción.
El pliego interpelatorio contiene preguntas relacionadas exclusivamente con los
temas previstos en el artículo anterior. Cada interrogante es planteada en
forma clara, precisa y sobre materia específica.
La autoridad electoral cautela que el pliego interpelatorio contenga términos
apropiados y que carezca de frases ofensivas.
Para que se acredite la rendición de cuentas se requiere que la soliciten
cuando menos el 20% con un máximo de 50,000 firmas de la población
electoral con derecho a voto en la respectiva circunscripción territorial.
Acreditada la demanda el Jurado Nacional de Elecciones comunica de ello a la
autoridad demandada para que responda en forma clara y directa el pliego
interpelatorio dentro de los 60 días calendarios, estando la autoridad obligada a
publicar el pliego interpelatorio y su respuesta al mismo.
CONCLUSIÓN:
La exposición ha intentado conseguir lo siguiente:
1. Que la democracia no consiste solamente en asistir a votar cada cierto
tiempo.
2. Comprender la dimensión de lo que es ser un ciudadano.
3. Conocer el límite de nuestros derechos, los deberes.

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4. Que la participación y control son deberes que emergen de nuestra
condición de ciudadanos.
SOBRE EL EXPOSITOR:
Christian Zacarías Orrillo, abogado egresado de la Universidad de San Martín de
Porres. Labora en el Jurado Nacional de Elecciones desde el mes de octubre del año
1996. Como asesor del Pleno desde el mes de diciembre de 1999.
Formó parte de la misión de observación electoral del Centro de Asesoría y Promoción
Electoral-CAPEL de las Elecciones Presidencias de República Dominicana del 2004.
Participante del Seminario sobre Promoción de Elecciones Democráticas realizado en
Tokyo, Japón, como becario de la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa-
JICA en enero del 2004.