Este ensayo pretende hacer un análisis de la aplicación del instituto de la “exposición imprudente al daño” o “culpa de la víctima” en la responsabilidad extracontractual, a partir de la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, con el objeto de observar cuál es el actual escenario que se puede observar de esta figura legal en cuanto a su aplicación en los casos en que se ha discutido su procedencia.

1. EXPOSICIÓN DE LA VÍCTIMA AL RIESGO COMO CAUSAL DE EXCLUSIÓN
O DE DISMINUCIÓN DE INDEMNIZACIÓN: ESTADO DE LA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA EN 2013 Y 2014.
Sergio Arenas Benavides*
Introducción
Este ensayo pretende hacer un análisis de la aplicación del instituto de la
“exposición imprudente al daño” o “culpa de la víctima” en la responsabilidad
extracontractual, a partir de la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, con el objeto de
observar cuál es el actual escenario que se puede observar de esta figura legal en cuanto a
su aplicación en los casos en que se ha discutido su procedencia.
En todo caso, no pretende hacer un análisis pormenorizado ni tan profundizado de
fallos señeros, sino que a partir de una serie de sentencias seleccionadas obtener cuáles han
sido las líneas jurisprudenciales seguidas en cuanto a la procedencia de incorporar esta
figura en la decisión jurisprudencial y los elementos que componen esta institución jurídica
y cuál es su verdadero significado a juicio de la Corte. Para ello, más que hacer una mera
cuenta estadística, se pretende dar ejemplos señeros de cómo ha resuelto el máximo
tribunal, contrastando asimismo cuando ha habido alguna variación en esas líneas, sea por
prevención o por voto de minoría. Finalmente, se quiere evaluar qué elementos destacan y
cuáles requieren más atención o un cambio de visión por parte del tribunal casatorio.
1.- Breve análisis del instituto de la “exposición imprudente al daño” y la norma del
2330 CC
Primeramente, debemos estudiar someramente la institución de la exposición
imprudente al daño por parte de la víctima. Su fuente legal primordial es el art. 2330 del
Código Civil, el cual establece que “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el
que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. La norma en comento es bastante
breve, y como es ya costumbre en esta área, ha sido la doctrina y sobre todo la
jurisprudencia la que ha definido este instituto, fijando su definición y límites, generando
un efecto multiplicador al extender su aplicación extensiva o analógica a los casos en que,
por ser el hecho de la víctima el único generador de daño, rompe la relación causal entre el
hecho del autor y el daño sufrido. En esta primera sección sólo hablaremos de la definición
doctrinal para luego profundizar en la solución dada por la reciente jurisprudencia.
Se ha dicho que esta norma, sea en el sentido legal del 2330 CC o en la construcción
hecha a partir de él, impone un deber en la persona de procurar su propio cuidado. Barros
señala que, más que una obligación legal, es una “carga” que sirve como requisito para
evaluar si el autor del daño es enteramente culpable o no1
. Esto también debe entenderse en
el sentido de que el autor del daño no es per se un garante de la subsistencia de la víctima,
por lo que no puede pretender ir más allá del deber general de no hacer daño a otro2
. Así,
podemos ver en esta regla un límite al deber de cuidado que debe tener la persona, además
de ser en cierta medida un corolario de la regla de que “se responde por todo el daño, pero
*
Abogado, Licenciado en Cs. Jurídicas por la Universidad de Chile, Magister (C) en Derecho por la
Universidad de Talca.
1
Barros (2006), p. 429
2
Barros (2006), p. 430; Corral (2004), p. 340.

2. nada más que el daño”, en el sentido de que el autor sólo debería responder por el daño
causado directamente por éste3
. La apreciación del cuidado de la víctima debería medirse
igual que la del autor del daño, en aras del principio de igualdad de relaciones propio del
derecho privado, es decir, aplicar el mismo estándar de persona prudente4
.
En cuanto a los requisitos para que opere esta norma5
, debe atenderse, primero, a
que la actuación de la víctima en el evento dañoso sea ilícita, en interpretación de la palabra
“imprudentemente” del 2330 CC. Como se ha dicho, la víctima siempre interviene en la
generación del daño, pero sólo operará la reducción de responsabilidad del autor cuando su
intervención no sea justificable según las circunstancias en que operó en el caso6
.
Asimismo, la doctrina señala que debe haber una conexión de ilicitud entre la exposición
imprudente y el daño para que pueda operar la figura, en términos tales que si el hecho
imprudente no tiene relación alguna con el daño no puede ser alegado como vulpa de la
víctima7
. En segundo lugar, se debe dar una relación de causalidad entre el hecho de la
víctima y el daño, es decir, que su intervención sea clave para que se genere el perjuicio.
Esa apreciación debe ser igual que la relación entre el hecho del victimario y el daño, en
atención al principio de igualdad propio del Derecho Privado, es decir, poner a la víctima
en la posición de la persona promedio en las mismas circunstancias8
.
Otro requisito es la capacidad de la víctima. Algunos autores, señalan que debe ser
aplicable el art. 2319 CC y en consecuencia que no se considere los casos de incapaces9
. En
contra de esta idea está Barros, para quien la capacidad de la víctima no debe ser atendida
ya que resulta es distinta la atribución de responsabilidad a un incapaz de la pretensión de
éste de ser indemnizado10
, lo cual no es sino aplicación del corolario de que el autor no
debe responder sino por el daño efectivamente causado, el que no debe depender de
factores ajenos a la propia condición del agente. Asimismo, se dice que el hecho del
incapaz también tiene relación con la relación causal, por lo que debe ser considerado para
este efecto11
.
Podemos derivar de la ilicitud y la capacidad de la víctima otros requisitos, que no
son muy atendidos por la doctrina, pero que la jurisprudencia atiende, como son el
conocimiento del riesgo por parte de la víctima y la posibilidad de evitarlo. En base a estas
exigencias es que hemos organizado el trabajo, a fin de señalar sobre qué temas ha puesto
atención la Corte Suprema en el período 2013-2014 y cuáles han sido sus decisiones.
Sólo para terminar, existe consenso doctrinario en cuanto a la imperatividad de la
aplicación del 2330 CC por el juez si se dan las condiciones para hacerlo, básicamente por
un tema de léxico al decir la norma “la apreciación del daño está sujeta a reducción…”12
, lo
qure también ha sido admitido por la jurisprudencia anterior a 201313
. Otro tema ha sido
determinar las cuotas en que concurrirían autor y víctima en el caso de ser procedente este
3
Rodríguez (1999), p. 356.
4
Barros (2006), pp. 432-433; Alessandri (1983), p. 570.
5
Véase Diez Schwerter (2006), pp. 288-290.
6
Diez Schwerter (2006), pp. 225-227, y Barros (2006), pp. 427-428.
7
Barros (2006), p.
8
Barros (2006), p. 431.
9
Rodríguez (1999), p. 354
10
Barros (2006), p. 429.
11
Bahamondes y Pizarro (2012), p. 48.
12
Barros (2006), p. 435, Diez Schwerter (2006), p. 230; Rodríguez (1999), p. 353.
13
Véase Domínguez (2011), p. 819

3. tema. Se han propuesto varias fórmulas, siendo las más conocidas las de “cuotas viriles”, la
de “cuotas equitativas” (a discreción judicial) y la de “cuotas proporcionales”, esta última
subdividida en “proporción de culpas”, mayormente aplicada por los tribunales, y
“proporción de causalidades”, esta última considerada más justa por la doctrina14
.
2.- Análisis de los requisitos de la exposición imprudente de la víctima y cómo la Corte
Suprema los ha resuelto en 2014.
Hecho el breve doctrinario, pasamos a ver qué ha resuelto el máximo tribunal
chileno en la materia en los últimos dos años. Para ello, hemos clasificado los elementos
más importantes considerados por la Corte y aquellos fallos que han marcado su tendencia.
a.- Asunto de hecho o de derecho, procedencia de reducción y monto
En general la Corte Suprema ha dicho que la circunstancia de establecer o no la
concurrencia de la exposición imprudente al daño, y la consecuente decisión sobre la
disminución del monto indemnizatorio, es una materia que les compete exclusivamente a
los jueces del fondo, siendo improcedente su revisión por medio del recurso de casación.
Así lo mencionan, a guisa de ejemplo, los fallos “Barahona Urzúa con Complejo
Manufacturero de Equipos Telefónicos S.A.C.I.”15
, que en su considerando octavo
establece “que solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los
hechos de la causa y que efectuada correctamente dicha labor, al determinar éstos con
sujeción al mérito de los antecedentes, probanzas aportadas por las partes, interpretación
y aplicación de las normas atinentes al caso en estudio, ellos resultan inamovibles para
este tribunal”, o “Montero Mangolarra con Servicio de Salud Valparaíso San Antonio”16
,
cuyo consid. 11º dice “es tarea del juez de la causa determinar a cuánto asciende ese
quántum, pues es éste quien evalúa la entidad de la culpa del autor y de la víctima (…)
corresponde a una materia ajena al recurso en estudio, puesto que la regulación del mismo
corresponde a una facultad exclusiva de los jueces del fondo”. Todos estos fallos se
analizarán más adelante sobre otros tópicos.
Excepcionalmente se pronuncia sobre el derecho cuando señala que debe casarse
una sentencia sobre la base de que no se hizo aplicación del instituto cuando de las pruebas
se extrae que sí debió hacerse. Así, por ejemplo, en el fallo “Cartoni Viale y otros con
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A. y otro”17
, señala que la omisión de que el
demandante iba en estado de ebriedad, por aplicación de presunciones propias de la Ley de
Tránsito, configura un error sustantivo ya que demostraba una exposición imprudente al
riesgo, por lo cual casó el fallo de segunda instancia y corrigió la decisión agregando la
aplicación del instituto en cuestión y reduciendo el monto indemnizatorio (consid. 13º a 15º
sentencia de casación y 9º sentencia de reemplazo).
En el mismo sentido, la Corte es recurrente en no admitir que en los recursos de
casación se pida anular la sentencia y en subsidio aplicar el instituto en estudio, por
introducir un elemento dubitativo que no es de la esencia del recurso. Así lo ha señalado
expresamente en “Petzel Müller y otro con Saavedra Martínez y otro”18
(consid. 4º y 5°) y
14
Bahamondes y Pizarro (2012), pp. 44-45; Quintero (2008), pp. 282-283.
15
Corte Suprema, rol 1943-2014, de 7 de abril de 2014.
16
Corte Suprema, rol 2049-2013, de 29 de julio de 2013.
17
Corte Suprema, rol 5626-2011, de 3 de abril de 2013.
18
Corte Suprema, rol 492-2013, de 22 de agosto de 2013.

4. “Sandoval Patillo con Constructora Luis Navarro S.A.”19
(consid. 8º y 9°), entre otros. Si
bien esto último tiene poco relación con el tema del trabajo, a nuestro juicio debe revisarse
ya que pone en cuestionamiento el tema de considerar que la existencia de exposición
imprudente sea algo meramente fáctico.
En general, la Corte establece la concurrencia de esta institución a partir de los
hechos que en las instancias inferiores han establecido, agregando las variables de
conocimiento y previsión que estudiaremos más adelante, por lo que gran parte de sus
fallos son justificaciones de aprobación o rechazo a esas decisiones. La Corte Suprema
construye la aplicación de esta regla a partir del caso específico, estudiando latamente los
hechos sometidos a prueba y fallados por los tribunales inferiores a efectos de determinar la
concurrencia o no de la víctima. Es lo que se observa, por ejemplo, en el ya visto “Cartoni
Viale…” en que fundamenta su decisión casatoria en la prueba rendida en la primera
instancia que no fue considerada por los jueces, que daban cuenta que el demandante iba en
estado de ebriedad al momento del accidente (consid. 13º y 14º sent. casación), o en el
“Villegas Millar con Fisco de Chile”20
, en que se construye la configuración del instituto a
partir del descuido del actor en cuanto a comprobar la veracidad de la información
entregada por el falso representante de un organismo público (consid. 5º).
Asimismo, la Corte Suprema en causa “CORFO contra Inversiones Torres del
Paine”21
, en que revirtiendo la decisión de alzada se condena a restituir fondos recibidos
por actos ilícitos, establece la imposibilidad de aplicar esta norma en sede contractual, no
sólo por su especificidad, sino también porque la norma es una sanción para quien
directamente se involucró en el daño, no así al tercero que se benefició y que sólo debe
restituir el valor en exceso percibido. Entiende, en este caso, el instituto de exposición
imprudente al riesgo como una figura que considera a la persona de quien demanda y no a
quienes se relacionen con ella (consid. 12º sent. de reemplazo).
b.- Aplicación de esta figura como criterio de reducción de indemnización o de exclusión
de responsabilidad.
En general, la Corte Suprema aplica este instituto, sea o no en su expresión del 2330
CC, para reducir el monto de una indemnización ya atribuida, confirmando la existencia de
responsabilidad en el autor del daño, pero que por la acción de la víctima no responde por
la totalidad del daño. En todo caso, no es claro cuál es el parámetro utilizado para
determinar el monto de la reducción, ya que no da mayores explicaciones en cuanto a ello,
escudándose en que la decisión sobre ello es materia soberana del juez.
Excepcionalmente, hay algunos fallos en que se excluye completamente la
indemnización debido a la exposición, como por ej., “Palomino Libu con Ilustre
Municipalidad de Concón”22
, en que se rechaza la demanda por un accidente en que una
persona ebria caminaba en reversa por una pasarela sin barandas, donde se establece que la
actuación de la víctima ha sido de tal envergadura que la posible culpa del autor no tiene
mayor incidencia en el daño (consid. 17°). En estos casos, si bien pueden ser una aplicación
extrema del art. 2330 CC, en realidad deben concebirse como casos en que la culpa de la
víctima fue de envergadura tal que cortó la relación causal entre el hecho del autor y el
19
Corte Suprema, rol 3159-2013, de 20 de junio de 2013.
20
Corte Suprema, rol 9187-2012, de 22 de abril de 2013.
21
Corte Suprema, rol 11723-2011, de 12 de septiembre de 2013.
22
Corte Suprema, rol 2695-2012, de 25 de marzo de 2013.

5. daño subsecuente. Pero para ello hay que entrar a fondo, y eso significa pasar a considerar
requisitos de conocimiento, previsión y evitación del peligro.
c.- Requisitos de concurrencia de la exposición imprudente al riesgo
Básicamente son dos los requisitos establecidos por la doctrina: conocimiento y
previsión del hecho riesgoso. En el primero hemos querido considerar además la capacidad
de la víctima y en el segundo lo desglosamos entre la que debe tener la víctima del riesgo al
que se enfrenta y el del autor de poder prever esa ocurrencia. También consideraremos la
posibilidad de evitar el riesgo, que depende mucho de los dos anteriores.
1.- Capacidad y conocimiento de la víctima del riesgo: En cuanto a la capacidad, los
tribunales no se pronuncian sobre la capacidad de la víctima, ya que en la mayoría de los
casos se trata de gente mayor de 7 años –que son capaces de responsabilidad delictual
según el art. 2319 del CC-, salvo la causa “Muñoz Saavedra y otros con Servicio de Salud
Aconcagua y otra”23
en que la víctima era un niño de 3 años y donde la Corte establece la
reducción por la imprudencia de la madre, aunque reconocen que el instituto del 2330 CC
no es aplicable a cabalidad aquí (consid. 14º). Dado esto, debería discutirse dónde
realmente pone la Corte el problema, si en culpa o en causalidad, o hace una combinación
de ambo, lo que más tarde resolveremos.
En cuanto al conocimiento que la víctima tiene del peligro, la Corte Suprema,
cuando ha declarado procedente la aplicación del instituto de exposición imprudente,
describe las circunstancias que la llevan a pensar que la víctima conocía el riesgo, o que
debía conocerlo, como argumento para aplicarlo, así como el no conocimiento del mismo la
lleva a descartar su aplicación. Específicamente, en fallos como “Zarate Cruzat y otros con
Empresa de Ferrocarriles del Estado y otra”24
, en que se niega indemnización a los
herederos de una víctima de atropello de ferrocarril, se ha señalado que el comportamiento
de la víctima, que frecuentemente pasaba por el lugar de los hechos, denota que ésta tenía
conocimiento del riesgo al que se estaba enfrentando (consid. 7º) Asimismo, en
“Valenzuela Flores y otros con Fisco”25
, se falla que las víctimas del maremoto de 27 de
febrero de 2010, que volvieron a sus casas tras el aviso de la autoridad de que no había
peligro, no se expusieron imprudentemente al peligro por cuanto no tenían manera de
corroborar en esos momentos que la información dada por los órganos encargados era
cierta o no (consid. 33º sent. de casación y 4º, 8º, 13º y 14º sent. de reemplazo). Por último,
en el mencionado “Palomino Libu con Ilustre Municipalidad de Concón”, se concluye que
el occiso, pese a su embriaguez, perfectamente conocía el riesgo al que se estaba
sometiendo, lo cual a nuestro parecer debería relacionarse con lo establecido en el 2318 CC
sobre la responsabilidad del ebrio.
Asimismo, el conocimiento debe relacionarse con el tema de la licitud del acto de la
víctima, ya que es lógico que quien se halle en una situación de legítima actuación piense
que su acto está correcto conforme a la ley, recordando que en general la buena fe debe
presumirse.
2.- Posibilidad de la víctima de evitar el riesgo: Sobre el particular no existe mucho
pronunciamiento de la Corte Suprema, destacando algunos fallos que señalan que si la
víctima no tenía alternativas que le permitieran evitar el riesgo, entonces su exposición al
23
Corte Suprema, rol 9554-2012, de 10 de junio de 2013.
24
Corte Suprema, rol 9907-2011, de 11 de junio de 2013.
25
Corte Suprema, rol 1629-2013, de 18 de diciembre de 2013.

6. mismo no caía en la hipótesis de exposición imprudente, y sí cuando existía tal posibilidad.
Tiene entonces mucho que ver con el conocimiento que la víctima tenía o debía tener del
riesgo, sólo que ahora involucraba la disponibilidad de esquivar ese peligro.
Así, en fallos como “Quijada Valderrama y otros con I. Municipalidad de San Pedro
de la Paz”26
, en que se condena a una municipalidad por su corresponsabilidad en el
atropello de escolares por un ferrocarril, se establece que el atropello del tren sufrido por las
víctimas al cruzar la línea férrea no era evitable para ellas, debido a que por existencia de
las obras que el ente edilicio estaba haciendo en los cruces ferroviarios cercanos los
transeúntes no tenían otra alternativa para transitar y cruzar (consid. 3º). La misma doctrina
se sigue en “Aburto Muñoz y otros con Fierros Guerrero”27
, sobre un atropello de personas
que esperaban un bus en la berma del camino, en que se expone que la circunstancia de
permanecer en la berma para esperar el bus era una circunstancia normal y necesaria para el
uso del servicio de trasporte de pasajeros por lo que no era imprudente su situación (consid.
5º y 6º). Por el contrario, en fallos como el ya mencionado “Zarate Cruzat y otros …”, se
concluye que sí existía para la víctima la posibilidad de evitar el riesgo toda vez que ella
cruzaba periódicamente el lugar, no existiendo elementos que impidiera constatar la
presencia del tren, por lo que podía advertir su presencia. Lo mismo se estipula en “Muñoz
Muñoz y otros con Fisco”28
, en que también se niega la indemnización a persona arrollada
por un tren en un cruce ferroviario, donde se concluye que la existencia de advertencias
colocadas por la autoridad vial y la empresa ferroviaria permiten demostrar que se podía
ejercer previsión de lo mismo y que la víctima tenía el deber de advertirlo (consid. 13º y
15°). En general, podemos concluir que la exposición debe ser “innecesaria” de parte de la
víctima, en consideración a las posibilidades que en el momento tenía, para que se aplique
la figura de la exposición imprudente al daño.
Otro problema sucede cuando la intervención de un tercero, relacionado con la
víctima, puede dar pie a la aplicación de esta figura. La jurisprudencia de nuestro máximo
tribunal no se pronuncia salvo en casos muy específicos, como el ya reseñado “Muñoz
Saavedra y otros…”, en que se aplica el 2330 CC pese a que se reconoce por el mismo
tribunal que la intervención de la madre no es asimilable a hecho de la víctima (consid.
14º). Uno podría pensar en extender la interpretación del art. 1548 CC sobre los efectos de
la representación (legal en este caso), o una aplicación analógica del 2320 CC sobre
responsabilidad por el hecho ajeno, pero serían justificaciones muy artificiales. Más bien, el
tribunal busca un “tránsito” entre la culpabilidad y la causalidad, llegando a un “punto
medio” entre ambas para fundar su decisión, basada en la necesidad de que el autor no
responda más allá del daño efectivamente causado por él.
3.- Licitud del acto de la víctima: En general, la Corte Suprema no suele juzgar
acerca de la licitud de la intervención de la víctima, atendiendo a cierta presunción de que,
si la víctima podía conocer y/o evitar la exposición, esa conducta tiene cierto matiz de
ilícita. Esto tiene importancia sobre todo cuando existan presunciones legales de culpa,
como en los casos de leyes de tránsito, en que operan igual que como si fueran culpas
infraccionales.
26
Corte Suprema, rol 586-2012, de 19 de marzo de 2013.
27
Corte Suprema, rol 11880-2014, de 12 de agosto de 2014.
28
Corte Suprema, rol 1066-2012, de 12 de agosto de 2013.

7. Así, en el fallo “Guerra Lazo con I. Municipalidad de Viña del Mar”29
, en que se
condena a una municipalidad por no advertir sobre un derrame de aceite en la vía pública
sobre el cual se tropezó una persona, no se pronuncia en forma clara sobre la licitud del
comportamiento de la víctima, por lo que parece colocar su actuar dentro de la relación de
causalidad, aunque hay un juzgamiento implícito en cuanto a la prudencia de la misma en
orden a que ésta, por su edad y experiencia debió haber advertido del mismo (consid. 4º).
Mismas conclusiones se obtienen en el fallo “Montero Mangolarra…”, en que se concluye
que la paciente agravó por su conducta el actuar negligente del centro hospitalario
demandado al tratarse por sí misma su enfermedad antes de ir al centro (consid. 6º y 10º).
Es de destacar que ambos fallos citan a Rodríguez y Alessandri como parte de sus
argumentos, autores que se decantan por la culpabilidad como factor determinante a
analizar la concurrencia del hecho de la víctima como factor modificador. Asimismo, en
“Muñoz Saavedra y otros…” parece inclinarse más al tema de relación causal como foco de
la aunque reconocen la culpa de la madre como elemento que determina la reducción.
Extraordinariamente, el fallo “Lira Ritch con I. Municipalidad de El Tabo”30
, en el
que se condena al ente edilicio por los perjuicios que una persona sufrió por la tardanza de
un permiso de edificación, en la que el actor recurrió a la justicia en vez de seguir el
conducto regular, señala que no es aplicable la figura del hecho imprudente de la víctima en
caso del ejercicio de acciones legales, ya que estas son actos legítimos q el ordenamiento
jurídico consagra, siendo la tutela judicial una garantía para el ciudadano, por lo que su
ejercicio por vía irregular no es una exposición imprudente al daño (consid. 6º).
4.- Posibilidad de que el autor del daño pudiera prever que la víctima interviniera en
el mismo: En general, la Corte Suprema no se pronuncia mayormente sobre esto, sólo
limitándose a fallar sobre la concurrencia del mismo, presumiendo que el autor, debido a la
exigencia general de cuidado en esta sede, debe preocuparse de todas las posibles
consecuencias de su actitud, salvo que la intervención de la víctima sea de las que exige el
2330 CC o derechamente corte la relación causal entre hecho del autor y daño.
Excepcionalmente, en el fallo “Epuante Rivera con Corporación Nacional
Forestal”31
, en que se condena a la entidad por la muerte de excursionistas que cayeron en
un hoyo por transitar en lugar no habilitado de un parque nacional, sí se pronuncia sobre
esto, señalando que “resulta contraria a toda norma mínima de seguridad que una condición
que pueda revestir un grado de peligrosidad, no haya sido corregida, previendo que
personas que por diversas razones no respeten las aéreas protegidas e ingresen a la zona”.
En general, se apela en estos casos a la confianza de que ciertas personas o
instituciones, por su mayor preparación o su incidencia en la vida de las personas, van a ser
más previsores de que puedan haber exposiciones imprudentes. En el fallo “Barahona
Urzúa…”, donde se condena a una empresa de telefonía por el accidente en que una
persona cayó a un hoyo de artefactos de comunicaciones perteneciente a la demandada, el
máximo tribunal llega a concluir que si el autor del daño está en mejor posición que la
víctima para prever que esta se expondría al riesgo, entonces aquél tiene menores
posibilidades de que se le aplique el beneficio de esta norma, sobre todo cuando por su
actividad específica tuviera más posibilidades de cometer hechos dañosos. Una conclusión
parecida puede observarse en el ya visto “Valenzuela Flores…”, en que se concluye que la
29
Corte Suprema, rol 6766-2013, de 6 de marzo de 2014.
30
Corte Suprema, rol 10639-2013, de 30 de enero de 2014.
31
Corte Suprema, rol 8532-2014, de 15 de julio de 2014.

8. autoridad, como garante de la seguridad pública, debió haber previsto que la gente, ante el
aviso de que no habría maremoto, iba a volver a sus casas, por lo que se reprocha a la
autoridad el no haber previsto advertir de cuidados adicionales en cuanto al aviso, (consid
33º sent. casación).
Por otro lado, la existencia de normas especiales para ciertas áreas, que pueden
determinar la existencia o no de culpa infraccional, también han servido a la máxima corte
para determinar la existencia de cargas de cuidado para la víctima. Así lo señaló en el ya
reseñado “Muñoz Muñoz y otros…” en que se apela a la normativa sobre cruces
ferroviarios para construir la tesis de que la víctima debía respetar la señalización.
d.- Carga de la prueba
Aquí la jurisprudencia ha sido invariable respecto de la tendencia histórica,
señalando que como toda obligación o modo de extinción de ellas debe ser probada por
quien lo alega (art. 1698 CC)32
. Esto se ha mencionado expresamente en fallos como el ya
anotado “Epuante Rivera…” donde su considerando cuarto dice abiertamente “d.- No se
acreditó por la demandada que los jóvenes fallecidos hayan ingresado al lugar por vía no
destinada”. Asimismo, en el fallo “Sanhueza Muñoz y otro con Fuentes Salazar”33
, en que
se acogió la casación en el fondo y se terminó condenando a la empresa de buses donde
trabajaba el hijo de los demandantes, la Corte Suprema declara en el consid. 3º de la
sentencia de reemplazo que era la demandada, la empresa de buses, quien debió probar que
la víctima, el hijo fallecido en accidente vehicular, no cumplió con la reglamentación vial
de llevar el cinturón mientras estaba como copiloto. Otro fallo, “Neumann Aravena y otros
con I. Municipalidad de Toltén”34
, se rechaza una casación en el fondo ya que se alegaba
una exposición imprudente del trabajador occiso que según los jueces de grado inferior no
pudo ser probado por la demandada (consid. 5º).
e.- Teoría de causalidad aplicable al hecho de la víctima
No hay pronunciamiento claro de la Corte Suprema en la generalidad de los casos.
En general, y por el fundamento más “culpabilístico” que tiene el sistema de
responsabilidad extracontractual chileno35
, es que se aplica más esta última teoría que otras,
como la de causa necesaria o imputación objetiva. Así, en el fallo “Palomino Libu…” se
puede advertir que se decanta por la teoría de la equivalencia de las condiciones, al
establecer en su considerando 17º la frase “…si se suprimen mentalmente las
circunstancias anotadas…” que es el modo de operar de esta teoría.
Excepcionalmente, en el citado “Muñoz Saavedra…” se señala en su considerando
14º que si concurren culpas del autor y de la víctima, no debería usarse la equivalencia de
las condiciones sino la causalidad adecuada para comparar cuál de los hechos pesa más en
la generación del daño, que en el caso no concurren por ser el hecho de un tercero el que se
interpone entre la falta y el daño.
3.- Principales temas que atiende la jurisprudencia
32
Véase al respecto Diez Schwerter (2006), p. 234.
33
Corte Suprema, rol 5693-2012, de 2 de julio de 2013.
34
Corte Suprema, rol 9707-2012, de 1 de agosto de 2013.
35
Domínguez (1966), pp. 39.

9. Luego de este análisis, queda por revisar algunos aspectos generales que se pueden
extraer del mismo.
Quizás el elemento al que la Corte Suprema más foco ha puesto ha sido en la
circunstancia de ser la aplicación del instituto en comento un asunto de hecho y no de
derecho, ante lo cual la doctrina ha señalado algunos reparos ya que esencialmente
responde a la aplicación de un instituto legalmente regulado, lo que implica necesariamente
que la corte debe velar por su correcta aplicación, estudiando no sólo los hechos en sí sino
su correcta correlación con la norma36
. En nuestra opinión la existencia de culpa de la
víctima sí debería considerar un elemento normativo, cual es la licitud de la actuación del
demandante de daños en el evento dañoso, licitud que no mira sólo a la gravedad de la
conducta, sino a la previsibilidad de su efecto confluyente en el daño. Así se velaría por que
la reparación del autor no se vea agrandada injustamente por el hecho de la víctima.
En general, los fallos de la Corte Suprema tienen por partida los hechos conocidos y
fallados en las instancias inferiores, para determinar el conocimiento del riesgo y la
posibilidad de evitación para terminar señalando si es aplicable o no la figura legal en
estudio, sea en su versión de 2330 CC o en su efecto en la relación causal entre hecho y
daño. En muchos casos se suele presumir que una de las partes tenía mayor carga de prever
que la otra la ocurrencia del daño, lo que determina una mayor o menor inclinación a
aplicar la figura legal. Hay, pues, un elemento “cognitivo”, si se puede decir así, que
atiende a que la víctima tenga posibilidades de advertir el riesgo, y un elemento “volitivo”,
que es la mayor o menor “necesariedad” que tenía la misma de obrar en determinada forma,
a efectos de saber si se hallaba o no obligada a asumir el riesgo. Sobre estas bases, el
máximo tribunal determina si el hecho dañoso es culpa o causa sólo del autor, o sólo de la
víctima, o concurren ambas conductas, determinando si esa concurrencia se encuadra o no
en la hipótesis del 2330 CC.
Otra cosa que advertimos frecuentemente en el análisis es la falta de
pronunciamiento acerca de elementos como la capacidad de la víctima como factor
determinante de si su exposición al riesgo fue imprudente o no. A veces parece presumirla
de los antecedentes que se acompañan en el proceso y que son usados por la Corte para su
decisión, pero extrañamos alguna mención que pudiera poner fin a la disputa doctrinaria al
respecto.
No es claro, entonces, en la jurisprudencia analizada dónde coloca la Corte Suprema
el hecho de la víctima. Pareciera, de una lectura general de los fallos, que la tendencia
general es colocar esta situación en el sitio de la causalidad. No obstante, como dijimos,
puede advertirse un reproche implícito –o la disculpa en caso de rechazo- del actuar de la
víctima al aplicar la figura legal a partir de su consideración dentro de la dinámica de los
hechos, y con ello una inclinación más hacia considerar esta intervención como algo propio
de la culpabilidad.
En realidad, podríamos concluir que el hecho de la víctima no es encasillable sólo
en uno de los elementos de la responsabilidad extracontractual, ya que participa de
caracteres tanto relativos a la culpa como a la causalidad, al ser al mismo tiempo una
“contraculpa” y un elemento alterador del curso causal entre el hecho del autor y el
perjuicio subsecuente. Es conteste, entonces, con lo que se ha denominado “influencia
causal de cada culpa” como parámetro de aplicación del instituto37
.
36
Barros (2006), pp. 437.
37
Véase Domínguez (1966), p. 43.

10. 4.- Conclusiones generales
En líneas generales, la jurisprudencia más reciente de la Corte Suprema en la
materia no hace grandes innovaciones respecto de la tendencia histórica de aplicación del
instituto de la exposición imprudente de la víctima, sea en su 2330 CC.
La construcción que hace la Corte Suprema para aplicar este instituto es bastante
fáctica, atendiendo menos a resolver el tema de la posible licitud o ilicitud de la conducta
de la víctima y prestando más atención, por un lado, a la capacidad y posibilidad de prever
y evitar el riesgo, y por otro a la mayor o menor intervención del autor del daño en orden a
prever que la víctima pudiera intervenir en los hechos, todo ello en un contexto más fáctico
que jurídico, sometiendo la aplicación de la ley a la existencia de los hechos.
Esto, unido a una concepción formalista del recurso de casación, limita
enormemente la posibilidad de una mayor incidencia de la Corte como definidor de la
institución, al establecer, por ejemplo, reiteradamente la imposibilidad de petición
subsidiaria de aplicar el 2330 –o la institución derivada de ella en los casos en que se afecte
la causalidad--, ya que si accediera a revisar podría dar mayores luces sobre su aplicación o
no a los casos y terminar con ciertas dudas doctrinarias en cuanto a los elementos que
componen esta figura legal.
En todo caso, coincidimos con el máximo tribunal en la idea de que el hecho de la
víctima es un fenómeno complejo que no puede encuadrarse sólo en uno de los elementos
básicos de la responsabilidad extracontractual, sino que se halla “a caballo” entre la culpa y
la causalidad. En efecto, la exposición imprudente se interpone en el camino entre el hecho
del autor y el daño subsecuente, pero no genera el efecto señalado en la ley sino cuando
existe el elemento de imputación necesario, que es la culpa de la víctima, que se debe medir
igual que la del autor, que tiene su efecto en la relación entre el daño sufrido y la
indemnización debida por el autor, el cual queda a recaudo de aquella parte del daño que no
es efecto de su actuar culpable, debiéndolo soportar la víctima a manera de “culpa en
reversa”.

11. Bibliografía
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Chileno (2ª edición). Santiago: Ediar-Conosur (tomo II).
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culpabilidad a la causalidad. En: Revista de Derecho P. U. Católica de Valparaíso (XXXIX), pp.
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Jurídica de Chile.
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8. Rodríguez, Pablo (1999). Responsabilidad Extracontractual. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.
Fallos analizados en este trabajo
1. Aburto Muñoz y otros con Fierros Guerrero (2014): Corte Suprema, 12 de agosto de 2014
(casación en la forma y fondo), rol 11880-2014. En: Legal Publishing (www.legalpublishing.cl),
código: CL/JUR/5418/2014
2. Barahona Urzúa con Complejo Manufacturero de Equipos Telefónicos S.A.C.I. (2014): Corte
Suprema, 7 de abril de 2014 (casación en el fondo), rol 1943-2014. En: Legal Publishing
(www.legalpublishing.cl), código: CL/JUR/952/2014
3. Cartoni Viale y otros con Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A. y otro (2013): Corte
Suprema, 3 de abril de 2013 (casación en la forma y el fondo), rol 492-2013. En: Legal Publishing
(www.legalpublishing.cl), código: CL/JUR/720/2013
4. CORFO contra Inversiones Torres del Paine (2013): Corte Suprema, 12 de septiembre de 2013
(casación en el fondo), rol 11723-2011. En: Legal Publishing (www.legalpublishing.cl), código:
CL/JUR/2046/2013
5. Epuante Rivera con Corporación Nacional Forestal (2014): Corte Suprema, 15 de julio de 2014
(casación en el fondo), rol 8532-2014. En: Legal Publishing (www.legalpublishing.cl), código:
CL/JUR/4528/2014
6. Guerra Lazo con I. Municipalidad de Viña del Mar (2014): Corte Suprema, 6 de marzo de 2014
(casación en el fondo), rol 6766-2013. En: Legal Publishing (www.legalpublishing.cl), código:
CL/JUR/373/2014
7. Lira Ritch con I. Municipalidad de El Tabo (2014): Corte Suprema, 30 de enero de 2014
(casación en el fondo), rol 10639-2013. En: Legal Publishing (www.legalpublishing.cl), código:
CL/JUR/160/2014
8. Montero Mangolarra con Servicio de Salud Valparaíso San Antonio (2013): Corte Suprema, 29
de julio de 2013 (casación en el fondo), rol 2049-2013. En: Legal Publishing
(www.legalpublishing.cl), código: CL/JUR/1626/2013
9. Muñoz Muñoz y otros con Fisco (2013). Corte Suprema, 12 de agosto de 2013 (casación en el
fondo), rol 1066-2012. En: Legal Publishing (www.legalpublishing.cl), código: CL/JUR/1792/2013
10. Muñoz Saavedra y otros con Servicio de Salud Aconcagua y otra (2013): Corte Suprema, 10 de
junio de 2013 (casación en el fondo), rol 9554-2012. En: Legal Publishing
(www.legalpublishing.cl), código: CL/JUR/1234/2013
11. Neumann Aravena y otros con I. Municipalidad de Toltén (2013): Corte Suprema, 1 de agosto de
2013 (casación en el fondo), rol 9707-2012. En: Microjuris (www.microjuris.cl), código: MJJ35738.

12. 12. Palomino Libu con Ilustre Municipalidad de Concón (2013): Corte Suprema, 25 de marzo de
2013 (casación en el fondo), rol 2695-2012. En: Legal Publishing (www.legalpublishing.cl), código:
CL/JUR/643/2013
13. Petzel Müller y otro con Saavedra Martínez y otro (2013): Corte Suprema, 22 de agosto de 2013
(casación en el fondo), rol 492-2013. En: VLEX (www.vlex.cl), código: VLEX-471237874
14. Quijada Valderrama y otros con I. Municipalidad de San Pedro de la Paz (2013): Corte
Suprema, 19 de marzo de 2013 (casación en el fondo), rol 586-2012. En: Legal Publishing
(www.legalpublishing.cl), código: CL/JUR/602/2013
15. Sandoval Patillo con Constructora Luis Navarro S.A. (2013): Corte Suprema, 20 de junio de
2013 (casación en la forma y el fondo), rol 3159-2013. En: VLEX (www.vlex.cl), código: VLEX-
471652014
16. Sanhueza Muñoz y otro con Fuentes Salazar (2013): Corte Suprema, 2 de julio de 2013 (casación
en la forma), rol 5693-2012. En: VLEX (www.vlex.cl), código: VLEX-471860930 y VLEX-
471860918.
17. Valenzuela Flores y otros con Fisco (2013): Corte Suprema, 18 de diciembre de 2013 (casación en
la forma y en el fondo), rol 1629-2013. En: Legal Publishing (www.legalpublishing.cl), código:
CL/JUR/2948/2013
18. Villegas Millar con Fisco de Chile (2013): Corte Suprema, 22 de abril de 2013 (casación en la
forma y el fondo), rol 9187-2012. En: VLEX (www.vlex.cl), código: VLEX-471652014
19. Zarate Cruzat y otros con Empresa de Ferrocarriles del Estado y otra (2013): Corte Suprema,
11 de junio de 2013 (casación en el fondo), rol 9907-2011. En: Legal Publishing
(www.legalpublishing.cl), código: CL/JUR/1235/2013