1) El documento analiza los desafíos que enfrentan los usuarios de la justicia en Colombia para acceder a las audiencias virtuales, como la falta de acceso a internet, dispositivos electrónicos y capacitación en el uso de plataformas virtuales. 2) Estos desafíos afectan en mayor medida a grupos vulnerables como personas mayores, con discapacidad y en zonas rurales. 3) Se proponen soluciones como distribuir dispositivos electrónicos, mejorar la capacitación digital y la infraestructura de internet para garantizar el

1. INSTITUCION UNIVERSITARIA AMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
PROGRAMA DE DERECHO
TEMA
ESTADO DEL ARTE, MARCO CONCEPTUAL Y MARCO JURÍDICO
ASIGNATURA
Investigación IV – 6DH
DOCENTE
FABIO REY
ESTUDIANTES
LUIS GOMEZ ALFARO
CIUDAD
Barranquilla/Atlántico
Año
2023

2. 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la tecnología ha transformado la forma en que nos comunicamos, trabajamos y
llevamos a cabo nuestras actividades diarias. Esto también se ha reflejado en el sistema judicial,
donde cada vez más se están llevando a cabo audiencias virtuales como una alternativa eficiente
y conveniente en medio de la pandemia y los avances tecnológicos. Sin embargo, a pesar de los
beneficios que esto pueda generar, existe una preocupación creciente en cuanto al acceso a estas
audiencias virtuales por parte de los usuarios de la justicia en Colombia. En este sentido, es
importante analizar y comprender los desafíos que enfrentan los usuarios al no poder acceder
adecuadamente a estas audiencias virtuales, ya que esto podría tener un impacto negativo en la
igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos.

3. 1.1 FORMULACIÓN DE PROBLEMA
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los usuarios de la justicia en
Colombia con respecto al acceso a las audiencias virtuales?
Según un informe del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, los principales desafíos
que enfrentan los usuarios de la justicia en Colombia con respecto al acceso a las audiencias
virtuales son la falta de acceso a internet o dispositivos electrónicos adecuados, la falta de
capacitación para el uso de plataformas virtuales y la dificultad para presentar pruebas en línea.
Además, algunos usuarios también han reportado problemas técnicos durante las audiencias
virtuales, lo que ha afectado su capacidad para participar plenamente en el proceso judicial.
Además, el informe también destaca que la falta de acceso a la tecnología y la capacitación en el
uso de herramientas virtuales afecta de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables,
como las personas mayores, las personas con discapacidades y las comunidades rurales. Esto
puede tener un impacto negativo en su capacidad para participar plenamente en el proceso
judicial y recibir una justicia efectiva. Como resultado, se están implementando medidas para
abordar estos desafíos, como la capacitación en línea y la distribución de dispositivos
electrónicos a los usuarios que lo necesiten.
El informe también destaca que la falta de acceso a internet de calidad en algunas áreas rurales
dificulta aún más la participación en audiencias virtuales. Esto puede generar retrasos en los
procesos judiciales y afectar la eficiencia del sistema judicial. Asimismo, se ha observado que
algunos usuarios enfrentan dificultades para adaptarse al entorno virtual, lo que puede generar
una brecha en la comunicación entre los usuarios y los operadores judiciales. Para abordar estos

4. problemas, se están implementando estrategias para mejorar la infraestructura de internet en
áreas rurales y se están proporcionando recursos educativos y de capacitación para garantizar que
los usuarios puedan participar plenamente en las audiencias virtuales.

5. 1.2 JUSTIFICACIÓN
Este tema es relevante porque aborda los desafíos que enfrentan los usuarios de la
justicia en Colombia en relación con el acceso a las audiencias virtuales. Con el
avance de la tecnología y la implementación de medidas de virtualización en el
sistema judicial, es importante comprender los obstáculos que pueden surgir para
garantizar un acceso equitativo y efectivo a la justicia. Al analizar los desafíos, como
la falta de acceso a internet o dispositivos electrónicos adecuados, la falta de
capacitación en el uso de plataformas virtuales y la dificultad para presentar pruebas
en línea, se pueden identificar soluciones y medidas para superar estas barreras y
garantizar una participación inclusiva en el proceso judicial.
Además, es importante tener en cuenta que los desafíos en el acceso a las audiencias
virtuales pueden afectar de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables,
como las personas mayores, las personas con discapacidades y las comunidades
rurales. Esto puede generar una brecha en la igualdad de acceso a la justicia y limitar
la capacidad de estas personas para participar plenamente en el proceso judicial. Por
lo tanto, es esencial implementar medidas que aborden estas desigualdades y
garanticen que todos los usuarios tengan acceso a la justicia en igualdad de
condiciones.
La pandemia de COVID-19 ha acelerado la implementación de medidas de
virtualización en el sistema judicial, lo que ha llevado a un aumento en el número de
audiencias virtuales. Si bien esto ha permitido una mayor eficiencia en algunos
aspectos del proceso judicial, también ha destacado la necesidad de abordar los

6. desafíos en el acceso a las audiencias virtuales para garantizar una participación justa
y equitativa de todos los usuarios. Por lo tanto, es importante seguir monitoreando
estos desafíos y trabajar en conjunto para implementar soluciones efectivas que
garanticen un acceso justo y equitativo a la justicia en Colombia.

7. 1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de este tema es analizar y comprender los desafíos que
enfrentan los usuarios de la justicia en Colombia en relación con el acceso a las
audiencias virtuales.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Identificar los grupos más vulnerables que enfrentan desafíos en el acceso a las
audiencias virtuales en Colombia, como las personas mayores, las personas con
discapacidades y las comunidades rurales.
2. Analizar los obstáculos específicos que impiden el acceso equitativo a las
audiencias virtuales, como la falta de acceso a internet o dispositivos electrónicos
adecuados y la falta de capacitación en el uso de plataformas virtuales.
3. Evaluar el impacto de estos desafíos en la capacidad de los usuarios para
participar plenamente en el proceso judicial y recibir una justicia efectiva.
4. Proponer soluciones y medidas para abordar estos desafíos, como la
distribución de dispositivos electrónicos a los usuarios que lo necesiten, la
capacitación en línea y la mejora de la infraestructura de internet en áreas rurales.
5. Monitorear y evaluar la implementación de estas soluciones y medidas para
garantizar que sean efectivas y permitan un acceso justo y equitativo a la justicia
para todos los usuarios.

8. 2. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL
2.1 GENERALIDADES
Virtualización del sistema judicial y Explorar el proceso de virtualización del sistema
judicial en Colombia y cómo esto ha llevado a la implementación de audiencias
virtuales como una alternativa a las audiencias presenciales, En el marco teórico, se
puede explorar cómo el proceso de virtualización del sistema judicial en Colombia ha
evolucionado a lo largo del tiempo y cómo ha llevado a la implementación de
audiencias virtuales como una alternativa a las audiencias presenciales. Se pueden
analizar los beneficios y desafíos asociados con esta transición, así como los cambios
regulatorios y tecnológicos necesarios para facilitar la virtualización.
Acceso a la justicia para analizar el concepto de acceso a la justicia y su importancia
para garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos de
los usuarios del sistema judicial en Colombia, Es importante analizar el concepto de
acceso a la justicia y su importancia para garantizar la igualdad de oportunidades y el
ejercicio efectivo de los derechos de los usuarios del sistema judicial en Colombia. Se
pueden explorar las diferentes dimensiones del acceso a la justicia, como el acceso
físico, económico, cultural y lingüístico, y cómo estos factores pueden influir en el
acceso a las audiencias virtuales.
Tecnología y justicia en el caso de investigar el papel de la tecnología en el sistema
judicial y cómo las herramientas virtuales pueden facilitar el acceso a la justicia, así

9. como los desafíos que surgen al implementar y utilizar estas tecnologías, Investigar el
papel de la tecnología en el sistema judicial es fundamental. Se deben examinar las
diferentes herramientas virtuales utilizadas en las audiencias virtuales, como las
plataformas de videoconferencia y los sistemas de gestión de casos electrónicos.
Además, se pueden analizar los beneficios que la tecnología puede aportar al sistema
judicial, como la eficiencia, la reducción de costos y la accesibilidad. También es
importante abordar los desafíos que surgen al implementar y utilizar estas
tecnologías, como la seguridad de los datos y la privacidad.
Brecha digital que existe para examinar la brecha digital en Colombia y cómo esto
afecta el acceso a internet y a dispositivos electrónicos adecuados, especialmente en
comunidades rurales y grupos vulnerables, En el marco teórico, se debe examinar la
brecha digital en Colombia y cómo esto afecta el acceso a internet y a dispositivos
electrónicos adecuados, especialmente en comunidades rurales y grupos vulnerables.
Se pueden explorar las políticas y programas gubernamentales destinados a cerrar
esta brecha, así como las iniciativas de colaboración con el sector privado y
organizaciones sin fines de lucro, Es esencial analizar la importancia de la
capacitación en el uso de plataformas virtuales para los usuarios de la justicia. Se
pueden explorar los programas de capacitación existentes y evaluar su efectividad en
superar los desafíos en el acceso a las audiencias virtuales. Además, se pueden
identificar estrategias para mejorar la capacitación y garantizar que los usuarios
tengan las habilidades necesarias para participar plenamente en las audiencias
virtuales.

10. Capacitación en herramientas virtuales y así poder analizar la importancia de la
capacitación en el uso de plataformas virtuales para los usuarios de la justicia y cómo
puede contribuir a superar los desafíos en el acceso a las audiencias virtuales.
Participación inclusiva y ayudar a explorar la importancia de garantizar una
participación inclusiva en las audiencias virtuales y cómo abordar los desafíos
específicos que enfrentan los grupos vulnerables, como las personas mayores y las
personas con discapacidades, En el marco teórico, se debe explorar la importancia de
garantizar una participación inclusiva en las audiencias virtuales. Se pueden abordar
los desafíos específicos que enfrentan los grupos vulnerables, como las personas
mayores y las personas con discapacidades, y proponer soluciones para asegurar que
tengan un acceso equitativo y efectivo al sistema judicial virtual. Esto puede incluir
adaptaciones tecnológicas, servicios de interpretación o traducción, y medidas para
garantizar la accesibilidad para personas con discapacidades.
Audiencias virtuales: Se refiere a las sesiones judiciales que se llevan a cabo de
manera remota, utilizando tecnologías de comunicación en línea, en lugar de requerir
la presencia física de las partes involucradas.
Acceso a la justicia: Es el derecho fundamental de todas las personas a buscar y
recibir una respuesta justa y equitativa por parte del sistema judicial. Implica
garantizar que todos los individuos tengan la capacidad y los recursos necesarios para
participar plenamente en los procesos judiciales.

11. Brecha digital: Se refiere a la disparidad en el acceso y uso de la tecnología digital, como
internet y dispositivos electrónicos, entre diferentes grupos de la sociedad. Esta brecha
puede ser causada por factores económicos, geográficos, educativos o sociales.
Inclusión digital: Es el proceso de garantizar que todas las personas tengan igualdad de
oportunidades para acceder y utilizar las tecnologías digitales, independientemente de su
ubicación geográfica, nivel socioeconómico, edad o habilidades digitales.
Desigualdades en el acceso: Se refiere a las disparidades existentes en el acceso a las
audiencias virtuales debido a factores como la falta de acceso a internet, la falta de
dispositivos electrónicos adecuados, la falta de conocimiento y habilidades digitales, o la
falta de recursos económicos.
Capacitación digital: Consiste en proporcionar conocimientos y habilidades necesarias
para utilizar eficazmente las herramientas y plataformas virtuales utilizadas en las
audiencias virtuales. Esto incluye la capacitación en el uso de software, la familiarización
con las plataformas virtuales y la comprensión de los protocolos y procedimientos para
participar en audiencias virtuales.
Acceso equitativo: Se refiere a garantizar que todas las personas tengan igualdad de
oportunidades para acceder a las audiencias virtuales, sin importar su ubicación
geográfica, nivel socioeconómico, edad o habilidades digitales. Esto implica superar las
barreras existentes y proporcionar los recursos necesarios para una participación justa y
equitativa.

12. ESTADO DEL ARTE
Malagón, M., & Paola, J. (2022). Los usuarios de la justicia en Colombia se verán
afectados por no poder acceder a las audiencias virtuales. https://hdl.handle.net/10901/24116.
El año 2020 fue un año que trajo muchos desafíos en todo el mundo debido a la pandemia de
COVID-19. Uno de los mayores desafíos fue el acceso a la justicia. En Colombia, el
confinamiento obligatorio para contener la propagación del virus significó que el acceso a la
justicia se detuvo por 3 meses y medio, lo que llevó al estado a regular un modelo para adelantar
los diferentes procesos judiciales contemplados en el ordenamiento jurídico mediante
herramientas virtuales.
La digitalización de expedientes judiciales, la creación de procesos electrónicos y la realización
de audiencias virtuales se convirtieron en una necesidad para garantizar el acceso eficaz a la
justicia. Este nuevo modelo de justicia virtual permitió la adaptación a la nueva realidad que la
pandemia había impuesto.
La implementación de la justicia virtual también trajo consigo ciertos desafíos. Es por eso que la
investigación se enfocó en analizar cómo se vieron afectados los abogados con la
implementación de la justicia virtual en el país.
Uno de los principales desafíos fue la necesidad de adaptación tecnológica por parte de los
abogados. Aunque la tecnología se ha vuelto cada vez más común en la práctica legal, muchos
abogados todavía no estaban preparados para manejar todos los aspectos de la justicia virtual,
como la digitalización de expedientes y la realización de audiencias virtuales. Además, también
hubo problemas relacionados con la disponibilidad de los servicios de internet y la calidad de las
conexiones, lo que a su vez afectó la calidad de la justicia virtual.

13. Bautista Salas, SC, & Sotelo Amaya, CA (2022). Las tecnologías de la información y
comunicación en el derecho procesal colombiano: análisis a partir del derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia. https://hdl.handle.net/10901/23823.
La idea principal del trabajo de investigación es la importancia de proteger el derecho
fundamental a la administración de justicia a través de las tecnologías de la información y la
comunicación. Se destaca que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental,
consagrado en la Constitución Política de 1991 y en instrumentos internacionales de derechos
humanos. El texto señala que, en la actualidad, las tecnologías de la información y la
comunicación se han convertido en una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la
justicia de manera eficiente y efectiva, ya que permiten una comunicación más fluida y rápida
entre los usuarios y los operadores de justicia.
Además, se resalta la importancia de que el Estado garantice el acceso a estas tecnologías a todas
las personas, independientemente de su situación económica o nivel de conocimiento
tecnológico, para evitar que se produzcan brechas digitales que limiten el acceso a la justicia y
vulneren los derechos de las personas.
La pregunta de investigación que se plantea en el texto busca determinar los lineamientos
jurídicos que se deben seguir para garantizar la protección del derecho fundamental a la
administración de justicia a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Para
ello, se propone un diseño metodológico con enfoque jurídico y de tipo cualitativo, que se basará
en el análisis documental de fuentes secundarias de información contenidas en el sistema
normativo de orden nacional e internacional.

14. Carvajal Zúñiga, E. (2022). La administración de justicia, la justicia digital a partir de
la ley 2213 de 2022 . https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/23081.
La administración de justicia en Colombia ha intentado implementar reformas en los métodos
utilizados por los operadores judiciales durante más de 26 años. Estas reformas implican cambios
en los sistemas informáticos y tecnológicos utilizados por la rama judicial, incluyendo la
implementación de expedientes digitales y la justicia virtual. Es importante destacar que estos
cambios deben aplicarse de acuerdo a los postulados de la ley 2213 de 2022.
La justicia digital o virtual ha llegado para quedarse como una herramienta para los operadores
judiciales. Sin embargo, su implementación no está exenta de retos y dificultades, incluyendo la
resistencia que puede provocar entre los usuarios. Es necesario revisar las normas que hablan
sobre el tema y escuchar a los expertos para asegurarnos de que la justicia digital sea de uso
general para todos los habitantes del territorio que buscan justicia. La implementación de la
justicia virtual en Colombia ha sido un tema relevante y de gran importancia en los últimos años.
En la actualidad, la tecnología y la digitalización de los procesos se han convertido en una
necesidad para la justicia, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. En este sentido, la
justicia virtual ha surgido como una alternativa eficiente y eficaz para acelerar los procesos
judiciales, garantizar el acceso a la justicia y mejorar la calidad de los servicios prestados por la
rama judicial.
No obstante, es importante tener en cuenta que la implementación de la justicia virtual no se ha
dado sin desafíos. La resistencia al cambio y la falta de acceso a la tecnología son solo algunos

15. de los obstáculos que se han presentado. Por esta razón, es fundamental que se desarrollen
políticas públicas y medidas para fomentar el acceso a la tecnología y la digitalización en todo el
país.
Galindo Arias, MC, & Zambrano Garzón, ML (2022). La implementación de los
medios tecnológicos y de la comunicación a través del decreto 806 de 2020 y la ley 2213 de
2022. ¿Garantiza de manera efectiva “el acceso a la administración de justicia en
Colombia”? https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/23075.
En este texto, el autor quiere analizar cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado la
administración de justicia en Colombia y cómo el gobierno ha respondido a esta situación
mediante la implementación de medios tecnológicos y de comunicación para mantener la
dinamización de las actuaciones judiciales. Para esto, el autor se enfoca en dos leyes en
particular: el Decreto Ley 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022, que regulan la implementación de
los medios tecnológicos y de la comunicación en el sistema judicial.
El autor menciona que Colombia está pasando por una transición hacia una nueva era judicial
debido a la pandemia, lo que ha hecho necesario adoptar mecanismos tecnológicos y procesales
idóneos para mantener el correcto funcionamiento del sistema judicial. Se estudiarán principios
como eficacia y eficiencia frente a la garantía procesal del derecho de acceso a la administración
de justicia.
El objetivo principal del análisis es determinar cómo el gobierno nacional ha garantizado de
manera efectiva la protección del derecho de acceso a la administración de justicia durante la
pandemia, considerando el derecho a la igualdad frente a la flexibilización en la atención a la
ciudadanía a nivel nacional, por medio de la aplicación e implementación de los medios

16. tecnológicos y de la comunicación dentro de los procesos judiciales, de acuerdo al artículo 229
de la Constitución Política.
Escobar Cabrera, MC y Giraldo Rubio, VA (2022). Retos de la justicia virtual:
cuestiones sobre el derecho de acceso a la administración de justicia de las víctimas de
violencia intrafamiliar en el marco de la virtualidad dentro del proceso penal
abreviado. https://hdl.handle.net/10901/23909.
Hace referencia a la Ley 2213 de 2022 que estableció la modalidad virtual como norma general
para el desarrollo del proceso penal abreviado en Colombia. Esto implica que las audiencias se
realizan de forma virtual a través de diferentes plataformas de comunicación. Sin embargo, para
la asistencia a estas audiencias, es necesario que cada uno de los sujetos procesales cuente con
medios tecnológicos, como un computador y una conexión a internet, lo cual puede suponer una
barrera de acceso para algunas personas.
El objetivo del artículo es analizar cómo esta modalidad virtual afecta el derecho de acceso a la
justicia de las víctimas de violencia intrafamiliar en el marco de la realización del proceso
abreviado. Para lograrlo, se realizó un estudio con enfoque cualitativo de la normatividad,
jurisprudencia y doctrina referente al derecho de acceso a la justicia, las víctimas en el proceso
penal abreviado y la virtualidad en la administración de justicia.
En este sentido, el autor plantea la necesidad de analizar cuidadosamente cómo la
implementación de la modalidad virtual en el proceso penal abreviado puede afectar el acceso a
la justicia de las víctimas de violencia intrafamiliar. Es importante considerar que algunas de
estas víctimas pueden tener dificultades para acceder a medios tecnológicos o para utilizarlos
adecuadamente, lo que podría obstaculizar su participación efectiva en el proceso.

17. Por lo tanto, se plantea la necesidad de explorar alternativas para garantizar el derecho de acceso
a la justicia de estas víctimas en el marco de la modalidad virtual.
Tovar, T., & Belén, L. (2022). Controversias de la notificación electrónica en la
virtualidad de la justicia. https://hdl.handle.net/10901/24018.
El autor del texto plantea una problemática sobre la contabilización de los términos de
notificación electrónica a la parte demandada por parte del juez civil en Colombia. La justicia
virtual ha sido implementada en el país desde el 2020 a través del Decreto 806, lo que ha dado
lugar a una serie de interpretaciones distintas por parte de los jueces civiles, lo que genera
inseguridad jurídica y vulneración al debido proceso.
La investigación se ha enfocado en analizar estas interpretaciones y compararlas, con el objetivo
de brindar una respuesta más clara y unificada sobre cómo se deben contabilizar los términos de
notificación electrónica en el proceso civil. Para ello, se ha utilizado el método deductivo y
diversas técnicas de investigación, como la revisión documental y la conversación con expertos.
Finalmente, se han utilizado diversas bases de datos, como Scielo, Publindex, Scopus y Latindex,
para obtener información y soportar la respuesta a la pregunta que originó la investigación. En
resumen, el autor busca contribuir a la claridad y unificación de la interpretación de los jueces
civiles en relación con los términos de notificación electrónica en los procesos civiles en
Colombia.
Ricaurte Benitez, M. N., & Manrique Hernandez, E. M. (2022). Justicia Digital y
Función Jurisdiccional. https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/23102.
El autor del texto plantea la importancia de analizar el impacto que la pandemia de COVID-19
ha tenido en el ámbito de la administración de justicia y cómo ha obligado a la modernización y

18. establecimiento de nuevas condiciones para el acceso a la justicia. Además, destaca la necesidad
de impulsar y acelerar el plan de Justicia Digital, que ha surgido como una respuesta a la crisis
sanitaria, pero que aún presenta varios desafíos y retos por resolver.
En ese sentido, el autor enfatiza la importancia de reflexionar sobre el contexto, las condiciones
y los retos que la implementación de la Justicia Digital ha dejado en el sistema jurídico interno y
plantea algunos interrogantes sobre los vacíos que aún quedan por resolver en relación a los
nuevos paradigmas en la función constitucional y legal de administrar justicia con las nuevas
herramientas, recursos e instrumentos digitales.
Además, el autor señala los peligros que conlleva la relativización de principios procesales
tradicionales, como los de inmediación de la prueba o concentración, que a veces parecen
sacrificados por la dinámica misma de una Administración de Justicia digitalizada. Por lo tanto,
el autor sugiere que se deben abordar estos desafíos y retos de manera crítica y constructiva, a fin
de garantizar que la Justicia Digital no sólo sea una respuesta a la crisis sanitaria, sino también
una herramienta efectiva para promover el acceso a la justicia y la protección de los derechos de
las personas.
Daza, Q., & Alexandra, J. (2021). Las Tecnologías de la Información y
Comunicación y su introducción en la
Justicia. https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/22374.
El autor de este texto plantea que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
son importantes aliadas para el avance y la modernización del país, y que su implementación en
el ámbito del litigio colombiano se ha buscado a través de la regulación de normatividad, la
creación de instituciones y el desarrollo de jurisprudencia. Sin embargo, también reconoce que la

19. infraestructura tecnológica del país y la recepción de las mismas por parte de los funcionarios
han sido un obstáculo para su aplicación.
El autor señala que, en el marco de la pandemia del COVID-19, se ha visto forzada la necesidad
de aplicar estas tecnologías en la justicia, lo que ha generado cuestionamientos sobre la
veracidad de la información electrónica y la seguridad de los datos que se almacenan en ellas. A
pesar de estos desafíos, el autor argumenta que es importante afrontarlos para desarrollar
correctamente las TIC en la administración de justicia, dado que ofrecen beneficios para la difícil
situación que existe en el país.
En resumen, el autor destaca la importancia de las TIC como herramientas para la modernización
de la administración de justicia, pero también reconoce los desafíos que han enfrentado en su
implementación. A pesar de estos desafíos, el autor considera que es necesario seguir adelante
con la incorporación de estas tecnologías para mejorar la situación de justicia en el país.
Restrepo Infante, L. E., & Robledo Jaramillo, Ó. H. (2021). Impacto de la
virtualidad en la prueba testimonial, en el sistema judicial colombiano, para el período
2020-2021. https://hdl.handle.net/10901/24031.
En este texto, el autor habla sobre la implementación del sistema penal acusatorio en Colombia y
cómo la pandemia del Covid-19 ha llevado a la virtualidad a hacer parte de este sistema, lo que
ha presentado retos y desafíos para mantener las garantías fundamentales del proceso penal.
El autor destaca que la prueba testimonial juega un papel importante en el proceso penal
acusatorio, y que, con la llegada de la pandemia, se hizo evidente que a pesar de que el país
contaba con una legislación sobre tecnología digital, no se había implementado adecuadamente
para su uso en el sistema de justicia. En este sentido, se han presentado situaciones en la

20. implementación de la prueba, especialmente en cuanto a la falta de preparación para manejar las
plataformas y programas necesarios, y la conectividad.
Sin embargo, el autor sugiere que las garantías fundamentales del proceso, como la publicidad,
inmediación, gratuidad, oralidad y contradicción, pueden ser protegidas en la virtualidad,
siempre y cuando se tomen las medidas necesarias. De esta manera, es posible continuar
avanzando en el uso de la tecnología en el sistema de justicia penal, para lograr una
administración de justicia más efectiva y eficiente, a la vez que se garantizan los derechos de las
partes involucradas en el proceso.
Niño, A., & Felipe, A. (2021). La tecnología blockchain, potencial y retos en su
implementación en el derecho probatorio colombiano. https://hdl.handle.net/10901/23003.
El autor del texto buscó explorar y evaluar cómo la tecnología blockchain puede afectar y
cambiar el derecho probatorio en Colombia. El trabajo de investigación se realizó utilizando una
metodología cualitativa que se centró en la exploración y análisis de beneficios, casos de uso y
problemas que podrían surgir al implementar blockchain en el sistema legal del país. Para ello, se
utilizaron diversas fuentes de información, como la legislación vigente, artículos científicos,
investigaciones de universidades nacionales e internacionales, publicaciones de revistas
indexadas, libros, estudios de empresas especializadas en blockchain, blogs especializados,
páginas web y entrevistas.
El autor concluyó que la tecnología blockchain tiene una inequívoca validez como medio
probatorio en el ordenamiento jurídico colombiano. Además, la cadena de bloques tiene la
capacidad y el potencial para otorgar valor probatorio a cualquier medio de prueba que pueda ser
convertido a mensaje de datos. También se encontró que este potencial se aplica en general a

21. toda la industria legal, centrándose en casos de uso específicos relacionados con el derecho
notarial y registral y la propiedad intelectual.
El autor resaltó que la implementación de la tecnología blockchain en el derecho probatorio
colombiano podría tener un impacto significativo en el sistema legal del país. Esto se debe a que
la tecnología blockchain puede proporcionar una mayor seguridad, transparencia y eficiencia en
la verificación de la autenticidad y la integridad de los documentos y pruebas presentadas en un
juicio. Además, la tecnología blockchain puede ofrecer una mayor confianza en la autenticidad y
la integridad de los registros notariales y registrales, lo que podría mejorar la protección de los
derechos de propiedad intelectual y otros derechos.
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
1. Niño, A., & Felipe, A. (2021). La tecnología blockchain, potencial y retos en su
implementación en el derecho probatorio
colombiano. https://hdl.handle.net/10901/23003.
2. Restrepo Infante, L. E., & Robledo Jaramillo, Ó. H. (2021). Impacto de la
virtualidad en la prueba testimonial, en el sistema judicial colombiano, para el
período 2020-2021. https://hdl.handle.net/10901/24031.
3. Daza, Q., & Alexandra, J. (2021). Las Tecnologías de la Información y
Comunicación y su introducción en la
Justicia. https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/22374.

22. 4. Ricaurte Benítez, M. N., & Manrique Hernandez, E. M. (2022). Justicia Digital y
Función Jurisdiccional. https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/23102.
5. Tovar, T., & Belén, L. (2022). Controversias de la notificación electrónica en la
virtualidad de la justicia. https://hdl.handle.net/10901/24018.
6. Escobar Cabrera, MC y Giraldo Rubio, VA (2022). Retos de la justicia virtual:
cuestiones sobre el derecho de acceso a la administración de justicia de las
víctimas de violencia intrafamiliar en el marco de la
virtualidad dentro del proceso penal
abreviado. https://hdl.handle.net/10901/23909.
7. Galindo Arias, MC, & Zambrano Garzón, ML (2022). La implementación de los
medios tecnológicos y de la comunicación a través del decreto 806 de 2020 y la ley
2213 de 2022. ¿Garantiza de manera efectiva “el acceso a la administración de
justicia en Colombia”? https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/23075.
8. Bautista Salas, SC, & Sotelo Amaya, CA (2022). Las tecnologías de la
información y comunicación en el derecho procesal colombiano: análisis a partir
del derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia. https://hdl.handle.net/10901/23823.
9. Carvajal Zúñiga, E. (2022). La administración de justicia, la justicia digital a
partir de la ley 2213 de
2022 . https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/23081.

23. 10. Malagón, M., & Paola, J. (2022). Los usuarios de la justicia en Colombia se verán
afectados por no poder acceder a las audiencias
virtuales. https://hdl.handle.net/10901/24116.
1. ESCRIBIR EL DOCUMENTO ESTADO DEL ARTE UNIENDO LAS IDEAS Y
TEORÍAS DE LOS/AS AUTORES/AS.
En la actualidad, la tecnología ha transformado de manera significativa la forma en que se
desarrollan las actividades en diferentes ámbitos de la sociedad, incluyendo el jurídico. Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han sido herramientas fundamentales en
la modernización del país, y su implementación en el ámbito del litigio colombiano ha sido una
necesidad en la descongestión de las salas judiciales. Sin embargo, esta implementación se ha
visto limitada por la infraestructura tecnológica del país y la resistencia de los funcionarios a su
uso.
Es por ello que, con la aparición de la pandemia del COVID-19, la virtualidad se convirtió en
una herramienta necesaria en el sistema penal acusatorio, que se implementó con la Ley 906 de
2004. La prueba testimonial se convirtió en una de las herramientas más importantes para
incorporar otros medios de prueba, y la virtualidad permitió continuar con el proceso sin afectar
las garantías fundamentales, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias.
En este sentido, la tecnología Blockchain o cadena de bloques se presenta como una alternativa
para cambiar el derecho probatorio en Colombia. La investigación cualitativa ha determinado
que la cadena de bloques tiene una inequívoca validez como medio probatorio en el

24. ordenamiento jurídico colombiano, además de la capacidad y potencial generalizado de la misma
para dotar de valor probatorio a cualquier medio de prueba que sea susceptible de ser convertido
a mensaje de datos.
Este potencial se aplica en general a todo el ámbito legal, centrándose en casos de usos
específicos relacionados con el derecho notarial y registral y la propiedad intelectual. Así, se
puede afirmar que la implementación de la tecnología Blockchain en el ámbito jurídico puede
tener un gran impacto en la eficacia y eficiencia del sistema judicial, así como en la seguridad
jurídica y la protección de los derechos de los ciudadanos.
No obstante, es importante tener en cuenta los retos que se presentan en la implementación de la
cadena de bloques en el ámbito jurídico. En primer lugar, es necesario contar con una regulación
adecuada que permita su uso y proteja los derechos de las partes involucradas. Además, se
requiere de una infraestructura tecnológica que permita su implementación y uso eficiente, así
como de una capacitación adecuada para los funcionarios encargados de su uso.
Por otro lado, también es importante considerar los aspectos éticos y sociales que pueden verse
afectados por la implementación de la tecnología Blockchain en el ámbito jurídico. En este
sentido, es necesario garantizar que el uso de esta tecnología sea transparente y no genere
discriminación o violación de los derechos humanos.
La transformación digital ha generado cambios significativos en diversos ámbitos, entre ellos el
jurídico. En este sentido, los autores mencionados en las respuestas anteriores, coinciden en que
la tecnología ha sido un factor clave para modernizar y agilizar el sistema judicial en Colombia.
Adicional, el autor que habla sobre la implementación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el ámbito del litigio colombiano destaca que, aunque estas herramientas han

25. enfrentado dificultades en su aplicación debido a la infraestructura tecnológica del país y la
recepción de los funcionarios encargados de implementarlas, son una necesidad apremiante para
enfrentar la difícil situación de justicia que existe en el país. Asimismo, se han cuestionado
problemáticas como la veracidad de la información electrónica y la seguridad de los datos
almacenados en estas tecnologías, pero se deben afrontar estos retos para desarrollarlas
correctamente.
En conclusión, se puede apreciar que la tecnología ha sido una aliada importante en la
modernización del sistema judicial en Colombia. Sin embargo, su implementación ha presentado
desafíos que deben ser afrontados para desarrollarla de forma correcta. Es necesario que los
actores judiciales estén capacitados para el manejo de las tecnologías y se adopten medidas para
garantizar la seguridad de los datos y la veracidad de la información electrónica. Asimismo, se
evidencia el potencial de la tecnología Blockchain para transformar el derecho probatorio en
Colombia y para aplicarse en diversos casos de uso específicos en la industria legal.
En este sentido, se concluye que la tecnología es una herramienta que debe ser adoptada de
manera estratégica y responsable para lograr una transformación digital efectiva en el sistema
judicial colombiano.

26. MARCO CONCEPTUAL
El acceso a la justicia es un derecho fundamental que implica la posibilidad de acudir a los
órganos judiciales para obtener una solución efectiva y oportuna a las controversias jurídicas que
se presenten. El acceso a la justicia también implica el respeto al debido proceso, la igualdad de
armas, la tutela judicial efectiva y la garantía de los derechos humanos.
La justicia virtual es una modalidad de prestación de los servicios judiciales mediante el uso de
las tecnologías de la información y las comunicaciones, que permite la realización de actuaciones
judiciales de forma remota, sin necesidad de desplazamientos físicos ni contacto presencial entre
los sujetos procesales. La justicia virtual busca agilizar los trámites judiciales, reducir los costos
operativos, optimizar el uso de los recursos y garantizar el acceso eficaz a la justicia. (Malagón,
M., & Paola, J. (2022).
La Ley 2213 del 13 de junio de 2022 es la norma que regula el uso permanente de las
herramientas tecnológicas en las actuaciones judiciales en Colombia, como respuesta a los
desafíos que planteó la pandemia de COVID-19. Esta ley establece que la virtualidad será la
regla general para las actuaciones judiciales, salvo que el juez o magistrado decida lo contrario
por razones de fuerza mayor o cuando se afecte el derecho a la defensa. La ley también prevé
medidas para facilitar el acceso a la justicia virtual a las personas en situación de vulnerabilidad
o en zonas con baja conectividad.

27. Los abogados son los profesionales del derecho que ejercen la defensa jurídica de las partes en
todo tipo de procesos judiciales. Los abogados deben cumplir con los principios éticos y
deontológicos que rigen su actividad, así como con las normas procesales y sustanciales que
aplican a cada caso. Los abogados también deben estar capacitados para el uso adecuado de las
herramientas tecnológicas que se requieren para la justicia virtual. Daza, Q., & Alexandra, J.
(2021).
La adaptación tecnológica es el proceso de adquirir, desarrollar y aplicar los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para el manejo eficiente y eficaz de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. La adaptación tecnológica implica un cambio cultural,
organizacional y personal que permite aprovechar las ventajas y oportunidades que ofrecen las
nuevas tecnologías para mejorar el desempeño profesional y personal.
La calidad de la justicia virtual es el grado en que esta modalidad cumple con los estándares de
calidad establecidos por la normatividad vigente y por las buenas prácticas internacionales. La
calidad de la justicia virtual depende de varios factores, como la disponibilidad, accesibilidad,
confiabilidad, seguridad, interoperabilidad y usabilidad de las herramientas tecnológicas; así
como del respeto al debido proceso, la celeridad, la transparencia, la imparcialidad y la
efectividad de las decisiones judiciales.
El derecho fundamental a la administración de justicia es la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir en condiciones de igualdad ante los órganos judiciales para obtener una
solución efectiva y oportuna a las controversias jurídicas que se presenten, con estricta sujeción a
los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías
sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley. Este derecho implica el
respeto al debido proceso, la igualdad de armas, la tutela judicial efectiva y la garantía de los
derechos humanos.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son el conjunto de recursos,
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la
compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de datos e información en
forma digital. Las TIC tienen un gran impacto en diversos ámbitos de la sociedad, como la
educación, la salud, el trabajo, el ocio y la justicia. Ministerios de la TIC (Tecnología,
información y comunicación).
La justicia virtual es una modalidad de prestación de los servicios judiciales mediante el uso de
las TIC, que permite la realización de actuaciones judiciales de forma remota, sin necesidad de
desplazamientos físicos ni contacto presencial entre los sujetos procesales. La justicia virtual
busca agilizar los trámites judiciales, reducir los costos operativos, optimizar el uso de los
recursos y garantizar el acceso eficaz a la justicia.
La Ley 2213 del 13 de junio de 2022 es la norma que regula el uso permanente de las TIC en las
actuaciones judiciales en Colombia, como respuesta a los desafíos que planteó la pandemia de
COVID-19. Esta ley establece que la virtualidad será la regla general para las actuaciones
judiciales, salvo que el juez o magistrado decida lo contrario por razones de fuerza mayor o

28. cuando se afecte el derecho a la defensa. La ley también prevé medidas para facilitar el acceso a
la justicia virtual a las personas en situación de vulnerabilidad o en zonas con baja conectividad.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son el conjunto de recursos,
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la
compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de datos e información en
forma digital. Las TIC tienen un gran impacto en diversos ámbitos de la sociedad, como la
educación, la salud, el trabajo, el ocio y la justicia.
La justicia digital o virtual es una modalidad de prestación de los servicios judiciales mediante el
uso de las TIC, que permite la realización de actuaciones judiciales de forma remota, sin
necesidad de desplazamientos físicos ni contacto presencial entre los sujetos procesales. La
justicia digital o virtual busca agilizar los trámites judiciales, reducir los costos operativos,
optimizar el uso de los recursos y garantizar el acceso eficaz a la justicia.
La Ley 2213 del 13 de junio de 2022 es la norma que regula el uso permanente de las TIC en las
actuaciones judiciales en Colombia, como respuesta a los desafíos que planteó la pandemia de
COVID-19. Esta ley establece que la virtualidad será la regla general para las actuaciones
judiciales, salvo que el juez o magistrado decida lo contrario por razones de fuerza mayor o
cuando se afecte el derecho a la defensa. La ley también prevé medidas para facilitar el acceso a
la justicia digital o virtual a las personas en situación de vulnerabilidad o en zonas con baja
conectividad. Ley 2213 del 2022.
El Decreto Ley 806 del 4 de junio de 2020 es una norma expedida por el Gobierno Nacional en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por la pandemia de
COVID-19. Este decreto adoptó medidas para implementar las TIC en las actuaciones judiciales,
agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia. El
decreto estableció que la virtualidad sería la regla general para las actuaciones judiciales, salvo
que el juez o magistrado decidiera lo contrario por razones de fuerza mayor o cuando se afectara
el derecho a la defensa. El decreto también previó medidas para facilitar el acceso a la justicia
digital o virtual a las personas en situación de vulnerabilidad o en zonas con baja conectividad.
La pandemia de COVID-19 es una emergencia sanitaria global que ha afectado a más de 200
millones de personas y ha causado más de 4 millones de muertes en todo el mundo. La pandemia
también ha tenido graves consecuencias sociales y económicas, así como un impacto negativo en
el funcionamiento de los sistemas de justicia.
La administración de justicia es la función pública que ejercen los órganos judiciales con el fin
de resolver los conflictos jurídicos que se presentan entre las personas o entre estas y el Estado,
mediante la aplicación de las normas vigentes y el respeto a los principios constitucionales y
legales. La administración de justicia es un servicio esencial que garantiza el derecho

29. fundamental al acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos
humanos.
El acceso a la justicia es la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir en
condiciones de igualdad ante los órganos judiciales para obtener una solución efectiva y
oportuna a las controversias jurídicas que se presenten, con estricta sujeción a los procedimientos
previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales
previstas en la Constitución y la ley. Este derecho implica el respeto al debido proceso, la
igualdad de armas, la tutela judicial efectiva y la garantía de los derechos humanos. (Función
Pública).

30. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA.
1. Malagón, M., & Paola, J. (2022). Los usuarios de la justicia en Colombia se verán
afectados por no poder acceder a las audiencias
virtuales. https://hdl.handle.net/10901/24116.
2. Daza, Q., & Alexandra, J. (2021). Las Tecnologías de la Información y
Comunicación y su introducción en la
Justicia. https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/22374.
3. Ley 2213 del 2022.https://jurisdata.me/ley-2213-de-
2022/http://secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2213_2022.html
4. Función pública.
www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=187626
MARCO JURIDICO

31.  La Constitución Política de Colombia de 1991, que consagra el derecho al debido proceso
(artículo 29), el derecho de acceso a la administración de justicia (artículo 229) y el principio de
publicidad de las actuaciones judiciales (artículo 228). Constitución Política de Colombia de
1991.
 El Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), que regula los diferentes tipos de
notificación en el proceso civil, incluyendo la notificación electrónica (artículos 291 a 298). Este
código establece que la notificación electrónica se realizará mediante el envío de un mensaje de
datos al correo electrónico que las partes hayan suministrado al juez o al que conste en el registro
nacional de abogados. La notificación se entenderá surtida cuando el destinatario acceda al
contenido del mensaje o cuando transcurran tres días hábiles después del envío del mismo, lo que
ocurra primero. El código también prevé los requisitos y condiciones para la validez y eficacia de
la notificación electrónica, así como las causales y el procedimiento para solicitar su nulidad.
El Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).
 El Decreto Ley 806 de 2020, que adoptó medidas para implementar las tecnologías de la
información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y
flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por la pandemia de COVID-19. Este
decreto estableció que la virtualidad sería la regla general para las actuaciones judiciales, salvo
que el juez o magistrado decidiera lo contrario por razones de fuerza mayor o cuando se afectara
el derecho a la defensa. El decreto también previó medidas para facilitar el acceso a la justicia
digital o virtual a las personas en situación de vulnerabilidad o en zonas con baja conectividad.
El Decreto Ley 806 de 2020.
 La Ley 2213 de 2022, que reguló el uso permanente de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales en Colombia, como respuesta a los desafíos que
planteó la pandemia de COVID-19. Esta ley adoptó como legislación permanente las normas
contenidas en el Decreto Ley 806 del 2020 con el fin de implementar el uso de las tecnologías de
la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los
procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia,
jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así
como las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y
en los procesos arbitrales. La ley también mantuvo las medidas para facilitar el acceso a la
justicia digital o virtual a las personas en situación de vulnerabilidad o en zonas con baja
conectividad.
Entre los principios que orientan el marco jurídico se encuentran los siguientes:

32.  El principio del debido proceso, que implica el respeto a las garantías sustanciales y
procedimentales previstas en la Constitución y la ley para todas las personas que intervienen en
una actuación judicial. Este principio comprende, entre otros aspectos, el derecho a ser notificado
oportunamente y con claridad sobre los actos procesales que le afecten o interesen; el derecho a
ejercer su defensa técnica y material; el derecho a contradecir y controvertir las pruebas; el
derecho a impugnar las decisiones judiciales; y el derecho a obtener una decisión motivada y
fundada en derecho.
 El principio de acceso a la administración de justicia, que implica la posibilidad reconocida a
todas las personas de poder acudir en condiciones de igualdad ante los órganos judiciales para
obtener una solución efectiva y oportuna a las controversias jurídicas que se presenten. Este
principio comprende, entre otros aspectos, el derecho a contar con asistencia legal gratuita
cuando no se disponga de recursos económicos suficientes; el derecho a acceder a mecanismos
alternativos o restaurativos para solucionar los conflictos; el derecho a recibir información sobre
sus derechos y sobre el estado del proceso; y el derecho a recibir reparación integral cuando haya
sido víctima de una conducta punible o una vulneración grave a sus derechos humanos.
 El principio de publicidad, que implica la transparencia y difusión de las actuaciones judiciales
para garantizar su control social y jurídico. Este principio comprende, entre otros aspectos, el
derecho a conocer los actos procesales que se realizan dentro del proceso; el derecho a acceder al
expediente judicial; el derecho a asistir o presenciar las audiencias públicas; y el deber de los
jueces y funcionarios judiciales de motivar sus decisiones y darlas a conocer oportunamente. La
Ley 2213 de 2022.
Entre los pronunciamientos jurisprudenciales que interpretan el marco jurídico se encuentran los
siguientes:
 La Sentencia C-420/20 de la Corte Constitucional, que declaró exequible por razones formales y
materiales el Decreto Ley 806 del 2020. La Corte consideró que este decreto cumplía con los
requisitos constitucionales para ser expedido como norma excepcional durante el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por la pandemia. Asimismo, la Corte
estimó que este decreto no vulneraba los derechos al debido proceso ni al acceso a la justicia,
sino que por el contrario buscaba garantizarlos mediante la implementación adecuada y
proporcional de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones
judiciales. La Sentencia C-420/20 de la Corte Constitucional.
 La Sentencia T-066/21 de la Corte Constitucional, que concedió una acción de tutela
interpuesta por una persona contra una sentencia proferida por un juzgado civil municipal dentro
del trámite abreviado previsto por la Ley 1826 del 2017. La Corte consideró que se había
vulnerado su derecho al debido proceso por una indebida notificación electrónica. La Corte
señaló que, si bien la notificación electrónica es un mecanismo válido para dar publicidad a los
actos procesales, debe cumplir con ciertos requisitos mínimos para garantizar su eficacia y
seguridad jurídica. Entre estos requisitos se encuentran: i) contar con un sistema informático
confiable e idóneo para enviar y recibir mensajes; ii) verificar previamente si las partes han
suministrado un correo electrónico válido; iii) enviar un mensaje claro e inequívoco sobre el
contenido y alcance del acto procesal; iv) dejar constancia fehaciente del envío y recepción del

33. mensaje; v) respetar los términos legales para surtir la notificación; vi) permitir un espacio
razonable para ejercer los recursos pertinentes; vii) resolver oportunamente cualquier solicitud o
reclamación relacionada con la notificación.
 La Sentencia SC16859-2018 (11001-02-03-000-2018-00676-01) del Consejo Superior de
Judicatura - Sala Disciplinaria - Sección Segunda Subsección A -, que confirmó una sanción
disciplinaria impuesta por una Sala Jurisdiccional Disciplinaria contra un juez civil municipal
por haber incurrido en falta disciplinaria grave al no haber realizado correctamente una
notificación electrónica dentro del trámite abreviado previsto por la Ley 1826 del 2017. El
Consejo Superior consideró que el juez había violado su deber funcional al no haber verificado si
existía un correo electrónico suministrado por una parte demandada antes de enviarle un mensaje
informándole sobre una sentencia proferida en su contra. El Consejo Superior señaló que esta
omisión había generado una nulidad procesal por indebida notificación electrónica.
El efecto que la pandemia de COVID-19 ha generado en el campo de la administración de
justicia y cómo ha exigido la innovación y el establecimiento de nuevas condiciones para el
acceso a la justicia. Asimismo, resalta la necesidad de impulsar y acelerar el plan de Justicia
Digital, que ha surgido como una solución a la crisis sanitaria, pero que todavía presenta varios
desafíos y retos por solucionar. En ese sentido, el autor enfatiza la importancia de reflexionar
sobre el contexto, las condiciones y los retos que la implementación de la Justicia Digital ha
implicado en el sistema jurídico interno y
plantea algunos interrogantes sobre los vacíos que aún quedan por resolver en relación a los
nuevos paradigmas en la función constitucional y legal de administrar justicia con las nuevas
herramientas, recursos e instrumentos digitales. Además, el autor indica los peligros que implica
la relativización de principios procesales tradicionales, como los de inmediación de la prueba o
concentración, que a veces parecen sacrificados por la dinámica misma de una Administración
de Justicia digitalizada. Por lo tanto, el autor sugiere que se deben abordar estos desafíos y retos
de manera crítica y constructiva, a fin de garantizar que la Justicia Digital no sólo sea una
respuesta a la crisis sanitaria, sino también una herramienta efectiva para promover el acceso a la
justicia y la protección de los derechos de las personas.

34. REFERENCIA BIBLIOGRAFIA
1. La Sentencia SC16859-2018 (11001-02-03-000-2018-00676-01) SENTENCIA
de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T
1100102030002018-00676-00 del 21-03-2018 - Jurisprudencia - VLEX
874110471
2. La Sentencia T-066/21 de la Corte Constitucional
Corte constitucional sentencia C-066 de 2021. Ratifica base gravable del simple
se aplica sobre ingresos brutos sin imputar devoluciones – Accounter
3. La Ley 2213 de 2022 Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de
constitucionalidad [LEY_2213_2022] (secretariasenado.gov.co)
4. El Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Leyes desde 1992 -
Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1564_2012]
(secretariasenado.gov.co)

35. GRUPO FOCAL
51. Experiencia y Conocimiento: En este grupo focal, nos interesa conocer de primera
mano las experiencias y desafíos que los abogados en Colombia han enfrentado con la
implementación de la justicia virtual durante el año 2020. Queremos entender cómo esta
transición ha afectado su trabajo cotidiano, así como identificar los obstáculos específicos que
han surgido en relación con la adaptación tecnológica y la calidad de la justicia virtual.
Además, buscamos obtener perspectivas sobre las soluciones y estrategias implementadas por los
abogados para superar estos desafíos y garantizar un acceso eficaz a la justicia en el contexto
virtual. A través de esta investigación, esperamos comprender mejor las necesidades y
preocupaciones de los abogados en relación con la implementación de la justicia virtual, y poder
generar recomendaciones o propuestas que contribuyan a mejorar este nuevo modelo de justicia
en Colombia.
5.2 Diversidad de perspectivas: Algunas posibles áreas de enfoque podrían ser:

36. 1. Infraestructura de conectividad: Se puede discutir la necesidad de invertir en infraestructura
tecnológica para garantizar una conexión confiable y rápida. Esto puede incluir mejoras en la red
de Internet y la expansión de la cobertura en áreas rurales o remotas.
2. Capacitación y recursos: Es importante brindar capacitación adecuada a abogados, jueces y
demás profesionales involucrados en la justicia virtual. Esto puede incluir programas de
formación continua sobre el uso de herramientas tecnológicas y la solución de problemas
técnicos.
3. Acceso a equipos y dispositivos: Para asegurar una experiencia óptima de justicia virtual, es
fundamental que los abogados tengan acceso a dispositivos y equipos adecuados. En este
sentido, se pueden plantear propuestas para facilitar la adquisición y el acceso a computadoras,
cámaras web, micrófonos, etc.
4. Estándares de calidad: Es necesario establecer estándares de calidad para la conexión y el
funcionamiento de las plataformas digitales utilizadas en la justicia virtual. Esto puede incluir la
evaluación y certificación de herramientas tecnológicas, así como la promoción de buenas
prácticas en términos de seguridad y privacidad.
5. Colaboración público-privada: Se puede explorar la posibilidad de establecer alianzas entre
el sector público y privado para mejorar la infraestructura de conectividad, compartir recursos y
conocimientos, y promover el desarrollo de soluciones innovadoras.

37. 5.3 Representación Geográfica:
A. Utilización de tecnologías de mapeo en línea: Se puede indagar sobre las estrategias
utilizadas para aprovechar herramientas de mapeo en línea, como Google Maps o sistemas de
información geográfica (SIG), para representar geográficamente datos y visualizar información
relevante.
B. Colaboración virtual: Se puede explorar cómo los equipos o grupos han logrado colaborar
de manera efectiva en un entorno virtual para representar geográficamente datos y trabajar en
proyectos de manera conjunta. Esto podría incluir el uso de plataformas de colaboración en línea,
como Trello o Slack, para compartir información y mantener una comunicación constante.
C. Recopilación y análisis de datos remotos: Se podría investigar las estrategias utilizadas para
recopilar datos geográficos de forma remota, evitando la necesidad de realizar desplazamientos
físicos. Esto podría implicar el uso de imágenes satelitales, fotografías aéreas o encuestas
virtuales para obtener información precisa y actualizada.
D. Acceso a bases de datos geográficas en línea: Se puede explorar cómo se ha accedido y
utilizado información geográfica disponible en bases de datos en línea, como el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o la Agencia Cartográfica y Geológica de Estados
Unidos (USGS), para respaldar las representaciones geográficas realizadas en el entorno virtual.
E. Capacitación en herramientas geoespaciales virtuales: Se puede investigar las estrategias
de capacitación utilizadas para adquirir habilidades en el uso de herramientas geoespaciales

38. virtuales, como sistemas de información geográfica en línea (Online GIS), para realizar
representaciones geográficas de calidad en el entorno virtual.
5.4 Tamaño de grupo:
La reunión del grupo focal contará con la participación de 10 integrantes, con el propósito de
asegurar una interacción efectiva y brindar a todos los participantes la oportunidad de compartir
sus opiniones.