El juicio ordinario civil de mayor cuantía es un procedimiento declarativo de mayor cuantía diseñado para resolver conflictos civiles, estructurado en fases como discusión, conciliación y prueba. Se aplica a casos que no tienen un procedimiento específico y es el medio por el cual las partes presentan sus demandas y pruebas de manera escrita. El proceso concluye con una sentencia que puede ser apelada, y su normativa suple a otros procedimientos en ausencia de reglas especiales.

1. JUICIO ORDINARIO CIVIL DE MAYOR CUANTÍA
El juicio ordinario es el procedimiento declarativo o de cogni-
ción, de mayor cuantía, de general aplicación y supletorio
respecto de los otros procedimientos, escrito y destinado a
resolver en primera instancia los conflictos que dentro del
mismo se promuevan.
Los elementos de esta definición son:
1. Procedimiento declarativo o de cognición. El juicio ordi-
nario puede tener por objeto:
a. Declarar la existencia o inexistencia de una situación
jurídica, generando una sentencia declarativa.
b. Constituir, modificar o extinguir una situación jurídi-
ca nueva no existente al tiempo del juicio, generan-
do una sentencia constitutiva.
c. Imponer a una parte el cumplimiento de una obliga-
ción de dar, hacer o no hacer, generando una sen-
tencia de condena civil.
2. Procedimiento de mayor cuantía. Existen tres distintas
categorías de cuantía.
a. Los procedimientos que versan sobre algo que vale
menos de 101
U.T.M. son denominados de mínima
cuantía.
b. Entre 10 y 5002
U.T.M., se denominan procedimien-
tos de menor cuantía.
c. Los procedimientos de mayor cuantía, por tanto,
sólo son aquellos relativos a pretensiones superiores
en valor a 500 U.T.M.
3. Procedimiento de general aplicación. Todo conflicto civil
que no tenga específicamente regulada su forma de tra-
mitación y no se trate de una acción que por su naturale-
za requiera tramitación rápida para ser eficaz
3
se ve de
acuerdo con las normas del juicio ordinario.
1
En pesos, $346.680.
2
En pesos, $17.334.000.
3
ARTÍCULO 680, C.P.C. El procedimiento de que trata este título [JUICIO SUMA-
RIO] se aplicará en defecto de otra regla especial a los casos en que la acción
deducida requiera, por su naturaleza, tramitación rápida para que sea eficaz.
Deberá aplicarse, además, a los siguientes casos:
A los casos en que la ley ordene proceder sumariamente, o breve y sumaria-
mente, o en otra forma análoga;
A las cuestiones que se susciten sobre constitución, ejercicio, modificación o
extinción de servidumbres naturales o legales y sobre las prestaciones a que
ellas den lugar;
A los juicios sobre cobro de honorarios, excepto el caso del artículo 697;
A los juicios sobre remoción de guardadores y a los que se susciten entre los
representantes legales y sus representados;
Derogado;
A los juicios sobre depósito necesario y comodato precario;
A los juicios en que se deduzcan acciones ordinarias a que se hayan converti-
do las ejecutivas, a virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil;
4. Procedimiento supletorio, puesto que las normas del jui-
cio ordinario se aplican en otros procedimientos cuando
ellas faltan. Esto incluso sucede respecto del procedi-
miento penal antiguo4
, aunque no del procedimiento
nuevo, por una razón diferente, la de ser éste oral, con-
centrado y acusatorio.
5. Procedimiento escrito, de lato conocimiento y no concen-
trado. El medio que tienen las partes para comunicarse
con el tribunal es la presentación de escritos, y no mu-
chos trámites dentro del juicio se realizan en audiencia.
6. Procedimiento de primera instancia. Contra la sentencia
que se pronuncie en un juicio ordinario civil, sea una sen-
tencia que resuelva el conflicto (definitiva), o una que
simplemente le ponga término al juicio (interlocutoria
que pone término al juicio o hace imposible su continua-
ción) procede el recurso de apelación.
El procedimiento ordinario tiene tres fases bien marcadas.
1. Discusión. Es la fase donde quedan fijos los hechos que
serán materia de la controversia. Está compuesta por los
siguientes trámites, en este orden.
a. Medidas prejudiciales. Pueden existir o no, y no son
el verdadero comienzo de esta fase.
b. Presentación de la demanda. Acto físico de la pre-
sentación del libelo o escrito de demanda en el lugar
donde corresponde.
c. Notificación de la demanda. Las más de las veces,
ello sucede personalmente.
d. El transcurso del término de emplazamiento. El
término de emplazamiento es el plazo que la de-
mandada tiene para contestar la demanda.
e. Respuesta del demandado. Ella puede ser:
i. La oposición de excepciones dilatorias. Ellas
retrasarán la entrada al juicio.
ii. La contestación de la demanda. La controver-
sia que se genere entre la demanda y su con-
testación será la materia del juicio.
f. Réplica. La respuesta a la contestación por parte del
demandante.
g. Dúplica. La respuesta a la réplica, por parte del de-
mandado.
A los juicios en que se persiga únicamente la declaración impuesta por la ley o
el contrato, de rendir una cuenta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
696; y
A los juicios en que se ejercita el derecho que concede el artículo 945 del
Código Civil para hacer cegar un pozo.
A los juicios en que se deduzcan las acciones civiles derivadas de un delito o
cuasidelito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Pro-
cesal Penal y siempre que exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada.
4
ARTÍCULO 489, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Regirán en las causas crimina-
les las disposiciones contenidas en el Título “Del Término Probatorio” del Li-
bro II del Código de Procedimiento Civil.

2. 2. Conciliación obligatoria. Si la ley permite la transacción o,
en general, que las partes puedan disponer de sus pre-
tensiones, el juez debe llamar a conciliar a las partes. Ello
se hará en audiencia, donde el juez podrá proponer bases
de arreglo.
3. Prueba. Esta fase consiste en:
a. La fijación de los hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos. Ellos constituyen el verdadero obje-
to de la controversia y se fijan en la llamada resolu-
ción que recibe la causa a prueba.
b. El periodo de prueba o término probatorio. Es el
plazo donde se reciben todas las pruebas que las
partes ofrecerán para acreditar sus visiones, en la
controversia. Hay:
i. Término probatorio ordinario.
ii. Término probatorio extraordinario. Es even-
tual, se usa para rendir prueba fuera del terri-
torio jurisdiccional del tribunal.
iii. Término probatorio especial. Depende de los
casos que prevea el legislador.
c. Las observaciones a la prueba.
4. Sentencia. Esta fase se compone de.
a. La citación a oír sentencia. Aquí el juez señala que
la intervención de las partes ha concluido y que tie-
ne antecedentes suficientes para resolver.
b. Las medidas para mejor resolver. Ellas deben ser
dictadas en un plazo de 60 días desde la citación pa-
ra oír sentencia.
c. La sentencia definitiva propiamente tal.
d. Los recursos que se presenten contra la sentencia
definitiva. En el caso del juicio ordinario de mayor
cuantía, al ser un procedimiento de primera instan-
cia, procederá el recurso de apelación.

3. PERIODO DE DISCUSIÓN
Día 0 DEMANDA
La demanda es el acto jurídico procesal del actor, en el cual
hace valer la pretensión que, solicita, le sea satisfecha por el
demandado y que configura de su parte el conflicto cuya reso-
lución solicita al tribunal.
La demanda es la presentación formal que el actor hace ante
el tribunal para que éste se pronuncie sobre la acción y las
pretensiones que está ejercitando.
Se hace la diferencia en la doctrina entre acción, demanda,
pretensión procesal y libelo.
 La acción es el poder que tiene el demandante para re-
clamar la intervención de los órganos jurisdiccionales del
Estado, intervención que éstos no podrán negar. Esto se
materializa con la presentación de la demanda.
 La demanda es el acto material donde, mediante la pre-
sentación de un libelo, se inicia un proceso mediante el
ejercicio del poder conferido por la acción.
 La pretensión procesal es la petición concreta que con-
tiene la demanda respecto de un derecho que alega tener
el actor, cuya concesión será consecuencia de la razón o
no que tenga el actor en el juicio.
 El libelo es el escrito de demanda.
PASO 1. DEMANDA PROPIAMENTE TAL
La demanda tiene los siguientes requisitos.
1. Los requisitos de todo escrito. Ellos son.
a. Suma. Resumen de la materia del escrito. En este
caso, es “Demanda de lo que sea”
b. Firma. La demanda debe llevar la firma del deman-
dante.
c. Copias. Ellas aquí no son requeridas, por ser la noti-
ficación de la demanda casi siempre personal.
2. Los requisitos de la primera presentación en juicio. Son:
a. Constitución de patrocinio y poder. Esto debe ser
hecho en un otrosí del libelo, a favor de un abogado
habilitado para el ejercicio de la profesión.
b. En caso de ser presentada la demanda ante una Ofi-
cina de Distribución de Causas, ella debe tener una
presuma que debe contener:
i. Tipo de procedimiento. Forma como el asunto
se tramitará. En este caso, será ordinario.
ii. Materia del pleito. La que corresponda.
iii. Identificación de los demandantes. Esto es con
nombre completo, y cédula de identidad.
iv. Identificación de los abogados. Debe ser con
nombre completo y cédula de identidad.
c. Identificación de los demandados. Esto debe ser
con nombre completo y cédula de identidad, si se
conoce.
3. Los requisitos de toda demanda
5
. Ellos son:
a. Designación del tribunal ante el cual se interpone
la demanda. Esto consiste en el tratamiento de esti-
lo que corresponde a la jerarquía del tribunal. Es:
i. Señor Juez de Letras. Corresponde a un tribu-
nal civil de primera instancia.
ii. Ilustrísima Corte. Corresponde a una Corte de
Apelaciones.
iii. Excelentísima Corte. Corresponde a la Corte
Suprema.
b. Nombre completo, domicilio, y profesión u oficio
del demandante, las personas que lo representen,
y la naturaleza de tal representación. Si el deman-
dante es un incapaz, su representante debe ser indi-
vidualizado de la misma manera, indicándose
además si su representación es convencional o legal.
c. Nombre completo, domicilio y profesión u oficio
del demandado. Si el demandado es un incapaz,
también es indispensable individualizar de la misma
manera a su representante, para poder emplazarlo
válidamente.
d. Exposición de los fundamentos de hecho. El actor
debe afirmar los hechos que fundamentan su pre-
tensión.
e. Exposición de los fundamentos de derecho. Luego
de exponer los hechos, el actor debe fundarlos en
normas jurídicas. No es necesario que se citen todas
y cada una de éstas, basta que la fundamentación
de los hechos expuestos tenga base jurídica. Sin
embargo, ello es deseable.
f. Enunciación precisa de la o las pretensiones. Estas
son las peticiones concretas que se someten a con-
sideración del tribunal. Puede ser una o varias6
.
5
ARTÍCULO 254, C.P.C. La demanda debe contener:
La designación del tribunal ante quien se entabla;
El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas
que lo representen, y la naturaleza de la representación;
El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;
La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apo-
ya; y
La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones
que se sometan al fallo del tribunal.
6
ARTÍCULO 17, C.P.C. En un mismo juicio podrán entablarse dos o más accio-
nes con tal que no sean incompatibles.
Sin embargo, podrán proponerse en una misma demanda dos o más acciones
incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra.

4. i. Pueden enumerarse varias peticiones, si no son
incompatibles entre sí. Esto puede ser hecho en
forma simple, requiriendo que sean concedidas
todas, o en forma alternativa, debiendo el juez
optar entre una u otra petición.
ii. Pueden enumerarse varias pretensiones in-
compatibles entre sí, si ellas son invocadas una
en subsidio de la otra.
iii. La compatibilidad se refiere a si los efectos de
las pretensiones, una vez concedidos, pueden o
no coexistir entre sí.
iv. No pueden enunciarse peticiones en forma
simultánea cuando ellas tengan una tramita-
ción diferente.
La presentación de la demanda es obligatoria en los siguientes
casos.
1. Cuando una persona es demandada por otra, y hay varios
posibles demandantes, el demandado puede pedir que se
notifique la demanda a todos los posibles demandantes.
Ello produce los siguientes efectos7
:
a. Hace que el resultado del juicio afecte a los posibles
futuros demandantes que aún no han demandado.
Ellos ya no podrán demandar individualmente sus
derechos.
b. Los pone ante las siguientes alternativas.
i. Adherir a la demanda. En ese caso se vuelven
parte del proceso ya iniciado.
ii. No adherir a la demanda. En ese caso renun-
cian a sus derechos, y si ellos intentan deman-
dar por su cuenta, podrá prosperar ante ellos la
excepción de cosa juzgada.
iii. Mantenerse en silencio. El plazo para manifes-
tar una opinión es el término de emplazamien-
to del juicio ordinario. Luego de eso, no serán
parte pero conservarán el derecho de interve-
nir con posterioridad, respetando todo lo obra-
do hasta ese minuto.
2. Cuando hay jactancia, esto es, cuando una persona capaz
de ser demandada se atribuye derechos propios sobre
bienes de otro o asegura ser su acreedor, quien sea afec-
tado por ella puede exigirle que presente una demanda.
7
ARTÍCULO 21, C.P.C. Si la acción ejercida por alguna persona corresponde
también a otra u otras personas determinadas, podrán los demandados pedir
que se ponga la demanda en conocimiento de las que no hayan ocurrido a
entablarla, quienes deberán expresar en el término de emplazamiento si se
adhieren a ella.
Si las dichas personas se adhieren a la demanda, se aplicará lo dispuesto en
los artículos 12 y 13; si declaran su resolución de no adherirse, caducará su
derecho; y si nada dicen dentro del término legal, les afectará el resultado del
proceso, sin nueva citación.
En este último caso podrán comparecer en cualquier estado del juicio, pero
respetando todo lo obrado con anterioridad.
a. Esto se producirá:
i. Cuando la jactancia conste por escrito.
ii. Cuando la declaración de jactancia sea hecha a
viva voz ante dos o más personas hábiles para
ser testigo en un juicio civil.
iii. Cuando la persona haya armado un proceso
criminal para enmascarar estas acciones.
b. A más tardar 6 meses
8
después de ocurridos los
hechos, el afectado por la jactancia puede deman-
dar para forzar al jactancioso para que demande.
Esto se tramita bajo el procedimiento sumario.
c. La sentencia favorable que se obtenga aquí forzará
al jactancioso a demandar en un plazo de 10 días9
,
plazo que puede ser ampliado por el tribunal hasta
30, por motivos fundados.
d. Si el jactancioso no demanda, el afectado por la jac-
tancia puede pedir al tribunal que declare que el
jactancioso no será oído sobre el derecho que re-
clama. Ello le hará imposible demandar
10
.
3. El vendedor, como elemento de la naturaleza de un con-
trato de compraventa, tiene como obligación el sanea-
miento de la evicción. Esto es, si el vendedor vende una
cosa a otra persona, y después, llega ante el comprador
alguien que alega ser el dueño real de la cosa en vez del
vendedor, reivindicando la cosa comprada, el vendedor
debe defender a su comprador.
a. Antes de contestar la demanda, durante el término
de emplazamiento, el comprador demandado puede
citar a su vendedor para que lo defienda. Esta es la
citación de evicción
11
.
b. Si el comprador no cita a quien le vendió la cosa, el
vendedor no responde si la cosa le es quitada.
8
ARTÍCULO 272, C.P.C. La acción de jactancia prescribe en seis meses, conta-
dos desde que tuvieron lugar los hechos en que pueda fundarse.
9
ARTÍCULO 269, C.P.C. Cuando alguna persona manifieste corresponderle un
derecho de que no esté gozando, todo aquél a quien su jactancia pueda afec-
tar, podrá pedir que se la obligue a deducir demanda dentro del plazo de diez
días, bajo apercibimiento, si no lo hace, de no ser oída después sobre aquel
derecho. Este plazo podrá ampliarse por el tribunal hasta treinta días,
habiendo motivo fundado.
10
ARTÍCULO 271, C.P.C. La demanda de jactancia se someterá a los trámites
establecidos para el juicio sumario.
Si se da lugar a ella, y vence el plazo concedido al jactancioso para deducir su
acción sin que cumpla lo ordenado, deberá la parte interesada solicitar que
se declare por el tribunal el apercibimiento a que se refiere el artículo 269.
Esta solicitud se tramitará como incidente.
11
ARTÍCULO 1.843, CÓDIGO CIVIL. El comprador a quien se demanda la cosa
vendida, por causa anterior a la venta, deberá citar al vendedor para que
comparezca a defenderla.
Esta citación se hará en el término señalado por el Código de Enjuiciamiento.
Si el comprador omitiere citarle, y fuere evicta la cosa, el vendedor no será
obligado al saneamiento; y si el vendedor citado no compareciere a defender
la cosa vendida, será responsable de la evicción; a menos que el comprador
haya dejado de oponer alguna defensa o excepción suya, y por ello fuere
evicta la cosa.

5. c. Si el comprador cita al vendedor, el vendedor pasa a
ser la parte demandada, con el comprador como
tercero coadyuvante del vendedor.
d. Si el comprador cita al vendedor y éste no aparece,
el vendedor debe responder de la evicción si esta
sucede, siempre que el comprador no pierda el jui-
cio por su culpa.
4. Si un futuro demandante obtiene una medida prejudicial
precautoria en su favor, antes de presentar la demanda,
debe demandar en un plazo de 10 días desde la conce-
sión de la medida prejudicial. Este plazo puede ser au-
mentado a 30 días por motivos fundados. Si el favorecido
con medidas prejudiciales precautorias no demanda:
a. El procedimiento se declarará doloso.
b. Las medidas prejudiciales precautorias caerán.
c. El favorecido deberá indemnizar todos los perjui-
cios que hayan sido causados con su actuar.
5. Cuando una ejecutada señala que se reserva excepciones
en el juicio ejecutivo que serán defendidas en un poste-
rior juicio ordinario, debe presentar su demanda a más
tardar 15 días después de que le sea notificada la sen-
tencia de condena de pago o remate. Si no demanda:
a. La sentencia podrá ser ejecutada sin caución.
b. Cualquier garantía real que se haya constituido para
permitir la ejecución de la sentencia ejecutiva caerá.
La presentación de la demanda genera los siguientes efectos:
1. El juez, desde ese momento, tiene el deber de instruir el
proceso. No puede excusarse, so pena de enfrentar san-
ciones administrativas e incurrir en el delito de denega-
ción de justicia
12
.
2. Permite al juez revisar la demanda y determinar si ésta
se acoge o no a tramitación, pudiendo rechazarla de pla-
no por las causales que se verán.
3. Prorroga la competencia, en los casos y de la forma en
que esto proceda.
4. Delimita las defensas del demandado. El demandado
deberá basar su defensa en el contenido de la demanda
presentada.
12
ARTÍCULO 225, CÓDIGO PENAL. Incurrirán en las penas de suspensión de cargo
o empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tri-
butarias mensuales o sólo en esta última, cuando por negligencia o ignoran-
cia inexcusables:
1. Dictaren sentencia manifiestamente injusta en causa civil.
2. Contravinieren a las leyes que reglan la sustanciación de los juicios en
términos de producir nulidad en todo o en parte sustancial.
3. Negaren o retardaren la administración de justicia y el auxilio o protec-
ción que legalmente se les pida.
4. Omitieren decretar la prisión de alguna persona, habiendo motivo legal
para ello, o no llevaren a efecto la decretada, pudiendo hacerlo.
5. Retuvieren preso por más de cuarenta y ocho horas a un individuo que
debiera ser puesto en libertad con arreglo a la ley.
5. Produce efectos en los casos en que normas jurídicas es-
peciales requieren la presentación de la demanda.
Ante la presentación de la demanda, el juez la revisará, y se
seguirán los siguientes pasos.
1. Si no se da cumplimiento a los requisitos de individuali-
zación del tribunal, individualización del demandante e
individualización del demandado:
a. El tribunal rechaza de oficio la demanda.
b. El demandante puede presentar una nueva deman-
da, o un escrito que complete los puntos antes
mencionados.
2. Si no se da cumplimiento a los requisitos de incluir fun-
damentos de hecho y de derecho, el juez debe acoger la
demanda a tramitación.
3. Si cumple todos los requisitos, el juez dicta un DECRETO O
PROVIDENCIA DE MERA SUSTANCIACIÓN, encabezado “Por inter-
puesta la demanda, traslado”. Este decreto además fija el
número de Rol Único de Causa o Rol Interno del Tribunal
bajo el cual la causa será archivada.
PASO 2. MOMENTO ENTRE LA PRESENTACIÓN Y LA
NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
Entre la presentación y la notificación de la demanda puede
suceder que ésta sea retirada del tribunal. Si esto sucede, la
demanda, para todos los efectos legales, se entiende como no
presentada.
Por eso mismo, puede retirarse, modificarse o suplantarse con
un nuevo escrito como se desee, esto, mientras no se encar-
gue su notificación, sin afectar la validez de la pretensión. El
juicio aún no ha comenzado.
Día 1 EMPLAZAMIENTO
El emplazamiento es el momento propiamente tal desde el
cual se puede decir que hay juicio. El emplazamiento se com-
pone de dos elementos:
1. La notificación de la demanda, efectuada de forma legal,
conjuntamente con la notificación de la resolución recaí-
da en ella, que ordena a la parte demandada compare-
cer ante el tribunal para que haga valer sus derechos.
2. El transcurso de un plazo para que esto suceda. A este
plazo se le conoce como término de emplazamiento.

6. PASO 1. NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA.
La notificación de la demanda se realiza de la siguiente forma:
 Al demandante siempre le serán notificadas la demanda
y la resolución que la provee por el Estado Diario. Esto,
por demás, es lógico, ya que es obvio que el demandante
conoce el texto de la demanda que él mismo presenta, y
lo único que necesita saber es si el tribunal la ha acogido
o no a tramitación.
 Al demandado por lo general le es notificada la deman-
da en forma personal.
 Esto debe ser así cuando la demanda se trata de la
primera actuación en el juicio. Si no, no hay empla-
zamiento válido y el juicio no puede comenzar.
 Cuando la demanda no es la primera actuación del
juicio, en teoría, correspondería notificar la de-
manda al demandado por el Estado Diario. Sin em-
bargo, los tribunales, amparándose en las facultades
que les concede la ley
13
, ordenan que la demanda
de igual manera sea notificada personalmente. Es
algo que pueden hacer, no que deban hacer, pero es
algo que hacen.
Los efectos que producirá la notificación válida de la demanda
son los siguientes:
1. El proceso comienza su existencia legal. Desde este mo-
mento se puede hablar de partes y de tribunal compe-
tente propiamente tales. El tribunal tiene el deber de
continuar el procedimiento hasta su término, sea cual
sea, y las partes deben desde este momento impulsar el
procedimiento con sus escritos. Esto trae una serie de
consecuencias.
a. El demandante ya no puede retirar su demanda. Si
lo hace a contar de la notificación válida de ésta, lo
que hará será solicitar el desistimiento de su pre-
tensión, y la resolución que lo acoja significará que
ya no podrá más demandar sobre la materia en
cuestión.
b. Desde este momento las partes tienen el deber de
impulsar el procedimiento. Esto significa que desde
este momento se comienzan a contar los plazos para
solicitar el abandono del procedimiento, si las partes
no hacen gestiones útiles para hacerlo avanzar.
c. Desde este momento, en forma retroactiva, la sen-
tencia declarativa tendrá efecto. La sentencia decla-
13
ARTÍCULO 47, C.P.C. La forma de notificación de que tratan los artículos pre-
cedentes [notificación personal] se empleará siempre que la ley disponga que
se notifique a alguna persona para la validez de ciertos actos, o cuando los
tribunales lo ordenen expresamente.
Podrá, además, usarse en todo caso.
rativa declara el derecho desde el comienzo del pro-
cedimiento, que es éste.
d. Se genera el estado de litispendencia. Esto es, si
cualquier parte intenta llevar adelante otro juicio
ante otro tribunal con las mismas partes, la misma
cosa pedida y la misma causa de pedir, se aplicará la
excepción de litispendencia.
e. El tribunal debe desde este momento cumplir con
los plazos legales que se le exijan para llevar ade-
lante la tramitación del juicio. Otro comportamien-
to significará la posible interposición de una queja.
f. Comienza el término de emplazamiento, esto es, el
plazo que el demandado tiene para contestar su
demanda, y se genera para el demandado con ello la
carga de defenderse.
2. Se interrumpe civilmente la prescripción, tanto adquisi-
tiva como extintiva. Esto es vital, puesto que si se declara
el abandono del procedimiento esto se pierde.
3. Se producen una serie de otros efectos civiles. Estos ca-
sos, más específicos, son:
a. La prescripción extintiva de corto tiempo se trans-
forma en prescripción de largo tiempo.
b. Los derechos se vuelven desde este momento liti-
giosos para su cesión, en caso de cesión de créditos.
c. El pago por consignación ya no puede ser declarado
como suficiente, sino dentro del juicio que ya se ha
iniciado
14
.
PASO 2. TÉRMINO DE EMPLAZAMIENTO.
El término de emplazamiento es un plazo que se caracteriza
por ser legal, fatal, improrrogable, común15
y discontinuo,
14
ARTÍCULO 1.603, CÓDIGO CIVIL. Hecha la consignación, el deudor pedirá al
juez indicado en el inciso final del artículo 1.601 que ordene ponerla en cono-
cimiento del acreedor, con intimación de recibir la cosa consignada.
La suficiencia del pago por consignación será calificada en el juicio que co-
rresponda promovido por el deudor o por el acreedor ante el tribunal que
sea competente según las reglas generales.
Sin embargo, si el acreedor no prueba, dentro del plazo de treinta días hábi-
les contados desde la fecha en que haya sido notificado de la consignación, la
circunstancia de existir juicio en el cual deba calificarse la suficiencia del pa-
go, el juez que ordenó dicha notificación lo declarará suficiente, a petición del
deudor, y ordenará alzar las cauciones, sin más trámite. Las resoluciones que
se dicten en virtud de este inciso serán apelables sólo en el efecto devolutivo.
No obstante, el juez podrá prorrogar hasta por treinta días el plazo estableci-
do en el inciso anterior si por causas ajenas a la voluntad del acreedor no ha
sido posible notificar al deudor.
Se entenderá existir juicio desde el momento en que se haya notificado la
demanda.
15
ARTÍCULO 260, C.P.C. Si los demandados son varios, sea que obren separada
o conjuntamente, el término para contestar la demanda correrá para todos
a la vez, y se contará hasta que expire el último término parcial que corres-
ponda a los notificados.

7. establecido con el objeto de posibilitar la defensa del deman-
dado.
Este plazo dura, en el juicio ordinario en comento.
1. 15 días. Esto es si la notificación de la demanda ocurre
dentro de la comuna asiento del tribunal, dentro de su
territorio jurisdiccional.
2. 15 + 3 días. Esto si la notificación de la demanda ocurre
fuera de la comuna asiento del tribunal, dentro de su te-
rritorio jurisdiccional
16
. El aumento aquí procede por no-
tificarse al demandado fuera de la comuna asiento del
tribunal.
3. 15 + 3 días + [días adicionales en la tabla]. Esto sucederá
si la notificación de la demanda ocurre fuera del territo-
rio jurisdiccional del tribunal. Este segundo aumento es
por haberse notificado al demandado fuera del territorio
donde el tribunal es competente, y se suma al anterior.
a. La tabla a la cual se hace mención es una que tiene
que confeccionar la Corte Suprema en el mes de
Noviembre de cada año, que tomará en cuenta las
dificultades de comunicación que existen. La notifi-
cación se hace por exhorto.
b. Si el demandado es notificado fuera de la jurisdic-
ción del tribunal, esto es, fuera de Chile, la tabla
también funciona, y la notificación se hará por carta
rogatoria internacional.
4. Los plazos anteriores, contados respecto del último noti-
ficado y para todos, en caso de haber varios demanda-
dos. Simplemente la persona notificada antes tendrá más
plazo.
Así como la notificación era un requisito de existencia del pro-
cedimiento, el emplazamiento es un requisito de validez del
procedimiento, y es el primer trámite esencial cuya omisión
da pie a la presentación del recurso de casación en la forma.
Una vez notificada la demanda, el demandante, como ya se
vio, no puede retirar su demanda. Puede, sin embargo, modi-
ficarla o ampliarla, y cada vez que lo haga, deberá notificar de
las rectificaciones que ha hecho a la ahora contraparte. El
término de emplazamiento comenzará a correr respecto de
En los casos en que proceda la pluralidad de demandantes de acuerdo al artí-
culo 18, el plazo para contestar la demanda, determinado según lo dispuesto
en los dos artículos anteriores, se aumentará en un día por cada tres de-
mandantes sobre diez que existan en el proceso. Con todo, este plazo adi-
cional no podrá exceder de treinta días.
16
ARTÍCULO 258, C.P.C. El término de emplazamiento para contestar la de-
manda será de quince días si el demandado es notificado en la comuna don-
de funciona el tribunal.
Se aumentará este término en tres días más si el demandado se encuentra
en el mismo territorio jurisdiccional pero fuera de los límites de la comuna
que sirva de asiento al tribunal.
ella desde que le sea notificada la última modificación o am-
pliación de la demanda.
Día 15 DEFENSA DEL DEMANDADO
La defensa del demandado es el poder jurídico del demanda-
do para oponerse a la pretensión que el actor ha formulado
frente a él y ante el órgano jurisdiccional.
El demandado tiene las siguientes opciones para su defensa.
 La rebeldía. Esto es no hacer nada y dejar transcurrir el
término de emplazamiento sin hacer nada.
 Allanarse. Esto es, aceptar sin más la pretensión expuesta
en la demanda.
 Retrasar la entrada en el juicio. Esto lo hará presentando
excepciones dilatorias, que son las que atacan cualquier
incorrección en el procedimiento que impida demandar
al demandante.
 Contestar la demanda. Aquí el demandado hará ver su
versión sobre la controversia y sus peticiones, que
tendrán que ver con el rechazo de las pretensiones del
demandante.
 Contrademandar. Esto en términos jurídicos se denomina
demandar por vía de reconvención, y es un verdadero
contraataque por parte del demandado en contra del
demandante. Para todos los efectos legales, salvo norma
explícita en contrario, el demandante por vía de recon-
vención es un demandante, lo que significa que tiene to-
dos los derechos que la ley franquea al demandante.
REBELDÍA.
La rebeldía o contumacia es aquella situación que se produce
cuando el demandado asume una actitud pasiva, mantenién-
dose inactivo sin comparecer en el proceso.
Cuando el demandado deja pasar el término de emplazamien-
to sin hacer nada, sucede lo siguiente.
1. El juez de oficio o a petición de parte declarará que ha
transcurrido el plazo para demandar, y proveerá “Trasla-
do, réplica”, posibilitando la interposición de la réplica
por parte del demandante.
2. Se produce una contestación ficta de la demanda17
. Esto
es, se tienen por negados todos los hechos que alega el
17
ARTÍCULO 318, C.P.C. Concluidos los trámites que deben preceder a la prue-
ba, ya se proceda con la contestación expresa del demandado o en su rebeld-

8. demandante, se asume que esa es la materia de la con-
troversia, y el tribunal, si determina que ésta puede
existir, recibirá la causa a prueba. El demandado no cede
sus derechos por el solo hecho de no contestar.
3. El demandado puede comparecer en cualquier estado
del juicio, pero debe asumir todo lo que se ha hecho en
él. La única manera en que esto no será así es si presenta
un incidente de nulidad procesal por falta de emplaza-
miento, al no haber sido válidamente emplazado. Si lo
gana, todo el juicio deberá hacerse de nuevo.
ALLANAMIENTO
El allanamiento es el reconocimiento, aceptación o adhesión
que hace expresamente el demandado a la pretensión que ha
hecho valer el demandante en su libelo, tanto en sus funda-
mentos de hecho como de derecho.
El allanamiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuan-
do se contiene en un documento en el que se hace este reco-
nocimiento. Es tácito no cuando el demandado no contesta
(situación de la rebeldía), sino cuando el demandado ejecuta
por sí mismo lo que el demandante está pidiendo en su de-
manda. Por ejemplo, si el demandante quiere que le sean pa-
gados $1.000.000, más los intereses y las costas, el demanda-
do, en vez de hacer otra cosa, va al banco y paga.
El allanamiento importa un reconocimiento de los hechos y
del derecho alegados por el demandante. Este reconocimien-
to puede ser total o parcial.
El efecto que tiene el allanamiento es el de omitir la recep-
ción de la causa a prueba sobre los puntos en que éste se
produzca. De esta forma:
 Si hay allanamiento total, no habrá fase de prueba y el
tribunal citará a oír sentencia, la que seguramente será
favorable al demandante. Lo que no se omite es la réplica
y la dúplica, pues la fase de discusión debe ser terminada.
 Si hay allanamiento parcial, eso sólo se producirá respec-
to de los puntos donde haya allanamiento, debiéndose
recibir la causa a prueba por el resto de los puntos, si hay
controversia.
ía, el tribunal examinará por sí mismo los autos y si estima que hay o puede
haber controversia sobre algún hecho substancial y pertinente en el juicio,
recibirá la causa a prueba y fijará en la misma resolución los hechos substan-
ciales controvertidos sobre los cuales deberá recaer.
Sólo podrán fijarse como puntos de pruebas los hechos substanciales contro-
vertidos en los escritos anteriores a la resolución que ordena recibirla.
EXCEPCIONES DILATORIAS
Las excepciones dilatorias son aquellas que se refieren a la
corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción
deducida
18
.
Las excepciones dilatorias se presentan durante el transcurso
del término de emplazamiento, antes de contestar la de-
manda, y su presentación puede o no ocurrir. Interpuestas en
este momento, retrasarán o impedirán la entrada en el juicio
del demandante, si son acogidas. El artículo 303 del C.P.C.,
junto con permitir la existencia de algunas excepciones dilato-
rias, regula específicamente algunas. Estas son:
INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL [303 Nº 1]
Impide la entrada en el juicio al señalar que el tribunal donde
se ha interpuesto demanda no es el competente, siendo la
conducta debida el demandar ante el tribunal competente.
Esta vía es la vía inhibitoria para demandar incompetencia
del tribunal, y por esta vía puede alegarse tanto su incompe-
tencia absoluta como relativa. Puede interponerse en segun-
da instancia, como incidente.
 El tribunal es incompetente absolutamente cuando se
produce una infracción a las reglas de la competencia ab-
soluta, según los elementos cuantía, materia, y fuero.
Cuando esto sucede, el tribunal puede y debe declarar
su incompetencia, porque el procedimiento, de conti-
nuar, será nulo.
 El tribunal es incompetente relativamente cuando se
produce una infracción a las reglas de la competencia re-
lativa, en razón al elemento territorio.
 Cuando esto sucede, el tribunal no puede ni debe
declarar su incompetencia y es la parte la que debe
alegar esto.
 Si no, se producirá la prórroga de la competencia y
los actos del tribunal incompetente relativamente
serán válidos.
 Si bien la excepción de falta de jurisdicción, esto es, la
incapacidad que tiene un tribunal chileno de juzgar a un
extranjero o a un país por no tener Chile poder para ello,
18
ARTÍCULO 303, C.P.C. Sólo son admisibles como excepciones dilatorias:
1. La incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda;
2. La falta de capacidad del demandante, o de personería o representación
legal del que comparece en su nombre;
3. La litispendencia;
4. La ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el
modo de proponer la demanda;
5. El beneficio de excusión; y
6. En general las que se refieran a la corrección del procedimiento sin
afectar al fondo de la acción deducida.

9. no es encuadrable aquí, es una excepción dilatoria pre-
sentable y válida. Ha de fundarse en el número 6 del artí-
culo antes mencionado.
INCAPACIDAD DEL DEMANDANTE, SU FALTA DE
PERSONERÍA O REPRESENTACIÓN LEGAL [303 Nº 2]
Retrasa la entrada al juicio señalando que quien demanda es
un incapaz, no tiene el poder para representar judicialmente
al demandante, o simplemente no tiene la representación
del que se pretende demandante. La conducta debida es que
alguien que sea capaz y tenga la representación adecuada de
la parte demande.
Por esta vía pueden alegarse:
 La incapacidad del demandante. Al notificarse válida-
mente la demanda y al producirse el emplazamiento váli-
do se perfecciona la relación jurídica procesal, que estaría
afecta a un vicio de nulidad si fuera sostenida con un in-
capaz.
 La insuficiencia en los poderes convencionales de repre-
sentación de quien ha demandado. Esto se ve mucho en
personas jurídicas que desean demandar a alguien, y tie-
ne que ver con que éstas deben conferir, mediante un
mandato, poder para que el sujeto que acude represen-
tado por un abogado a interponer la demanda pueda
hacerlo. Si este poder no es suficiente, se puede presen-
tar la excepción, ya que también la relación procesal que
se perfecciona es anulable.
 La falta de representación legal del demandante. Un pa-
dre tiene la patria potestad de su hijo y por tanto, su re-
presentación legal. Pero si por sentencia judicial el padre
ha perdido dicha patria potestad, no podrá demandar en
nombre del hijo. Si eso sucede, esta excepción dilatoria
podrá interponerse.
Si bien la mayoría de la doctrina no lo comparte, según el pro-
fesor Juan Agustín Figueroa se puede interponer como dilato-
ria genérica la excepción relativa a la falta de legitimación
activa, que es la falta de la posición que se debe tener para
interponer una acción, según la ley.
El caso más típico de esto es la acción reivindicatoria, donde
el demandante debe ser dueño no poseedor. Luego, si el de-
mandado no es poseedor no dueño, sino que es mero tenedor
de la cosa, y el dueño es además poseedor de la cosa, la ac-
ción reivindicatoria no prosperará por falta de legitimación
activa.
Según la mayoría de la doctrina, esta excepción apunta al fon-
do y debe ser interpuesta dentro de la contestación de la de-
manda.
LITISPENDENCIA [303 Nº 3]
Impide la entrada en el juicio al señalar que ya existe otro,
que es entre las mismas personas, donde se pide lo mismo y
por las mismas razones. La conducta debida aquí es atenerse
al resultado del primer juicio.
Lo antes mencionado es la llamada triple identidad.
 Identidad legal de personas. Las personas del nuevo jui-
cio, tanto demandado como demandante, deben ser las
mismas que el juicio que sirve de base para esta excep-
ción, no físicamente, sino que jurídicamente. Juan Pérez
demandando como gerente de AAA S.A. no es lo mismo
que Juan Pérez demandando como Juan Pérez.
 Identidad de cosa pedida. Lo que se pide debe ser lo
mismo, y esto se refiere a la petición de la demanda.
 Identidad de causa de pedir. Las razones que fundamen-
tan lo que se está pidiendo, que son la causa de pedir,
deben ser las mismas.
Puede interponerse en segunda instancia, y se resolverá allí
como incidente.
INEPTITUD DEL LIBELO [303 Nº4]
Retrasa la entrada al juicio al señalar que el escrito de de-
manda, o libelo, es inapropiado para demandar, puesto que
le faltan requisitos esenciales que debe tener una demanda.
La conducta debida aquí es demandar con un escrito que
cumpla esos requisitos.
Los requisitos de una demanda son los ya vistos.
 Como los requisitos de incluir fundamentos de hecho y
derecho en la demanda, y la presencia en ésta de peticio-
nes concretas, no pueden ser vistos por el tribunal de ofi-
cio, la única manera para reclamar por su falta o inexacti-
tud es esta.
 Si se falla en la individualización del demandado de ma-
nera tal que la identificación del demandado es imposi-
ble, también procede esta excepción.
BENEFICIO DE EXCUSIÓN [303 Nº 5]
Cuando hay una deuda garantizada por un fiador y el deman-
dante persigue primero al fiador antes que al deudor princi-

10. pal, el fiador con esto impedirá la entrada al juicio19
, señalan-
do que no se le puede demandar aún, ya que primero el de-
mandante debe dirigirse contra el deudor principal, ganar
ese juicio y pagarse con el patrimonio de éste, antes de de-
mandar al fiador. La conducta debida es demandar al deudor
principal y no al fiador.
EXCEPCIONES PERENTORIAS QUE PUEDEN INTER-
PONERSE COMO DILATORIAS.
Se denominan por eso excepciones mixtas. Son:
1. Cosa juzgada. Ocurre cuando concurre la triple identidad
vista en el caso de la litispendencia, pero respecto de una
sentencia que ya está firme y ejecutoriada. No tiene sen-
tido seguir adelante.
2. Transacción. Las partes aquí han resuelto el conflicto por
sí mismas, y el contrato de transacción que ellas firmen
sustituirá cualquier decisión del juez.
TRAMITACIÓN
Antes del final del término de emplazamiento, y antes de con-
testar la demanda, el demandado invocará todas las excep-
ciones dilatorias que sean aplicables, y las presentará a consi-
deración del tribunal, en un único escrito.
Si esto sucede, la tramitación será como sigue.
1. Se interrumpe el procedimiento principal y el transcurso
del término de emplazamiento. Se aplica el procedimien-
to incidental para el fallo de estas excepciones, puesto
que ellas son incidentes de previo y especial pronuncia-
miento.
2. Así, se confiere traslado de 3 días al demandante para
que evacúe el traslado.
3. El tribunal, evacuado el traslado, determinará si es nece-
sario o no recibir el incidente a prueba. Si lo hace, abrirá
un término probatorio de incidentes de 8 días. Si no, re-
solverá inmediatamente.
4. El tribunal resuelve, siendo dicha resolución una SENTENCIA
INTERLOCUTORIA DE PRIMER GRADO, pues fallar un incidente,
estableciendo derechos permanentes entre las partes y
produciendo efecto de cosa juzgada. Puede:
a. Desechar las excepciones presentadas. Si este es el
caso, se abre un nuevo plazo para que el demanda-
do pueda contestar la demanda, que es de 10 días.
Este plazo no se amplía de ninguna manera.
19
ARTÍCULO 2.357, CÓDIGO CIVIL. El fiador reconvenido goza del beneficio de
excusión, en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se
persiga la deuda en los bienes del deudor principal, y en las hipotecas o
prendas prestadas por éste para la seguridad de la misma deuda.
b. Acoge las excepciones presentadas. La conducta
aquí varía.
i. Si el vicio es de los que retrasan la entrada al
juicio, el demandante tiene la carga de subsa-
nar el vicio. Una vez esto suceda, el tribunal de-
clarará que el vicio ha sido subsanado y desde
entonces correrán 10 días para que el deman-
dado pueda contestar.
ii. Si el vicio impide la entrada al juicio, la resolu-
ción que declare esto pone término al juicio.
Si ocurre que alguno de estos vicios es desconocido de la de-
mandada hasta bien entrado el juicio, o si se alega la incom-
petencia del tribunal y se rechaza dicha alegación, se puede
interponer más tarde un incidente de nulidad procesal y ba-
sarlo en alguna de estas causales.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La contestación de la demanda es el escrito en el cual el de-
mandado hace valer su defensa respecto de la pretensión
hecha valer por el demandante en su contra.
Los requisitos de la contestación de la demanda son20
.
1. Los requisitos de todo escrito. Ellos son.
a. Suma. Resumen de la materia del escrito. En este
caso, es “Contesta la demanda”
b. Firma. La contestación de la demanda debe llevar la
firma del demandado.
c. Copias. Aquí son necesarias, puesto que la contesta-
ción se notifica por el Estado Diario.
2. Los requisitos de la primera presentación en juicio. Aquí
es la constitución válida de patrocinio y poder, a favor de
un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.
3. Los requisitos específicos de la contestación de la de-
manda. Estos son:
a. Designación del tribunal. Esto, en los mismos
términos en que debe ser hecha en la demanda.
b. El nombre, domicilio y profesión u oficio del de-
mandado. El demandado debe individualizarse a sí
mismo y debe designar domicilio en esta, su primera
gestión en el juicio, o si no, las cédulas que corres-
ponda enviarle no le serán enviadas.
20
ARTÍCULO 309, C.P.C. La contestación a la demanda debe contener:
1. La designación del tribunal ante quien se presente;
2. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;
3. Las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los
hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan; y
4. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión, de las peti-
ciones que se sometan al fallo del tribunal.

11. c. Las excepciones que se oponen a la demanda. Ellas
apuntarán al fondo de la acción y se denominan ex-
cepciones perentorias
21
, para diferenciarlas de las
dilatorias antes vistas. Han de ser fundadas, con
fundamentos de hecho y de derecho.
d. La enunciación de las peticiones concretas que el
demandado someterá al tribunal. La más típica es
solicitar que se rechace la demanda en todas sus
partes, con costas.
El demandado puede negar los hechos que alega el deman-
dante, lo que es denominado por la doctrina como defensas,
o puede alegar hechos propios que desvirtúen la validez de la
construcción jurídica que el demandante intenta promover
ante el juez, lo que se denomina por la doctrina como excep-
ciones propiamente tales.
Esto tiene importancia al momento de determinar la carga de
la prueba. Mientras las defensas simplemente traban contro-
versia sobre un hecho y hacen que el demandante deba pro-
barlo, las excepciones son hechos nuevos que el demandado
alega, que deben ser probados por éste. Esto será de vital
importancia en la fase probatoria.
Las excepciones probatorias corresponden a los modos de ex-
tinguir las obligaciones del Código Civil. En particular, dos de
ellos, la prescripción extintiva de la obligación y el pago de
ésta, pueden ser invocados como excepción en cualquier
momento, no sólo con la contestación de la demanda.
DEMANDA POR VÍA RECONVENCIONAL
La demanda por vía reconvencional o reconvención es la de-
manda que deduce el demandado contra el demandante, utili-
zando el procedimiento judicial originado por iniciativa de éste
último.
Esta demanda tiene los requisitos de toda demanda22
, pero
con algunas particularidades.
1. La demanda por vía reconvencional se interpone en el
escrito de contestación de la demanda. Su suma reza. “En
lo principal: Contesta la demanda. Primer otrosí: Deduce
demanda reconvencional.”
21
Las excepciones perentorias son aquellas que tienen por objeto destruir el
objeto de la pretensión e importan la introducción al proceso de un hecho
nuevo, de carácter impeditivo, invalidativo o extintivo de la pretensión del
actor.
22
ARTÍCULO 314, C.P.C. Si el demandado reconviene al actor, deberá hacerlo en
el escrito de contestación sujetándose a las disposiciones de los artículos 254
y 261; y se considerará, para este efecto, como demandada la parte contra
quien se deduzca la reconvención.
2. La reconvención requiere:
a. Que el tribunal sea el competente para conocer de
la pretensión deducida por vía reconvencional, si
ésta fuera deducida como demanda por su propia
cuerda.
b. Que la reconvención se tramite siguiendo el mismo
tipo de procedimiento que la demanda principal.
3. La reconvención es una verdadera demanda. Por eso, el
demandante tendrá respecto de ella las mismas opciones
que el demandado principal.
4. Si hay problemas de forma con la reconvención, sea seña-
lados de oficio por el tribunal, o denunciados mediante
una excepción dilatoria, el demandante por vía recon-
vencional tiene 10 días fatales para resolverlos. Si no lo
hace, se tiene por no presentada la reconvención para
todos los efectos legales23
. Esto no sucede respecto de la
demanda.
Día 21 RÉPLICA
La contestación de la demanda siempre es proveída con una
PROVIDENCIA DE MERA SUSTANCIACIÓN, “Traslado, réplica”. Esta re-
solución significa que desde ese momento le son concedidos
6 días al demandante, para replicar y refutar los argumentos
que el demandado ha expuesto en su contestación. El mismo
plazo tendrá para contestar la demanda alzada por vía re-
convencional.
La réplica tiene la particularidad de que en ella no se pueden
agregar nuevas peticiones, pero pueden ampliarse las existen-
tes, sin que se modifiquen las que son objeto principal del
pleito24
.
Día 27 DÚPLICA
Una vez recibida a tramitación la réplica, el tribunal proveerá
la réplica con un DECRETO “Traslado para duplicar”. Con ello
concederá 6 días al demandado para que amplíe, adicione o
23
ARTÍCULO 317, C.P.C. Contra la reconvención hay lugar a las excepciones dila-
torias enumeradas en el artículo 303, las cuales se propondrán dentro del
término de seis días y en la forma expresada en el artículo 305.
Acogida una excepción dilatoria, el demandante reconvencional deberá sub-
sanar los defectos de que adolezca la reconvención dentro de los diez días
siguientes a la fecha de notificación de la resolución que haya acogido la ex-
cepción. Si así no lo hiciere, se tendrá por no presentada la reconvención,
para todos los efectos legales, por el solo ministerio de la ley.
24
ARTÍCULO 312, C.P.C. En los escritos de réplica y dúplica podrán las partes
ampliar, adicionar o modificar las acciones y excepciones que hayan formula-
do en la demanda y contestación, pero sin que puedan alterar las que sean
objeto principal del pleito.

12. modifique las excepciones que ha mencionado en la contesta-
ción, sin que eso involucre modificar las que son el objeto
principal del juicio.
Esto es, no se pueden oponer otras excepciones que tiendan
a enervar la acción deducida, salvo las siguientes excepcio-
nes anómalas:
 Las excepciones de prescripción y pago, que son peren-
torias que se pueden interponer en cualquier momento.
 Las excepciones mixtas, que son la de cosa juzgada y
transacción.
Si hay demanda reconvencional, el demandado debe en el
mismo escrito replicar su demanda, y procede la dúplica de la
reconvención, en cuyo caso se concederán 6 días adicionales
al demandante, que es demandado reconvencional, para su
dúplica de defensa.

13. CONCILIACIÓN OBLIGATORIA
Día 33 LLAMADO A CONCILIACIÓN
Una vez cese la fase de discusión, mediante la presentación
de la dúplica de la demanda o de la dúplica de la reconven-
ción, según corresponda, prosigue la siguiente fase, que es,
en todos aquellos casos en que pueda disponerse libremente
de la pretensión, el LLAMADO A CONCILIACIÓN OBLIGATORIA.
Para que esto proceda se requiere lo siguiente.
1. Que el procedimiento en cuestión sea un procedimiento
civil donde proceda este llamado. Los procedimientos ci-
viles donde el llamado a conciliación no procede son:
a. El juicio ejecutivo, tanto respecto de obligaciones
de dar, como de hacer y no hacer.
b. El procedimiento especial para hacer efectivo el de-
recho legal de retención.
c. La citación de evicción.
d. Los juicios de hacienda.
2. Que sobre las peticiones del juicio en cuestión sea admi-
sible la transacción. Ella no es admisible en los siguientes
casos
25
:
a. El estado civil de las personas, o cualquier otro de-
recho de la personalidad de las personas naturales.
b. Los alimentos futuros, si esa transacción no tiene
aprobación judicial.
c. Si ella versa sobre derechos ajenos o sobre dere-
chos que no existen.
d. Si ella versa sobre un título nulo, a menos que se
haya tratado sobre la nulidad del título.
e. Si ella versa sobre bienes que están fuera del co-
mercio humano.
f. Si ella versa sobre algún asunto ya resuelto por una
sentencia ejecutoriada, que las partes que transigen
no conocen en ese momento.
25
ARTÍCULO 2.450, CÓDIGO CIVIL. No se puede transigir sobre el estado civil de
las personas.
ARTÍCULO 2.451, C. CIVIL. La transacción sobre alimentos futuros de las perso-
nas a quienes se deban por ley, no valdrá sin aprobación judicial; ni podrá el
juez aprobarla, si en ella se contraviene a lo dispuesto en los artículos 334 y
335.
ARTÍCULO 2.452, C. CIVIL. No vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre
derechos que no existen.
ARTÍCULO 2.453, C. CIVIL. Es nula en todas sus partes la transacción obtenida
por títulos falsificados, y en general por dolo o violencia.
ARTÍCULO 2.454, C. CIVIL. Es nula en todas sus partes la transacción celebrada
en consideración a un título nulo, a menos que las partes hayan tratado ex-
presamente sobre la nulidad del título.
ARTÍCULO 2.455, C. CIVIL. Es nula asimismo la transacción, si, al tiempo de cele-
brarse, estuviere ya terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada, y de que las partes o alguna de ellas no haya tenido conoci-
miento al tiempo de transigir.
3. Que el juicio no sea de aquellos donde no debe recibirse
la causa a prueba. Estos casos son:
a. Cuando se produce allanamiento total por parte del
demandado.
b. Cuando el demandado no controvierte de manera
sustancial y pertinente la versión del demandante.
c. Cuando las partes piden al juez que falle la contro-
versia sin más trámite.
Cuando los requisitos son cumplidos, sucede lo siguiente.
1. El juez emite una resolución citando a las partes a una
audiencia de conciliación
26
, que es un trámite esencial.
a. Esta resolución, al requerir la comparecencia perso-
nal de las partes, es notificada a ellas por cédula.
b. La resolución contendrá la fecha de la audiencia,
que debe ser entre el 5º y el 15º día desde que la
resolución sea notificada.
2. Las partes pueden concurrir a esta audiencia por sí o por
intermedio de sus abogados, aunque el juez puede exigir
que concurran por sí.
3. El juez intentará conseguir un avenimiento, proponiendo
bases de arreglo.
a. Las proposiciones hechas por el juez no lo inhabili-
tarán para seguir conociendo de la causa
27
.
b. Si se logra acuerdo, el secretario del tribunal levan-
tará un acta de conciliación que especificará sólo las
condiciones del arreglo, la que es firmada por el juez
y el secretario y tiene validez de sentencia ejecuto-
riada para todos los efectos legales.
4. Si el acuerdo falla o no se produce la audiencia, porque
nadie va, se continúa con la siguiente fase.
a. Lo obligatorio es el llamado a conciliación, no que
la audiencia se produzca. La única sanción a la parte
que no asista, si no desea asistir, es la imposibilidad
de conciliar y el paso a la siguiente fase.
26
ARTÍCULO 262, C.P.C. En todo juicio civil, en que legalmente sea admisible la
transacción, con excepción de los juicios o procedimientos especiales de que
tratan los Títulos I, II, III, V y XVI del Libro III, una vez agotados los trámites de
discusión y siempre que no se trate de los casos mencionados en el artículo
313, el juez llamará a las partes a conciliación y les propondrá personalmen-
te bases de arreglo.
Para tales efectos, las citará a una audiencia para un día no anterior al quinto
ni posterior al decimoquinto contado desde la fecha de notificación de la re-
solución. Con todo, en los procedimientos que contemplan una audiencia
para recibir la contestación de la demanda, se efectuará también en ella la
diligencia de conciliación, evacuado que sea dicho trámite.
El precedente llamado a conciliación no obsta a que el juez pueda, en cual-
quier estado de la causa, efectuar la misma convocatoria, una vez evacuado
el trámite de contestación de la demanda.
27
ARTÍCULO 263, C.P.C. El juez obrará como amigable componedor. Tratará de
obtener un avenimiento total o parcial en el litigio. Las opiniones que emita
no lo inhabilitan para seguir conociendo de la causa.

14. b. Si este es el caso, será el secretario del tribunal
quien certifique el fracaso de la conciliación, y, con
el mérito de dicho certificado, el juicio continuará.
c. El juez puede citar más tarde a una audiencia de
conciliación, si lo estima necesario.

15. PRUEBA
Día 48 RESOLUCIÓN QUE RECIBE
LA CAUSA A PRUEBA
El siguiente paso es el examen de la causa por parte del juez28
.
El juez examinará si hay una controversia entre las partes, que
nazca de todos los escritos que se hayan originado en la fase
de discusión. Ante este examen, tiene las siguientes opciones.
1. Si no hay controversia, el juez simplemente citará a las
partes a oír sentencia. Aquí esta resolución tiene la natu-
raleza de SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE SEGUNDO GRADO, por
ser esta una resolución que niega la recepción de la causa
a prueba
29
. El juez declarará que no hay controversia en
los siguientes casos.
a. Cuando el demandado se haya allanado por com-
pleto a la pretensión del demandante.
b. Cuando el demandado no controvierta de manera
clara y sustancial los fundamentos de hecho y de
derecho que el demandante invoca en su demanda.
c. Cuando las partes pidan que se falle el pleito sin
más trámite. Aquí el juez fallará con el sólo mérito
de lo que hayan expuesto las partes en sus escritos
de la fase de discusión, sin aceptar más pruebas que
las ofrecidas con ellos, ya que eso es lo que quieren.
Aquí, por eso, la resolución que cita a las partes a oír
sentencia no es apelable.
2. Si hay controversia, el juez recibirá la causa a prueba.
a. Los requisitos que tiene que tener la resolución que
recibe la causa a prueba son:
i. La mención de que se recibe la causa a prueba.
Esto, que puede parecer obvio, es en realidad
muy importante. Tanto, que su omisión es cau-
sa de una eventual presentación de un recurso
de casación en la forma, porque es un trámite
esencial.
ii. La fijación de los hechos sustanciales, perti-
nentes y controvertidos. Esta es la verdadera
28
ARTÍCULO 318, C.P.C. Concluidos los trámites que deben preceder a la prue-
ba, ya se proceda con la contestación expresa del demandado o en su rebeld-
ía, el tribunal examinará por sí mismo los autos y si estima que hay o puede
haber controversia sobre algún hecho substancial y pertinente en el juicio,
recibirá la causa a prueba y fijará en la misma resolución los hechos substan-
ciales controvertidos sobre los cuales deberá recaer.
Sólo podrán fijarse como puntos de pruebas los hechos substanciales contro-
vertidos en los escritos anteriores a la resolución que ordena recibirla.
29
ARTÍCULO 326, C.P.C. Es apelable la resolución en que explícita o implícita-
mente se niegue el trámite de recepción de la causa a prueba, salvo el caso
del inciso 2° del artículo 313. Es apelable sólo en el efecto devolutivo la que
acoge la reposición a que se refiere el artículo 319.
Son inapelables la resolución que dispone la práctica de alguna diligencia
probatoria y la que da lugar a la ampliación de la prueba sobre hechos nuevos
alegados durante el término probatorio.
naturaleza de la controversia que se procederá
a probar, naturaleza que debe emanar de los
escritos presentados por las partes durante la
fase de discusión.
1. Un hecho sustancial es aquel que integra
de manera tan esencial el conflicto, que sin
su prueba no puede adoptarse decisión al-
guna.
2. Un hecho pertinente es aquel que, sin inte-
grar el conflicto de manera esencial, es re-
levante para la resolución de éste.
3. Un hecho controvertido es el hecho sobre el
cual existe una discrepancia entre las partes
acerca de su existencia, o de la forma en
que ha acaecido.
iii. Menciones de menor importancia. Son.
1. La mención del plazo por el cual se recibirá
la causa a prueba. Esto no es necesario, ya
que el legislador lo fija, pero es una cos-
tumbre.
2. La mención del día y la hora donde los tes-
tigos serán recibidos a declarar. Si esto se
omite aquí, las partes deberán pedir que
esto se determine, en escrito separado.
b. La resolución que recibe la causa a prueba es una
SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE SEGUNDO GRADO, con un
régimen especial de recursos.
i. Procede contra ella el recurso de reposición
con apelación en subsidio, en el solo efecto
devolutivo. Esto es anormal, puesto que este
recurso no es el que procede contra una sen-
tencia interlocutoria.
ii. Este recurso buscará aquí lo siguiente:
1. Agregar nuevos hechos sustanciales, per-
tinentes y controvertidos.
2. Eliminar un hecho que se considere que no
es sustancial, pertinente o controvertido.
3. Modificar un hecho sustancial, pertinente
y controvertido de los señalados por el tri-
bunal30
.
iii. Este recurso tiene 3 días de plazo para ser de-
ducido. Cuando procede este régimen de recur-
30
ARTÍCULO 319, C.P.C. Las partes podrán pedir reposición, dentro de tercero
día, de la resolución a que se refiere el artículo anterior. En consecuencia,
podrán solicitar que se modifiquen los hechos controvertidos fijados, que se
eliminen algunos o que se agreguen otros.
El tribunal se pronunciará de plano sobre la reposición o la tramitará como
incidente.
La apelación en contra de la resolución del artículo 318 sólo podrá interponerse
en el carácter de subsidiaria de la reposición pedida y para el caso de que ésta
no sea acogida. La apelación se concederá sólo en el efecto devolutivo.

16. sos, que es contra los autos y decretos, el plazo
es de 5 días.
iv. Si el recurso de reposición es rechazado, pero la
apelación en subsidio en el solo efecto devolu-
tivo es acogida, y ya ha transcurrido el término
probatorio, el tribunal abre un término espe-
cial de prueba de hasta 8 días
31
, si es necesario
probar nuevos hechos.
c. La resolución que recibe la causa a prueba se notifi-
ca a las partes por cédula
32
, por disposición expresa.
Si surgen hechos nuevos que sean sustanciales, pertinentes y
controvertidos durante el término de prueba, se puede pedir
la ampliación de la prueba33
respecto de ellos. Esto proce-
derá:
1. Si dichos hechos son enteramente nuevos y ocurren du-
rante el término probatorio.
2. Si estos hechos son anteriores al término probatorio, pe-
ro sólo en el momento en que se pide la ampliación son
conocidos de la parte que la pide.
La ampliación de la prueba se tramita así.
1. Se presenta un escrito ante el tribunal, solicitándola. Si se
invoca la segunda causal, la parte debe jurar que los
31
ARTÍCULO 339, C.P.C. El término de prueba no se suspenderá en caso alguno,
salvo que las partes lo pidan. Los incidentes que se formulen durante dicho
término o que se relacionen con la prueba, se tramitarán en cuaderno sepa-
rado.
Si durante él ocurren entorpecimientos que imposibiliten la recepción de la
prueba, sea absolutamente, sea respecto de algún lugar determinado, podrá
otorgarse por el tribunal un nuevo término especial por el número de días
que haya durado el entorpecimiento y para rendir prueba sólo en el lugar a
que dicho entorpecimiento se refiera.
No podrá usarse de este derecho si no se reclama del obstáculo que impide la
prueba en el momento de presentarse o dentro de los tres días siguientes.
Deberá concederse un término especial de prueba por el número de días que
fije prudencialmente el tribunal, y que no podrá exceder de ocho, cuando
tenga que rendirse nueva prueba, de acuerdo con la resolución que dicte el
tribunal de alzada, acogiendo la apelación subsidiaria a que se refiere el artí-
culo 319. Para hacer uso de este derecho no se necesita la reclamación orde-
nada en el inciso anterior. La prueba ya producida y que no esté afectada por
la resolución del tribunal de alzada tendrá pleno valor.
32
ARTÍCULO 48, C.P.C. Las sentencias definitivas, las resoluciones en que se
reciba a prueba la causa, o se ordene la comparecencia personal de las par-
tes, se notificarán por medio de cédulas que contengan la copia íntegra de la
resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia.
Estas cédulas se entregarán por un ministro de fe en el domicilio del notifica-
do, en la forma establecida en el inciso 2° del artículo 44.
Se pondrá en los autos testimonio de la notificación con expresión del día y
lugar, del nombre, edad, profesión y domicilio de la persona a quien se haga
la entrega. El procedimiento que establece este artículo podrá emplearse,
además, en todos los casos que el tribunal expresamente lo ordene.
33
ARTÍCULO 321, C.P.C. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es ad-
misible la ampliación de la prueba cuando dentro del término probatorio ocu-
rre algún hecho substancialmente relacionado con el asunto que se ventila.
Será también admisible la ampliación a hechos verificados y no alegados an-
tes de recibirse a prueba la causa, con tal que jure el que los aduce que sólo
entonces han llegado a su conocimiento.
hechos invocados han llegado en ese momento a su co-
nocimiento y no antes.
2. El tribunal da tramitación incidental al escrito, proveyen-
do traslado.
3. La contraparte, evacuando el traslado, también puede
alegar hechos nuevos en su favor, bajo las mismas condi-
ciones anteriores
34
.
Día 48 TÉRMINO PROBATORIO
El término probatorio es el periodo o espacio de tiempo que
la ley señala a las partes para rendir prueba en el juicio y, par-
ticularmente, para rendir la prueba testimonial, como para
ofrecer las pruebas si no hubieren sido pedidas con anteriori-
dad a su iniciación.
CARACTERÍSTICAS.
1. Plazo legal. Su duración se establece en la ley y es, en el
juicio ordinario, de 20 días, salvo acuerdo en contrario de
las partes que lo reduzca, suspenda o elimine.
2. Plazo común. Corre para todas las partes desde la última
notificación por cédula de la resolución que recibe la cau-
sa a prueba.
3. Plazo fatal. Una vez transcurrido, se producen los siguien-
tes efectos.
a. Los testigos no pueden declarar fuera del término
probatorio. El término probatorio es fatal para la
recepción de la prueba testimonial.
b. Precluyen todos los derechos para solicitar todas
las diligencias probatorias que restan. A diferencia
de la prueba testimonial, las diligencias probatorias
correspondientes a otros medios de prueba pueden
ser llevadas adelante fuera del término probatorio,
pero deben ser pedidas dentro de éste.
c. A su vencimiento precluye el derecho para presen-
tar prueba instrumental. Como se verá, la prueba
de instrumentos puede ser presentada desde la de-
manda misma, hasta el vencimiento del término
probatorio.
34
ARTÍCULO 322, C.P.C. Al responder de otra parte el traslado de la solicitud de
ampliación, podrá también alegar hechos nuevos que reúnan las condiciones
mencionadas en el artículo anterior, o que tengan relación con los que en
dicha solicitud se mencionan.
El incidente de ampliación se tramitará en conformidad a las reglas generales,
en ramo separado, y no suspenderá el término probatorio.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo que el artículo 86
establece.

17. La CLASIFICACIÓN del término probatorio es legal35
, existien-
do término probatorio ordinario, extraordinario, y términos
probatorios especiales.
TÉRMINO PROBATORIO ORDINARIO
Es el periodo de prueba de aplicación general, y, en el juicio
ordinario de mayor cuantía, dura 20 días.
Las únicas modificaciones que puede recibir dependen de la
voluntad de las partes. Respecto a él, ellas pueden, de común
acuerdo:
 Reducirlo, a lo que ellas deseen.
 Renunciar a él. Esto ocurrirá cuando las partes, luego de
la resolución que recibe la causa a prueba, piden que la
causa sea fallada sin más trámite, de común acuerdo.
 Demorar su inicio, o suspenderlo en su transcurso.
TÉRMINO PROBATORIO EXTRAORDINARIO
Una vez se pide, su duración es la que corresponde al aumen-
to de la tabla de emplazamiento, cuando esto procede, au-
mento que se agrega al término probatorio ordinario de 20
días, sin solución de continuidad.
Los casos en que se concede están directamente ligados a la
aplicabilidad de la tabla de emplazamiento, y dependen del
lugar donde deba ser efectuada la diligencia probatoria que se
pide.
 Cuando la prueba debe ser rendida fuera del territorio
donde el tribunal es competente, pero dentro de la ju-
risdicción del tribunal.
 Cuando la prueba debe ser rendida fuera de la jurisdic-
ción del tribunal, esto es, fuera de Chile.
El término probatorio extraordinario sólo procede en el juicio
ordinario civil de mayor cuantía, y en todos los procedimien-
tos donde una norma específica establezca su procedencia.
De esta forma, procede en los siguientes juicios.
 Juicio de menor cuantía36
. Aquí el término probatorio
ordinario es de 15 días, y la duración del término ordina-
35
ARTÍCULO 328, C.P.C. Para rendir prueba dentro del territorio jurisdiccional
del tribunal en que se sigue el juicio tendrán las partes el término de veinte
días.
Podrá, sin embargo, reducirse este término por acuerdo unánime de las partes.
36
ARTÍCULO 698, C.P.C. Los juicios de más de diez unidades tributarias mensua-
les y que no pasen de quinientas unidades tributarias mensuales, y que no
tengan señalado en la ley un procedimiento especial, se someterán al proce-
dimiento ordinario de que trata el Libro II con las modificaciones siguientes:
1. Se omitirán los escritos de réplica y dúplica.
rio con el aumento del extraordinario no puede superar
los 20 días.
 Juicio sumario. Aquí el término probatorio ordinario es el
de los incidentes, que es 8 días, y la duración del término
ordinario con el aumento del extraordinario no puede
superar los 30 días.
 Juicio de hacienda. Se sujeta a si procediera la ampliación
si el Fisco no fuera parte.
 Juicios sobre cuentas.
 Juicios sobre cobro de honorarios.
 Juicios seguidos ante árbitros de derecho. Se sujeta a si
el juicio fuera seguido ante jueces ordinarios.
 Juicio ejecutivo. El término probatorio es de 10 días y la
duración del término probatorio más el aumento del
término extraordinario no puede superar los 20 días. Sólo
el ejecutante puede pedir aumento.
El término probatorio extraordinario se concede de la siguien-
te manera.
1. Dentro del término probatorio ordinario, el interesado
presentará una solicitud, donde pedirá la ejecución de la
diligencia probatoria para la cual el término extraordina-
rio se requiere.
2. Si la diligencia se desea fuera del territorio donde el tri-
bunal es competente, pero dentro de Chile, el tribunal
simplemente concederá la diligencia y el término extra-
ordinario, salvo que tuviere motivo para temer que la di-
Si se deduce reconvención, se dará traslado de ella al demandante por
seis días, y con lo que éste exponga o en su rebeldía, se recibirá la causa a
prueba;
2. El término para contestar la demanda será de ocho días, que se aumen-
tará de conformidad a la tabla de emplazamiento. Este aumento no
podrá exceder de veinte días, y no regirá para estos juicios la disposición
del inciso 2° del artículo 258.
En el caso del artículo 308 [RECONVENCIÓN], el plazo para contestar la de-
manda será de seis días;
3. Se citará a la audiencia de conciliación para un día no anterior al tercero
ni posterior al décimo contado desde la fecha de notificación de la reso-
lución.
4. El término de prueba será de quince días y podrá aumentarse, extraor-
dinariamente, de conformidad a lo dispuesto en el número anterior;
5. El término a que se refiere el artículo 430 [OBSERVACIONES A LA PRUEBA]
será de seis días;
6. La sentencia se dictará dentro de los quince días siguientes al de la últi-
ma notificación de la resolución que cita a las partes para oírla; y
7. Deducida apelación contra resoluciones que no se refieran a la compe-
tencia o a la inhabilidad del tribunal, ni recaigan en incidentes sobre
algún vicio que anule el proceso, el juez tendrá por interpuesto el recur-
so para después de la sentencia que ponga término al juicio. El apelante
deberá reproducirlo dentro de los cinco días subsiguientes al de la notifica-
ción de la sentencia y en virtud de esta reiteración, lo concederá el tribunal.
En los casos de excepción a que se refiere el inciso anterior de este
número, como también en los incidentes sobre medidas prejudiciales o
precautorias, el recurso se concederá al tiempo de su interposición.

18. ligencia se pide con el exclusivo fin de dilatar el juicio37
.
Esta resolución se provee con citación.
3. Si la diligencia probatoria se desea fuera de Chile, se se-
guirán los siguientes trámites.
a. Se requiere que la solicitud anterior acompañe an-
tecedentes suficientes que acrediten la existencia de
testigos en el extranjero o de los hechos o cosas
fuente de prueba. Se debe acreditar que la diligen-
cia a realizar en el extranjero es necesaria.
b. La resolución que concede la medida probatoria en
el extranjero se concede con audiencia. Esto es, se
abre un incidente de manera forzosa, proveyendo el
tribunal, junto con la concesión de la medida, “Tras-
lado” a la contraparte.
c. Una vez evacuado el traslado, recibido el incidente a
prueba con los antecedentes acompañados y con
otros si son necesarios, y fallado el incidente gene-
rado a favor de la parte solicitante, ella debe depo-
sitar en la cuenta del tribunal una garantía que va-
riará entre medio y dos sueldos vitales, determina-
da por el juez.
d. Una vez efectuada la diligencia, si se produce una de
las tres cosas siguientes, la caución anterior quedará
a beneficio del Fisco y no será devuelta.
i. La parte solicitante no ha hecho diligencia al-
guna para rendir la prueba solicitada.
ii. Los testigos señalados no conocen los hechos ni
se han hallado en situación de conocerlos.
iii. Los testigos o documentos nunca existieron en
el país donde las diligencias fueron pedidas.
Si la prueba producida como resultado de un término proba-
torio extraordinario es impertinente, o si la prueba en virtud
de la cual se pidió término extraordinario no se rinde, la parte
que solicitó el término extraordinario debe pagar a la contra-
ria todos los gastos que le significó presenciar la prueba falli-
da, condena que será parte de la sentencia definitiva.
TÉRMINOS PROBATORIOS ESPECIALES
Se conceden en los siguientes casos.
 [339 INCISO 2º] Entorpecimiento. Se concede por el núme-
ro de días que haya durado el entorpecimiento, en el lu-
gar a que dicho entorpecimiento se refiera.
 Requiere que el entorpecimiento no haya sucedido
por culpa de quien presenta la prueba.
37
ARTÍCULO 330, C.P.C. El aumento extraordinario para rendir prueba dentro
de la República se concederá siempre que se solicite, salvo que haya justo
motivo para creer que se pide maliciosamente con el solo propósito de demo-
rar el curso del juicio.
 El término probatorio especial debe ser solicitado
por el interesado en el acto de su presentación o en
los 3 días siguientes a la fecha en que la prueba de-
bió haber sido recibida.
 La solicitud se tramita en cuaderno separado.
 [339 INCISO FINAL] Agregación de hechos adicionales o
modificación de los existentes, apelación subsidiaria
concedida ante rechazo de la reposición presentada res-
pecto de la resolución que recibe la causa a prueba. En
este caso no es necesario pedir el término especial, pues
el juez lo deberá conceder por el tiempo que él estime
necesario. Este plazo no puede exceder de 8 días.
 [340 INCISO FINAL] Inasistencia del juez de la causa. Si el
juez es quien no asiste a la diligencia probatoria que se ha
pedido:
 El secretario certificará este hecho ante la petición
verbal de cualquiera de las partes.
 El juez debe fijar nuevo día y hora para la recepción
de la prueba.
 [402 INCISOS 2º Y 3º] Prueba del error de hecho de la con-
fesión de parte. La única prueba que es capaz de destruir
una confesión, como se verá, es el haber sido realizada
ésta bajo el error de hecho del confesante, o no corres-
ponder ésta a hechos personales del confesante.
 Esta prueba debe ser realizada dentro del término
probatorio ordinario. El juez concederá este plazo
especial si el término probatorio ordinario ha termi-
nado, y si lo estima conveniente.
 [159 INCISO 3º] Medidas para mejor resolver. Si es necesa-
rio el esclarecimiento de un hecho relativo a las medidas
para mejor resolver que el tribunal dictará, más adelante,
en la causa, el juez puede abrir un término probatorio de
hasta 8 días, que versará sobre lo que él decida.
MEDIOS DE PRUEBA
Medio de prueba es la herramienta procesal a través de la
cual se aporta un elemento de hecho al proceso, por las partes
o por el tribunal actuando de oficio, y que sirve para conven-
cer al juez de la existencia de un dato procesal.
La doctrina distingue entre medio de prueba, que es la
herramienta procesal consistente en la solicitud que se hace
ante el tribunal, la ejecución de la diligencia probatoria pro-
piamente tal, más el hecho en sí, y fuente de prueba, que es
el hecho que será integrado al proceso a través de un medio
de prueba.

19. CLASIFICACIÓN
SEGÚN LA NATURALEZA DEL CONTACTO ENTRE LA PRUEBA Y
EL JUEZ, EN EL MOMENTO DE SU GENERACIÓN.
 Pruebas directas: Son aquellas que permiten al juez for-
marse su convicción mediante la observación directa del
hecho. El único ejemplo de esto en el juicio civil actual-
mente vigente es la inspección personal del tribunal.
 Pruebas indirectas: Son aquellas en que son necesarios
otros medios, la intervención de terceros, o ambos, para
formar la convicción del juez.
SEGÚN EL MOMENTO EN QUE SE ORIGINAN.
 Pruebas pre-constituidas. Son aquellas que poseen un
valor probatorio que nace con anterioridad al juicio. Es el
caso de los instrumentos públicos.
 Pruebas circunstanciales. Son aquellas cuyo valor proba-
torio nace con el juicio. Es el caso de la confesión.
SEGÚN SU EFICACIA.
 Prueba plena. Es aquella que es capaz de probar por sí
misma un hecho, reuniendo los requisitos legales.
 Prueba semiplena. Es aquella que no es capaz de probar
por sí misma un hecho, requiriendo de otras pruebas pa-
ra lograrlo, aún cumpliendo los requisitos legales.
SEGÚN LA RELACIÓN QUE TENGAN CON EL CONFLICTO.
 Pruebas pertinentes. Son aquellas que guardan relación
con los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos
del proceso.
 Pruebas impertinentes. Son aquellas que, por no guardar
relación alguna con los hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos del proceso, deben ser desechadas.
SEGÚN SU EFECTIVIDAD PARA PROBAR UN HECHO.
 Prueba idónea. Es aquella que puede producir en el juez
la certeza o la influencia que se espera a favor de la parte
que la ofrece.
 Prueba ineficaz. Es aquella que es inadecuada para pro-
ducir en el juez certeza o influencia alguna, por ser in-
apropiado el medio de prueba escogido para ello.
Existen tres tipos distintos de sistemas probatorios en el
mundo, acordes con los diferentes sistemas procesales exis-
tentes. Ellos tienen formas distintas de tratar los medios de
prueba.
En Chile el sistema usado es la enumeración taxativa de los
medios de prueba admisibles, y la determinación legal de
cada uno de ellos. Esto se denomina sistema de prueba legal
tasada, y significa que el juez no tiene control sobre la validez
de cada prueba que se presenta, estando dicha validez prefi-
jada de antemano por la ley.
También significa que sólo los medios de prueba señalados en
la ley tienen validez, lo que ha traído grandes problemas res-
pecto de medios de prueba tan “nuevos” como el teléfono,
que el legislador procedimental civil de 1906, obviamente,
desconocía, ya que en ese entonces no habían llegado a Chile
o simplemente no existían.
Los medios de prueba que admite nuestra ley son:
 Prueba de instrumentos.
 Confesión de parte.
 Prueba de testigos.
 Inspección personal del tribunal.
 Informe de peritos.
 Presunciones.
PRUEBA DE INSTRUMENTOS
En un sentido amplio, documento es todo objeto, normalmen-
te escrito, en cuyo texto se consigna o representa alguna cosa
apta para esclarecer un hecho o se deja constancia de una
manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos.
Este es el concepto que usa la Ley 19.799 sobre Documentos
Electrónicos. Según ella, documento electrónico es toda re-
presentación de un hecho, imagen o idea que sea creada, en-
viada, comunicada o recibida por medios electrónicos, y alma-
cenada de un modo idóneo para permitir su uso posterior.
Sin embargo, la historia de la ley y las concordancias con el
Código Civil dicen otra cosa, que los documentos son los ins-
trumentos, de papel y escritos. La ley usa indistintamente las
expresiones “documentos” e “instrumentos” sin hacer esta
diferencia, por lo que una grabación no tiene, en principio,
validez como instrumento.
Sin embargo, al menos si el medio es electrónico, tanto do-
cumentos electrónicos privados como públicos, de cualquier
clase, pueden ser acompañados como instrumento.
La prueba documental es un medio de prueba pre-constituido,
indirecta, y que produce generalmente plena prueba si se reú-
nen los requisitos que el legislador establece al efecto, a través
del cual se introduce al proceso un instrumento.

20. CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
SEGÚN EL MOTIVO DE SU OTORGAMIENTO.
 Instrumento ad probationem. Es el instrumento otorga-
do con el fin de dar cuenta de la existencia de un acto.
 Instrumento ad solemnitatem. Es el instrumento otorga-
do por las partes como requisito de validez del acto jurí-
dico celebrado. Por ello, aquí el acto y el instrumento
que es su solemnidad se confunden y la falta del instru-
mento genera la nulidad absoluta del acto jurídico.
SEGÚN SU RELACIÓN CON LA PRETENSIÓN INVOCADA.
 Instrumento fundante. [MOSQUERA] Es aquel instrumento
que deja constancia de los fundamentos jurídicos inme-
diatos de las acciones o excepciones ejercitadas.
 Instrumento probatorio. Son los instrumentos que sólo
pretenden justificar la existencia de la acción o excepción
ejercitada.
Esta clasificación dejó de tener mayor relevancia práctica des-
de que se dejó de exigir que el demandante y el demandado
acompañaran con su demanda y su contestación los instru-
mentos fundantes de ellas.
SEGÚN SU NATURALEZA JURÍDICA.
 Instrumento público. Es el instrumento autorizado con las
solemnidades legales por el funcionario competente
38
.
 El instrumento público tiene una presunción de au-
tenticidad en su favor. Esto lo hace una prueba pre-
constituida, y tiene el efecto práctico de revertir la
carga de la prueba en contra de la parte contra
quien se presenta.
 Se acompaña al proceso de una manera especial.
Esta forma es con citación y con apercibimientos
especiales donde no se debe probar la autenticidad
del instrumento, sino simplemente los hechos que
le confieren valor en juicio de instrumento público.
 Instrumento privado. Es el instrumento donde no concu-
rren estas solemnidades.
38
ARTÍCULO 1.699, CÓDIGO CIVIL. Instrumento público o auténtico es el autori-
zado con las solemnidades legales por el competente funcionario.
Otorgado ante escribano [notario] e incorporado en un protocolo o registro
público, se llama escritura pública.
INSTRUMENTOS PÚBLICOS
REQUISITOS DE VALIDEZ
1. Ser autorizados por un funcionario. Si no son autorizados
por un funcionario, los instrumentos públicos son nulos.
Aquí funcionario se refiere a funcionario público, y osten-
ta esa calidad la persona que:
a. Ha sido investida39
regularmente. Esto es, ha sido
provista de su cargo de manera legal.
b. No ha sido inhabilitado o suspendido para el ejerci-
cio de sus funciones.
c. Hay casos límite, en los cuales los instrumentos ex-
pedidos son válidos por lo que se llama error común,
que es una construcción jurisprudencial.
i. Si la investidura del funcionario está afecta a
nulidad de derecho público y éste expide ins-
trumentos públicos entre la fecha en que es in-
vestido y la fecha en que la nulidad es declara-
da, los instrumentos públicos valen40
.
ii. Si el funcionario ha sido válidamente investi-
do, demuestra su investidura, y luego se com-
prueba que estaba inhabilitado o suspendido,
el instrumento público vale por error común.
2. Ser autorizados por un funcionario competente. La com-
petencia de un funcionario público está determinada por
lo siguiente:
a. Tener el funcionario el mandato legal para otorgar
instrumentos públicos, y para dar fe de ellos.
b. Actuar el funcionario dentro del territorio para el
cual sus funciones han sido asignadas.
3. Ser otorgados con las correspondientes solemnidades
legales. Esto variará de acuerdo con el instrumento
público de que se trate.
39
ARTÍCULO 7º, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. Los órganos del Estado
actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de
su competencia y en la forma que prescriba la ley.
Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atri-
buirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o
derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la
Constitución o las leyes.
Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabi-
lidades y sanciones que la ley señale.
40
ARTÍCULO 63, LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE BASES GENERALES DE LA ADMINIS-
TRACIÓN DEL ESTADO. La designación de una persona inhábil será nula. La invali-
dación no obligará a la restitución de las remuneraciones percibidas por el
inhábil, siempre que la inadvertencia de la inhabilidad no le sea imputable.
La nulidad del nombramiento en ningún caso afectará la validez de los actos
realizados entre su designación y la fecha en que quede firme la declaración
de nulidad. Incurrirá en responsabilidad administrativa todo funcionario que
hubiere intervenido en la tramitación de un nombramiento irregular y que
por negligencia inexcusable omitiere advertir el vicio que lo invalidaba.

21. VALOR PROBATORIO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO
1. Enunciaciones básicas. El instrumento público prueba
con fuerza de plena prueba, respecto tanto de las partes
como de terceros, lo siguiente:
a. El hecho mismo de haberse otorgado.
b. Su fecha.
c. El hecho de haber formulado las partes las declara-
ciones que el instrumento contiene.
2. Declaraciones del instrumento. Aquí la fuerza probatoria
variará dependiendo de si hablamos de las partes, o de
terceros que deseen invocar el instrumento.
a. Declaraciones del funcionario. Se debe distinguir.
i. Declaraciones respecto de hechos propios del
funcionario. Ellas constituyen plena prueba
respecto tanto de partes como de terceros.
ii. Declaraciones respecto de hechos que el fun-
cionario ha comprobado por medios que la ley
otorga. Plena prueba respecto de todos.
iii. Declaraciones respecto de hechos que el fun-
cionario ha comprobado usando sus sentidos.
Plena prueba respecto de todos.
iv. Declaraciones respecto de hechos que el fun-
cionario ha comprobado basándose en dichos
de otras personas. Sólo puede ser base de una
presunción judicial.
v. Declaraciones que constituyen juicios o apre-
ciaciones del funcionario. Sólo pueden ser ba-
se de presunción judicial.
b. Declaraciones de las partes. Ellas no constituyen
plena prueba respecto de los terceros. Aquí se debe
distinguir entre:
i. Declaraciones dispositivas. Son las declaracio-
nes que constituyen los elementos esenciales
del acto jurídico que las partes han querido
concluir. Ellas no hacen plena fe sino contra los
declarantes
41
. Esto es, tienen mérito de plena
prueba entre las partes que suscriben el ins-
trumento. Ante terceros, son base de presun-
ción, debiendo los terceros probar su falsedad.
ii. Enunciaciones relacionadas con lo dispositivo.
Son hechos que precisan la causa de lo disposi-
41
ARTÍCULO 1.700, CÓDIGO CIVIL. El instrumento público hace plena fe en cuan-
to al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de
las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. En esta parte no
hace plena fe sino contra los declarantes.
Las obligaciones y descargos contenidos en él hacen plena prueba respecto
de los otorgantes y de las personas a quienes se transfieran dichas obligacio-
nes y descargos por título universal o singular.
tivo o modifican su efecto jurídico. Su valor es
igual al de las declaraciones dispositivas42
.
iii. Simples enunciaciones. Son meras circunstan-
cias accidentales que rodean el acto o contrato
que se ha querido perfeccionar. Ante terceros
no producen prueba, y entre partes sólo pue-
den constituir, cumpliendo los requisitos para
ello, una confesión extrajudicial que será pon-
derada como presunción grave por haber sido
prestada frente a la parte que la invoca.
IMPUGNACIÓN DEL INSTRUMENTO PÚBLICO
El instrumento público está recubierto con una presunción de
autenticidad. Ella cubrirá al instrumento público siempre que
los siguientes elementos no sean impugnados:
1. El haber sido autorizado realmente por el funcionario
que aparece, siguiendo las formalidades legales.
2. El haber sido el instrumento otorgado realmente por las
personas que ahí aparecen.
3. El haber declarado las partes efectivamente lo que el ins-
trumento consigna.
El instrumento es impugnable por las siguientes causas.
1. Nulidad del instrumento público. Ella se relaciona con
que los requisitos de validez mencionados anteriormente,
esto es, ser autorizado por un funcionario, competente, y
ciñéndose al procedimiento legal, no sean cumplidos.
a. La prueba testimonial está excluida cuando se trata
de probar una obligación que debió haberse consig-
nado por escrito, pero no se excluye al momento de
probar la nulidad del instrumento. Eso es porque,
para probar su nulidad, se debe demostrar la falta
de los requisitos antes señalados, no la existencia o
no de una obligación.
b. Si el instrumento público ha sido otorgado como so-
lemnidad del acto o contrato, la nulidad del instru-
mento traerá consigo la nulidad absoluta del acto43
.
42
ARTÍCULO 1.706, CÓDIGO CIVIL. El instrumento público o privado hace fe entre
las partes aun en lo meramente enunciativo, con tal que tenga relación dire-
cta con lo dispositivo del acto o contrato.
43
ARTÍCULO 1.682, CÓDIGO CIVIL. La nulidad producida por un objeto o causa
ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad
que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en conside-
ración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que
los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.
Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolu-
tamente incapaces.
Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la
rescisión del acto o contrato.

22. c. Si el instrumento público ha sido otorgado a modo
de prueba del acto, y es declarado nulo por un vicio
de forma, vale como instrumento privado.
2. Instrumento público falso. Esto se relaciona con el haber
sido realmente otorgado el instrumento por quienes apa-
recen. Si esto no es así, el instrumento debe caer.
a. Esto puede ser materia de una infracción penal. Los
tipos penales corresponden a las variantes del delito
de falsificación de instrumento público44
.
b. Para que una escritura pública pueda ser declarada
falsa con testigos, se necesitan:
i. 5 testigos.
ii. Que todos ellos tengan el máximo valor probato-
rio admisible para los testigos, y estén contestes
en el hecho y sus características esenciales.
iii. Los testigos deben acreditar que quien dice
haber firmado la escritura, o el notario, ha
muerto o no ha estado en el lugar el día del
otorgamiento y en los 70 días subsiguientes.
c. De acuerdo con la doctrina, la impugnación por falta
de autenticidad del instrumento es la única que
puede ser reclamada dentro del término de cita-
ción de 3 días, por vía incidental. Tanto la falsedad
de las declaraciones del instrumento, como la nuli-
dad de éste, requieren juicios de lato conocimiento.
3. Falsedad de las declaraciones del instrumento público.
Esto apunta a si las partes han declarado o no lo que el
instrumento público consigna. A diferencia de las anterio-
res, aquí no se busca impugnar el instrumento, sino que
se intenta impugnar el contenido del instrumento.
a. Las partes sólo pueden impugnar el contenido del
instrumento con plenas pruebas. Si bien el instru-
mento público tiene la eficacia que ya se vio respec-
to de las partes, una plena prueba puede ser des-
truida con otra plena prueba en su contra.
44
ARTÍCULO 193, CÓDIGO PENAL. Será castigado con presidio menor en su grado
máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abu-
sando de su oficio, cometiere falsedad:
1. Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica.
2. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido.
3. Atribuyendo a los que han intervenido en él declaraciones o manifesta-
ciones diferentes de las que hubieren hecho.
4. Faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales.
5. Alterando las fechas verdaderas.
6. Haciendo en documento verdadero cualquiera alteración o intercalación
que varíe su sentido.
7. Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, o manifes-
tando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero
original.
8. Ocultando en perjuicio del Estado o de un particular cualquier documen-
to oficial.
ARTÍCULO 194, CÓDIGO PENAL. El particular que cometiere en documento públi-
co o auténtico alguna de las falsedades designadas en el artículo anterior,
sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.
b. El motivo de la prueba en contra del instrumento
entre partes será la existencia de error, dolo o si-
mulación en el instrumento mismo.
c. Los terceros pueden atacar por falsedad la veraci-
dad de las declaraciones contenidas en el instru-
mento, probando contra ellas. Se pueden valer de
todos los medios de prueba que la ley permite.
TIPOS DE INSTRUMENTO PÚBLICO
Existen diversos tipos de instrumentos públicos, siendo el más
importante de ellos la escritura pública. Sin embargo, no sólo
las escrituras públicas son instrumentos públicos. Además,
existen los siguientes:
 Copias autorizadas por la Secretaría Municipal de docu-
mentos del archivo municipal. El secretario municipal es
el ministro de fe que autoriza todas las actuaciones del
municipio45
.
 Certificados de dominio vigente, hipotecas y gravámenes,
y de prohibiciones e interdicciones otorgados por el Con-
servador de Bienes Raíces.
 Copia de la demanda que el receptor otorga al notificarla.
 Las partidas o certificados de nacimiento, matrimonio o
defunción, otorgadas por el Oficial del Registro Civil.
ESCRITURAS PÚBLICAS.
La escritura pública es el instrumento público o auténtico,
otorgado con las solemnidades que fija la ley por el competen-
te notario, e incorporado a su protocolo o registro público46
.
REQUISITOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA
1. Ser otorgadas por notario competente. Según la ley, el
funcionario que debe otorgar las escrituras públicas es el
notario.
a. Los notarios son funcionarios auxiliares de la admi-
nistración de justicia, y sus funciones47
principales
45
Véase el artículo 20, letra b, de la LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPA-
LIDADES.
46
ARTÍCULO 403, C.O.T. Escritura pública es el instrumento público o auténtico
otorgado con las solemnidades que fija esta ley, por el competente notario, e
incorporado en su protocolo o registro público.
47
ARTÍCULO 401, C.O.T. Son funciones de los notarios:
1. Extender los instrumentos públicos con arreglo a las instrucciones que,
de palabra o por escrito, les dieren las partes otorgantes;
2. Levantar inventarios solemnes;
3. Efectuar protestos de letras de cambio y demás documentos mercantiles;
4. Notificar los traspasos de acciones y constituciones y notificaciones de
prenda que se les solicitaren;

23. son otorgar escrituras públicas, y servir de ministro
de fe cuando la ley no contemple otro, entre otras.
b. Su territorio de competencia corresponde al terri-
torio jurisdiccional del tribunal donde la notaría
tiene su asiento.
c. Si el notario autorizare escrituras públicas estando
inhabilitado o suspendido, ellas no son válidas.
d. Si el notario autorizare escrituras públicas a favor de
sí mismo o de sus parientes, ellas no son válidas48
.
2. Ser otorgadas con las solemnidades legales. El procedi-
miento de las escrituras públicas se verá a continuación.
3. Ser incorporada a un registro público o protocolo. El pro-
tocolo es el libro o registro público que debe llevar cada no-
tario, donde se insertarán las escrituras en el orden numé-
rico que les hubiere correspondido en el repertorio49
.
a. En el protocolo se inserta el documento matriz, que
no es otra cosa que la escritura pública original fir-
mada por las partes y el notario autorizante.
5. Asistir a las juntas generales de accionistas de sociedades anónimas, para
los efectos que la ley o reglamento de ellas lo exigieren;
6. En general, dar fe de los hechos para que fueren requeridos y que no
estuvieren encomendados a otros funcionarios;
7. Guardar y conservar en riguroso orden cronológico los instrumentos que
ante ellos se otorguen, en forma de precaver todo extravío y hacer fácil y
expedito su examen;
8. Otorgar certificados o testimonios de los actos celebrados ante ellos o
protocolizados en sus registros;
9. Facilitar, a cualquiera persona que lo solicite, el examen de los instrumen-
tos públicos que ante ellos se otorguen y documentos que protocolicen;
10. Autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sea en su
presencia o cuya autenticidad les conste;
11. Las demás que les encomienden las leyes.
48
ARTÍCULO 412, C.O.T. Serán nulas las escrituras públicas:
1. Que contengan disposiciones o estipulaciones a favor del notario que las
autorice, de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, y
2. Aquellas en que los otorgantes no hayan acreditado su identidad en al-
guna de las formas establecidas en el artículo 405, o en que no aparez-
can las firmas de las partes y del notario.
49
ARTÍCULO 429, C.O.T. Todo notario deberá llevar un protocolo, el que se for-
mará insertando las escrituras en el orden numérico que les haya correspon-
dido en el repertorio.
A continuación de las escrituras se agregarán los documentos a que se refiere el
artículo 415, también conforme al orden numérico asignado en el repertorio.
Los protocolos deberán empastarse, a lo menos, cada dos meses, no pudien-
do formarse cada libro con más de quinientas fojas, incluidos los documentos
protocolizados, que se agregarán al final en el mismo orden del repertorio.
Cada foja se numerará en su parte superior con letras y números.
En casos calificados, los notarios podrán solicitar de la Corte de Apelaciones
respectiva autorización para efectuar los empastes por períodos superiores,
siempre que no excedan de un año.
Cada protocolo llevará, además, un índice de las escrituras y documentos
protocolizados que contenga, y en su confección se observará lo dispuesto en
el inciso tercero del artículo 431. Se iniciará con un certificado del notario en
que exprese la fecha en que lo inicie, enunciación del respectivo contrato o
escritura y nombre de los otorgantes de la escritura con que principia.
Transcurridos dos meses, desde la fecha de cierre del protocolo, el notario
certificará las escrituras que hubieren quedado sin efecto por no haberse sus-
crito por todos los otorgantes. Este certificado se pondrá al final del protocolo
indicando el número de escrituras y documentos que contiene y la enuncia-
ción de las que hayan quedado sin efecto.
b. En la notaría se pueden obtener tantas copias auto-
rizadas como se deseen.
i. Antes se distinguía entre primeras copias (co-
pia a mano o máquina de la escritura matriz) y
segundas copias (copia a mano o máquina de
una primera copia). Esa distinción dejó de tener
sentido con la invención de la fotocopiadora.
ii. Actualmente, cualquier copia autorizada de
escritura pública tiene mérito ejecutivo y pre-
sunción de validez.
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ESCRITURAS PÚBLICAS.
1. Deben ser otorgadas ante notario competente.
2. Las escrituras públicas deben ser escritas de acuerdo con
las siguientes normas de estilo50
.
a. Ser escritas íntegramente en idioma castellano. Si
no es así, la escritura no se considera pública.
b. No deben contener abreviaturas, cifras, u otros ca-
racteres que no sean los de uso corriente.
c. Pueden usarse palabras de otro idioma, siempre que
su uso sea generalizado o sea propio de una deter-
minada ciencia o arte.
d. Deben ser redactadas en un estilo claro y preciso.
3. Las escrituras públicas pueden ser manuscritas o meca-
nografiadas, y deben ser escritas con tinta indeleble. Si
no, no se considerarán escrituras públicas.
4. Deben contener las siguientes menciones:
a. Lugar y fecha de su otorgamiento.
b. Identificación de los comparecientes. A lo menos,
ellos deben señalar, además de sus nombres.
i. Nacionalidad.
ii. Estado civil.
iii. Domicilio.
iv. Cédula de identidad o documento de identifi-
cación que aplique.
5. Deben contener en cada una de sus hojas la firma del no-
tario que las autoriza. El notario inutilizará con su firma y
sello el reverso no utilizado de las hojas de la escritura.
6. Las partes concurrirán ante el notario, quien procederá, si
cualquiera de ellas lo desea, a leerles en voz alta la escri-
tura. Luego de esto, las partes firmarán la escritura con
tinta indeleble.
50
ARTÍCULO 404, C.O.T. Las escrituras públicas deben escribirse en idioma cas-
tellano y estilo claro y preciso, y en ellas no podrán emplearse abreviaturas,
cifras ni otros signos que los caracteres de uso corriente, ni contener espacios
en blanco.
Podrán emplearse también palabras de otro idioma que sean generalmente
usadas o como término de una determinada ciencia o arte.
El notario deberá inutilizar, con su firma y sello, el reverso no escrito de las
hojas en que se contenga una escritura pública o de sus copias.

24. a. Si alguien no puede firmar, el otro interviniente o
cualquiera lo hará a su ruego, y quien no pudiere
firmar imprimirá su huella dactilar al lado.
b. Si alguien firma una escritura pública y la contrapar-
te se niega a firmar, la parte que firmó puede retirar
su firma si no existe la firma de la contraparte. Lue-
go de 60 días desde la inclusión de la escritura en
esta situación en el repertorio, la escritura será nula.
7. Cualquier error, enmienda o alteración en las escrituras
originales será salvado por el notario con una anotación
después de las firmas de las partes.
8. Luego de revisar que la escritura esté completa y haya
sido firmada por todos los comparecientes, el notario
firmará la escritura pública y procederá a anotar al mar-
gen de esta su número del Repertorio, luego de lo cual
agregará su matriz al protocolo.
La sola protocolización, esto es, la agregación al protocolo de
un documento
51
, no da a un instrumento privado el valor de
un instrumento público, pero produce otros efectos.
1. Da fecha cierta al instrumento privado que ha sido proto-
colizado.
2. A modo de excepción, ciertos instrumentos privados sí
adquieren valor de instrumentos públicos al ser protoco-
lizados. Estos casos son
52
:
a. Los testamentos cerrados y abiertos, los testamen-
tos abiertos otorgados en hojas sueltas y los menos
solemnes.
b. Las actas de ofertas de pago.
c. Los instrumentos públicos suscritos en el extranje-
ro, o las traducciones oficiales de éstos al idioma
castellano que se deban hacer.
3. Un instrumento sólo puede ser desglosado del protocolo
por orden judicial. Esto significa que el instrumento pri-
vado que ha sido protocolizado se deberá conservar en el
protocolo.
51
ARTÍCULO 415, C.O.T. Protocolización es el hecho de agregar un documento
al final del registro de un notario, a pedido de quien lo solicita.
Para que la protocolización surta efecto legal deberá dejarse constancia de
ella en el libro repertorio el día en que se presente el documento, en la forma
establecida en el artículo 430.
52
ARTÍCULO 420, C.O.T. Una vez protocolizados, valdrán como instrumentos
públicos:
1. Los testamentos cerrados y abiertos en forma legal;
2. Los testamentos solemnes abiertos que se otorguen en hojas sueltas,
siempre que su protocolización se haya efectuado a más tardar, dentro
del primer día siguiente hábil al de su otorgamiento;
3. Los testamentos menos solemnes o privilegiados que no hayan sido auto-
rizados por notario, previo decreto del juez competente;
4. Las actas de ofertas de pago, y
5. Los instrumentos otorgados en el extranjero, las transcripciones y las
traducciones efectuadas por el intérprete oficial o los peritos nombrados
al efecto por el juez competente y debidamente legalizadas, que sirvan
para otorgar escrituras en Chile.
Las escrituras públicas extendidas en el extranjero también
son consideradas instrumentos públicos en Chile, una vez se
sigue un procedimiento de 3 pasos para darles dicho valor.
1. Legalización. Esto busca establecer tanto el carácter de
público del instrumento, como la autenticidad de las fir-
mas de las personas que lo hubieren autorizado.
a. Para ello es necesario el testimonio, en carácter de
ministro de fe, de una de las siguientes personas:
i. El embajador o cónsul de Chile en el país don-
de se otorgó el instrumento, si éste existe y es-
tuvo presente al momento de firmar el instru-
mento. Su firma debe ser verificada por el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores.
ii. El embajador o cónsul del país donde se
otorgó el instrumento, en Chile. Su firma debe
ser verificada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
iii. El embajador o cónsul de un país amigo acre-
ditado en el país donde se otorgó el instru-
mento. Esto, si no existen relaciones diplomáti-
cas entre Chile y el país donde el instrumento
fue otorgado. La firma se verifica en conjunto
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile y su símil del país amigo en cuestión.
b. La materia de dicho testimonio es:
i. Si se han seguido las formas propias del país
que conducen a la formación de un instrumen-
to público válido.
ii. Si las firmas de las partes son auténticas.
2. Traducción. Si el instrumento está en otro idioma que no
es el castellano, el intérprete oficial del Ministerio de Re-
laciones Exteriores deberá traducirlo.
3. Protocolización. Una vez legalizado y, si esto procede,
traducido, el instrumento o su traducción serán protocoli-
zados en una notaría, luego de lo cual cualquiera de ellos
tendrá valor en Chile como instrumento público.
INSTRUMENTOS PRIVADOS.
Un instrumento privado es todo escrito que deja constancia
de un hecho, otorgado por particulares, sin la intervención de
funcionario público competente.
La regla general es que para ser admisible en un juicio, este
escrito debe estar firmado. Esto tiene ciertas importantes ex-
cepciones, sin embargo, que serán tratadas más adelante.
El instrumento privado no tiene en sí presunción de autentici-
dad alguna, y por ello, su autenticidad debe ser demostrada

25. usando otras pruebas para ello, o, alternativamente, debe
ser reconocido o tenido por reconocido. Si esto no sucede,
no tendrá valor en el juicio.
RECONOCIMIENTO
53
.
1. Reconocimiento expreso. Esto requiere una declaración
expresa de voluntad de la persona de quien se asume es
el instrumento privado acompañado. Esto sucederá:
a. Cuando la parte contra quien se haga valer, o la per-
sona que ha sido autora del instrumento, lo declare.
i. Como se ve, de esto se desprende la posibili-
dad de hacer declarar al tercero autor como
testigo, avalando la autoría de su instrumento,
si se desea acompañar al juicio un instrumento
privado emanado de un tercero.
ii. En el caso de la parte contra quien se hace va-
ler, esto será una auténtica confesión. Por eso
mismo, se puede obtener este reconocimiento
vía absolución de posiciones, como se verá.
b. Cuando igual declaración se haya hecho en un ins-
trumento público u otro juicio diverso. Aquí el ins-
trumento público o la copia autorizada de ese jui-
cio que dará el secretario de ese tribunal (que tam-
bién es un instrumento público) será lo que pruebe
la autenticidad del instrumento privado presentado.
2. Reconocimiento tácito. Cuando ninguna de estas pruebas
esté disponible, pero se tengan otras pruebas que pue-
dan ser presentadas de la autenticidad del instrumento, y
el instrumento privado provenga de la contraparte, se
acompaña el instrumento privado con el apercibimiento
del artículo 346 Nº 3 del C.P.C.
a. Si al cabo de 6 días de presentado el instrumento la
contraparte no dice nada y se pide este apercibi-
miento, el instrumento privado se tendrá por reco-
nocido. Este será el reconocimiento tácito.
b. Si la contraparte impugna la presentación, no habrá
reconocimiento tácito y la parte que presenta el
instrumento deberá probar su autenticidad en el
incidente.
i. Esto se puede hacer a través del cotejo de le-
tras. El cotejo de letras54
es la comprobación de
53
ARTÍCULO 346, C.P.C. Los instrumentos privados se tendrán por reconocidos:
1. Cuando así lo ha declarado en el juicio la persona a cuyo nombre aparece
otorgado el instrumento o la parte contra quien se hace valer;
2. Cuando igual declaración se ha hecho en un instrumento público o en
otro juicio diverso;
3. Cuando, puestos en conocimiento de la parte contraria, no se alega su
falsedad o falta de integridad dentro de los seis días siguientes a su pre-
sentación, debiendo el tribunal, para este efecto, apercibir a aquella par-
te con el reconocimiento tácito del instrumento si nada expone dentro de
dicho plazo; y
4. Cuando se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial.
la letra que se hace entre un instrumento indu-
bitado y el instrumento privado a ser cotejado.
ii. Los documentos que se podrán usar de base
son todos aquellos indubitados en juicio, y los
que las partes reconozcan como indubitados.
iii. La parte que presenta el documento pedirá al
tribunal la designación de peritos calígrafos,
según las normas generales.
iv. Luego de su examen e informe, el juez mismo
examinará las letras.
v. El valor probatorio del cotejo de letras es de
base de presunción judicial.
c. La impugnación de la contraparte se fundará en:
i. Ser el instrumento privado no auténtico o fal-
so. Esto es, que el instrumento ha sido fabrica-
do o maquillado para la ocasión.
ii. Faltar de integridad, esto es, faltar alguna par-
te, del instrumento privado.
d. Este plazo de 6 días sigue corriendo aunque haya
acabado el término probatorio.
VALOR PROBATORIO.
1. Instrumento privado emanado de parte. El valor proba-
torio depende directamente del reconocimiento del ins-
trumento que haga la parte.
a. Si el instrumento ha sido reconocido, ya sea en for-
ma expresa o tácita, tendrá valor de instrumento
público respecto de las partes que lo hubieran re-
conocido, o respecto de las cuales se tuviere por
reconocido. Según Luis Claro Solar, también tiene
igual valor respecto de terceros, una vez reconocido.
b. Si no ha sido reconocido, no tiene valor alguno.
2. Instrumento privado emanado de terceros. Sólo tendrán
valor probatorio cuando el tercero reconozca en el juicio,
como testigo, ser el autor del instrumento. Si esto no su-
cede, no tiene valor probatorio alguno.
54
ARTÍCULO 350, C.P.C. Podrá pedirse el cotejo de letras siempre que se niegue
por la parte a quien perjudique o se ponga en duda la autenticidad de un do-
cumento privado o la de cualquier documento público que carezca de matriz.
En este cotejo procederán los peritos con sujeción a lo dispuesto por los artí-
culos 417 hasta 423 inclusive.
ARTÍCULO 351, C.P.C. La persona que pida el cotejo designará el instrumento o
instrumentos indubitados con que debe hacerse.
ARTÍCULO 352, C.P.C. Se considerarán indubitados para el cotejo:
1. Los instrumentos que las partes acepten como tales, de común acuerdo;
2. Los instrumentos públicos no tachados de apócrifos o suplantados; y
3. Los instrumentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida de
conformidad a los números 1° y 2° del artículo 346.
ARTÍCULO 353, C.P.C. El tribunal hará por sí mismo la comprobación después de
oír a los peritos revisores y no tendrá que sujetarse al dictamen de éstos.
ARTÍCULO 354, C.P.C. El cotejo de letras no constituye por sí solo prueba sufi-
ciente; pero podrá servir de base para una presunción judicial.

26. 3. Fecha. Hay disposiciones especiales que pueden dar fe-
cha cierta a un instrumento privado respecto de terceros.
La tendrá cuando suceda lo siguiente.
a. Cuando el instrumento privado sea protocolizado.
b. Cuando alguno de los firmantes del instrumento pri-
vado muera.
c. Cuando ha sido presentado en un juicio.
d. Cuando ha sido inventariado por un funcionario
competente.
CASOS ESPECIALES.
1. Asientos, papeles y registros domésticos55
. Son todos
aquellos papeles que están destinados al uso exclusivo de
su dueño, para llevar el curso de sus negocios.
a. Obviamente, no es necesario que lleven firma.
b. Su mérito probatorio es sólo respecto de los hechos
que aparezcan en ellos con claridad, y sólo contra
quien los lleva,
c. Estos instrumentos deben ser aceptados en su tota-
lidad, en cuanto a lo que señalen.
2. Notas escritas o firmadas por el acreedor al margen de
una escritura.
a. Ellas deben ser reconocidas por el acreedor de la
manera antes vista.
b. Deben ser aceptadas en su totalidad, en cuanto a lo
que señalen.
MEDIO DE PRUEBA INSTRUMENTAL:
PROCEDIMIENTO.
OPORTUNIDAD LEGAL PARA QUE LAS PARTES PRESENTEN LOS
INSTRUMENTOS.
La oportunidad legal que se tiene para esto es:
 Desde el inicio mismo del juicio. Pueden ser presentados
instrumentos en forma conjunta con la demanda, en cu-
yo caso, se tendrá el término de emplazamiento comple-
to para objetarlos.
 Hasta el fin del término probatorio. Esto, en primera ins-
tancia.
 En segunda instancia:
 Desde el inicio mismo de la instancia.
 Hasta la vista de la causa.
55
ARTÍCULO 1.704, CÓDIGO CIVIL. Los asientos, registros y papeles domésticos
únicamente hacen fe contra el que los ha escrito o firmado, pero sólo en
aquello que aparezca con toda claridad, y con tal que el que quiera aprove-
charse de ellos no los rechace en la parte que le fuere desfavorable.
INICIATIVA FORZADA.
Además, las partes pueden pedir en otros instantes a la con-
traparte la presentación forzada de ciertos instrumentos.
1. Se puede forzar la presentación de instrumentos por la
contraparte como medida prejudicial preparatoria.
a. El futuro demandante puede forzar por parte del fu-
turo demandado la exhibición de instrumentos pri-
vados o públicos que por su naturaleza sean de in-
terés para terceros, o de asientos de sus libros de
contabilidad
56
.
b. Tanto el futuro demandante como el futuro deman-
dado pueden pedir el reconocimiento de firma
puesta en instrumento privado57
.
2. Se puede forzar la presentación de instrumentos por la
contraparte dentro del juicio
58
.
a. Esto sucederá cuando existan instrumentos en po-
der de la contraria que sean relevantes respecto de
la controversia y que no sean confidenciales.
b. Quien solicita esto deberá correr con los gastos de la
exhibición.
c. Esta solicitud se provee con audiencia, confiriéndo-
sele traslado a la contraparte. Ella podrá probar que
el instrumento no existe en su poder, o que puede
no exhibirlo alegando para ello una justa causa.
56
ARTÍCULO 273, C.P.C. El juicio ordinario podrá prepararse, exigiendo el que
pretende demandar de aquel contra quien se propone dirigir la demanda:
1. Declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para
parecer en juicio, o a su personería o al nombre y domicilio de sus repre-
sentantes;
2. La exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trata
de entablar;
3. La exhibición de sentencias, testamentos, inventarios, tasaciones, títulos
de propiedad u otros instrumentos públicos o privados que por su natu-
raleza puedan interesar a diversas personas;
4. Exhibición de los libros de contabilidad relativos a negocios en que tenga
parte el solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 42 y 43
del Código de Comercio; y
5. El reconocimiento jurado de firma, puesta en instrumento privado.
57
ARTÍCULO 288, C.P.C. Toda persona que fundadamente tema ser demandada
podrá solicitar las medidas que mencionan el número 5° del artículo 273 y los
artículo 281, 284 y 286, para preparar su defensa.
58
ARTÍCULO 349, C.P.C. Podrá decretarse, a solicitud de parte, la exhibición de
instrumentos que existan en poder de la otra parte o de un tercero, con tal
que tengan relación directa con la cuestión debatida y que no revistan el
carácter de secretos o confidenciales.
Los gastos que la exhibición haga necesarios serán de cuenta del que la solici-
te, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre pago de costas.
Si se rehúsa la exhibición sin justa causa, podrá apremiarse al desobediente
en la forma establecida por el artículo 274; y si es la parte misma, incurrirá
además en el apercibimiento establecido por el artículo 277.
Cuando la exhibición haya de hacerse por un tercero, podrá éste exigir que en
su propia casa u oficina se saque testimonio de los instrumentos por un mi-
nistro de fe.

27. INICIATIVA JUDICIAL.
Esto sucederá cuando el juez solicite, a través de una medida
para mejor resolver, la exhibición de un instrumento.
1. Esto lo debe hacer el juez dentro del plazo que tiene para
dictar sentencia, después de la citación a las partes a oír
sentencia.
2. En forma especial, el juez puede traer a su vista como
medida para mejor resolver otros expedientes que se re-
lacionen a la causa en cuestión.
3. Todas estas medidas se decretan en su momento sin in-
tervención de las partes, y sólo con conocimiento, sien-
do notificadas siempre por el Estado Diario.
INSTRUMENTOS EN OTROS IDIOMAS.
 En el caso de instrumentos públicos extendidos en el ex-
tranjero, el procedimiento es el ya visto. Una vez protoco-
lizada la traducción del instrumento público extranjero
legalizado, ella valdrá como si fuera un instrumento
público extendido en Chile.
 En el caso de instrumentos privados extendidos en otros
idiomas, pueden acompañarse o no traducidos.
 [347
59
C.P.C.] Si se acompañan traducidos, la contra-
parte tiene 6 días para impugnar la traducción
acompañada. Si esto es así, el tribunal designará un
perito, y la contraparte que reclama deberá correr
con los costos de la nueva traducción.
 Si se acompañan sin traducir, se procede de acuerdo
con el procedimiento anterior, y los costos de la tra-
ducción los pagará la parte que presenta el docu-
mento.
INSTRUMENTOS CON VALOR DE INSTRUMENTO PÚBLICO.
Son los siguientes instrumentos60
.
59
ARTÍCULO 347, C.P.C. Los instrumentos extendidos en lengua extranjera se
mandarán traducir por el perito que el tribunal designe, a costa del que los
presente, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas en la sentencia.
Si al tiempo de acompañarse se agrega su traducción, valdrá ésta; salvo que la
parte contraria exija, dentro de seis días, que sea revisada por un perito, pro-
cediéndose en tal caso como lo dispone el inciso anterior.
60
ARTÍCULO 342, C.P.C. Serán considerados como instrumentos públicos en
juicio, siempre que en su otorgamiento se hayan cumplido las disposiciones
legales que dan este carácter:
1. Los documentos originales;
2. Las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriban para que
hagan fe respecto de toda persona, o, a lo menos, respecto de aquella
contra quien se hacen valer;
3. Las copias que, obtenidas sin estos requisitos, no sean objetadas como
inexactas por la parte contraria dentro de los tres días siguientes a aquel
en que se le dio conocimiento de ellas;
1. Los originales de los instrumentos públicos. Ellos tienen
la firma de las partes y la del funcionario que otorgó el
instrumento.
2. Las copias dadas con los requisitos que las leyes prescri-
ben para que hagan fe respecto de toda persona, o, al
menos, respecto de la persona que se hace valer. Este es
el caso de una fotocopia legalizada de escritura pública.
3. Las copias que, obtenidas sin estos requisitos, no sean
objetadas como inexactas por la parte contraria dentro
de los 3 días siguientes a aquel en que se le dio conoci-
miento de ellas. Este es el llamado apercibimiento del 342
Nº 3 y es la forma que tiene de acompañarse una fotoco-
pia sin legalizar de una escritura pública.
4. Las copias que, objetadas en el caso del número ante-
rior, sean cotejadas y halladas conforme con sus origina-
les o con otras que hagan fe respecto de la parte contra-
ria. Aquí se menciona el modo de impugnar instrumentos
llamado cotejo.
a. Aquí se refiere a cotejo instrumental. En el cotejo
instrumental el instrumento público objetado será
confrontado con su matriz.
b. El cotejo instrumental lo hará el secretario del tribu-
nal, el funcionario que haya autorizado la copia pre-
sentada en el juicio, o cualquier otro ministro de fe
que designe el juez.
c. Una vez se demuestra que la copia objetada es con-
forme con su matriz, adquiere valor en juicio de ins-
trumento público.
5. Las copias que el tribunal mande agregar al juicio, cuan-
do se presentaren instrumentos públicos incompletos.
Aquí cualquier interesado puede pedir que se agreguen
copias del todo o parte de lo que se ha omitido, a su cos-
ta, las que serán extraídas de instrumentos públicos
auténticos.
6. Los documentos electrónicos firmados con firma
electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada es
aquella que61
:
4. Las copias que, objetadas en el caso del número anterior, sean cotejadas
y halladas conforme con sus originales o con otras copias que hagan fe
respecto de la parte contraria; y
5. Los testimonios que el tribunal mande agregar durante el juicio, autori-
zados por su secretario u otro funcionario competente y sacados de los
originales o de copias que reúnan las condiciones indicadas en el número
anterior.
6. Los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avan-
zada.
61
ARTÍCULO 2º, LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA. Para los efectos de esta ley se enten-
derá por:
g) Firma electrónica avanzada: Aquella certificada por un prestador acredi-
tado, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su ex-
clusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a
los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modifica-
ción, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la inte-
gridad del documento y su autoría.

28. a. Es certificada por un prestador acreditado. La acre-
ditación se obtiene en el Ministerio de Economía.
b. Ha sido creada usando medios que la persona que
firma mantiene bajo su exclusivo control. En los
hechos, esto es una firma electrónica con la cual se
codifica el documento completo, usando una clave
privada. Ella hace que se pueda ver sólo abriéndolo
con una clave pública que, registrada en un servidor
de claves, vincula a la clave con el autor del docu-
mento.
c. Contiene en sí un vínculo único a la identidad del
titular y a los datos a los que se refiere. Esto requie-
re que:
i. Cualquier modificación posterior pueda ser de-
tectada. Esto se logra mediante algoritmos ma-
temáticos, como MD5.
ii. Se pueda verificar la identidad del autor del
documento.
iii. Se pueda impedir que el autor desconozca la
integridad del documento y su autoría.
INTRODUCCIÓN O ACOMPAÑAMIENTO DE LOS INSTRUMEN-
TOS AL JUICIO.
1. Instrumentos públicos originales, copias extendidas con
todos los requisitos que la ley exige. Se acompañan con
citación de la parte contra quien se presenten. Esto, de-
bido a normas que:
a. Establecen que la citación es un trámite esencial en
primera y segunda instancia, cuando se han acom-
pañado instrumentos
62
públicos.
62
ARTÍCULO 795, C.P.C. En general, son trámites o diligencias esenciales en la
primera o en la única instancia en los juicios de mayor o de menor cuantía y
en los juicios especiales:
1. El emplazamiento de las partes en la forma prescrita por la ley;
2. El llamado a las partes a conciliación, en los casos en que corresponda
conforme a la ley;
3. El recibimiento de la causa a prueba cuando proceda con arreglo a la ley;
4. La práctica de diligencias probatorias cuya omisión podría producir inde-
fensión;
5. La agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las
partes, con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda res-
pecto de aquélla contra la cual se presentan;
6. La citación para alguna diligencia de prueba; y
7. La citación para oír sentencia definitiva, salvo que la ley no establezca
este trámite.
ARTÍCULO 800, C.P.C. En general, son trámites o diligencias esenciales en la se-
gunda instancia de los juicios de mayor o de menor cuantía y en los juicios espe-
ciales:
1. El emplazamiento de las partes, hecho antes de que el superior conozca
del recurso;
2. La agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las
partes, con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda res-
pecto de aquélla contra la cual se presentan;
3. La citación para oír sentencia definitiva;
b. Se refieren implícitamente al término de citación
cuando se acompañan instrumentos públicos, sin
mencionar su necesidad.
2. Copias de instrumento público extendidas sin los requi-
sitos que la ley establece. Son acompañados al juicio con
el apercibimiento del artículo 342 Nº 3 del C.P.C. Se debe
señalar con esas palabras.
a. De esta manera, la contraparte tendrá 3 días para
objetar la copia por ser inexacta, esto es, por no ser
conforme con su matriz.
b. Se debe proceder al cotejo instrumental, donde ello
será comprobado.
c. Si la copia presentada sin los requisitos correspon-
dientes es hallada conforme con su matriz, tiene el
valor del instrumento público en el juicio.
3. Instrumento privado emanado de tercera persona. Se
acompaña con citación, por el juego de las mismas nor-
mas legales antes citadas. Como el instrumento privado
emanado de tercero no tiene valor probatorio hasta que
el tercero lo reconoce, además:
a. Se lo debe llamar como testigo.
b. Se debe presentar la minuta de puntos de prueba y
poner en ella específicamente el hecho de ser o no
el tercero autor de ese instrumento privado.
c. El tercero debe declarar como testigo, debe dar
razón de sus dichos, y no debe ser tachado.
4. Instrumento privado emanado de las partes. Se puede
acompañar:
a. Con citación, si se tiene a mano el instrumento
público o el otro juicio donde la parte declara que es
autora del instrumento privado. Esto es rarísimo.
b. Con el apercibimiento del artículo 346 Nº 3 del
C.P.C., en todos los demás casos. Esto permitirá que
opere el reconocimiento tácito, en caso de que la
contraparte nada diga dentro de los 6 días que
tendrá para ello.
5. Documento electrónico63
. Tiene una regulación especial.
4. La fijación de la causa en tabla para su vista en los tribunales colegiados,
en la forma establecida en el artículo 163, y
5. Los indicados en los números 3°, 4° y 6° del artículo 795, en caso de
haberse aplicado lo dispuesto en el artículo 207.
63
ARTÍCULO 348 BIS, C.P.C. Presentado un documento electrónico, el Tribunal
citará para el 6° día a todas las partes a una audiencia de percepción docu-
mental. En caso de no contar con los medios técnicos electrónicos necesarios
para su adecuada percepción, apercibirá a la parte que presentó el docu-
mento con tenerlo por no presentado de no concurrir a la audiencia con
dichos medios.
Tratándose de documentos que no puedan ser transportados al tribunal, la
audiencia tendrá lugar donde éstos se encuentren, a costa de la parte que
los presente.
En caso que el documento sea objetado, en conformidad con las reglas gene-
rales, el Tribunal podrá ordenar una prueba complementaria de autentici-
dad, a costa de la parte que formula la impugnación, sin perjuicio de lo que
se resuelva sobre pago de costas. El resultado de la prueba complementaria

29. a. Una vez sea presentado, dentro de sexto día se ci-
tará a una audiencia de percepción, donde el do-
cumento electrónico será abierto con los medios
tecnológicos apropiados para ello. Esta audiencia de
percepción será el momento en que los documen-
tos electrónicos privados serán tenidos por conoci-
dos de la contraparte.
b. Si el documento es objetado, el juez puede ordenar
una prueba complementaria de autenticidad del
documento electrónico. Esta es una prueba pericial.
c. Si el juez no tuviera los medios tecnológicos necesa-
rios para la apertura del documento electrónico,
apercibirá a la parte que lo presenta a que los lleve
a la audiencia de percepción, o si no el documento
electrónico se tendrá por no presentado.
CONFESIÓN DE PARTE
La confesión como medio de prueba es el reconocimiento ex-
preso o tácito que hace una de las partes, en su perjuicio, de
hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.
[COUTURE] Acto jurídico consistente en admitir como cierto, ex-
presa o tácitamente, dentro o fuera de juicio, un hecho cuyas
consecuencias de derecho son perjudiciales para quien formu-
la la declaración.
REQUISITOS
1. La confesión debe constituir una declaración unilateral
de voluntad, exenta de vicios, y que emane de una de
las partes del proceso.
a. Es un acto jurídico unilateral, por lo que debe ceñir-
se a los requisitos de validez de todo acto jurídico.
Esto es, el tener voluntad sin vicios, objeto lícito y
causa lícita.
b. Los vicios de la voluntad, que son el error, la fuerza
y el dolo, pueden ser reclamados usando la regula-
ción especial que el C.P.C. reconoce para el error de
hecho64
.
de autenticidad será suficiente para tener por reconocido o por objetado el
instrumento, según corresponda.
Para los efectos de proceder a la realización de la prueba complementaria de
autenticidad, los peritos procederán con sujeción a lo dispuesto por los artí-
culos 417 a 423.
En el caso de documentos electrónicos privados, para los efectos del artículo
346, N°3, se entenderá que han sido puestos en conocimiento de la parte
contraria en la audiencia de percepción.
64
ARTÍCULO 402, C.P.C. No se recibirá prueba alguna contra los hechos perso-
nales claramente confesados por los litigantes en el juicio.
Podrá, sin embargo, admitirse prueba en este caso y aun abrirse un término
especial para ella, si el tribunal lo estima necesario y ha expirado el probato-
c. Este acto jurídico debe ser ejecutado por una de las
partes del proceso.
i. Para que sea válida, la confesión debe ser reali-
zada por una persona capaz. Si la parte es inca-
paz y está representada, la parte incapaz no
podrá confesar válidamente.
ii. Si quien va a confesar es el abogado de la parte,
él debe tener un poder especial para ello. Sin
embargo, puede ser obligado a confesar sobre
hechos personales de él mismo.
2. La confesión debe recaer sobre hechos precisos y de-
terminados que sean trascendentes para la resolución
del conflicto.
a. La confesión debe versar sobre hechos, que sean
relevantes para la solución del litigio. Esto que pa-
rece tan obvio no lo es cuando se trata de obtener
confesiones provocadas de puntos que importan
apreciaciones jurídicas.
b. La confesión versa sobre hechos personales o no
personales de la parte. Aquí lo que varía es la fuerza
probatoria de la confesión, no la validez de ésta.
c. La confesión debe versar sobre hechos precisos y
determinados. No es un hecho preciso ni determi-
nado señalar que “es cierto todo lo que el deman-
dante dice en la demanda”.
3. La confesión debe recaer sobre hechos que sean desfa-
vorables para quien confiesa. Esto tiene dos facetas.
a. El hecho confesado debe causar un perjuicio a la
parte que confiesa.
b. El hecho confesado debe causar un beneficio a la
contraparte de quien confiesa, beneficio que nor-
malmente se traduce en una liberación de carga de
la prueba.
4. La confesión debe ser realizada con la intención de per-
judicar a quien la realiza, y de beneficiar a la parte con-
traria. Esto se denomina animus confitendi. Por razones
lógicas, sólo se requiere en la confesión extrajudicial y en
la confesión espontánea.
CASOS DONDE LA CONFESIÓN SE EXCLUYE.
1. Ni siquiera la confesión sirve para probar la existencia
de un acto jurídico solemne que debe probarse por su
solemnidad. Sólo la escritura pública en que se contiene
probará un contrato en que se requiere, por ejemplo.
2. En general, la confesión tiene un valor limitado, o sim-
plemente no tiene valor, en Derecho de Familia.
rio de la causa, cuando el confesante alegue, para revocar su confesión, que
ha padecido error de hecho y ofrezca justificar esta circunstancia.
Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará también al caso en que los
hechos confesados no sean personales del confesante.

30. a. La prueba confesional no es suficiente para acredi-
tar la fecha del cese de la convivencia, en los casos
en que se desee la separación judicial, nulidad de
matrimonio o divorcio vincular65
.
b. En los casos en que se desee la separación de bie-
nes por el mal estado de los negocios del marido,
su confesión no será prueba
66
.
c. La confesión de uno de los cónyuges de deber algo
al otro, al momento de disolverse la sociedad con-
yugal, no produce prueba contra él, sino que pro-
duce efectos sustantivos, una vez disuelta la socie-
dad conyugal
67
.
3. En la prelación de créditos, la confesión de alguno de los
cónyuges, o del tutor o curador fallidos, no hará plena
prueba por sí sola contra los acreedores.
4. La confesión extrajudicial verbal sólo se debe tomar en
cuenta cuando se admite la prueba testimonial.
65
ARTÍCULO 1º TRANSITORIO, LEY 19.947 DE MATRIMONIO CIVIL.- Mientras no se
encuentren instalados los juzgados de familia, no se aplicará lo dispuesto en
los artículos 87 y 88 de esta ley, regulándose la competencia y el procedi-
miento para el conocimiento de las acciones de separación judicial, nulidad
de matrimonio y divorcio, de acuerdo a las siguientes disposiciones:
TERCERA.- Salvo el caso señalado en la disposición anterior, los procesos de
separación judicial, nulidad de matrimonio y divorcio se sustanciarán confor-
me a las reglas del juicio ordinario, con las siguientes modificaciones:
7. La prueba confesional no será suficiente para acreditar la fecha de cese
de la convivencia entre los cónyuges.
66
ARTÍCULO 157, CÓDIGO CIVIL. En el juicio de separación de bienes por el mal
estado de los negocios del marido, la confesión de éste no hace prueba.
67
ARTÍCULO 1.739, CÓDIGO CIVIL. Toda cantidad de dinero y de cosas fungibles,
todas las especies, créditos, derechos y acciones que existieren en poder de
cualquiera de los cónyuges durante la sociedad o al tiempo de su disolución,
se presumirán pertenecer a ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contra-
rio.
Ni la declaración de uno de los cónyuges que afirme ser suya o debérsele
una cosa, ni la confesión del otro, ni ambas juntas, se estimarán suficiente
prueba, aunque se hagan bajo juramento.
La confesión, no obstante, se mirará como una donación revocable, que,
confirmada por la muerte del donante, se ejecutará en su parte de ganancia-
les o en sus bienes propios, en lo que hubiere lugar.
Tratándose de bienes muebles, los terceros que contraten a título oneroso
con cualquiera de los cónyuges quedarán a cubierto de toda reclamación que
éstos pudieren intentar fundada en que el bien es social o del otro cónyuge,
siempre que el cónyuge contratante haya hecho al tercero de buena fe la en-
trega o la tradición del bien respectivo.
No se presumirá la buena fe del tercero cuando el bien objeto del contrato
figure inscrito a nombre del otro cónyuge en un registro abierto al público,
como en el caso de automóviles, acciones de sociedades anónimas, naves,
aeronaves, etc.
Se presume que todo bien adquirido a título oneroso por cualquiera de los
cónyuges después de disuelta la sociedad conyugal y antes de su liquidación,
se ha adquirido con bienes sociales. El cónyuge deberá por consiguiente, re-
compensa a la sociedad, a menos que pruebe haberlo adquirido con bienes
propios o provenientes de su sola actividad personal.
CLASIFICACIÓN
SEGÚN ANTE QUIEN SE PRESTE.
1. Confesión judicial. Se presta ante el tribunal que conoce
de la causa, sea con competencia originaria o delegada
(mediante exhorto).
2. Confesión extrajudicial. Se presta ante otro tribunal que
conoce de un juicio diverso, o por algún otro medio, fuera
de todo proceso.
SEGÚN SU MÉTODO DE GENERACIÓN.
1. Confesión espontánea. Es aquella que se produce por la
voluntad de la parte confesante, sin otra intervención.
Puede ocurrir en cualquier intervención de la parte.
2. Confesión provocada. Es aquella que es solicitada me-
diante el mecanismo de la absolución de posiciones.
SEGÚN LA FORMA EN QUE SE VERIFICA.
1. Confesión expresa. Es aquella que se verifica a través de
términos claros y explícitos que en ese sentido emite la
parte que confiesa.
2. Confesión tácita o ficta. Es aquella que se produce a
través del cumplimiento de ciertos supuestos legales, sin
que la parte que confiesa emita una sola palabra.
SEGÚN LA FORMA EN QUE SE EXPRESA.
1. Confesión verbal. Es aquella que se presta oralmente, an-
te testigos. Para ser acreditada se necesita del testimonio
de aquellos testigos, lo cual la limita a las instancias
donde la prueba testimonial es admisible.
2. Confesión escrita. Es aquella que se presta en un instru-
mento, o de la cual se deja constancia en uno. La absolu-
ción de posiciones sólo genera confesiones escritas.
SEGÚN SU INICIATIVA Y FINALIDAD.
1. Confesión por iniciativa de parte. Se clasifica en.
 Confesión espontánea por iniciativa de la parte que
confiesa. Aunque raro, esto puede suceder, y la par-
te que confiesa puede hacerlo en cualquier escrito.
 Confesión de un hecho útil para preparar la entra-
da al juicio. Será solicitada como medida prejudicial
preparatoria, y tiene ese fin.
 Confesión de una deuda. Será solicitada como ges-
tión preparatoria de la vía ejecutiva, y tiene por ob-
jeto fabricar un título ejecutivo que sirva para llevar
adelante un juicio ejecutivo.

31.  Medio de prueba prejudicial. Es solicitado como
medida prejudicial probatoria y tiene como fin el
probar ciertos hechos de alguien cuya ausencia del
país se teme, para hacerlos valer más adelante en el
juicio que se seguirá.
 Medio de prueba. Es solicitado como diligencia pro-
batoria dentro del término probatorio, y es la confe-
sión provocada o absolución de posiciones.
2. Confesión por iniciativa del tribunal. Es la medida para
mejor resolver, absolución de posiciones. Su fin es acre-
ditar hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos
que no hayan podido ser probados en la causa.
SEGÚN LOS HECHOS SOBRE LOS QUE RECAE.
1. Confesión sobre hechos personales del confesante. Tie-
ne un valor absoluto de prueba, no admitiéndose prueba
en contra de lo confesado
68
.
2. Confesión sobre hechos no personales del confesante.
Tiene un valor de plena prueba, pudiendo ser destruida
esta confesión por otra plena prueba.
SEGÚN SU CONTENIDO.
1. Confesión pura y simple. Aquí el confesante simplemente
afirma o niega categóricamente el hecho controvertido,
sin agregar o modificar nada.
2. Confesión calificada. En esta confesión, el confesante re-
conoce o niega categóricamente el hecho controvertido,
añadiéndole un hecho que altera su naturaleza jurídica.
3. Confesión compleja. En esta confesión, junto con recono-
cer el hecho confesado, quien confiesa añade otros
hechos. Ellos pueden ser.
 Enteramente desligados del hecho principal. Se lla-
ma compleja de primer grado o compleja inconexa.
 Ligados al hecho principal, modificatorios de éste.
Se llama compleja de segundo grado o compleja co-
nexa.
SEGÚN LA DIVISIBILIDAD DE LA CONFESIÓN.
1. Confesión divisible. Es la confesión de la que pueden se-
pararse los dichos que benefician de los que perjudican al
confesante. Las únicas confesiones divisibles son:
 La compleja de primer grado, siempre.
68
ARTÍCULO 402, C.P.C. No se recibirá prueba alguna contra los hechos perso-
nales claramente confesados por los litigantes en el juicio.
Podrá, sin embargo, admitirse prueba en este caso y aun abrirse un término
especial para ella, si el tribunal lo estima necesario y ha expirado el probato-
rio de la causa, cuando el confesante alegue, para revocar su confesión, que
ha padecido error de hecho y ofrezca justificar esta circunstancia.
Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará también al caso en que los
hechos confesados no sean personales del confesante.
 La compleja de segundo grado, cuando se acredite
por la contraparte de quien confiesa que los hechos
conexos que ha invocado el confesante son falsos.
2. Confesión indivisible. Es la confesión de la cual no pue-
den separarse los hechos que benefician de los que per-
judican al confesante, debiendo ser considerada íntegra-
mente. Todas las demás confesiones son indivisibles.
SEGÚN SU EFECTO Y PERMISIBILIDAD.
1. Confesión eficaz. Es aquella confesión que genera efectos
probatorios, porque está permitida por la ley.
2. Confesión ineficaz. Es aquella que no está permitida por
la ley y, por ello, no produce efectos probatorios.
CONFESIÓN JUDICIAL
La confesión judicial es aquella que se presta en el juicio en el
cual ella es invocada como medio de prueba.
Si bien la confesión judicial puede ser espontánea, pudiendo
ser realizada por alguna parte a través de sus escritos, y re-
clamada por la contraria como prueba, la confesión judicial
más importante es la absolución de posiciones.
ABSOLUCIÓN DE POSICIONES
OPORTUNIDAD EN QUE PUEDE SER PEDIDA.
1. Como medida prejudicial. La confesión como medida
prejudicial tiene dos variantes.
a. Medida prejudicial propiamente tal de confesión.
Es propia del futuro demandante y tiene por objeto
la confesión de ciertos datos que son vitales para
entrar al juicio.
b. Medida prejudicial probatoria de confesión. Es
propia de cualquiera de las futuras contrapartes y
tiene por objeto obtener la confesión de la futura
contraparte por temerse su futura ausencia de Chile.
La confesión obtenida de esta manera valdrá en el
juicio posterior que se iniciará.
2. Como medida probatoria común. Esto puede pedirse
tanto en primera como en segunda instancia.
a. En primera instancia, se puede solicitar desde que
se haya contestado la demanda hasta el vencimiento
del término probatorio, en cualquier momento.
b. En segunda instancia, se puede solicitar desde que
se haya abierto la segunda instancia hasta la vista de
la causa, en cualquier momento.

32. 3. Como medida para mejor resolver. Esto lo pedirá el tri-
bunal de oficio en el plazo que tiene para dictar senten-
cia, bajo la forma de la medida para mejor resolver de
confesión. Para que esto suceda, se requiere:
a. Que la confesión judicial recaiga sobre hechos que
el tribunal considere de influencia en la cuestión.
Los hechos deben ser considerados previamente por
el tribunal como relevantes.
b. Que estos hechos no hayan sido probados en el
proceso. El tribunal debe limitarse al usar esta me-
dida.
PERSONAS QUE ESTÁN SUJETAS A ESTA MEDIDA.
La ley permite solicitar absolver posiciones tanto al deman-
dante como al demandado, y además lo permite respecto de
los terceros coadyuvantes (que pedirán absolución de posi-
ciones al demandado), excluyentes e independientes (que
pueden pedir absolución respecto de cualquier parte).
Todos ellos además deberán absolver posiciones, si les es so-
licitado. Lo pueden hacer a través de sus mandatarios judicia-
les, una vez les hayan conferido poder especial para ello y no
se haya requerido la presencia personal de la parte.
PROCEDIMIENTO.
1. La parte que desee de su contraria la absolución de posi-
ciones solicitará que se mande citar para día y hora de-
terminados a la contraparte para que comparezca a ab-
solver posiciones de acuerdo al pliego que se acompaña
en sobre cerrado. Esta solicitud contendrá.
a. La solicitud de que el sobre cerrado que se acompa-
ñará sea mantenido en reserva y custodia por la Se-
cretaría del Tribunal.
b. (Opcionalmente) La solicitud de que la parte com-
parezca personalmente a absolver posiciones. Si es-
to no está presente, la contraparte puede simple-
mente otorgar poder a su abogado para que vaya a
la diligencia.
c. (Opcionalmente) La solicitud de que el tribunal re-
ciba por sí mismo la declaración
69
. Si esto no está
69
ARTÍCULO 389, C.P.C. Están exentos de comparecer ante el tribunal a prestar
la declaración de que tratan los artículos precedentes:
1. El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Senadores y
Diputados, los Intendentes dentro de la región en que ejercen sus fun-
ciones; los miembros de la Corte Suprema o de alguna Corte de Apela-
ciones, los Fiscales Judiciales de estos tribunales, el Fiscal Nacional y los
fiscales regionales, el Arzobispo, los Obispos, los Vicarios Generales, los
Provisores y los Vicarios y Provicarios Capitulares;
2. Los que por enfermedad o por cualquier otro impedimento calificado por
el tribunal se hallen en imposibilidad de comparecer a la audiencia en
que hayan de prestar la declaración; y
presente el juez puede delegar en otro funcionario
la práctica de la absolución.
2. Además, junto con la solicitud la parte entregará un sobre
cerrado que contendrá en su interior las posiciones que
la contraria deberá absolver.
a. La parte de afuera del sobre contendrá la individua-
lización del proceso por carátula y rol, y la de la par-
te del proceso que deberá responder las preguntas.
b. Las posiciones son preguntas (posiciones interroga-
tivas) que la contraparte deberá contestar, o afirma-
ciones (posiciones asertivas) que la contraparte de-
berá confirmar o refutar. Pueden mezclarse entre sí
ambos tipos en una sola posición.
c. Las posiciones se enumeran de a una, en el orden en
que se desea que sean contestadas.
d. Deben estar redactadas en términos claros, para
que puedan ser entendidas sin dificultad, y deben
estar relacionadas con los hechos de la causa
70
.
3. Si la contraparte vive dentro del territorio jurisdiccional
del tribunal, conocerá de la absolución el tribunal que
sustancia el proceso. Si no es así, la parte interesada de-
be pedir el examen de la contraria por exhorto al tribu-
nal que sea competente en el domicilio de la contraria.
a. Si la contraria tiene su domicilio fuera de Chile,
quien lo examinará será el embajador o cónsul chi-
leno del país donde resida.
4. El absolvente tiene las siguientes obligaciones.
a. Comparecer. Todas las personas deben comparecer,
salvo los siguientes casos, en los que el juez, o, de
manera delegada, el secretario del tribunal, irá a
tomarles declaración a sus domicilios.
i. Altas autoridades71
.
3. Las mujeres, en caso que el tribunal estime prudente eximirlas de esta
asistencia.
Cuando haya de prestar esta declaración alguna de las personas exceptuadas
en los números precedentes, el juez se trasladará a casa de ella con el objeto
de recibir la declaración o comisionará para este fin al secretario.
En los tribunales colegiados se comisionará para esta diligencia a alguno de
los ministros del mismo o al secretario.
Si la persona que haya de prestar declaración en la forma prevenida en este
artículo, se encuentra fuera del territorio del tribunal que conoce de la causa,
encargará éste la diligencia al juez competente de la residencia actual del liti-
gante. El juez exhortado practicará por sí mismo la diligencia o la cometerá a
su secretario.
No se podrá comisionar al secretario para tomar la confesión cuando la par-
te haya solicitado que se preste ante el tribunal.
70
ARTÍCULO 386, C.P.C. Los hechos acerca de los cuales se exija la confesión
podrán expresarse en forma asertiva o en forma interrogativa, pero siempre en
términos claros y precisos, de manera que puedan ser entendidos sin dificul-
tad.
71
Esta referencia se repite varias veces a lo largo del C.P.C. Se refiere a:
1. El Presidente de la República,
2. Los Ministros de Estado,
3. Los Senadores y Diputados.
4. Los Intendentes dentro de la Región en que ejercen sus funciones.
5. Los miembros de la Corte Suprema o de alguna Corte de Apelaciones.

33. ii. Personas que por enfermedad u otra causa cali-
ficada por el tribunal no puedan concurrir a la
audiencia en que deban declarar.
iii. Las mujeres, cuando el tribunal estime conve-
niente eximirlas.
b. Absolver posiciones. Todo litigante se encuentra
obligado a absolver posiciones. No hay excepción. El
abogado de la parte puede ser llamado a absolver
también, respecto de hechos personales.
c. Decir la verdad. En teoría, los litigantes desde el
momento en que juran se encuentran obligados a
decir la verdad. Sin embargo, si mienten las únicas
sanciones las puede aplicar el juez, procesalmente.
No existe perjurio al mentir en causa propia.
5. El tribunal provee la solicitud de absolución fijando día y
hora para que sea practicada. Esta resolución se notifica
por cédula.
a. Las cédulas son recibidas por el abogado del absol-
vente. Éste tiene el deber de hacer comparecer a su
representado, siempre y cuando no tenga poder pa-
ra absolver posiciones o se requiera la presencia
personal de la parte.
b. Puede ser que la parte que ha sido citada, por prime-
ra vez, no concurra. En este caso, el receptor, que
actúa como ministro de fe, certificará la no compare-
cencia de la parte absolvente, y no pasará nada más.
6. Si la parte cuya comparecencia se solicita no aparece, el
interesado debe citar a la parte por segunda vez, esta
vez, invocando el apercibimiento del artículo 394
72
del
C.P.C.
a. Este apercibimiento no es obligatorio, y por ello de-
be ser pedido expresamente en su segunda cita-
ción por la parte interesada, debiendo además ser
pedido en la segunda citación, no en la primera.
b. El tribunal, como la primera vez, fijará hora y fecha
para la audiencia de absolución, y esa orden será
notificada por cédula.
6. Los Fiscales Judiciales de estos tribunales.
7. El Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales.
8. El Arzobispo, los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores y los Vi-
carios y Provicarios Capitulares.
72
Artículo 394, C.P.C. Si el litigante no comparece al segundo llamado, o si,
compareciendo, se niega a declarar o da respuestas evasivas, se le dará por
confeso, a petición de parte, en todos aquellos hechos que estén categóri-
camente afirmados en el escrito en que se pidió la declaración.
Si no están categóricamente afirmados los hechos, podrán los tribunales im-
poner al litigante rebelde una multa que no baje de medio sueldo vital ni ex-
ceda de un sueldo vital, o arrestos hasta por treinta días sin perjuicio de exi-
girle la declaración. Si la otra parte lo solicita, podrá también suspenderse el
pronunciamiento de la sentencia hasta que la confesión se preste.
Cuando el interrogado solicite un plazo razonable para consultar sus documen-
tos antes de responder, podrá otorgársele, siempre que haya fundamento plau-
sible para pedirlo y el tribunal lo estime indispensable, o consienta en ello el
contendor. La resolución del tribunal que conceda plazo será inapelable.
7. La parte de quien se pide la absolución, ante esta segun-
da citación, puede adoptar las siguientes actitudes.
a. Comparecer y absolver las posiciones, respondiendo
las preguntas en forma clara y precisa, y negando las
afirmaciones de la contraria.
b. Comparecer y negarse a declarar, o absolver defec-
tuosamente las posiciones, dando respuestas vagas
o evasivas a las preguntas y afirmaciones.
c. No comparecer a la audiencia.
8. La audiencia, en caso de que la parte de quien se desean
respuestas concurra, se llevará a cabo así.
a. Además de la contraparte, deberán estar:
i. El juez, en caso de que se hubiera solicitado su
presencia personal en forma expresa.
ii. El absolvente, que es la parte que debe absol-
ver posiciones, y su procurador o abogado.
iii. La parte que solicitó la diligencia, y su procu-
rador o abogado.
iv. El receptor judicial, que es el ministro de fe que
debe actuar en la absolución de posiciones
73
.
b. La audiencia comenzará con el juramento que se le
exigirá al absolvente, que es el mismo juramento en
su forma que el exigido a los testigos. Como ya se
vio, las consecuencias jurídicas en este caso varían.
c. En este momento, una vez juramentado el absol-
vente, se abrirá el sobre cerrado con las posiciones,
y se procederán a preguntar al absolvente.
d. El abogado del absolvente puede objetar las posi-
ciones, lo que generará un incidente de resolución
inmediata. Para ello se fundará en que:
i. Las posiciones son poco claras.
ii. Las posiciones no guardan relación con los
hechos de la causa.
e. El absolvente contestará, de acuerdo con cómo de-
cida hacerlo.
i. El tribunal puede aceptar, previa calificación, la
excusa de olvido de los hechos.
ii. El absolvente puede hacer todas las observa-
ciones que desee para aclarar sus dichos.
iii. El tribunal puede darle además plazo para que
revise sus documentos en busca de informa-
ción.
f. Se procederá a reducir la declaración del absolvente
a un acta, que deberán firmar.
73
ARTÍCULO 390, C.O.T. Los receptores son ministros de fe pública encargados
de hacer saber a las partes, fuera de las oficinas de los secretarios, los decre-
tos y resoluciones de los Tribunales de Justicia, y de evacuar todas aquellas
diligencias que los mismos tribunales les cometieren.
Deben recibir, además, las informaciones sumarias de testigos en actos de
jurisdicción voluntaria o en juicios civiles y actuar en estos últimos como mi-
nistros de fe en la recepción de la prueba testimonial y en la diligencia de
absolución de posiciones.

34. i. El juez, o el secretario del tribunal, si hubiere
sido delegado.
ii. El receptor, que es el ministro de fe.
iii. Las partes y sus abogados.
9. Ante las posibilidades antes abiertas, caben las siguientes
respuestas.
a. Si el absolvente comparece y responde en forma cla-
ra y precisa las posiciones formuladas, no habrá
aplicación de apercibimiento alguno.
i. La existencia de prueba confesional estará su-
peditada a si la parte que absuelve posiciones
ha reconocido un hecho que le sea perjudicial.
ii. Si esto es así, su reconocimiento tendrá validez
de confesión expresa.
b. Si comparece y no responde las posiciones formula-
das, o da respuestas evasivas, aplicará el apercibi-
miento del 394 C.P.C, esto es, el absolvente se
tendrá por confeso respecto de todas las posicio-
nes asertivas (confesión tácita).
i. El calificar si una respuesta es evasiva o no de-
pende de la solicitud que en tal sentido haga la
parte interesada y de la impresión del tribunal.
ii. El tribunal otorgará su calificación mediante
una resolución.
iii. Si las posiciones son interrogativas, no podrá
darse por confeso al absolvente respecto de
ellas. A lo sumo, podrá arrestársele o imponerle
una multa, y suspender la dictación de la sen-
tencia hasta que el absolvente declare.
c. Si el absolvente no comparece, opera sin más el
apercibimiento del artículo 394 del C.P.C. Para que
esto suceda:
i. Debe tratarse de la segunda citación.
ii. Debe haberse pedido expresamente la aplica-
ción de este apercibimiento por la parte inte-
resada, en esa segunda citación.
iii. El absolvente no debe haber comparecido a
absolver posiciones.
iv. El receptor debe haber certificado en el expe-
diente la ausencia del absolvente, ante la se-
gunda citación que se le hizo.
v. Una vez se cumple todo esto es la parte intere-
sada la que debe solicitar al tribunal que de
por confeso al absolvente de todas las posi-
ciones afirmativas.
vi. Ante esa solicitud, el tribunal debe dictar una
resolución que así lo establezca. Sólo entonces
podrá tenerse al absolvente por confeso.
VALOR PROBATORIO
El valor probatorio de la confesión depende directamente de
su clasificación, de acuerdo a si ha sido o no prestada en jui-
cio. De esta manera:
1. La confesión extrajudicial, que es un hecho fuente de
prueba reconocido por la ley, valdrá de acuerdo con el va-
lor asignado a los otros medios de prueba mediante los
cuales pueda ser introducida al proceso. De esta forma:
a. Confesión extrajudicial verbal. Como será prestada
ante personas capaces de testificar, será introducida
al proceso y tendrá el valor del medio de prueba
testimonial.
b. Confesión extrajudicial escrita. Al ser los dichos de
la contraparte plasmados en un escrito, será intro-
ducida al proceso y tendrá el valor de la prueba ins-
trumental.
c. Casos de reconocimiento legal. Al margen de esto,
estos medios pueden ver incrementado su valor por
constituir los dichos de la contraria confesión.
i. Confesión extrajudicial, prestada en presencia
de la parte que la invoca74
. Siempre se valorará
a lo menos como presunción grave.
ii. Confesión extrajudicial verbal o escrita, pres-
tada ante un juez incompetente, pero que
ejerza jurisdicción. Es presunción grave.
iii. Confesión extrajudicial escrita, prestada en
otro juicio diverso. Siempre es presunción gra-
ve. Normalmente es escrita, ya que lo que se
presentará es el expediente de ese otro juicio,
y la constancia escrita de la confesión prestada
en él, o el escrito que haya importado confe-
sión espontánea, en ese juicio.
iv. Confesión extrajudicial prestada en otro juicio
diverso, entre las mismas partes. Puede dárse-
le mérito de plena prueba.
2. La confesión judicial75
produce los siguientes efectos76
.
74
La presunción grave puede llegar a constituir plena prueba cuando a juicio
del tribunal tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para for-
mar su convencimiento [ARTÍCULO 426 INC. 2 C.P.C.]
75
ARTÍCULO 399, C.P.C. Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria de la con-
fesión judicial en conformidad a lo que establece el artículo 1.713 del Código
Civil y demás disposiciones legales.
Si los hechos confesados no son personales del confesante o de la persona a
quien representa, producirá también prueba la confesión.
ARTÍCULO 400, C.P.C. La confesión tácita o presunta que establece el artículo
394, producirá los mismos efectos que la confesión expresa.
76
ARTÍCULO 1.713, CÓDIGO CIVIL. La confesión que alguno hiciere en juicio por
sí, o por medio de apoderado especial, o de su representante legal, y relativa
a un hecho personal de la misma parte, producirá plena fe contra ella, aun-
que no haya un principio de prueba por escrito; salvo los casos comprendidos
en el artículo 1.701, inciso 1º y los demás que las leyes exceptúen.
No podrá el confesante revocarla, a no probarse que ha sido el resultado de
un error de hecho.

35. a. Siempre produce los mismos efectos, sea la confe-
sión expresa o tácita, espontánea o provocada me-
diante absolución de posiciones.
b. Respecto de hechos personales del confesante, la
confesión es plena prueba. Además no se recibirá
ninguna prueba en contra
77
de la confesión de
hechos personales del confesante. La doctrina está
dividida asimismo, sobre si se aceptan o no medios
de prueba que desvirtúen la confesión, aunque es-
tos mismos tengan el valor de plenas pruebas.
c. Respecto de hechos no personales del confesante,
la confesión judicial es plena prueba también. Sin
embargo, aquí no hay discusión respecto a que es
posible destruir esta prueba con otras plenas prue-
bas que la contradigan.
3. La única manera de revocar una confesión es alegar que
ésta se prestó bajo error de hecho. Esto es algo que
tendrá que probar el confesante, para lo cual el tribunal
podrá incluso abrir términos especiales de prueba, si el
confesante ofrece justificar esta circunstancia.
PRUEBA DE TESTIGOS
El testigo es la persona que, habiendo tenido presumiblemen-
te conocimiento de un hecho que ha caído bajo la acción de
sus sentidos, es llamado luego para prestar declaración en jui-
cio acerca del mismo.
El testigo es la persona distinta de los sujetos procesales lla-
mada a exponer al juez las propias observaciones de hechos
acaecidos que tienen importancia en el pleito.
La prueba testimonial se caracteriza por ser una prueba cir-
cunstancial, al generarse en el transcurso del juicio. En teoría,
debería rendirse ante el juez, pero en la práctica se rinde úni-
camente ante el receptor judicial, y cualquier incidente que
proceda lo resuelve el juez, por escrito y más adelante. Por
eso, además, es una prueba mediata.
Existe una exclusión de prueba respecto de la prueba testi-
monial, que se explica por la desconfianza con que es mirada
por parte del legislador. Además, la oportunidad para rendir la
prueba testimonial se limita al término probatorio.
77
ARTÍCULO 402, C.P.C. No se recibirá prueba alguna contra los hechos perso-
nales claramente confesados por los litigantes en el juicio.
Podrá, sin embargo, admitirse prueba en este caso y aun abrirse un término
especial para ella, si el tribunal lo estima necesario y ha expirado el probato-
rio de la causa, cuando el confesante alegue, para revocar su confesión, que
ha padecido error de hecho y ofrezca justificar esta circunstancia.
Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará también al caso en que los
hechos confesados no sean personales del confesante.
REQUISITOS DE LOS TESTIGOS.
1. En primer lugar, debe tratarse de terceros a quienes no
afecte de ninguna manera el resultado del juicio.
a. Por esto, obviamente, ni las partes ni los terceros
intervinientes pueden ser testigos.
b. Además, cualquier causal objetiva por la cual el tes-
tigo pudiera tener algún interés, sea sentimental,
sea de cualquier clase, en el resultado del juicio,
será causa de su tacha.
2. Además, debe declarar sobre hechos precisos.
a. No se puede rendir prueba testimonial sobre puntos
de derecho; únicamente, sobre hechos.
b. El testigo sólo puede declarar sobre hechos preci-
sos y determinados. Cualquier opinión o juicio que
haga no será considerado.
3. Los hechos que conozca el testigo deben haber llegado a
su conocimiento por obra de sus propios sentidos, o por
el dicho de otros.
a. El testigo presencial, que es quien presenció el hecho
con sus sentidos, tendrá un mayor valor probatorio
porque será capaz de dar razón de sus dichos.
b. Dar razón de los dichos es señalar con precisión la
causa, antecedente o motivo que sustenta la decla-
ración que se hace de los hechos expuestos. Este
motivo es de carácter sustancial.
c. El testigo de oídas tendrá un mucho menor valor
probatorio.
CLASIFICACIÓN
SEGÚN LA FORMA EN LA CUAL LOS TESTIGOS TOMARON CO-
NOCIMIENTO DE LOS HECHOS.
 Testigos presenciales. Son aquellos que han estado física
y mentalmente presentes en el momento en que los
hechos ocurrieron.
 Testigos instrumentales. Son aquellos que han estado
física y mentalmente presentes en el momento en que se
ha suscrito un documento o desarrollado un acto jurídico
solemne que los requiere. Acreditan la veracidad de la
firma de los otorgantes.
 Testigos de oídas. Son aquellos que conocieron los hechos
a través del dicho de una de las partes o de terceros.
SEGÚN LAS CALIDADES O CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS
SOBRE LOS QUE DECLAREN LOS TESTIGOS.
 Testigos contestes. Testigos que están de acuerdo en el
hecho y en sus circunstancias esenciales.

36.  Testigos singulares. Testigos que están de acuerdo en el
hecho, pero que difieren entre sí sobre las circunstancias
que lo rodearon. La singularidad puede ser:
 Singularidad diversificativa. Los testigos declaran
sobre hechos diversos, no relacionados entre sí.
 Singularidad acumulativa. Los testigos declaran so-
bre hechos diversos que se complementan entre sí.
 Singularidad obstativa. Los testigos declaran sobre
hechos diversos que se contradicen entre sí.
SEGÚN SU CAPACIDAD PARA DECLARAR EN JUICIO.
 Testigos hábiles. Esta es la regla general, siendo estos los
testigos sobre los cuales no pesa una inhabilidad de las
que establece la ley, por lo que pueden declarar.
 Testigos inhábiles. Son aquellos afectos a inhabilidad le-
gal, por lo que no pueden declarar en juicio.
LIMITACIONES
La prueba testimonial tiene las siguientes limitaciones en su
uso, consagradas en el Código Civil
78
. Son las siguientes:
1. No se admite la prueba de testigos para probar la obli-
gación proveniente de un acto o contrato que haya de-
bido consignarse por escrito. Estos actos o contratos son
muchos:
a. Las obligaciones que emanan de actos y contratos
solemnes cuya solemnidad consiste en el otorga-
miento de un instrumento, sea público o privado.
Estos son actos solemnes que se prueban por su so-
lemnidad, estando también excluida cualquier otra
prueba.
b. Todos los actos y contratos que involucren la consti-
tución de obligaciones, o que sean promesas de di-
cha constitución, sobre cosas que valgan más de 2
U.T.M.
2. Tampoco se admite la prueba testimonial para acreditar
la alteración o adición de lo expresado en un acto o con-
78
ARTÍCULO 1.708, CÓDIGO CIVIL. No se admitirá prueba de testigos respecto de
una obligación que haya debido consignarse por escrito.
ARTÍCULO 1.709, CÓDIGO CIVIL. Deberán constar por escrito los actos o contra-
tos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de dos
unidades tributarias.
No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo
alguno lo que se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo que se alegue
haberse dicho antes, o al tiempo o después de su otorgamiento, aun cuando
en algunas de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo va-
lor no alcance a la referida suma.
No se incluirán en esta suma los frutos, intereses u otros accesorios de la es-
pecie o cantidad debida.
trato. Esto aplica aunque la obligación sea por menos de
2 U.T.M., o aunque la demanda se limite a ese valor79
.
3. Excepcionalmente, se admite la prueba testimonial
80
,
siempre que:
a. Exista un principio de prueba por escrito.
b. Sea imposible obtener una prueba por escrito.
c. Se trate de probar el depósito del que aloja en una
posada o del que entre a un centro de eventos.
d. Se trate de una contra-excepción legal, como el caso
del comodato
81
.
4. Una gigante contra-excepción a todo esto es el admitirse
cualquier prueba, incluyendo la testimonial, para probar
actos y contratos entre comerciantes, de carácter mer-
cantil82
.
PROCEDIMIENTO
INICIATIVA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL
1. Iniciativa de parte. Es la más importante, puesto que sin
ella no puede haber prueba testimonial alguna. Median-
te la iniciativa de parte se pueden ofrecer testigos en las
siguientes instancias:
a. Como medida prejudicial probatoria. Esta es una
medida que puede pedir tanto el futuro demandan-
te como el futuro demandado, ante el peligro de
que los testigos no pudieren deponer más adelante.
Quien desee solicitar esto debe acompañar una mi-
nuta con los puntos sobre los cuales será examinado
el testigo, minuta que será calificada por el tribunal.
79
ARTÍCULO 1.710, CÓDIGO CIVIL. Al que demanda una cosa de más de dos uni-
dades tributarias de valor no se le admitirá la prueba de testigos, aunque
limite a ese valor la demanda.
Tampoco es admisible la prueba de testigos en las demandas de menos de
dos unidades tributarias, cuando se declara que lo que se demanda es parte o
resto de un crédito que debió ser consignado por escrito y no lo fue.
80
ARTÍCULO 1.711, CÓDIGO CIVIL. Exceptúense de lo dispuesto en los tres artícu-
los precedentes los casos en que haya un principio de prueba por escrito, es
decir, un acto escrito del demandado o de su representante, que haga ve-
rosímil el hecho litigioso.
Así un pagaré de más de dos unidades tributarias en que se ha comprado una
cosa que ha de entregarse al deudor, no hará plena prueba de la deuda por-
que no certifica la entrega; pero es un principio de prueba para que por me-
dio de testigos se supla esta circunstancia.
Exceptúense también los casos en que haya sido imposible obtener una
prueba escrita, y los demás expresamente exceptuados en este Código y en
los Códigos especiales.
81
ARTÍCULO 2.175, CÓDIGO CIVIL. El contrato de comodato podrá probarse por
testigos, cualquiera que sea el valor de la cosa prestada.
82
ARTÍCULO 128, CÓDIGO DE COMERCIO. La prueba de testigos es admisible en
negocios mercantiles, cualquiera que sea la cantidad que importe la obliga-
ción que se trate de probar, salvo los casos en que la ley exija escritura públi-
ca.

37. b. Como medida de prueba de primera instancia. Los
testigos sólo podrán ofrecerse durante el primer
cuarto del probatorio, y la prueba testimonial sólo
puede rendirse durante el término probatorio.
c. Como medida de prueba de segunda instancia. Esto
es casi ilusorio
83
. Para que el tribunal pueda admitir
testigos en segunda instancia, se necesita que:
i. El tribunal decrete la prueba de testigos como
medida para mejor resolver. Para esto, se ne-
cesita la iniciativa previa de la parte, mediante
una solicitud, y el tribunal decretará la medida
a su entero arbitrio. Esto es, puede no decre-
tarla porque sí.
ii. La prueba testimonial no haya podido ser ren-
dida en el curso de la primera instancia.
iii. Los hechos a probar sean considerados por el
tribunal como estrictamente necesarios para la
resolución del juicio.
2. Iniciativa judicial. Esta es la medida del artículo 159 Nº 5
del C.P.C. Consiste en la comparecencia de testigos que
hayan declarado antes en el juicio, para que aclaren sus
dichos oscuros o contradictorios. Esto sólo podrá hacerlo
el juez en los 60 días que tiene el juez para dictar senten-
cia, plazo en que deberán declarar estos testigos sobre lo
que el juez estime necesario.
OBLIGACIONES DE LOS TESTIGOS.
1. Obligación de comparecer
84
. La regla general es que to-
dos los testigos deben comparecer ante el tribunal que
los citó. Las excepciones a esto85
son:
83
ARTÍCULO 207, C.P.C. En segunda instancia, salvo lo dispuesto en el inciso
final del artículo 310 y en los artículos 348 y 385, no se admitirá prueba algu-
na.
No obstante y sin perjuicio de las demás facultades concedidas por el artículo
159, el tribunal podrá, como medida para mejor resolver, disponer la recep-
ción de prueba testimonial sobre hechos que no figuren en la prueba rendida
en autos, siempre que la testimonial no se haya podido rendir en primera
instancia y que tales hechos sean considerados por el tribunal como estricta-
mente necesarios para la acertada resolución del juicio. En este caso, el tribu-
nal deberá señalar determinadamente los hechos sobre que deba recaer y
abrir un término especial de prueba por el número de días que fije pruden-
cialmente y que no podrá exceder de ocho días. La lista de testigos deberá
presentarse dentro de segundo día de notificada por el estado la resolución
respectiva.
84
ARTÍCULO 359, C.P.C. Toda persona, cualquiera que sea su estado o profe-
sión, está obligada a declarar y a concurrir a la audiencia que el tribunal seña-
le con este objeto.
Cuando se exija la comparecencia de un testigo a sabiendas de que es inútil
su declaración, podrá imponer el tribunal a la parte que la haya exigido una
multa de un décimo a medio sueldo vital.
85
ARTÍCULO 361, C.P.C. Podrán declarar en el domicilio que fijen dentro del
territorio jurisdiccional del tribunal:
1. El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Senadores y
Diputados, los Subsecretarios; los Intendentes Regionales, los Goberna-
dores y los Alcaldes, dentro del territorio de su jurisdicción; los jefes su-
periores de Servicios, los miembros de la Corte Suprema o de alguna Cor-
te de Apelaciones, los Fiscales Judiciales de estos Tribunales, los Jueces
a. Las personas que vivan fuera del territorio jurisdic-
cional del tribunal. Ellas serán examinadas mediante
un exhorto que contendrá copia de los puntos de
prueba fijados, en el tribunal que sea competente
en sus respectivos domicilios.
b. Altas autoridades.
c. Los religiosos, incluso los novicios.
d. Las mujeres, siempre que el comparecer les signifi-
que una grave molestia.
e. Los que por enfermedad o por otro impedimento
calificado por el tribunal no pudieren hacerlo.
f. Los chilenos y los extranjeros que gocen en Chile de
inmunidad diplomática.
2. Obligación de declarar en juicio86
. Por regla general, to-
das las personas están obligadas a declarar, que no es lo
mismo que comparecer. Cuando la ley exceptúa a una
persona de declarar, esta persona debe comparecer y en
el acto de comparecencia negarse a declarar invocando
la excepción. Estas excepciones son:
a. Las personas que deben guardar secreto profesio-
nal. Se ha interpretado que el artículo 360 Nº 1 no
establece taxativamente todas las profesiones que
están afectas a este deber, siendo la omisión más
notable la profesión de periodista.
i. Los abogados deben guardar secreto profesio-
nal. Por ello, al ser llamados a declarar como
Letrados; el Fiscal Nacional y los fiscales regionales; los Oficiales Genera-
les en servicio activo o en retiro, los Oficiales Superiores y los Oficiales Je-
fes; el Arzobispo y los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los
Vicarios y Provicarios Capitulares; y los Párrocos, dentro del territorio de
la parroquia a su cargo;
2. Derogado;
3. Los religiosos, incluso los novicios;
4. Las mujeres, siempre que por su estado o posición no puedan concurrir
sin grave molestia; y
5. Los que por enfermedad u otro impedimento, calificado por el tribunal,
se hallen en la imposibilidad de hacerlo.
Para este efecto, dentro del tercer día hábil siguiente a su notificación, las
personas mencionadas propondrán al tribunal el lugar y la fecha, comprendi-
da dentro del término probatorio, de realización de la audiencia respectiva. El
juez los fijará sin más trámite si el interesado así no lo hiciere ni comunicare
su renuncia al derecho que le confiere este artículo.
Con todo, los miembros y fiscales judiciales de las Cortes y los jueces letrados
que ejerzan sus funciones en el asiento de éstas, no declararán sin previo
permiso de la Corte Suprema, tratándose de algún miembro o fiscal judicial
de este tribunal, o de la respectiva Corte de Apelaciones en los demás casos.
Este permiso se concederá siempre que no parezca que sólo se trata de esta-
blecer, respecto del juez o fiscal judicial presentado como testigo, una causa
de recusación.
86
ARTÍCULO 360, C.P.C. No serán obligados a declarar:
1. Los eclesiásticos, abogados, escribanos, procuradores, médicos y matro-
nas, sobre hechos que se les hayan comunicado confidencialmente con
ocasión de su estado, profesión u oficio;
2. Las personas expresadas en los números 1°, 2° y 3° del artículo 358; y
3. Los que son interrogados acerca de hechos que afecten el honor del tes-
tigo o de las personas mencionadas en el número anterior, o que impor-
ten un delito de que pueda ser criminalmente responsable el declarante
o cualquiera de las personas referidas.

38. testigos sobre hechos que conocieren como
profesionales, deben comparecer al tribunal
correspondiente y negarse a declarar.
ii. La presencia o ausencia de los periodistas aquí
depende únicamente de la interpretación ju-
risprudencial que se haga. Puedo intentar exi-
gir, con un grado limitado y aún posible de éxi-
to, que un periodista revele sus fuentes, para
obtener éxito en mi causa.
b. Los parientes. Ellos son los cónyuges y parientes de
alguna de las partes hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad y segundo de afinidad.
c. Aquellos a quienes se interroga sobre:
i. Hechos que afectan el honor del testigo o de
sus parientes.
ii. Hechos que puedan incriminar al testigo, a la
parte, o a cualquiera de sus parientes, respec-
to de delitos penales.
3. Obligación de decir la verdad. El principal requisito de
validez del testimonio es el juramento, que asegura que
el testigo dirá toda la verdad.
a. El juramento es una fórmula sacramental
87
, que di-
ce: “¿Juráis por Dios decir verdad acerca de lo que se
os va a preguntar?". El testigo debe responder “Sí,
juro” para dar validez a su testimonio.
b. Si el testigo miente en su declaración será culpable
del delito de falso testimonio en causa civil
88
. No es
igual un testimonio falso que uno equivocado, sin
embargo. Se debe probar la voluntad de engañar.
DERECHOS DE LOS TESTIGOS.
1. El testigo tiene derecho a ser citado a declarar en un día
preciso y determinado. Si es citado “el decimoquinto día
del término probatorio” tendrá todo el derecho a no con-
currir, pues ese no es un día preciso y determinado y el
testigo no tiene por qué examinar el proceso y ver cuán-
do es ese día.
2. Que quien lo presenta como testigo pague los gastos que
importa su comparecencia89
. El testigo tiene 20 días des-
87
ARTÍCULO 363, C.P.C. Antes de examinar a cada testigo, se le hará prestar
juramento al tenor de la fórmula siguiente: “¿Juráis por Dios decir verdad
acerca de lo que se os va a preguntar?". El interrogado responderá: "Sí, juro",
conforme a lo dispuesto en el artículo 62.
88
ARTÍCULO 209, CÓDIGO PENAL. El falso testimonio en causa civil, será castigado
con presidio menor en su grado medio y multa de once a veinte unidades
tributarias mensuales.
Si el valor de la demanda no excediere de cuatro sueldos vitales, las penas
serán presidio menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades
tributarias mensuales.
89
ARTÍCULO 381, C.P.C. Tiene el testigo derecho para reclamar de la persona
que lo presenta, el abono de los gastos que le imponga la comparecencia.
Se entenderá renunciado este derecho si no se ejerce en el plazo de veinte
días, contados desde la fecha en que se presta la declaración.
de que se le toma declaración para pedir que quien lo
presentó le pague.
HABILIDAD DE LOS TESTIGOS.
La regla general para los testigos es la habilidad. Todos los
testigos son hábiles, salvo que éstos estuvieren afectos a al-
guna inhabilidad. Esta puede ser absoluta o relativa.
1. Las inhabilidades absolutas
90
son las que impiden al tes-
tigo inhábil declarar en cualquier tipo de juicio. Los testi-
gos absolutamente inhábiles son91
:
a. Incapaces absolutos.
i. Los menores de 14 años. Sin embargo, se acep-
tan sus declaraciones sin juramento previo, las
que son consideradas por el juez en la medida
de su discernimiento.
ii. Los interdictos por demencia.
iii. Los sordomudos que no pudieren darse a en-
tender claramente.
b. Quienes carecieren del sentido o de la razón nece-
sarios para dar razón de lo que han visto por cual-
quier razón, ya sea:
i. Al tiempo de declarar.
ii. Al tiempo de verificarse los hechos.
c. Personas indignas de fe. A todos ellos el tribunal
puede repelerlos de oficio.
i. Quienes hayan intentado cohechar a funciona-
rios en el juicio, lo hayan logrado, o hayan sido
ellos cohechados.
ii. Las personas que hayan sido condenadas por
delitos anteriormente, siempre que el juez así
lo estime.
En caso de desacuerdo, estos gastos serán regulados por el tribunal sin forma
de juicio y sin ulterior recurso.
90
ARTÍCULO 356, C.P.C. Es hábil para testificar en juicio toda persona a quien la
ley no declare inhábil.
91
ARTÍCULO 357, C.P.C. No son hábiles para declarar como testigos:
1. Los menores de catorce años. Podrán, sin embargo, aceptarse las decla-
raciones sin previo juramento y estimarse como base para una presun-
ción judicial, cuando tengan discernimiento suficiente;
2. Los que se hallen en interdicción por causa de demencia;
3. Los que al tiempo de declarar, o al de verificarse los hechos sobre que
declaran, se hallen privados de la razón, por ebriedad u otra causa;
4. Los que carezcan del sentido necesario para percibir los hechos declara-
dos al tiempo de verificarse éstos;
5. Los sordos o sordomudos que no puedan darse a entender claramente;
6. Los que en el mismo juicio hayan sido cohechados, o hayan cohechado o
intentado cohechar a otros, aun cuando no se les haya procesado crimi-
nalmente;
7. Los vagos sin ocupación u oficio conocido;
8. Los que en concepto del tribunal sean indignos de fe por haber sido
condenados por delito; y
9. Los que hagan profesión de testificar en juicio.

39. iii. Los vagos sin ocupación ni oficio conocido. Los
cesantes no son vagos.
iv. Los jureros. Ellos son personas pagadas para
mentir y testificar en juicio.
2. Las inhabilidades relativas
92
son aquellas que impiden al
testigo inhábil declarar sólo en ciertos juicios específicos.
Los testigos relativamente inhábiles son:
a. El cónyuge y los parientes hasta el 4º grado de con-
sanguinidad y 2º de afinidad.
b. Los pupilos, si fueren presentados por sus guarda-
dores, y viceversa.
c. Los criados, dependientes de quien los presenta, o
cualquiera que tuviere una relación laboral con
quien lo presenta como testigo en una causa civil.
d. Quienes tuvieren un interés cierto, material, pecu-
niario y estimable en dinero en la causa.
e. Quienes tengan íntima amistad con quien los pre-
senta, o gran enemistad respecto de la contraparte
de quien los presenta. Esto debe ser demostrado
con hechos graves.
Las inhabilidades absolutas y relativas tienen efectos diversos.
1. Las inhabilidades absolutas facultan al tribunal a repeler
de oficio a los testigos inhábiles y a no tomarles declara-
ción, si la contraparte de quien presenta al testigo inhábil
notare la inhabilidad absoluta. En cambio, si la inhabili-
dad fuere relativa, el juez no podrá repelerlo de oficio y,
si la parte formulare una tacha, el juez de todas formas
debe tomar la declaración del testigo, resolviendo sobre
la tacha en la sentencia definitiva.
2. Es imposible purgar una inhabilidad absoluta, pero las
inhabilidades relativas se pueden purgar. Esto sucederá
92
ARTÍCULO 358, C.P.C. Son también inhábiles para declarar:
1. El cónyuge y los parientes legítimos hasta el cuarto grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad de la parte que los presenta como testigos;
2. Los ascendientes, descendientes y hermanos ilegítimos, cuando haya
reconocimiento del parentesco que produzca efectos civiles respecto de
la parte que solicite su declaración [Derogado orgánicamente];
3. Los pupilos por sus guardadores y viceversa;
4. Los criados domésticos o dependientes de la parte que los presente.
Se entenderá por dependiente, para los efectos de este artículo, el que
preste habitualmente servicios retribuidos al que lo haya presentado por
testigo, aunque no viva en su casa;
5. Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su
testimonio;
6. Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para
declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto; y
7. Los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemis-
tad respecto de la persona contra quien declaren.
La amistad o enemistad deberán ser manifestadas por hechos graves que
el tribunal calificará según las circunstancias.
Las inhabilidades que menciona este artículo no podrán hacerse valer cuando
la parte a cuyo favor se hallan establecidas, presente como testigos a las
mismas personas a quienes podrán aplicarse dichas tachas.
cuando ambas partes presentan testigos inhábiles rela-
tivamente, lo cual nivela el campo de juego.
3. Es imposible pensar en renunciar las inhabilidades abso-
lutas, puesto que ellas son de orden público. En cambio,
las inhabilidades relativas sí pueden ser renunciadas si
no se hacen valer las tachas en el momento correspon-
diente o si se produce la purga de las inhabilidades.
PROCEDIMIENTO PROPIAMENTE TAL.
1. Lista de testigos93
. Dentro de la primera cuarta parte del
término probatorio redondeada hacia arriba, el interesa-
do en presentar testigos deberá presentar su lista. En el
caso del juicio ordinario, con un término probatorio de 20
días, la lista de testigos deberá ser presentada en los
primeros 5 días.
a. Este plazo se cuenta desde el comienzo del término
probatorio, que puede ser desde la última notifica-
ción por cédula de la resolución que recibe la causa
a prueba o desde la notificación por cédula de la
resolución que se pronuncia sobre la última reposi-
ción presentada contra ésta.
b. Por eso, ¿qué sucede cuando presento mi lista de
testigos el día 2 del término probatorio y el día 3 la
contraparte presenta, dentro de plazo, reposición?
Esta situación fue resuelta por la Ley 20.192 que
modificó el artículo 320 del C.P.C., señalando que la
lista de testigos presentada el día 2, en este caso,
valdrá, y no se deberá presentar nueva lista por
haberse presentado una reposición.
c. La lista debe contener el nombre completo, el do-
micilio y la profesión u oficio de cada uno de los
testigos que será presentado. Si viviere en el extran-
jero, la lista también contendrá la ciudad y el país
donde viviere el testigo.
i. Si un testigo está mal individualizado, la contra-
ria podrá oponerse a que declare (Inhabilidad
general)
d. Sólo si se presenta lista de testigos oportunamente
habrá prueba testimonial en el proceso. La parte
93
ARTÍCULO 320, C.P.C. Desde la primera notificación de la resolución a que se
refiere el artículo 318, y hasta el quinto día de la última, cuando no se haya
pedido reposición en conformidad al artículo anterior y en el caso contrario,
dentro de los cinco días siguientes a la notificación por el estado de la resolu-
ción que se pronuncie sobre la última solicitud de reposición, cada parte de-
berá presentar una minuta de los puntos sobre que piense rendir prueba de
testigos, enumerados y especificados con claridad y precisión.
Deberá acompañar una nómina de los testigos de que piensa valerse, con
expresión del nombre y apellido, domicilio, profesión u oficio. La indicación
del domicilio deberá contener los datos necesarios a juicio del juzgado, para
establecer la identificación del testigo.
Si habiéndose pedido reposición ya se hubiere presentado lista de testigos y
minuta de puntos por alguna de las partes, no será necesario presentar
nuevas lista ni minuta, salvo que, como consecuencia de haberse acogido el
recurso, la parte que las presenta estime pertinente modificarlas.

40. puede anotar en su lista todos los testigos que quie-
ra, pero debe presentar su lista oportunamente.
e. La lista de testigos se presenta ante el tribunal que
conoce de la causa.
i. Si un testigo viviera fuera del territorio jurisdic-
cional del tribunal que conoce de la causa, será
examinado por el tribunal competente en su
domicilio, vía exhorto.
ii. Puede, sin embargo, de manera opcional, ser
presentado ante el tribunal que conoce por el
interesado, omitiéndose la tramitación del ex-
horto.
iii. El exhorto debe contener copia de los puntos
de prueba y copia de los escritos de la fase de
discusión, a lo menos.
2. Junto con la lista de testigos, se debe presentar una mi-
nuta de puntos de prueba, que es un desglose de los
hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos fijados
en la resolución que recibe la causa a prueba, desglose
sobre el que declararán los testigos.
a. Si no se presenta la minuta de puntos de prueba, la
sanción debería ser la imposibilidad de rendir
prueba testimonial.
b. En realidad el único caso en que esto sucede es en
la medida prejudicial probatoria de testigos.
c. La jurisprudencia ha señalado que la única sanción
que se tiene ante la no presentación de minuta es
que los testigos declararán sobre los puntos de
prueba fijados en la resolución que recibe la causa
a prueba, sin mayor desglose.
3. Fijación de fecha de audiencia
94
. En la resolución que re-
cibe la causa a prueba, o en otra posterior, el tribunal fi-
jará la fecha y la hora en que recibirá las declaraciones de
los testigos que las partes deseen presentar. Este es un
trámite esencial.
4. Citación judicial del testigo. La parte interesada en la
concurrencia del testigo deberá citarlo judicialmente.
a. Esto trae consigo el interesante efecto de que si el
examen del testigo no ha sido realizado y éste ha si-
do citado judicialmente a declarar, el testigo declara
sí o sí, aunque tenga que abrirse un término espe-
cial para ello95
.
94
ARTÍCULO 369, C.P.C. El tribunal, atendido el número de testigos y el de los
puntos de prueba, señalará una o más audiencias para el examen de los que
se encuentren en el departamento [TERRITORIO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL].
Procurará también, en cuanto sea posible, que todos los testigos de cada
parte sean examinados en la misma audiencia.
95
ARTÍCULO 380, C.P.C. Siempre que lo pida alguna de las partes, mandará el
tribunal que se cite a las personas designadas como testigos en la forma es-
tablecida por el artículo 56, indicándose en la citación el juicio en que debe
prestarse la declaración y el día y hora de la comparecencia.
b. Se debe citar al testigo al momento de presentarse
la lista de testigos, o con posterioridad antes de la
audiencia de prueba.
c. El tribunal siempre ordenará la citación una vez esta
sea solicitada.
d. Si el testigo no comparece puede ser arrestado, y, si
se niega a declarar, puede incluso ser culpable del
delito de obstrucción a la justicia.
e. El testigo, al ser un tercero ajeno a los resultados del
juicio, debe ser citado a éste por cédula.
5. Por cada punto de prueba señalado en la resolución que
recibe la causa a prueba se pueden presentar 6 testigos
96
como máximo. Si este límite se excediere se tomarán en
cuenta sólo los primeros 6 testimonios, en el orden en
que han declarado.
6. Se pueden admitir testigos nuevos que no estén en la
lista de testigos. Sin embargo, esto tiene requisitos muy
estrictos.
a. El juez debe calificar previamente la procedencia de
esto. Sólo se admiten en casos muy calificados.
b. La parte que los presenta debe jurar que no sabía
de la existencia de estos testigos al momento de
presentarlos en forma extraordinaria.
7. Toma de la declaración. Para que esto suceda se deben
seguir los siguientes pasos.
a. Contratar un receptor. El receptor judicial es el úni-
co ministro de fe habilitado para participar en la
prueba testimonial
97
. Ellos no reciben un sueldo y
sólo cobran por diligencia realizada, por lo que se les
debe contratar para la ocasión.
b. Esperar a que los testigos lleguen y declaren. La
idea es que los testigos del demandado y los del
demandante no entren en contacto entre sí. Esto se
hace, por lo general, abriendo dos audiencias en
El testigo que legalmente citado no comparezca podrá ser compelido por
medio de la fuerza a presentarse ante el tribunal que haya expedido la cita-
ción, a menos que compruebe que ha estado en imposibilidad de concurrir.
Si compareciendo se niega sin justa causa a declarar, podrá ser mantenido en
arresto hasta que preste su declaración.
Todo lo cual se entiende sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda
afectar al testigo rebelde.
96
ARTÍCULO 372, C.P.C. Serán admitidos a declarar solamente hasta seis testi-
gos, por cada parte, sobre cada uno de los hechos que deban acreditarse.
Sólo se examinarán testigos que figuren en la nómina a que se refiere el inci-
so final del artículo 320.
Podrá, con todo, el tribunal admitir otros testigos en casos muy calificados, y
jurando la parte que no tuvo conocimiento de ellos al tiempo de formar la
nómina de que trata el inciso anterior.
97
ARTÍCULO 390, C.O.T. Los receptores son ministros de fe pública encargados
de hacer saber a las partes, fuera de las oficinas de los secretarios, los decre-
tos y resoluciones de los Tribunales de Justicia, y de evacuar todas aquellas
diligencias que los mismos tribunales les cometieren.
Deben recibir, además, las informaciones sumarias de testigos en actos de
jurisdicción voluntaria o en juicios civiles y actuar en estos últimos como mi-
nistros de fe en la recepción de la prueba testimonial y en la diligencia de
absolución de posiciones.

41. días distintos, una por cada parte. La declaración es
en un solo acto, que no puede ser interrumpido.
c. Hacer jurar al testigo. Lo primero que hará el recep-
tor judicial es hacer al testigo prestar juramento de
acuerdo con la fórmula antes revisada. Si el testigo
no ha jurado, su testimonio no será válido.
d. Preguntas de tacha. La contraparte de quien pre-
senta el testigo le dirigirá primero algunas preguntas
para ver si el testigo incurre en una inhabilidad ab-
soluta o relativa. Si estima que esto es así, formulará
la tacha del testigo en ese momento.
i. La respuesta de la contraparte puede ser retirar
al testigo, u oponerse a la tacha. Si ella no se
funda en una inhabilidad absoluta, se debe to-
mar declaración al testigo de todas formas.
ii. Si se trata de una causal de inhabilidad absolu-
ta, el receptor puede repeler de oficio al testi-
go. Esto también sucederá si el receptor se da
cuenta por sí mismo de la causal (por ejemplo,
un testigo que llega en manifiesto estado de
ebriedad)
iii. La tacha se tramita como incidente. Puede re-
cibirse el incidente a prueba, en cuyo caso de-
berá ser probado en el transcurso del término
probatorio, que será ampliado hasta 10 días, si
lo que queda es poco.
e. Hacer declarar al testigo. Esto tiene varias fases.
i. El receptor preguntará al testigo, sobre la base
de los puntos de prueba de la minuta, o, si esta
no ha sido presentada, de los puntos de la reso-
lución que recibe la causa a prueba.
ii. Los testigos deben responder de una manera
clara y precisa a las preguntas que se les hagan.
iii. Si algún testigo no habla ni entiende castellano,
o si es sordomudo, se le examinará por medio
de un intérprete, quien deberá antes jurar co-
mo perito.
f. Repreguntas. La parte que presenta al testigo tiene
el derecho a dirigir las preguntas necesarias para
que el testigo aclare sus dichos, los rectifique o los
esclarezca.
g. Contra-interrogación. Posteriormente, la parte con-
tra la que se presenta el testigo podrá preguntarle
todo lo que estime necesario para deslegitimarlo. La
contra-interrogación es un trámite esencial, puesto
que su omisión genera indefensión para la parte
contra la que se presenta el testigo.
h. Impugnación. Las preguntas que se dirijan pueden
ser impugnadas, siempre que:
i. Fueran inductivas, o sea, se tratare de pregun-
tas donde el testigo simplemente asintiere o
negare lo que la parte que pregunta quiere de-
cir. Sin embargo, ellas son admisibles cuando
se trata de la contra-interrogación.
ii. No fueran procedentes, o sea, no tuvieren re-
lación con hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos de la causa.
i. Acta. La audiencia termina con su reducción a un ac-
ta por el receptor, que firmarán éste como ministro
de fe, las partes asistentes y el testigo.
TACHAS DE LOS TESTIGOS.
Las tachas constituyen el medio procesal de hacer valer las
inhabilidades que puedan afectar a los testigos.
La parte que ha de hacer valer la tacha es la parte contra la
cual se presenta a declarar el testigo, y la tacha podrá ser in-
vocando ya sea una inhabilidad absoluta, o relativa. Sólo pue-
de ser formulada en forma previa a que el testigo declare.
La ley está pensando en que la tacha se haga valer entre que
el testigo es señalado en la lista de testigos y su concurrencia
a declarar en audiencia. Esto, porque en el momento mismo
de comenzar su declaración el testigo precluye el derecho pa-
ra hacer valer tacha alguna.
En la práctica, como ya se vio, lo que se hace es realizar las
preguntas de tacha en la audiencia donde el testigo declara,
justo antes de que comience su declaración.
Si se admite la declaración de un testigo que no está en la lista
de testigos, los plazos son mucho más relajados, pudiéndose
tachar al testigo nuevo hasta 3 días después de su declara-
ción98
. Esto, por haber tenido la contraria menos tiempo para
averiguar detalles sobre el testigo.
Si se usan testigos para probar la tacha, en caso de que el in-
cidente de tacha sea recibido a prueba, esos testigos pueden
ser tachados. Sin embargo, no se recibe prueba testimonial
sobre las tachas de los testigos que prueban las tachas.
La tacha es resuelta en la parte resolutiva de la sentencia de-
finitiva, y su resolución es una verdadera SENTENCIA INTERLOCU-
TORIA DE PRIMERA CLASE empotrada en una sentencia definitiva
99
.
98
ARTÍCULO 373, C.P.C. Solamente podrán oponerse tachas a los testigos antes
de que presten su declaración. En el caso del inciso final del artículo anterior
[372, REFERENTE A LA PRESENTACIÓN EXTRAORDINARIA DE TESTIGOS], podrán también
oponerse dentro de los tres días subsiguientes al examen de los testigos.
Sólo se admitirán las tachas que se funden en alguna de las inhabilidades men-
cionadas en los artículos 357 y 358, y con tal que se expresen con la claridad y
especificación necesarias para que puedan ser fácilmente comprendidas.
99
ARTÍCULO 379, C.P.C. Las resoluciones que ordenan recibir prueba sobre las
tachas opuestas son inapelables.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la legalidad de las tachas y su
comprobación serán apreciadas y resueltas en la sentencia definitiva.

42. Esto es, contra la parte que resuelve las tachas procederán los
recursos que proceden contra las sentencias interlocutorias
de primera clase, no los que proceden contra la sentencia de-
finitiva.
VALOR PROBATORIO
1. Testigos menores de 14 años. Cuando tienen suficiente
discernimiento, cosa que será evaluada por el juez, sus
declaraciones, que son expresadas sin juramento y sin
que ello les quite la validez que aquí se expone, sirven de
base para una presunción judicial.
2. Testigos de oídas. Sus dichos sólo pueden ser estimados
como base para una presunción judicial. Sin embargo,
sus testimonios tendrán un valor mayor cuando ellos
hayan oído decir a las partes afirmaciones relativas a
hechos de la causa100
, que los clarifiquen o los expli-
quen.
3. Testigos presenciales101
. El valor de estos testigos va de
acuerdo con su calidad y cantidad.
a. Un testigo presencial, sin tacha y que da razón de
sus dichos. Su testimonio tiene valor de una presun-
ción judicial, que será ponderada por el tribunal.
Puede o no ser grave.
b. Dos o más testigos presenciales, contestes, sin ta-
cha y que dan razón de sus dichos. Cuando no fue-
100
ARTÍCULO 383, C.P.C. Los testimonios de oídas, esto es, de testigos que rela-
tan hechos que no han percibido por sus propios sentidos y que sólo conocen
por el dicho de otras personas, únicamente podrán estimarse como base de
una presunción judicial.
Sin embargo, es válido el testimonio de oídas cuando el testigo se refiere a lo
que oyó decir a alguna de las partes, en cuanto de este modo se explica o
esclarece el hecho de que se trata.
101
ARTÍCULO 384, C.P.C. Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las
declaraciones de los testigos conforme a las reglas siguientes:
1. La declaración de un testigo imparcial y verídico constituye una presun-
ción judicial cuyo mérito probatorio será apreciado en conformidad al
artículo 426;
2. La de dos o más testigos contestes en el hecho y en sus circunstancias
esenciales, sin tacha, legalmente examinados y que den razón de sus
dichos, podrá constituir prueba plena cuando no haya sido desvirtuada
por otra prueba de contrario;
3. Cuando las declaraciones de los testigos de una parte sean contradicto-
rias con las de los testigos de la otra, tendrán por cierto lo que declaren
aquellos que, aun siendo en menor número, parezca que dicen la verdad
por estar mejor instruidos de los hechos, o por ser de mejor fama, más
imparciales y verídicos, o por hallarse más conformes en sus declaracio-
nes con otras pruebas de proceso;
4. Cuando los testigos de una y otra parte reúnan iguales condiciones de
ciencia, de imparcialidad y de veracidad, tendrán por cierto lo que decla-
re el mayor número;
5. Cuando los testigos de una y otra parte sean iguales en circunstancias y
en número, de tal modo que la sana razón no pueda inclinarse a dar más
crédito a los unos que a los otros, tendrán igualmente por no probado el
hecho; y
6. Cuando sean contradictorias las declaraciones de los testigos de una
misma parte, las que favorezcan a la parte contraria se considerarán pre-
sentadas por ésta, apreciándose el mérito probatorio de todas ellas en
conformidad a las reglas precedentes.
ren controvertidos por otra prueba del proceso, sus
dichos pueden ser valorados como prueba plena.
4. Mezclas de testigos de partes. Los testigos de una parte
pueden restar valor a los de la contraria.
a. Cuando existe contradicción entre los testigos de
ambas partes, el juez debe preferir a aquellos testi-
gos que, aunque sean menos, dan mejores razones
de sus dichos, parezcan más verídicos, o estén más
conformes con otras pruebas del proceso.
b. El juez sólo decidirá por número de testigos cuando
todos los testigos de ambas partes reúnan iguales
condiciones de conocimiento, imparcialidad y vera-
cidad. Como se ve, esto es difícil.
c. Si los testigos presentados por ambas partes fueren
iguales en número, conocimiento de los hechos,
imparcialidad y veracidad, el hecho no se tendrá
por probado.
d. Si el testimonio de los testigos presentados por una
parte beneficia a la contraria, se asumirán presen-
tados por esa parte contraria y se considerarán.
INFORME DE PERITOS
El informe de peritos es la opinión emitida en un proceso, por
una persona que posee conocimientos especiales de alguna
ciencia o arte, acerca de un hecho sustancial, pertinente y con-
trovertido, o de alguna circunstancia necesaria para la ade-
cuada resolución de un asunto.
Perito es un tercero extraño al juicio que posee conocimientos
especiales de alguna ciencia, técnica o arte, y que, en virtud
de ello, le es requerida su opinión por el tribunal respecto de
un hecho controvertido en el proceso o de algún punto de de-
recho extranjero.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PERITOS.
1. El perito ha de informar al juez los principios generales
basados de la experiencia que resulten de la aplicación
de su ciencia. Ello involucra:
a. El perito debe tener un alto grado de capacidad
técnica en su área, además de la capacidad para
ilustrar al juez, ignorante en las materias propias del
perito, para generar convicción en él.
b. En muchos casos es necesario además el uso del
método científico por parte del perito, que se usará
para extraer conclusiones de los hechos fuente de
prueba que han sido objeto de la pericia.

43. 2. El perito no debe estar afecto a ninguna de las inhabilida-
des absolutas o relativas que le impidieran declarar en la
misma causa como testigo. Además.
a. Tampoco debe estar sujeto a causal alguna de impli-
cancia o recusación. Ellas son las de los jueces, y se
cruzan a veces con las inhabilidades antes mencio-
nadas.
b. Debe poseer algún conocimiento de alguna ciencia,
arte o técnica.
3. El perito no conoce los hechos con anterioridad al juicio
como el testigo, los conoce con motivo del juicio. Por
eso, no importa quién sea el perito, a diferencia del tes-
tigo, donde sí importa mucho quién sea. Por esto, la
prueba pericial es circunstancial.
4. El testigo presta un juramento donde jura decir la ver-
dad. En cambio, el perito jura desempeñar fielmente la
función que se le encomienda.
5. El testigo nunca declara sobre sus apreciaciones persona-
les o sobre puntos de derecho. En cambio, el perito ha de
declarar sobre sus apreciaciones personales fundadas en
su conocimiento técnico, y puede declarar sobre puntos
de derecho extranjero.
6. El valor de las opiniones de los peritos es valorado por el
tribunal según las reglas de la sana crítica.
El perito y el testigo han tendido a fusionarse en uno en los
procedimientos modernos, en donde las partes son quienes
presentan sus testigos y sus peritos, pudiendo ellos ser obje-
tados por la contraparte, y apareciendo la figura del testigo
perito, que es la persona que ha observado un hecho con mo-
tivo de su conocimiento técnico, y que declara como testigo y
como perito. Esta es la situación en el nuevo proceso penal.
Esto no se admite en el procedimiento civil vigente en Chile.
PROCEDENCIA
La prueba de peritos, y el nombramiento de éstos, procederán
de forma obligatoria en los siguientes casos
102
, donde su omi-
sión hará nula la sentencia.
1. [314 CÓDIGO CIVIL] Calificación de edad. Si no hay certifi-
cados o documentación confiable que determine la edad
o el nacimiento de una persona, y ese dato debiera ser
determinado para ver si ella es o no capaz para ejercer
ciertos derechos, el juez llamará a peritos para determi-
nar la edad de esa persona. Esto, como se ve, es rarísimo
hoy en día.
102
ARTÍCULO 409, C.P.C. Se oirá informe de peritos en todos aquellos casos en
que la ley así lo disponga, ya sea que se valga de estas expresiones o de otras
que indiquen la necesidad de consultar opiniones periciales
2. [460 CÓDIGO CIVIL] Interdicción por demencia. El juez debe
oír a peritos para que ellos determinen la existencia y la
naturaleza de la demencia.
3. [848 CÓDIGO CIVIL] Servidumbre de paso. Si un predio no
tiene comunicación alguna con algún camino que sirva
para acceder a él, su dueño tendrá el derecho de imponer
a los demás predios una servidumbre de paso, pagando
una indemnización por ello a los dueños de éstos. Si no
hubiere acuerdo, los peritos fijarán el trazado de la servi-
dumbre de paso y el monto de la indemnización.
4. [1.335 CÓDIGO CIVIL] Partición de la comunidad heredita-
ria. Para la partición de la comunidad, se debe partir por
el valor que fijen los peritos. Este valor podrá cambiarse
por el acuerdo de los futuros asignatarios.
5. [1.998 CÓDIGO CIVIL] Contratos para la confección de
obras materiales. Si a un tercero se le hubiere otorgado
la facultad de fijar el precio de la obra a construir, y éste
muriere después de iniciada la obra, el precio será fijado
por peritos.
6. [2.002 CÓDIGO CIVIL] Contratos para la confección de
obras materiales, segunda parte. Si la parte que encargó
la obra alega haberse hecho mal el trabajo y va a juicio
contra quien la construyó, las dos partes deberán nom-
brar peritos que sustenten sus posiciones.
7. [2.397 CÓDIGO CIVIL] Prenda. El acreedor prendario que
tiene un bien mueble en prenda garantizando una obliga-
ción que no le ha sido pagada puede escoger entre la
venta de este bien en pública subasta, o su valorización
por peritos, y posterior adjudicación e imputación a su
crédito.
8. [347 C.P.C.] Instrumentos extendidos en lengua extranje-
ra. El instrumento que no se presente en castellano y se
presente sin su traducción debe ser traducido por el peri-
to que el tribunal designará, a costa de quien lo presente.
Si la contraparte desea impugnar la traducción que se
acompaña, se procederá de esta misma manera, siendo
el impugnante quien pague la traducción así obtenida.
9. [348 BIS C.P.C.] Impugnación de documentos electrónicos.
Si esto sucede, el juez puede pedir una prueba comple-
mentaria de autenticidad, para la cual designará peritos
informáticos de acuerdo con las reglas generales.
10. [350 C.P.C.] Cotejo de letras. Cuando la parte interesada
en destruir el instrumento público que carece de matriz,
o la parte que presenta el instrumento privado, lo solicita,
el juez procede a designar peritos calígrafos de acuerdo
con las reglas generales.
11. [438 Nº 2 C.P.C] Ejecución sobre el valor de la especie de-
bida. Si ella no existe en poder del deudor, el tribunal
nombrará a un perito, quien determinará su valor.
12. [571 C.P.C.] Denuncia de obra ruinosa. Ante la presenta-
ción de la denuncia de obra ruinosa, el tribunal, tan pron-

44. to como sea posible, acudirá a inspeccionar personalmen-
te el lugar para ver por sí la situación, asesorado por un
perito que designará previamente. Cada parte, además,
podrá llevar un perito de su preferencia.
13. [602 C.P.C.] Lanzamiento ante el desahucio del contrato
de arrendamiento de bien inmueble. Si el arrendatario
alega que hay bienes de su propiedad, como plantas, que
no pueden ser separados de ésta sin causar detrimento al
valor de la propiedad, se designarán peritos que proce-
derán a avaluar estos bienes.
14. [657 C.P.C.] Juicio de partición de bienes, adjudicación de
los bienes comunes. Aquí el valor de los bienes a adjudi-
car lo determinarán peritos, quienes serán nombrados
conforme a las normas generales.
15. [761 C.P.C.] Acción de desposeimiento contra el bien raíz
hipotecado o acensuado. En el caso en que el deudor
personal no fuere oído sobre el valor de este bien, éste
procederá a determinarse por peritos, que serán nom-
brados según las reglas generales.
16. [865 C.P.C.] Inventario solemne. Cuando fuere necesario
agregar al inventario solemne la tasación de los bienes, el
juez puede nombrar peritos tasadores, quienes serán
nombrados conforme a las normas generales.
Además, el informe pericial puede ser pedido opcionalmente
como medida probatoria sobre los siguientes puntos
103
.
1. Sobre un punto de hecho para cuya apreciación se re-
quieran los conocimientos que sólo puede aportar un pe-
rito, sobre alguna ciencia o arte que éste domine.
2. Sobre un punto de derecho o legislación extranjera.
a. El tribunal debe aplicar de oficio la ley extranjera,
cuando esto fuere necesario.
b. La interpretación de las normas jurídicas extranjeras
que el perito dé no es vinculante, siendo esa mate-
ria propia del juez.
103
ARTÍCULO 411, C.P.C. Podrá también oírse el informe de peritos:
1. Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos
especiales de alguna ciencia o arte; y
2. Sobre puntos de derecho referentes a alguna legislación extranjera.
Los gastos y honorarios que en estos casos se originen por la diligencia misma
o por la comparecencia de la otra parte al lugar donde debe practicarse, serán
de cargo del que la haya solicitado; salvo que el tribunal estime necesaria la
medida para el esclarecimiento de la cuestión, y sin perjuicio de lo que en
definitiva se resuelva sobre pago de costas. El tribunal, de oficio o a petición
de parte, podrá ordenar que previamente se consigne una cantidad pruden-
cial para responder a los gastos y honorarios referidos.
La resolución por la cual se fije el monto de la consignación será notificada
por cédula al que solicitó el informe de peritos. Si dicha parte deja transcurrir
diez días, contados desde la fecha de la notificación, sin efectuar la consigna-
ción, se la tendrá por desistida de la diligencia pericial solicitada, sin más
trámite.
PROCEDIMIENTO
INICIATIVA PARA RENDIR LA PRUEBA DE PERITOS.
1. Iniciativa de parte. Las partes pueden pedir el análisis de
ciertos hechos por peritos en los siguientes instantes:
a. Antes del juicio, como medida prejudicial probato-
ria. Esto lo pueden pedir tanto el futuro demandan-
te como el futuro demandado, ante el riesgo de que
se trate de hechos que puedan desaparecer con fa-
cilidad o que pueda existir algún daño o perjuicio al
hecho a ser objeto de la pericia.
b. Durante el curso del juicio, como medida probato-
ria. Las partes deben presentar su solicitud de in-
forme pericial dentro del término probatorio.
c. En segunda instancia el informe pericial no procede
como medida solicitada por parte alguna.
2. Iniciativa del tribunal
104
. Ella puede darse.
a. En cualquier momento, si el tribunal lo estima ne-
cesario.
b. Como medida para mejor resolver. Esto sucederá si
el tribunal requiere informe de peritos dentro del
periodo que tiene para dictar sentencia. La resolu-
ción que ordene de esta manera un informe pericial
puede ser apelada en el solo efecto devolutivo.
DESIGNACIÓN DEL PERITO.
1. Requisitos. Los requisitos que deben cumplir los peritos
que el tribunal designe son los siguientes.
a. Deben ser hábiles para declarar en el mismo juicio
como testigo.
b. Deben tener título suficiente emitido por autoridad
competente. Esto, con la sola excepción de aquellas
profesiones que no están reguladas por la ley, o
cuando no hubiera a lo menos 2 personas tituladas
en todo el territorio jurisdiccional del tribunal.
c. Deben no estar afectos a causal alguna de implican-
cia o recusación, de las establecidas para los jueces.
2. Procedimiento de designación. Para designar al perito se
siguen los siguientes pasos:
a. Una vez ingresada la solicitud de informe pericial, ya
sea por la iniciativa del juez, o de la parte, el juez
llamará a una audiencia de designación de peri-
to105
, donde citará a las partes notificándoles por
cédula.
104
ARTÍCULO 412, C.P.C. El reconocimiento de peritos podrá decretarse de
oficio en cualquier estado del juicio, pero las partes sólo podrán solicitarlo
dentro del término probatorio.
Decretado el informe de peritos, no se suspenderá por ello el procedimiento.
105
ARTÍCULO 414, C.P.C. Para proceder al nombramiento de peritos, el tribunal
citará a las partes a una audiencia, que tendrá lugar con sólo las que asistan y

45. b. Si se trata de iniciativa de parte, el juez puede solici-
tar que la parte que pide la diligencia consigne pre-
viamente una cantidad de dinero para pagar los
honorarios del perito.
c. La audiencia se lleva a cabo, con las partes que asis-
tan, para determinar:
i. El punto o los puntos sobre los cuales recaerá el
informe.
ii. Los nombres de los peritos.
iii. El número de peritos necesarios.
iv. Los conocimientos que deben tener los peritos.
d. Primeramente, se buscará que los puntos anteriores
sean resueltos por las partes de común acuerdo. Si
alguna parte no asiste, se presume que no hay
acuerdo106
.
e. Si esto no es así, o si no asisten todas las partes, las
partes que asistan propondrán nombres en una lista
y el tribunal resolverá sobre los puntos anteriores.
i. La lista de los nombres de los potenciales peri-
tos será confeccionada por la Corte Suprema a
propuesta de la respectiva Corte de Apelacio-
nes, por ramas. Los peritos postulan por con-
curso público107
. De esta lista, las partes pro-
pondrán sus nombres.
ii. El juez no puede escoger los dos primeros
nombres de la lista que propondrán las partes.
Si deseo que cierta persona sea nombrada pe-
rito, debo colocarla tercera en mi lista.
iii. Si una parte apela contra la resolución que cita
a la audiencia de nombramiento de peritos, eso
no bloquea la audiencia.
en la cual se fijará primeramente por acuerdo de las partes, o en su defecto
por el tribunal, el número de peritos que deban nombrarse, la calidad, apti-
tudes o títulos que deban tener y el punto o puntos materia del informe.
Si las partes no se ponen de acuerdo sobre la designación de las personas,
hará el nombramiento el tribunal, no pudiendo recaer en tal caso en ninguna
de las dos primeras personas que hayan sido propuestas por cada parte.
La apelación que se deduzca en los casos del inciso 1° de este artículo no im-
pedirá que se proceda a la designación de los peritos de conformidad al inci-
so 2°. Sólo después de hecha esta designación, se llevará adelante el recurso.
106
ARTÍCULO 415, C.P.C. Se presume que no están de acuerdo las partes cuan-
do no concurren todas a la audiencia de que trata el artículo anterior; y en tal
caso habrá lugar a lo dispuesto en el 2° inciso del mismo artículo.
107
ARTÍCULO 416 BIS, C.P.C. Las listas de peritos indicadas en el artículo prece-
dente serán propuestas cada dos años por la Corte de Apelaciones respectiva,
previa determinación del número de peritos que en su concepto deban figu-
rar en cada especialidad.
En el mes de octubre del final del bienio correspondiente, se elevarán estas
nóminas a la Corte Suprema, la cual formará las definitivas, pudiendo supri-
mir o agregar nombres sin expresar causa.
Para formar las listas, cada Corte de Apelaciones convocará a concurso públi-
co, al que podrán postular quienes posean y acrediten conocimientos espe-
ciales de alguna ciencia, arte o especialidad, para lo cual tendrán especial-
mente en cuenta la vinculación de los candidatos con la docencia y la investi-
gación universitarias. El procedimiento para los concursos, su publicidad y la
formación de las nóminas de peritos serán regulados mediante un Auto Acor-
dado de la Corte Suprema, que se publicará en el Diario Oficial.
f. La resolución del juez que nombra al perito debe ser
notificada a las partes. Ellas tienen 3 días para hacer
valer alguna causal de inhabilidad, implicancia o re-
cusación contra el perito. Vencido este plazo se en-
tiende por aceptado el nombramiento.
3. Aceptación del cargo por parte del perito. Esto sucederá
a continuación, y es el requisito para que se produzca re-
almente la designación.
a. Una vez aceptado el nombramiento, se notifica al
perito por cédula de que ha sido nombrado para
ejercer como perito en una causa.
b. Cuando el receptor entregue la cédula en el domici-
lio del perito o dentro de los 3 días siguientes, el pe-
rito debe decidir.
i. Si rechaza el encargo, se debe designar otro pe-
rito, citando a una nueva audiencia.
ii. Si acepta el encargo, el perito debe declarar
que acepta y jurar desempeñar fielmente su
cargo ante el receptor. De esto se deja testi-
monio en el proceso.
PERITAJE
1. Citación de las partes. Una vez se tiene el testimonio de
que el perito ha jurado desempeñar fielmente su cargo,
éste presentará al tribunal un escrito en el que señalará el
día, la hora y el lugar en que realizará el peritaje.
2. El tribunal provee ese escrito señalando que, en ese día y
en esa hora, las partes podrán concurrir si lo desean a
presenciar el peritaje. Como la concurrencia de las partes
es facultativa, esta resolución se notifica por el Estado
Diario.
3. Las partes y el perito van al lugar donde se encuentra el
hecho objeto de la pericia. Los peritos procederán a
ponderar el hecho, y las partes asistentes a este recono-
cimiento pueden hacer las observaciones que estimen
pertinentes. Los peritos deliberarán en secreto, llegarán
a acuerdo, y este acuerdo se consignará en un acta.
4. Luego de esto, el o los peritos deben emitir un informe,
que quedará consignado en el expediente. El tribunal
dará un plazo prudente para ello.
a. Si el perito no cumple con el informe dentro de pla-
zo, el tribunal puede apremiarlo con multas, nom-
brar otro perito o prescindir de la prueba pericial.
b. Si hubiera discordia entre los peritos, el tribunal
puede nombrar un nuevo perito para zanjarla108
. Si
la opinión del nuevo perito fuere discordante con las
108
ARTÍCULO 421, C.P.C. Cuando los peritos discuerden en sus dictámenes,
podrá el tribunal disponer que se nombre un nuevo perito, si lo estima nece-
sario para la mejor ilustración de las cuestiones que deban resolver.
El nuevo perito será nombrado y desempeñará su cargo en conformidad a las
reglas precedentes.

46. anteriores, el juez ponderará las opiniones de todos
los peritos, según los antecedentes del proceso.
c. El informe pericial se acompaña al proceso como si
fuera un instrumento, con citación. Dentro del
término de citación las partes sólo podrán impugnar
defectos de forma del informe pericial.
d. Toda objeción referente al mérito probatorio del in-
forme debe desecharse.
El juez aprecia el informe de peritos de acuerdo con las reglas
de la sana crítica.
INSPECCIÓN PERSONAL DEL TRIBUNAL
La inspección personal del tribunal es el examen que el tribu-
nal realiza por sí mismo, o acompañado de peritos, de hechos
o circunstancias materiales controvertidas en el pleito para
adquirir la convicción acerca de su verdad o exactitud.
CARACTERÍSTICAS
1. Es el medio de prueba más directo e inmediato imagina-
ble. En él el juez va al lugar de los hechos a imponerse
personalmente de ellos, sin intermediarios.
2. Los hechos que se acreditan de esta forma son sólo los
que aprecie directamente el juez. Se trata de hechos ma-
teriales, sustanciales, pertinentes y controvertidos, por
lo que las opiniones del juez no tendrán ningún valor;
sólo las que emitan los peritos que asistan al juez
tendrán valor, en caso de que éstos se pidan.
3. Esta es una prueba circunstancial, pues se genera dentro
del proceso enteramente. El juez no puede usar el cono-
cimiento previo que tuviere de los hechos, sino que debe
ignorarlos por completo, idealmente.
4. Respecto de todo lo mencionado, la inspección personal
del tribunal tiene valor de plena prueba en juicio.
PROCEDIMIENTO
INICIATIVA
1. Iniciativa legal. Existen casos en que la ley exige la ins-
pección personal del tribunal como medio de prueba,
siendo el más notorio la denuncia de obra ruinosa.
2. Iniciativa de parte. Las partes pueden solicitar la inspec-
ción personal del tribunal en los siguientes instantes.
a. Medida prejudicial probatoria. Tanto el futuro de-
mandante como el futuro demandado pueden pe-
dirla, fundándose en el peligro de daño o desapari-
ción que corren los hechos que han de ser vistos por
el tribunal como prueba.
b. Medida probatoria. Las partes pueden solicitar que
el juez inspeccione personalmente ciertos hechos de
interés dentro del término probatorio. En segunda
instancia no aplica.
3. Iniciativa del tribunal. El juez puede ir e inspeccionar
hechos por su cuenta en los siguientes momentos:
a. En cualquier estado del juicio, con orden previa. Es-
to, cuando lo estime necesario.
b. Como medida para mejor resolver. Como todas
ellas, será decretada dentro del plazo para dictar
sentencia.
EJECUCIÓN DE LA MEDIDA PROBATORIA.
1. La parte que desee la inspección personal de un hecho
por parte del tribunal debe presentar un escrito soli-
citándola, en el cual se deben contener:
a. Los hechos que serán objeto de la inspección.
b. Las razones por las cuales es necesaria la presencia
del juez y su inspección personal de los hechos en
cuestión.
c. Opcionalmente, la solicitud de designación de peri-
tos de acuerdo con las normas generales, que asis-
tirán al juez en la inspección. El juez evaluará y, si lo
estimare necesario para el éxito de la diligencia109
,
procederá a designar los peritos.
2. El tribunal proveerá esta solicitud, o si lo decide de oficio
o por mandato legal, dictará sin solicitud alguna una re-
solución donde fijará el día y la hora donde la inspección
se practicará. Esta resolución se notifica por el Estado
Diario.
3. Antes de que el juez vaya, la parte que haya solicitado la
inspección, o las dos partes en mitades iguales, si el juez
decide ir o la ley lo ordena, deben consignar los gastos
que importarán al juez y al secretario desplazarse. Esto
lo harán ante el secretario del tribunal.
4. El día y hora fijados, el juez y el secretario del tribunal se
constituirán en el lugar, conjuntamente con las partes
que deseen asistir.
a. Todos los hechos que el juez observe por sí serán
registrados en un acta, que valdrá en el proceso.
b. Las partes también pueden pedir que en esta acta
queden registradas las circunstancias que ellas esti-
men pertinentes.
109
ARTÍCULO 404, C.P.C. Pueden las partes pedir que en el acto del reconoci-
miento se oigan informes de peritos, y lo decretará el tribunal si, a su juicio,
esta medida es necesaria para el éxito de la inspección y ha sido solicitada
con la anticipación conveniente. La designación de los peritos se hará en con-
formidad a las reglas del párrafo siguiente.

47. c. El acta debe ser firmada por las partes asistentes, el
juez y el secretario del tribunal, que autoriza la dili-
gencia.
VALOR PROBATORIO
Este valor será de plena prueba
110
, siempre y cuando concu-
rran las circunstancias siguientes.
1. La inspección debe recaer sobre hechos materiales.
2. Estos hechos deben haber sido observados por el juez, y
su constatación debe producirse por su observación.
3. Debe haberse dejado constancia de estos hechos en acta.
PRESUNCIONES
Las presunciones son un razonamiento que, partiendo de un
hecho conocido, proporciona certeza sobre el hecho descono-
cido por la vinculación o relación lógica que existe entre uno y
otro.
Las presunciones se componen de tres elementos.
1. El hecho, circunstancia conocida, indicio o hecho base
de presunción judicial. Este es el hecho que llega a ser
conocido por el juez, de acuerdo con todos los demás
medios de prueba que brinda la ley.
a. El hecho base de presunción judicial es el hecho que
no ha sido probado de forma plena por las partes.
2. El elemento lógico. Es la conexión que existe entre el
hecho base de presunción judicial y el hecho que se pre-
sume. Se diferencia de acuerdo con el tipo de presunción
de que se trate.
a. Si se trata de una presunción legal o de derecho, el
nexo lógico entre el hecho base de presunción y el
hecho presumido lo da la ley, sin actividad inductiva
alguna del juez.
b. Si se trata de una presunción judicial, este nexo
lógico será, por el contrario, precisamente el resul-
tado de la actividad inductiva que hará el juez, que
es un proceso mental.
3. El hecho presumido. Este es un hecho desconocido, cuya
existencia procesal es descubierta, inferida o validada por
el proceso de presunción.
110
ARTÍCULO 408, C.P.C. La inspección personal constituye prueba plena en
cuanto a las circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en
el acta como resultado de su propia observación.
La clasificación de las presunciones es legal111
. Es la siguiente:
1. Presunciones de derecho. Son proposiciones normativas
acerca de la verdad de un hecho contra la cual no se ad-
mite prueba en contrario. Se caracterizan por:
a. La determinación estricta en el texto legal del
hecho que es base de presunción. Este hecho, que
es el que construye la presunción, está tipificado en
la ley con carácter de derecho estricto.
b. Arrancar su elemento lógico de la ley. De esta for-
ma, se debe probar el hecho base de presunción,
por todas las formas de prueba admisibles, y por
ese solo hecho, el hecho presumido pasará a tener
existencia legal.
c. No admitir prueba alguna en contra del hecho pre-
sumido. Sólo se puede derribar una presunción de
derecho probando en contra del hecho base de pre-
sunción, puesto que el hecho que ha sido presumido
no puede ser rebatido por prueba alguna en contra.
d. Corresponder a una exclusión de prueba. La parte
contra la cual rige una presunción de derecho tiene
excluida la prueba sobre el hecho presumido.
2. Presunciones simplemente legales. Son proposiciones
normativas de carácter legal acerca de la verdad de un
hecho, contra la cual se admite, sin embargo, prueba en
contrario. Se caracterizan por:
a. Al igual que la presunción de derecho, el hecho ba-
se de presunción del que se parte está tipificado en
la ley. No aplicará otro, salvo el que la ley señale.
b. Al igual que la anterior, su elemento lógico arranca
de la ley. Por ello, una vez probado el hecho base
de presunción, el hecho presumido pasa a tener
existencia legal.
c. Admitir prueba en contra del hecho presumido. El
hecho presumido puede ser destruido usando todos
los medios de prueba que franquea la ley.
d. Corresponder, por ello, a una inversión de la carga
de la prueba. Cuando se establece una presunción
legal, la parte que normalmente no debía soportar
la carga de la prueba debe ahora soportarla, esta
vez, para destruir la presunción.
111
ARTÍCULO 47, CÓDIGO CIVIL. Se dice presumirse el hecho que se deduce de
ciertos antecedentes o circunstancias conocidas.
Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son
determinados por la ley, la presunción se llama legal.
Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume,
aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley;
a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los
antecedentes o circunstancias.
Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende
que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circuns-
tancias.

48. 3. Presunciones judiciales. Son la acción y efecto de conje-
turar el juez, mediante razonamientos de analogía, induc-
ción y deducción, la existencia de hechos desconocidos
partiendo de los conocidos. Se caracterizan por:
a. Poder partir de cualquier hecho. La presunción ju-
dicial puede partir de cualquier prueba del proceso,
y el hecho base de presunción judicial es creado fi-
nalmente por el juez.
i. Esto no sólo incluye aquellas pruebas que cum-
plen todos los requisitos de validez para ser
consideradas, sino también las que no.
ii. De hecho, muchos hechos que no tienen fuer-
za probatoria completa son tipificados por la
ley como hechos base de presunción judicial.
b. Arrancar su elemento lógico de la actividad deduc-
tiva del juez. El juez aquí debe razonar, sobre la base
de un hecho conocido, acerca de la existencia de un
hecho desconocido. Este trabajo intelectual es el
elemento lógico de la presunción judicial.
c. Admitir prueba en contra. La razón es obvia. Cual-
quier prueba que se rinda que afecte la teoría que
arme el juez podrá derribarla.
d. Tener un valor probatorio variable, que dependerá
de la fuerza de la presunción. Este es:
i. Una sola presunción puede ser plena prueba
cuando, a juicio del juez, sea lo suficientemente
grave como para formar su convencimiento
112
.
ii. Dos o más presunciones pueden ser plena
prueba cuando sean graves, precisas y concor-
dantes
113
.
Día 68 OBSERVACIONES A LA PRUEBA.
Dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del término
probatorio, las partes pueden hacer por escrito las observa-
ciones a la prueba rendida que sean pertinentes. Esto tiene
varias derivaciones interesantes.
1. Con la prueba testimonial, que debe ser rendida dentro
del término probatorio y la instrumental, en la cual los
documentos se pueden presentar hasta el vencimiento
de este término, no existen mayores problemas. Sin em-
112
ARTÍCULO 426, C.P.C. Las presunciones como medios probatorios, se regirán
por las disposiciones del artículo 1.712 del Código Civil.
Una sola presunción puede constituir plena prueba cuando, a juicio del tribu-
nal, tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su con-
vencimiento.
113
ARTÍCULO 1.712, CÓDIGO CIVIL. Las presunciones son legales o judiciales.
Las legales se reglan por el artículo 47.
Las que deduce el juez deberán ser graves, precisas y concordantes.
bargo, otros medios de prueba aquí señalados deben
sólo ser solicitados dentro del término probatorio; no es
necesario que se realicen las diligencias probatorias de-
ntro de este plazo. Por eso:
a. Si no se ha practicado una diligencia probatoria de
las solicitadas dentro del término probatorio, el juez
la calificará previamente, y, si la considera necesaria,
la va a reiterar como medida para mejor resolver.
b. Hay que recordar que el término probatorio es
común y no se suspende.
c. Si la prueba se recibe después de que se dicte la
sentencia definitiva, se agregará al expediente de
todas formas, y valdrá en la segunda instancia, si se
presenta recurso de apelación.
2. No es necesario presentar un escrito de observaciones a
la prueba en este plazo. No existe otra sanción a la no
presentación de este escrito que una procesal, y esta es
que no se podrá hacer ninguna observación a la prueba
que se ha rendido más adelante.

49. PERIODO DE SENTENCIA
Día 78 CITACIÓN PARA OIR SENTENCIA
El nombre de esta fase es algo contradictorio. La citación para
oír sentencia es en realidad una resolución que marca el mo-
mento en el cual se cierra el debate por completo, no pu-
diendo presentarse escritos de ninguna clase, salvo los ex-
presamente permitidos por la ley. Se dicta en los siguientes
casos y momentos.
 Si el juez considera que no hay controversia en la causa o
si las partes piden que el pleito sea fallado sin más trámi-
te, la resolución que cita a oír sentencia se dictará inme-
diatamente después de que termine la fase de discusión.
 En este caso, la resolución que cita a oír sentencia
será una SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE PRIMERA CLASE, al
negar la procedencia del término probatorio.
 De esta forma, procederán contra ella los recursos
que proceden contra tales sentencias, esto es, el re-
curso de apelación.
 Si hay controversia en la causa, la resolución que cita a oír
sentencia se dictará una vez vencidos los 10 días de plazo
para presentar las observaciones a la prueba114
. Esta re-
solución es inapelable.
Esta resolución es un trámite esencial, siendo su omisión cau-
sa de nulidad de la sentencia que se dicte.
A partir de esta resolución, el juez tiene 60 días para dictar
sentencia. En teoría, si se pasa de este plazo, el juez está suje-
to a sanciones administrativas severas. En la práctica… la rea-
lidad es más fuerte que la letra de la ley. La única y gran im-
portancia práctica de este plazo es el ser este el plazo dentro
del cual el juez puede dictar medidas para mejor resolver.
TRÁMITES ADMITIDOS.
1. Nulidad procesal. En esta fase puede ocurrir.
a. Que una parte presente un incidente de nulidad pro-
cesal, por haberse omitido un hecho esencial para la
ritualidad o marcha del juicio, o por existir un vicio
de nulidad que vicia todo el proceso, que hubiere
sido conocido de quien presenta el incidente de-
ntro de los 5 días anteriores a su presentación
115
.
114
ARTÍCULO 432, C.P.C. Vencido el plazo a que se refiere el artículo 430, se
hayan o no presentado escritos y existan o no diligencias pendientes, el tribu-
nal citará para oír sentencia.
En contra de esta resolución sólo podrá interponerse recurso de reposición, el
que deberá fundarse en error de hecho y deducirse dentro de tercero día. La
resolución que resuelva la reposición será inapelable.
115
ARTÍCULO 83, C.P.C. La nulidad procesal podrá ser declarada, de oficio o a
petición de parte, en los casos que la ley expresamente lo disponga y en to-
b. Que el juez ordene de oficio medidas para evitar la
nulidad del procedimiento116
, dentro de las limita-
ciones que impone el C.P.C. Aún lo puede hacer en
esta fase.
2. Medidas para mejor resolver
117
. El tribunal puede decre-
tar de oficio, en este plazo, medidas probatorias que le
servirán para resolver mejor la causa. Son notificadas a
las partes por el Estado Diario, son inapelables, y son algo
que el tribunal puede o puede no hacer. Deben ser cum-
plidas dentro del plazo de 20 días desde que son decre-
tadas, si no, se tienen por no decretadas jamás. Estas
medidas son
118
las siguientes:
dos aquellos en que exista un vicio que irrogue a alguna de las partes un per-
juicio reparable sólo con la declaración de nulidad.
La nulidad sólo podrá impetrarse dentro de cinco días, contados desde que
aparezca o se acredite que quien deba reclamar de la nulidad tuvo conoci-
miento del vicio, a menos que se trate de la incompetencia absoluta del tri-
bunal. La parte que ha originado el vicio o concurrido a su materialización o
que ha convalidado tácita o expresamente el acto nulo, no podrá demandar la
nulidad.
La declaración de nulidad de un acto no importa la nulidad de todo lo obrado.
El tribunal, al declarar la nulidad, deberá establecer precisamente cuáles ac-
tos quedan nulos en razón de su conexión con el acto anulado.
116
ARTÍCULO 84, C.P.C. Todo incidente que no tenga conexión alguna con el
asunto que es materia del juicio podrá ser rechazado de plano.
Si el incidente nace de un hecho anterior al juicio o coexistente con su princi-
pio, como defecto legal en el modo de proponer la demanda, deberá promo-
verlo la parte antes de hacer cualquiera gestión principal en el pleito.
Si lo promueve después, será rechazado de oficio por el tribunal salvo que se
trate de un vicio que anule el proceso, en cuyo caso se estará a lo que esta-
blece el artículo 83, o que se trate de una circunstancia esencial para la ritua-
lidad o la marcha del juicio, evento en el cual el tribunal ordenará que se
practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal.
El juez podrá corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del
proceso. Podrá asimismo tomar las medidas que tiendan a evitar la nulidad
de los actos de procedimiento. No podrá, sin embargo, subsanar las actuacio-
nes viciadas en razón de haberse realizado éstas fuera del plazo fatal indicado
por la ley.
117
Las medidas para mejor resolver son aquellas diligencias probatorias es-
tablecidas en la ley y que puede decretar de oficio el tribunal, luego de dicta-
da la resolución citación para oír sentencia, con el fin de acreditar o esclarecer
alguno de los hechos que configuran el conflicto, para la adecuada y justa
decisión de éste.
118
ARTÍCULO 159, C.P.C. Los tribunales, sólo dentro del plazo para dictar sen-
tencia, podrán dictar de oficio medidas para mejor resolver. Las que se dic-
ten fuera de este plazo se tendrán por no decretadas. Sin perjuicio de lo esta-
blecido en el inciso primero del artículo 431, podrán dictar alguna o algunas
de las siguientes medidas:
1. La agregación de cualquier documento que estimen necesario para escla-
recer el derecho de los litigantes;
2. La confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que consi-
deren de influencia en la cuestión y que no resulten probados;
3. La inspección personal del objeto de la cuestión;
4. El informe de peritos;
5. La comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio, para que
aclaren o expliquen sus dichos obscuros o contradictorios; y
6. La presentación de cualesquiera otros autos que tengan relación con el
pleito. Esta medida se cumplirá de conformidad a lo establecido en el in-
ciso 3° del artículo 37.
En este último caso y siempre que se hubiese remitido el expediente original,
éste quedará en poder del tribunal que decrete esta medida sólo por el tiem-
po estrictamente necesario para su examen, no pudiendo exceder de ocho
días este término si se trata de autos pendientes.

50. a. La agregación de cualquier instrumento que estime
necesario para esclarecer el derecho de los litigan-
tes. Esto puede recaer sobre cualquier instrumento,
público o privado, en poder de quien sea.
b. La confesión judicial de cualquiera de las partes so-
bre hechos que el juez considere de influencia en la
cuestión y que no resultaren probados. Esto, de
acuerdo con el procedimiento de la absolución de
posiciones y a instancia del juez.
c. La inspección personal del objeto del pleito.
d. El informe de peritos.
e. La comparecencia de testigos que hayan declarado
en el juicio, para que aclaren o expliquen sus di-
chos obscuros o contradictorios. Esto es sólo para
que estos testigos aclaren sus dichos, no es para que
declaren sobre hechos nuevos.
f. La presentación de cualesquiera otros autos rela-
cionados. Estos son instrumentos públicos com-
prendidos en el 342 Nº 1, originales y 342 Nº 5, co-
pias extendidas de los expedientes autorizadas por
el secretario del tribunal.
3. Medidas precautorias. El demandante puede, con el
mérito de las pruebas ya recabadas, solicitar una medida
precautoria sobre el patrimonio del demandado.
4. Otros incidentes. Además de esto, en este periodo de 60
días siguen corriendo otros plazos.
a. Todos los plazos para impugnar documentos siguen
corriendo
119
. Esto incluye:
i. [342 Nº 3 C.P.C] El acompañamiento de copias
de instrumentos públicos otorgadas sin los re-
quisitos que la ley establece.
La resolución que se dicte deberá ser notificada por el estado diario a las par-
tes y se aplicará el artículo 433, salvo en lo estrictamente relacionado con
dichas medidas. Las medidas decretadas deberán cumplirse dentro del plazo
de veinte días, contados desde la fecha de la notificación de la resolución que
las decrete. Vencido este plazo, las medidas no cumplidas se tendrán por no
decretadas y el tribunal procederá a dictar sentencia, sin más trámite.
Si en la práctica de alguna de estas medidas aparece de manifiesto la necesi-
dad de esclarecer nuevos hechos indispensables para dictar sentencia, podrá
el tribunal abrir un término especial de prueba, no superior a ocho días, que
será improrrogable y limitado a los puntos que el mismo tribunal designe. En
este evento, se aplicará lo establecido en el inciso segundo del artículo 90.
Vencido el término de prueba, el tribunal dictará sentencia sin más trámite.
Las providencias que se decreten en conformidad al presente artículo serán
inapelables, salvo las que dicte un tribunal de primera instancia disponiendo
informe de peritos o abriendo el término especial de prueba que establece el
inciso precedente. En estos casos procederá la apelación en el solo efecto
devolutivo.
119
ARTÍCULO 433, C.P.C. Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán
escritos ni pruebas de ningún género.
Lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 83, 84, 159 y
290. Los plazos establecidos en los artículos 342 N° 3, 346 N° 3 y 347 que
hubieren comenzado a correr al tiempo de la citación para oír sentencia, con-
tinuarán corriendo sin interrupción y la parte podrá dentro de ellos, ejercer
su derecho de impugnación. De producirse ésta, se tramitará en cuaderno
separado y se fallará en la sentencia definitiva, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 431.
ii. [346 Nº 3 C.P.C.] El acompañamiento de instru-
mentos privados que necesiten ser reconocidos
o tenerse por reconocidos por la contraria.
iii. [347 C.P.C.] La impugnación de las traducciones
presentadas de documentos que no están en
lengua castellana.
b. Los incidentes de acumulación de autos, privilegio
de pobreza, desistimiento de la demanda y conci-
liación, pueden ser presentados aún en esta fase.
c. Si fuera necesario esclarecer hechos nuevos que
aparecieran en esta etapa, el juez puede abrir un
nuevo término probatorio para dar oportunidad a
las partes para que los prueben. Este término tiene
una duración máxima de 8 días, y la resolución que
lo concede es apelable en el solo efecto devolutivo.
Día 138 SENTENCIA DEFINITIVA
La sentencia definitiva es la sentencia que pone fin a la ins-
tancia, resolviendo la cuestión o el asunto que ha sido objeto
del juicio.
La sentencia definitiva debe cumplir con ciertos requisitos,
que involucran su fundamentación, en el hecho y en el dere-
cho, y la resolución de todos los asuntos debatidos.