La globalización neoliberal y la loe

Enrique Javier Díez Gutiérrez

La globalización neoliberal y la LOE

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León

El contexto de la globalización neoliberal
Como analizan diversos autores y autoras (Gentili, 1997; Whitty, Power y Halpin,
1999; Apple y Beane, 2000; Hirtt, 2002; Martínez Boom, 2004; Laval, 2004) el
neoliberalismo se ha convertido en el «telón de fondo» de los ajustes de la política
educativa a nivel mundial, que no se limitan ya al recorte en la asignación de recursos o
en su privatización, sino que afectan básicamente a los núcleos centrales del ideario
educativo y a las políticas pedagógicas. Los conflictos que se dirimen en la escuela no
son más que una parte de una crisis más general de la política y de la ciudadanía en el
capitalismo global.
En esta sociedad del conocimiento estamos construyendo sociedades
estructuralmente dualizadas, divididas, en las que se profundiza un darwinismo social que
nos somete a una guerra irrefrenable de todos contra todos; en donde el imperio del
mercado es la forma dominante de regulación social; en las que la construcción de un
estado mínimo frente a los derechos sociales de las mayorías, no se contrapone a un
estado fuerte y autoritario para definir estrategias en favor de las minorías que controlan el
poder económico.
Las consecuencias de esta ofensiva en el plano educativo son también claras y
terribles: nuestros sistemas escolares se dualizan, mientras el proceso de dualización
social avanza; la calidad de la educación se transforma en privilegio de pocos (definida en
contraposición a la educación degradada que reciben las grandes mayorías); grupos
privilegiados intentan huir de las escuelas públicas comprensivas y diversas mediante
cheques escolares, deducciones fiscales, planes de ‘elección’ y programas exclusivos
para sus hijos e hijas ‘superdotados’. Las cifras del censo muestran una diversidad
cultural creciente, mientras se presiona para mantener el currículum dentro de los
estrechos límites de la tradición cultural occidental. Las necesidades de las empresas y la
industria son, de repente, metas primordiales de nuestro sistema educativo.
La similitud de las políticas educativas desarrolladas en el conjunto del mundo
capitalista globalizado no deja ninguna duda en cuanto a la existencia de poderosos
determinantes comunes que impulsan estas políticas: Esos cambios vienen de un intento
de adecuación de la escuela a las nuevas exigencias de la economía capitalista, y esto se
vienen haciendo de tres formas: formando más adecuadamente a los seres humanos para
ser trabajadores y trabajadoras eficientes, educando y estimulándoles para ser
consumidores y por fin abriéndose él mismo a la conquista de los mercados. Y esto se
realiza tanto en el plano de los contenidos enseñados, como en el de los métodos y
prácticas pedagógicas y en el de las estructuras y la gestión.

Cómo nos venden la escuela
El ‘mercado’ de la educación mundial se cifra en 2 billones de dólares según la
UNESCO y este es un “suculento pastel”. El capitalismo necesita cada vez más ámbitos
que le proporcionen beneficios; la diversión se convierte en negocio, los servicios sociales
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se privatizan para obtener beneficios, olvidando las zonas no rentables; la educación y la
sanidad se privatizan... Como decía ya en 1998 Glenn Jones, el creador norteamericano
de un imperio educativo multimedia, ‘la educación es el mayor mercado del planeta, el
que crece más rápido y aquel en el que los actuales actores no responden a la demanda’.
La OMC es el organismo encargado de imponer la liberalización y la privatización
de los servicios públicos: El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS en
español / GATS en inglés) es la regulación “legal” que lo consagra. Según este acuerdo,
los servicios educativos deben ser considerados productos como los demás si no son
dispensados exclusivamente por el Estado a título privativo. Pero dado que en la
educación existe ya un sector privado, los servicios educativos entran, pues, en el campo
de la competencia del acuerdo. En el Tratado por el que se establece una Constitución
para Europa los servicios públicos como la educación pasan a llamarse Servicios
Económicos de Interés General (SIEG) estableciendo que la gestión de estos servicios se
sujetarán «en particular, a las normas sobre competencia» (artículo III-166.2). Y esto ya
en un contexto legal en el que se fomenta la privatización de los servicios públicos (III,
147 y 148: “Los Estados miembros se esforzarán por proceder a una liberalización de los
servicios más amplia que la exigida en virtud de la ley marco europea…).
Al empezar a ser calificada como servicio educativo, la educación pierde buena
parte del valor que tenía cuando era considerada un derecho público. Al no definirse de
manera explícita y taxativa, el Estado termina diluyendo su responsabilidad entre otros
agentes sociales. Esta modificación no es meramente semántica: marca un giro
importante en las competencias y en las responsabilidades del Estado y representa un
viraje en las garantías y obligaciones que tenía la educación pública como principio
fundamental del mismo.

Los servicios públicos como “bienes de consumo”
Se trata de un replanteamiento total del papel de la educación en la sociedad. La
educación pasa a ser un elemento de consumo individual. La ciudadanía, siempre
preocupada por lograr mayores cotas de justicia social e igualdad de oportunidades queda
desplazada por los consumidores para quienes sólo rigen las leyes del mercado: su
preocupación es tener libertad para elegir y competir. Se plantea, muy claramente, la
necesidad de que la educación deje de ser una función exclusiva del Estado para que
puedan participar otros sectores de la sociedad, en particular el sector privado de la
economía y termine siendo regulada por las demandas de los consumidores y por las
leyes del mercado. Se quiere convertir la enseñanza en un asunto privado de
consumidores y consumidoras que eligen según sus intereses. La educación
mundializada, si llegara a desarrollarse como prevén algunos, se sustraería de la esfera
pública regida por la autoridad política para confiarla enteramente a las lógicas del
mercado (Laval, 2004, 179).
Como dice este autor, este tipo de política ‘olvida’ generalmente que la elección del
consumidor, que es su justificación fundamental, enmascara una desigualdad muy
concreta de las posibilidades de elección a la hora de usar los mecanismos de mercado:
la gente no llega con igualdad de condiciones en el momento de usar la información y de
jugar sus opciones, y por tanto en la práctica estos mecanismos de mercado lo que
provocan es un aumento de las desigualdades.

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“Mientras los pobres no tienen ninguna alternativa a los centros públicos, los más
afortunados pagan por separado los suyos. Éstos son los colegios públicos mejor dotados
de las zonas residenciales más prósperas o los colegios privados. En este último caso, los
afortunados tienen que pagar dos veces, y una de sus reacciones más comprensibles es
la recurrente sugerencia de que se les debería devolver el equivalente de los impuestos
que pagan por la enseñanza pública en un bono luego utilizable en los centros de
enseñanza privada de su elección. Evitarían así la carga del doble coste de la enseñanza.
Pero existe el acuerdo tácito de no exponerlo tan groseramente; la libertad de elección, la
libertad de enseñanza y la prudente privatización de la actividad pública son las
justificaciones más frecuentemente oídas” (Kenneth Galbraith, 1992, 55).

La “privatización blanda”
Se produce un proceso de “privatización blanda” y gradual del sistema educativo
mediante la extensión de los conciertos (financiación con dinero público de la educación
privada), mediante la permisividad ante las prácticas selectivas de buena parte de esos
colegios concertados, la conculcación por éstos del principio de gratuidad cobrando a las
familias a través de “subterfugios” legales que impiden que el alumnado de minorías
pueda acceder a ellos y generando así un proceso de selección encubierto. Y en esto, la
LOE, en su título VII, dedicado a la inspección del sistema educativo, no hace mención
especial a una parte importante de su función que es el seguimiento de las condiciones de
los conciertos con entidades privadas (menos mención hace de las condiciones de
escolarización de los centros privados con capacidad de dar una titulación oficial).
Los conciertos educativos, cuando se iniciaron, debían tener un carácter subsidiario
y transitorio. Su único objeto era cubrir la demanda educativa cuando la red pública no la
podía satisfacer. La escuela concertada, que nació siendo una vía alternativa y minoritaria
de apoyo a la escuela pública ante la falta de infraestructuras en zonas con mucho
alumnado, se ha convertido hoy en la vía principal frente a la red pública.
De hecho, los conciertos han aumentado notablemente, desde que el PSOE las
pusiera en marcha en los 90, hasta llegar al 50% en comunidades como Cataluña o
Madrid. Se trata básicamente de una opción política, dado que en Andalucía no se ha
favorecido tanto la concertación (sólo el 20% de la red educativa es concertada). Por
supuesto los colegios privados se concentran en grandes núcleos urbanos. Las zonas
menos desarrolladas (zonas periféricas de las ciudades, zonas rurales, etc.) han de ser
asumidas por la educación pública. En Boadilla del Monte, la zona más rica de Madrid hay
un Instituto de Educación Secundaria público y 4 Institutos privados. En mayo de 2002, el
Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por el Partido Popular (de orientación
conservadora) propone el cierre o la desaparición de 32 institutos públicos de esta región.
Mientras se están concediendo conciertos a centros privados. En el distrito municipal de
San Blas se cierra un instituto público al tiempo que se ceden terrenos, propiedad del
Ayuntamiento, a una institución religiosa para que construya un nuevo centro privado.
En solo dos años (2003-2004), el gobierno conservador de la Junta de Castilla y
León en España triplicó el número de conciertos educativos con centros privados:
pasando de 301 a 597. En 1998-1999, el curso inmediatamente anterior a la asunción de
las competencias educativas por parte de esta autonomía, estos acuerdos de financiación
eran 46. En el 2002 se habían quintuplicado (Diario de León, 6 de Agosto de 2002).

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Y en esto la LOE parece que sigue el mismo camino emprendido ya hace años. En
su art. 15. 2. referido al segundo ciclo de la educación infantil, que será gratuito, se afirma
que “las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas suficientes en
los centros públicos y podrán establecer conciertos con centros privados ¿en el contexto
de su programación educativa?” Es decir, si se manifiesta explícitamente que se asume la
oferta de centros públicos para la demanda en el ciclo 3-6, esto es relativo porque,
previsiblemente, esa demanda se hará después de que se ocupen los centros privadosconcertados que es lo que existe actualmente. Una vez cubiertas, no habrá muchas más
necesidades a cubrir. Pero lo más preocupante es que mantiene el sistema de conciertos
de la anterior LOCE con centros privados en los niveles no obligatorios, que financiará los
centros concertados con dinero público para que impartan el tramo de 3 a 6 años.
Además la LOE en su art. 15.1. establece que “las Administraciones públicas
garantizarán un incremento progresivo de la oferta de plazas en el primer ciclo para
atender las demandas de las familias y coordinarán las políticas de cooperación entre
ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo”. Si es loable el
afán de crear centros 0-3 años para ir cubriendo la demanda, donde se ve esa intención
de “privatización blanda” de la que hablamos es que no se menciona que esos centros
vayan a ser públicos, e incluso se sugiere la vía de las entidades privadas.
La realidad es que, tanto con el PP como con el PSOE, parte de los recursos
públicos destinados a educación se dedican a financiar la enseñanza privada en régimen
concertado. Si en la UE la enseñanza secundaria privada (básicamente financiada con
recursos públicos) es del 15,1%, en España alcanza ya el 32,7%. Y en las comunidades
en las que han gobernado partidos conservadores el porcentaje es 50/50 (Cataluña,
Madrid, Navarra y País Vasco).

Recomposición de clases sociales
Estamos asistiendo a una recomposición del tipo de clases sociales o grupos
socioeconómicos que optan por una u otra red. Asistimos a una huida hacia la concertada
de buena parte de quienes pertenecen a los grupos con mayor nivel cultural, lo que limita
la capacidad de reflejo de la diversidad del entorno por parte de los centros públicos. En
estos últimos se concentra un mayor porcentaje de alumnado repetidor, con dificultades,
de minorías étnicas. La pregunta clave que habría que plantearse es por qué huyen esos
grupos mejor situados. Sin duda, influye la percepción que se tiene de lo público y, muy
por encima de todo, el deseo de asegurar un futuro a sus hijos. Este sector, el que se
percibe como creciente, está preocupado por consolidar o mantener su posición social y
opta por el modelo de los grupos privilegiados. El padre de uno de cada cuatro
estudiantes de los centros privados es empresario, directivo o profesional, frente a tan
solo uno de cada diez en la pública. En el otro extremo, casi uno de cada tres padres
cuyos hijos están en la pública es un trabajador no cualificado, lo que sólo ocurre en uno
de cada ocho en la privada (Feito, 2002).
El CERI (Centro para la Investigación y la Innovación en la Enseñanza) (1994),
recapitulando diversas investigaciones y estudios, demuestra que las familias de clase
media privilegian en su elección de centro el éxito escolar, mientras las familias de medios
populares tienden a escoger un centro en el que sus hijos e hijas “se sintieran a gusto”. Y
las familias de las minorías étnicas se inclinan por escuelas en las que estudiantes de su
mismo origen sean ya mayoritarios.

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“Para las escuelas privadas y concertadas resulta muy fácil, si lo desean, librarse
de las minorías: para empezar, la mayor parte de las plazas están reservadas a los
alumnos de la educación infantil, no subvencionada y por tanto de pago, lo que las
excluye de hecho; a esto se añade que los grupos minoritarios raramente solicitan el
ingreso, en muchos casos por rechazo (no hay que olvidar que buena parte de la
enseñanza privada española es, además, ostentosamente confesional) y en la mayoría
porque no esperan ser bien aceptados; para terminar, una mirada, un comentario sobre
que éste no es el colegio adecuado o una indicación sobre la importancia de no prescindir
de (y de pagar por) la semana blanca o cualquier otra actividad o servicio de pago puede
bastar para disuadir a una familia” (Fernández Enguita, 2004, 102).
La Formación Profesional
La Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Personal se
elaboró sin el consenso en el Consejo Escolar ni en el Parlamento, se impuso, y tuvo el
dudoso honor de tener en su haber al menos tres récord: las nueve enmiendas a la
totalidad presentadas en el Congreso; los 25 segundos que tardaron los senadores del PP
en rechazar en Ponencia las 227 enmiendas que presentó la oposición; y el haberse
tramitado con carácter de urgencia y ser una perfecta desconocida en casi todos los
ámbitos de la enseñanza.
La portavoz de educación del Grupo Socialista del Congreso, afirmó: “...el proyecto
nos parece irresponsable e improvisado”; “Nosotros le auguramos, desde luego, el más
completo fracaso.”; y “...en los ciclos formativos se establece un sistema de accesos y
pasarelas en los cuales no se garantiza la formación académica adecuada, sino que lo
que aquí estamos viendo es una reconstrucción del viejo sistema de 1970; un sistema
obsoleto, caduco y fracasado”. Ninguna de estas críticas se ha retomado a la hora de las
reformas educativas propuestas en la actual legislatura.
La ley, tal como denuncia el sindicato STES, supone un intento claro de privatizar
la FP al equiparar la validez de las cualificaciones obtenidas trabajando con los Títulos
académicos, de esta forma se desvaloriza la FP inicial/reglada, ya que se desprecian los
contenidos humanísticos; en esta línea hay que decir que se infravalora también la
función docente, pues el profesorado verá como se “regalan” títulos equivalentes
académica y profesionalmente a los estudios que su alumnado tarda dos cursos en
conseguir tras la adquisición de conocimientos de todo tipo.
Esta ley convierte la FP en un gran negocio, con cargo a los fondos públicos
estatales y europeos, al permitir a empresas, academias de todo tipo..., impartir
enseñanzas privadas de FP. Y, lo que es más graves y tiene consecuencias futuras más
preocupantes, es que con ella se supedita la FP reglada al mundo empresarial y a las
cualificaciones.

Apertura de la educación a los mercados
Pero la privatización no es sólo un proceso de salida (de traspaso de la financiación
del sector público al privado), sino también de entrada (de introducción de la empresa
privada en el sector educativo). Así lo consagra el art. 118.3 de la LOE: “Las
Administraciones regularán el procedimiento que permita a los centros docentes públicos
obtener recursos complementarios”.

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La falta de medios empuja a los centros a buscar formas de financiación externa,
aumenta su dependencia y refuerza la competitividad entre centros. El proceso no es
nada sutil. Primer paso: se reducen los impuestos que pagan las empresas; segundo
paso: disminuyen los ingresos fiscales; tercer paso: se acaba gradualmente con el sector
público; cuarto paso: a medida que el gasto público se reduce, las escuelas tratan
desesperadamente de equilibrar sus presupuestos; quinto paso: en consecuencia, las
escuelas se sienten dispuestas a asociarse con las empresas privadas. En este contexto
(mediados de los 90), para muchas escuelas, especialmente las de las zonas más pobres,
los acuerdos de asociación y de patrocinio con empresas parecen ser la única opción.
Esto no hubiera sido posible sin las políticas de desregulación y de privatización de
las últimas tres décadas. Ha sido la época en que se ha convertido al Gobierno en un
espantajo y ha surgido la histeria del déficit, y cuando toda iniciativa política que no este
claramente destinada a dar más libertad a las empresas es vilipendiada como causante
de la quiebra nacional.
Un ejemplo de ello lo tenemos en el Instituto de Educación Secundaria Luis Vives
de Valencia. En febrero de 2005 Iberdrola, sin ningún aviso previo, cortó el suministro
eléctrico al IES porque el centro adeudaba 4.036 euros de cuatro mensualidades debido a
la insuficiente financiación que recibe de la Administración Pública. Y esa no era la
primera vez que pasaba. Los docentes tras cuatro días sin calefacción, pagaron de su
bolsillo 880 euros para poder comprar 2.000 litros de gasoil para la calefacción. El
secretario del Instituto explicaba que el IES arrastraba una deuda de 48.000 euros por la
cada vez más insuficiente asignación de fondos anuales que recibía de la Administración.
Ninguno de los inodoros del Instituto funcionaba y el alumnado debía hacer sus
necesidades fuera del IES, explicaba. El cristalero rechazaba ir al centro si no cobraba,
por ello las ventanas rotas estaban siendo sustituidas por cartones.
Vamos en camino de lo que ya ha pasado en otros países. En EEUU “en los
últimos diez años, el patrocinio empresarial de programas y actividades escolares se ha
incrementado en un 248%, reemplazando la financiación pública” (Moore, 2003, 111). En
Alemania, Austria y Holanda la venta de espacio publicitario en las escuelas ha tenido
gran repercusión. En Inglaterra, “McDonald’s ofrece estuches pedagógicos referidos a las
materias básicas. En ellos pueden encontrarse preguntas ‘instructivas’. En geografía:
situad los restaurantes McDonald’s en Gran Bretaña. En historia: ¿qué existía en el
terreno de McDonald’s antes de que se construyera el restaurante? En música: con
instrumentos musicales, recread los sonidos ambientales de un restaurante McDonald’s.
En matemáticas: ¿cuántas patatas fritas hay en un cucurucho? En inglés: identificad y
explicad las expresiones siguientes: McCroquetas, un tres pisos, batido de leche. Pueden
encontrarse casos similares en un gran número de países, en Latinoamérica, Asia,
Australia y Nueva Zelanda” (Laval, 2004, 198). ExxonMobil desarrolló un programa
educativo sobre el reflorecimiento de la vida salvaje en el escenario del trágico desastre
ecológico causado por la marea negra del Exxon Valdez.
La penetración de las empresas en el ámbito escolar adopta tres formas distintas:
La exposición directa a la publicidad a través de anuncios publicitarios o difusión de spots
en las escuelas y las aulas. El suministro de material escolar o lúdico que exhiba la
mención de su patrocinador. La distribución de muestras, la propuesta de concursos y
juegos con propósito más o menos educativo.
Sus marcas no han de ser ya un agregado educativo sino el tema, y no ya una
asignatura optativa sino obligatoria. El objetivo de las grandes marcas, dice Klein (2001),

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ya no es que actores infantiles beban Coca-Cola en anuncios televisivos, sino que los
estudiantes creen conceptos para la próxima campaña publicitaria durante la clase de
lengua. No se trata de patrocinar la cultura, sino de ser la cultura.
El problema ha sido que muchos padres y profesores no han visto qué iban a ganar
resistiéndose; los niños de la actualidad están tan bombardeados por las marcas que
proteger los espacios educativos de la comercialización se antojaba menos importante
que las ventajas que ofrecían las nuevas fuentes de financiación. Y los promotores de la
publicidad escolar no han dejado de aprovechar este sentido de impotencia de los padres
y los educadores, argumentando además que “los alumnos tienen suficiente inteligencia
para discernir entre los contenidos educativos y los materiales de marketing”. Así lograron
que muchos padres y profesores racionalizaran su fracaso en la protección de otro
espacio antes público, diciéndose que los anuncios que los alumnos no vean en las
escuelas o en las universidades, los verán ciertamente en los medios de transporte, en
Internet o en la televisión cuando regresen a sus casas. ¿Qué importancia tiene un
anuncio más en la vida de estos niños que los sufren hasta el hartazgo?
Funciones esenciales para la vida de un centro educativo ya son delegadas al
sector privado (las comidas, las ayudas escolares, las guarderías, los transportes, etc.) y
la tendencia va hacia una privatización mucho más completa de las actividades
educativas mismas (en Gran Bretaña, desde 1993, organismos privados se encargan
mayoritariamente de la inspección de las escuelas primarias).
Pero aún más grave es lo que pasa en la Universidad. En todo el mundo, las
universidades ofrecen sus instalaciones científicas y su inestimable credibilidad
académica para que las empresas las utilicen: para diseñar nuevos esquís Nike, para
evaluar la estabilidad de los mercados asiáticos para Disney, para explorar la demanda de
los consumidores para ampliaciones de banda de Bell.
“La lucha por obtener presupuesto para investigación, para edificación, y para
programas nuevos y mejores, ha provocado que las universidades se adapten cada vez
más a las prioridades de corporaciones, fundaciones y otros donantes de la élite. Esto
constituye también un reflejo del hecho de que el dinero disponible para la investigación
de temáticas de interés para las empresas y la industria es mucho mayor que el dinero
disponible para la investigación de cuestiones locales de interés para los pobres, las
minorías y las mujeres de la clase trabajadora” (Gates Jr., 1992, 21).
De esta manera, en este proceso se le asigna cada vez más el aval institucional a
aquello que es percibido como económicamente útil. La Universidad ha sucumbido al
modelo instrumental del saber al servicio de la economía. “Ya no encuentra otra razón de
ser legítima que la salida profesional del alumnado y el beneficio que las empresas
pueden extraer de las investigaciones y de la formación que pueden recibir en ella los
asalariados” (Laval, 2004, 127).
Los donantes imponen su logotipo en las paredes y el mobiliario, vuelven a bautizar
los edificios y promueven cátedras a cambio de una denominación que revela el origen de
los fondos. Esta práctica de dotación de las cátedras está muy difundida entre las marcas
que intentan modificar o mejorar su imagen social. Por ejemplo, la marca McMoRan, una
compañía minera acusada por su nociva conducta ecológica en Indonesia, creó una
cátedra sobre medio ambiente en la facultad de Tulane. Se están creando cátedras con
nombres tan sonoros como la de “Profesor Emérito de Administración de Hoteles y
Restaurantes de Taco Bell” de la Universidad estatal de Washington, la “Cátedra Yahoo!
de Tecnología Informática” de la Universidad de Stanford y la “Cátedra Lego de
Investigación sobre la Enseñanza” del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

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La penetración de la lógica del beneficio inmediato se produce en primer lugar en
los ‘cerebros’ de las personas investigadoras y universitarias: Los rectores de universidad,
cuyo papel se parece al de los viajeros de comercio, se juzgan ante todo por su capacidad
para conseguir fondos. Los investigadores desempeñan el papel de portavoces de estos
intereses, inclusive en las más prestigiosas revistas. En algunos casos, los fondos
aportados por la parte privada limitan abiertamente la libertad de pensamiento y la
reflexión crítica, con cláusulas de confidencialidad y de exclusividad. De esta forma, el
valor mercantil de las investigaciones prevalece sobre su contenido de verdad. La
‘disciplina por el dinero’ que se impone en el mundo universitario, al dejar al mercado el
cuidado de repartir los recursos y las recompensas, introduce muy serias amenazas en la
vida intelectual y el pensamiento, tan peligrosas como las del maccarthismo (Laval, 2004).
Lo que se ha convertido en la tarea esencial de la enseñanza superior en la tercera
era del capitalismo ya no es la producción de ‘seres humanos razonables’, es decir, de
personas capaces de juzgar y decidir razonable y rigurosamente, sino la de asalariados
intelectualmente muy cualificados. “Si queremos que las escuelas acentúen la
democracia, necesitan independizarse del mercado” (Fischman y McLaren, 2002-2003,
194).
Adecuar la educación al mercado
El nuevo modelo escolar y educativo que tiende a imponerse está fundado en la
visión de los organismos internacionales neoliberales, y en concreto, la del Banco
Mundial, basado en un axioma: la escuela sólo tiene sentido en el servicio que deben
prestar a las empresas y a la economía. En su virtud, las inversiones en la educación y los
currículos deben ser pensadas de acuerdo con las exigencias del mercado. El ‘hombre
flexible’ y el ‘trabajador autónomo’ constituyen así las referencias del nuevo ideal
pedagógico (Laval, 2004). El grupo de presión patronal de la Mesa Redonda de los
Industriales Europeos (en inglés: European Round Table, ERT), publica en su informe
sobre la enseñanza de febrero de 1995, que “la educación debe ser considerada como un
servicio prestado al mundo económico”.
Esta ideología transforma la política educativa en una política de adaptación al
mercado de trabajo. La problemática de la inserción laboral en la enseñanza prevalece
sobre la aspiración a la integración política de los futuros ciudadanos y ciudadanas. La
profesionalización ya no es una finalidad entre otras de la escuela, sino que tiende a
convertirse en la principal línea directriz de todas las reformas. Con la difusión de esta
ideología, existe un riesgo real de reducir la enseñanza a las competencias útiles para las
empresas, y de obedecer con ello a un utilitarismo que impide a los jóvenes interesarse
mínimamente en lo que parece no ser vendible en el mercado de trabajo.
En su “Libro Blanco sobre la educación y la formación” la Comisión Europea
explicaba que se había acabado el tiempo en que los Estados reglamentaban la atribución
de los diplomas, y que era necesario pasar a la “cartilla personal de competencias”
destinada a convalidar las competencias adquiridas en el empleo y librada por los
organismos privados habilitados. La interpenetración de la Comisión Europea y los
intereses privados va muy lejos en este ámbito. Con el pretexto de la construcción de la
e-Europa, se ha llegado incluso a que las empresas mismas elaboren los programas
escolares y universitarios que son necesarios para la ampliación de su propio mercado. El
consorcio Career Space (que agrupa a IBM, Microsoft, Intel, Philips, Siemens, etc.)
redactó, en una publicación oficial de las Comunidades Europeas, una “guía para el
desarrollo de programas de formación” que se proponía definir los “nuevos estudios

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universitarios de formación en las TIC para el siglo XXI” que tienen que poner en marcha
las universidades europeas. Parece que una formación en tecnología de la información
dispensada por Microsoft tiene actualmente más valor que una licenciatura científica
obtenida en una universidad cotizada.
Postman (1999) recuerda que el dios de la utilidad económica te promete que “si
prestas atención en la escuela, haces tus deberes, sacas buenas notas y te portas bien,
serás recompensado con un trabajo bien pagado cuando termines”. Esta idea difundida
en el imaginario colectivo, nos recuerda que el propósito fundamental que le pedimos a la
escuela no es otro que preparar a niños y jóvenes para una entrada exitosa en la vida
económica de su comunidad.
Algunos datos de la LOE parecen inscribirse en esta filosofía: El tercer principio
que inspira la nueva Ley Orgánica de Educación, manifestado en su exposición de
motivos, consiste en un compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por
la Unión Europea para los próximos años. Y ya en 1996 la Comisión europea mantenía
que los sistemas de educación y de formación “contribuirán a la competitividad europea,
siempre que se adapten a las características de la empresa del año 2000".
Sin embargo los fines de la LOE hablan fundamentalmente de pleno desarrollo;
formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad;
formación para la paz y la cooperación; adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de
trabajo; preparación para el ejercicio de la ciudadanía, etc. Todos y todas estamos de
acuerdo con los principios pedagógicos enunciados (atención a la diversidad, trabajo en
equipo, acceso de todo el alumnado a la educación común…), pero ¿y las prácticas
concretas que se regulan?
En la LOE el cuarto curso de ESO tiene carácter orientador, tanto para los estudios
postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. A fin de orientar la elección
de los alumnos, se podrán establecer “agrupaciones de las materias en diferentes
opciones en 4º ESO”. Esto supone que, esa estructura de 4º de la ESO permitirá a un
centro establecer algo similar a los itinerarios propuestos por la anterior LOCE, al poder
agrupar las materias opcionales. En este mismo sentido, “orientar cuanto antes a
determinados alumnos y alumnas hacia ‘salidas’ rápidas”, podemos encontrar el que se
adelanten en un año la aplicación de los programas de diversificación curricular “desde 3º
de ESO”, con 15 años. ¿Estamos por tanto asistiendo a una “reinvención” de los
itinerarios encubiertos hacia el mercado laboral de la precariedad, como denuncian
sindicatos y movimientos de renovación pedagógica?
Parece como si en las reformas educativas los gobiernos conservadores lanzaran
un “órdago” radical que luego, los gobiernos socialdemócratas, remozaran rebajando sus
aristas más escandalosas, pero dejando solapada y “dulcemente”, los componentes más
neoliberales de la propuesta.

Adecuación a través de los contenidos
La LOE ha sido una oportunidad perdida para cuestionar el currículum escolar
dominante. De hecho, la disposición adicional segunda consagra que el Estado no sólo
ofertará religión confesional, sino que ha de asumir su gasto. La cultura escolar contenida
en el currículum dista mucho de ser un resumen representativo de la sociedad de la que
surge y a la que pretende servir. Existe un largo listado de culturas y subculturas
olvidadas o silenciadas en el currículum: desde la vejez a las mujeres; desde el mundo
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rural a los pobres; desde las minorías culturales a los gays; desde los heterodoxos a los
vencidos, etc. Ha olvidado o despreciado los procesos, contradicciones y conflictos en la
historia del pensar y del hacer. Y esto tiene dos consecuencias: genera desigualdad e
incapacita al alumnado para comprender el mundo (Besalú, 2002; Pérez Gómez, 2004).
Prácticamente todos los libros enseñan lo mismo de la misma manera. Dos
grandes oligopolios —el Grupo Anaya y el Grupo Santillana— se disputan el consumo
mayoritario y controlan casi el 50% de la producción total. Los libros de texto descartan
datos sobre puntos de vista impopulares, así como la información producida por grupos
marginados. En los libros de texto y otros materiales relativos a las ciencias sociales, uno
se las ve y se las desea para encontrar en los temas sobre la etnia, la clase social o el
género; algo que haga referencia a conflictos sociales, a la injusticia social o a una
opresión de índole estructural. Y tenemos que ser conscientes que, como la investigación
ha demostrado, se ha dado un proceso de colonización del trabajo docente por el libro de
texto, convirtiéndose éstos en el auténtico curriculum escolar (Martínez Bonafé y Adell,
2004).
Es necesario un currículum que garantice la justicia curricular, un currículum
basado en la experiencia y las perspectivas de las más desfavorecidas, de las culturas
marginadas, de las mujeres, de las personas trabajadoras, de todas las minorías
silenciadas, un currículum construido a partir de la posición de los grupos subordinados,
un currículum que invierta la hegemonía, un currículum común para todos y todas desde
otras bases (Connell, 1997). No para dar la vuelta a la tortilla, sino para proporcionar
experiencias e informaciones desconocidas y olvidadas, para hacer un currículum más
comprensivo, más inclusivo, más representativo.

Adecuación a través de los métodos y prácticas pedagógicas
El profesorado reproduce en su práctica profesional el aprendizaje metodológico
que ha vivido en su etapa de formación. Y ésta adolece de estrategias para resolver los
conflictos que se le presentan en el aula, para trabajar interculturalmente, para atender a
la diversidad, para utilizar metodologías cooperativas y socioafectivas, para trabajar en
equipo, para asumir un liderazgo pedagógico compartido, para convertir los centros en
comunidades de aprendizaje, para generar estrategias de cooperación con las familias y
con el entorno social, para…
Una formación reducida a tres años para los maestros y maestras nos indica la
valoración social que tiene esta profesión para nuestros representantes políticos. Pues es
una decisión política. Y parecen transmitir a la sociedad que para ser maestro o maestra
vale una formación a medias. Luego nos preguntamos por qué es una profesión
desvalorizada. Y esto tiene mucha relación con la feminización de la profesión docente:
aquellas profesiones donde hay mayoría de mujeres se considera que son “cuasi
prolongación de la maternidad” y que para ello no se requiere mayor formación ni
cualificación.
En secundaria es aún mucho peor. La evaluación que hacen los propios asistentes
a esos cursos de formación y las prácticas es francamente negativa. Aprender habilidades
pedagógicas esenciales para dar clases a alumnado en una edad adolescente, la más
delicada y compleja, no se adquiere en unos cursos teóricos de Especialización Didáctica
en seis meses los fines de semana y, en algunos casos, a distancia.
Oportunidad perdida de nuevo en la LOE para dignificar la función docente a través
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de la licenciatura para magisterio, así como la especialización pedagógica de dos años
para profesorado de secundaria. Con adscripción al Grupo A (1) de la administración
pública, con el objetivo de llegar al Cuerpo Único de trabajadores y trabajadoras de la
enseñanza. Y para derogar el Cuerpo de Catedráticos que se mantienen en la Disposición
Adicional Séptima. Esto mantiene la jerarquización del escalafón, reiniciada con la LOCE:
los catedráticos tendrán preferencia para ser jefes de Dpto. y de otros cargos; para la
tutoría de profesores en prácticas;… Lo que fomenta realmente es el enfrentamiento entre
estamentos en vez de potenciar una cultura de colaboración y un clima de apoyo.

Adecuación a través de las prácticas de funcionamiento
“Se está empresarializando el sistema educativo. Este es un movimiento de
privatización indirecta, no necesariamente relacionado con la titularidad del servicio, sino
con el funcionamiento del mismo” (Angulo, 1999, 31).
En la LOE la dirección se define como representante doble, de la Administración y
el centro. Sigue, por tanto suponiendo un control del centro por parte de las
Administraciones a través de una persona. El resto de cargos es potestad única de la
dirección con lo que se están formando centro “piramidales”.
Aunque se modifican las condiciones al dar al centro más representatividad, sigue
interviniendo de una manera potente la Administración que, haciendo supuestos, puede
conseguir que una candidatura salga adelante con una minoría del centro. Las
renovaciones pueden hacerse desde la administración sin ningún tipo de participación. Un
director /a puede estar dirigiendo un centro con un profesorado y una problemática que no
sea ni parecida a la del momento en que se nombró. (sin fijar plazo máximo) El centro
sólo puede proponer la revocación a una dirección pero con una fortísima mayoría de 2/3
en el Consejo Escolar.
Parece como si, para la administración central, lo fundamental consistiera en
disponer de un relevo más eficaz y, sobre todo, más ‘leal’ en el control de la base docente
con el fin de llevar a cabo las transformaciones del modelo educativo decididas desde
arriba. La nueva organización permite establecer vínculos de dependencia más estrechos
y más directos. Se refuerza así el conformismo y la obediencia esperada de los
funcionarios de ejecución más que incitarlos a confiar en las iniciativas de la comunidad
educativa (Laval, 2004, 330).
La formación para el acceso a la dirección o la que se imparte a los directores y
directoras en función, ya no sólo incorpora nociones y visiones del mundo de la empresa
(gestión, competencias, balance, calidad total, eficacia…), sino que enseña a leer los
problemas que se plantean en el sistema educativo a través de las lentes de la empresa
privada. El efecto de este tipo de formación consiste en hacer de la empresa la norma
ideal a la que debe plegarse la escuela (Laval, 2004).

La reforma “coja”
La disposición adicional tercera, 1 establece que “los poderes públicos dotarán al
conjunto del sistema educativo de los recursos económicos necesarios para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, con el fin de garantizar la consecución
de los objetivos en ella previstos”. Y en el apartado 2 de esta disposición adicional tercera
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se dice: “El Estado y las Comunidades Autónomas acordarán un plan de incremento del
gasto público en educación que permita el cumplimiento de los objetivos establecidos en
la presente Ley y la equiparación progresiva a la media de los países de la Unión
Europea”. Pero no se crea, al igual que en las reformas anteriores, una Ley de
Financiación que garantice su puesta en práctica, las inversiones necesarias, la calidad
de la enseñanza y la mejora de las condiciones de trabajo para el profesorado.
Aunque se trata de ajustar capítulos que deberán ser financiados, la redacción no
pasa de ser propósitos generales, sin decir de donde saldrán esos recursos. Eso puede
suponer la paralización de la ley, bien en su aplicación por el Estado, bien por su
aplicación en las diferentes CCAA. Es imprescindible se realice un plan plurianual para
alcanzar una inversión del 7% del PIB en educación. Una inversión alta en educación
tiende a asociarse a un más alto rendimiento académico (Gimeno Sacristán, 2004, 197).
Tenemos un déficit histórico: si miramos un poco atrás podemos ver que desde
1970, cuando en el Estado español se invertía el 1’7% del PIB, en la OCDE se llegaba al
5’21%, hasta la actualidad, siempre hemos ido por detrás, a la cola. En el año 2003 el
gasto público en España es del 4,3% del PIB, mientras que en Suecia es del 6,3% y la
media en la OCDE es del 5,9% (Marina, 2005).

El mayor éxito de la restauración conservadora que vivimos actualmente en el
mundo de la educación ha sido lograr redefinir los términos del debate en torno a la
educación, al bienestar social, y otras áreas del bien común. En educación la discusión ya
no se centra en un currículum emancipador basado en cómo lograr un desarrollo vital de
nuestro alumnado que le garantice una ciudadanía plena, una participación real en la
construcción de una sociedad más justa, sino en un currículum en función del mercado de
trabajo con el fin de incrementar la competitividad internacional, la ganancia.

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