El documento resume las preocupaciones sobre dos grandes empresas papeleras, ENCE y BOTNIA, que trasladaron su producción contaminante a Uruguay. Se argumenta que aunque prometen desarrollo económico, solo generarán 300 puestos de trabajo y contaminarán el medio ambiente con compuestos tóxicos como dioxinas, afectando la salud humana y otras industrias. Además, reciben exenciones impositivas pese a los altos costos ambientales y sociales.