La ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal establece procedimientos como la mediación, la conciliación y la junta restaurativa para resolver disputas penales a través del diálogo y el acuerdo voluntario entre las partes. Los principios que rigen estos mecanismos incluyen la voluntariedad, la imparcialidad y el respeto a la verdad. El documento también describe los roles de los facilitadores y el proceso para aprobar y cumplir los acuerdos alcanzados.