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La ley 39/2006 promueve la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia en España, financiando servicios según los grados de dependencia. Su entrada en vigor fue el 1 de enero de 2007 con una gestión descentralizada y un presupuesto estatal de más de 12.638 millones de euros hasta 2015. A pesar de las normativas aprobadas, la ley ha enfrentado dificultades en su aplicabilidad y funcionamiento eficaz.







