El documento analiza tres posibles escenarios para el ajuste fiscal en Argentina. El primero es el "ajuste por las buenas", que implicaría reducir el déficit fiscal para detener la pérdida de reservas. El segundo es el "ajuste por las malas", donde se seguiría emitiendo para financiar el déficit hasta que las reservas caigan a un nivel mínimo y se libere el tipo de cambio, generando una devaluación e inflación que licúe el gasto. El tercero son ajustes parciales que ganan tiempo pero empeoran la situación
LO QUE NUNCA DEBARIA HABER PASADO PACTO CiU PSC (Roque).pptx
AjusteMalasReservas
1.
E& R
SEMANARIO
ECONÓMICO E&R
TRES ESCENARIOS DEL AJUSTE QUE SE VIENE
Nuestro país atraviesa una crisis cambiaria en la que el BCRA está
experimentando una sostenida y creciente pérdida de reservas como
consecuencia de intentar mantener un tipo de cambio fijo o cuasi fijo
(con pequeñas devaluaciones) y a la vez llevar a cabo una política fiscal
excesivamente expansiva financiada con emisión. Lo que ocurre es que
el Central emite para monetizar el déficit fiscal, esa emisión genera un
exceso de oferta en el mercado de dinero, el público percibe que
“sobran pesos” y se desprende de ellos demandando divisas y
corriendo contra las reservas internacionales. En resumidas cuentas el
déficit fiscal se financia con la sucesiva pérdida de reservas.
En este contexto, el gobierno puede elegir entre hacer el “ajuste fiscal
por las buenas”, que implicaría reducir o eliminar el déficit fiscal y así
abortar el drenaje de dólares. O, por el contrario, seguir monetizando el
déficit y dejar que la crisis haga el “ajuste por las malas”. Es decir, las
reservas caerían hasta un nivel mínimo a partir del cual el Central
dejaría de defender el tipo de cambio, la moneda se liberaría y sufriría
una marcada depreciación. Con la liberación del tipo de cambio las
reservas dejarían de caer pero la brusca devaluación provocaría un pico
inflacionario cuyo “pass through” depende del estado de la economía.
El shock inflacionario que provocaría la devaluación licuaría el exceso
de gasto y el déficit fiscal.
INEQUIDAD DEL GASTO PÚBLICO
Director
Alejandro
Caldarelli
Economistas
Verónica Sosa
Guillermo Giussi
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Esteban Arrieta
SEMANARIO ECONÓMICO E&R – Nº 106
Fecha: 21 de febrero de 2014
La política de subsidios económicos busca abaratar los bienes
(subsidiados), y así aumentar el ingreso disponible de las familias de
modo tal que se maximice el gasto agregado y el crecimiento
económico. No obstante, en el intento de “fogonear” el consumo y el
crecimiento se incurrieron en costos macroeconómicos,
microeconómicos y distributivos: El costo macroeconómico fue
financiar dicho gasto (y el déficit fiscal creciente) con emisión forjando
un desequilibrio monetario. El costo microeconómico fue generar
problemas de oferta (oferta insuficiente) en los sectores intervenidos. Y
el costo distributivo fue cobrar más impuesto inflacionario a los que
tienen mayor propensión marginal a consumir, para beneficiar a la clase
media (y media alta) de CABA y GBA que tienen una menor propensión
marginal al consumo y se benefician con el subsidio.
En definitiva, la política de subsidios es cada vez más inequitativa, por
lo que un ajuste fiscal basado en la eliminación (reducción) de los
subsidios económicos no sólo es indispensable para solucionar los
grandes desequilibrios macro, sino también para hacer más equitativa
la redistribución del ingreso a través de la política fiscal.
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2. SEMANARIO ECONÓMICO E&R – Nº 106 21 de febrero de 2014
TRES ESCENARIOS DEL AJUSTE QUE SE VIENE
Nuestro país atraviesa una crisis cambiaria en la que el BCRA está experimentando una
sostenida y creciente pérdida de reservas como consecuencia de intentar mantener un tipo de
cambio fijo o cuasi fijo (con pequeñas devaluaciones) y a la vez el gobierno sostiene una
política fiscal excesivamente expansiva financiada con emisión. De esta manera el BCRA emite
para financiar el exceso de gasto monetizando el déficit fiscal, esa emisión genera un exceso
de oferta en el mercado de dinero, el público percibe que “sobran pesos” y se desprende de
ellos demandando divisas y corriendo contra las reservas internacionales. En resumen, el
déficit fiscal se financia con pérdida de reservas y, por ende, a mayor déficit mayor pérdida de
reservas (ver gráfico 1).
Gráfico 1: la caída de reservas es explicada por el déficit fiscal.
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2
Fuente: E&R en base a Mecon y BCRA.
De no mediar ninguna corrección, la pérdida de reservas continuará “de la mano” del déficit
fiscal, cayendo hasta un nivel mínimo a partir del cual la agudización del ataque especulativo
exigirá la depreciación y luego liberación del tipo de cambio. Con la liberación del tipo de
cambio las reservas dejarán de caer y será el shock inflacionario el que licúe el exceso de
gasto y el déficit fiscal. Este es el ajuste “por las malas”, el tipo de ajuste que hace el sistema
económico cuando los políticos no están dispuestos a hacerlo previamente. Todo este
enfoque, cuyo pionero es Paul Krugman, describe perfectamente lo que sucede actualmente
en Argentina y muestra también lo que muy probablemente acontecerá si no enderezamos el
rumbo con un cambio de política económica.
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El gobierno puede elegir entre hacer el “ajuste por las buenas”, que implicaría reducir o
eliminar el déficit fiscal y así abortar el drenaje de dólares o, por el contrario, seguir
monetizando el déficit y dejar que la crisis haga el “ajuste por las malas”. Cualquier estrategia
de ajuste aislado e incompleto le permitirá al gobierno ganar tiempo, postergando la decisión
de hacer la corrección necesaria a costa de empeorar el “desenlace por la malas”. Este último
escenario no sólo es fuertemente recesivo, sino que también es socialmente inequitativo ya
que habrá un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones.
En pocas palabras, el gobierno enfrenta la encrucijada de hacer el ajuste o dejar que la crisis lo
haga licuando gastos y déficit. Luego a modo de ejercicio intentamos medir los escenarios
posibles, dado que resulta fundamental computar los costos que cada ajuste genera en
términos de nivel de actividad, salario, inflación y empleo. Nuestra hipótesis es que el “ajuste
por las buenas” (como su nombre lo anticipa) es sustancialmente menos dañino para nuestra
economía en términos de nivel de actividad, salario real y empleo que cualquier otra
alternativa.
“Ajuste por las malas”
El ajuste “por las malas” es el escenario resultante de no cambiar las actuales políticas
económicas, sino potenciarlas.
Suponemos que el gobierno continúa y acentúa (como viene haciendo año tras año) su política
fiscal desmedidamente expansiva, acrecentando el déficit. A mayor déficit, mayor dominancia
fiscal. El tesoro sigue financiando el exceso de gasto público con emisión, que se traduce en
pérdida de reservas creciente hasta que dicha pérdida se torna insostenible y el Central libera
el tipo de cambio forjando una nueva devaluación brusca.
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En la actualidad el gasto público representa el 37% del PBI. En la estructura de gasto público
se destaca el peso de las jubilaciones (27% del gasto y 10% del PBI), la coparticipación (22% del
gasto y 8% del PBI), las partidas destinadas a subsidios económicos, tales como la energía y el
transporte (13% del gasto y el 4.8% PBI) y los salarios (10% del gasto y el 3.7% PBI) (ver
gráfico). Cada componente tiene distinto grado de elasticidad frente a la devaluación y es más
o menos difícil de ajustar a la baja.
De todos modos, en este escenario, el gasto total se incrementa cerca del 54% en promedio
dado que si bien la mayoría de las partidas percibe incrementos nominales cercanos al 35%
anual, el impacto de la devaluación encarece los subsidios económicos (energía importada)
haciendo que esta partida de gasto aumente un 132% en términos nominales. Para entender
esta fuerte elasticidad del gasto en subsidios económicos con respecto a la devaluación, hay
que recordar que actualmente el gasto agregado en energía es financiado en un 67% por el
Estado y en un 33% por el sector privado. Esto quiere decir que cada $100 de gasto en energía,
el sector público nacional (SPN) pagaba $67 y los privados $33. Pero como el precio de la
energía es valuado en dólares, si el tipo de cambio se deprecia un 50%, la misma cantidad de
energía que antes costaba $100 ahora pasará a costar $150. Sin embargo, sin aumento de
tarifa y sin cambios en los niveles de consumo, el sector privado seguirá pagando $33, pero el
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sector público tendrá que pagar $117 (los $67 de antes más el encarecimiento de $50
producto de la devaluación).
Volviendo al resto de las partidas del gasto, los salarios del sector público y las jubilaciones
aumentarían un 35% y un 30% anual respectivamente, dado que las paritarias y acuerdos se
cerrarían antes del ajuste de precios. Otras partidas más ligadas a la “nominalidad” de la
economía como la coparticipación (+70%), las erogaciones de bienes y servicios (+60%)
también presentarían aumentos por encima del promedio (+54%).
Gráfico 2: Componentes del gasto público y crecimiento según componente.
Estructura del Gasto Público Nacional
en 2013
Transferencias privadas a
"sociales"
2%
Crecimiento de las partidas de gasto
en 2014
Transferencias privadas
a económicas
132%
70%
COPARTICIPACIÓN
Otros
4%
Transferencias
privadas a
"económicas"
13%
Déficit Empresas Públicas
1%
Gastos de Capital
Salarios
9%
10%
Transf Spublico (sin
Universida y Copa)
2%
Bienes y Servicios
3%
35%
35%
Transf Spublico (sin
Universida y Copa)
Prestaciones Seg Soc
27%
INTERESES
Déficit Empresas
Públicas
COPARTICIPACIÓN
22%
INTERESES
4%
60%
Bienes y Servicios
35%
Gastos de Capital
35%
Universidades
35%
Salarios
35%
Transferencias privadas
sociales
35%
Prestaciones Seg Soc
Universidades
3%
Otros
30%
25%
Fuente: E&R en base a Mecon y proyecciones.
A medida que se financia este aumento del gasto con reservas se van vaciando las arcas del
Central. En un momento del tiempo la autoridad monetaria decidirá dejar de perder reservas y
liberará el tipo de cambio. En nuestro escenario, suponemos que se depreciaría un 62%
adicional y alcanzaría los $13. De modo que la devaluación del año acumulada se ubicaría en
torno a 105% (97% en promedio). Cabe destacarse, que cuánto más tarde el salto devaluatorio
en producirse, más fuerte será la devaluación. Una depreciación como esta, induce un
aumento de precios del 90% para todo el año, con un coeficiente implícito de “pass through”
de 86%1.¿Por qué? Porque cuánto más tarde ser produzca, más pesos y menos reservas habrá.
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4
El avance inflacionario (90%) provocaría una significativa licuación del gasto de modo que el
cociente entre las erogaciones totales y el PBI caerían al 32%; con un ajuste fiscal implícito del
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Lo que implica que el 86% de la devaluación se traslada a precios.
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5% del PBI, equivalente al déficit actual. O sea, hay un fuerte ajuste, que sería “por las malas”
porque el brote inflacionario induciría una marcada licuación del poder adquisitivo de los
ingresos en general y del salario en particular, provocando una caída del nivel de actividad del
6%.
En síntesis, el costo del “ajuste por las malas” sería una caída del PBI del 6%, una licuación
del salario público real del 28% (se mantiene el empleo), un dólar a $13 y una fuerte pérdida
de reservas internacionales.
“Ajuste por las buenas”
Otra forma alternativa de enderezar el rumbo es tomar la decisión de hacer un ajuste que
elimine la dominancia fiscal; origen de la crisis cambiaria. Dado que, sin ajuste fiscal, la política
monetaria no alcanza para solucionar el problema de fondo. Para hacer este ajuste, se tienen
que coordinar las políticas monetarias (suba de tasas), cambiaria (devaluación) y fiscal (ajuste
nominal ex ante) de tal modo que los agentes confíen en dicha política y se alcance un nuevo
equilibrio.
En concreto, se debe subir la tasa de interés en torno al 40%, devaluar a la vez que se hace el
recorte fiscal. Se devalúa (a $8.80) para que se liquide la cosecha y se mantiene el tipo de
cambio durante todo el tiempo de la cosecha. En lo fiscal, el ajuste no puede hacerse del lado
de los ingresos ya que la presión tributaria se encuentra en niveles record. El ajuste fiscal
debería venir por el lado del exceso de gasto, eliminando el déficit y generando un superávit
para abolir la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro. El recorte se da eliminando
todos los subsidios económicos, que representan aproximadamente el 5% del PBI. Los otros
dos puntos se ajustan vía licuación por inflación con partidas de gasto que aumentan un 25%,
menos que la inflación y la coparticipación que crecen 35% anual. También se acuerda con el
FMI y hay ingreso de capitales.
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Este combo de políticas generaría un shock de confianza que provocaría una paulatina
apreciación nominal (y real) del tipo de cambio hacia fin de año. De modo que el tipo de
cambio promedio cerraría el año en torno a $8.65, con una devaluación (punta a punta) del
36.5%2 y una inflación que cerraría el año en torno al 36%. Este avance inflacionario (36%)
provocaría una licuación del gasto, de modo que el cociente entre las erogaciones totales y el
PBI caerían al 30%; con un ajuste fiscal implícito del 7% del PBI, que podría generar un
superávit mayor a 2% del PBI. Sin embargo, la inflación induciría una licuación del poder
adquisitivo de los ingresos en general y del salario en particular, haciendo que el PBI no crezca.
En síntesis, el costo del “ajuste por las buenas” sería que el PBI se mantenga en los niveles del
2013, con una licuación del salario público real del 8% (se mantiene el empleo) y un dólar a
$8.5.
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En este caso la devaluación promedio es marcadamente mayor a la “punta a punta” por la fuerte
devaluación de enero ’14.
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Por el momento, no vemos que el gobierno decida encarar el ajuste “por las buenas”, ya que
cualquier política de ajuste va en contra del discurso oficial de los últimos años y pueden
restarle el apoyo de sus “bases” electorales. En el seno del gobierno, el ajuste “por las
buenas” sería una estrategia “neoliberal” y por ende no estaría en el menú de opciones.
“Ajuste equilibrista”
Este escenario surge a partir de las necesidades políticas del gobierno por terminar el
mandato en las mejores condiciones posibles. Pero conceptualmente es un ajuste sin
convencimiento.
El gobierno no cree en las políticas de ajuste, pero algo debe implementar para tener
chances de llegar a fines de 2015 en buenas condiciones. Es un proceso de ajuste que el
gobierno toma porque “no le queda otra”; impuesto por la realidad económica.
En realidad, la racionalidad económica imponía el ajuste “por las buenas”, pero el gobierno
no está dispuesto a hacerlo. Obligado por la crisis cambiaria, el gobierno termina aplicando
un camino intermedio, un ajuste a medias que consiste en aplicar todas las herramientas
que tiene a su alcance para ganar tiempo y llegar a las próximas elecciones.
Por un lado, toma todas las medidas posibles (algunas contra su discurso) para que ingresen
más dólares. Por el otro, acrecienta las medidas tendientes a cortar la salida de divisas. Busca
arreglar con los fondos buitre, llega a un acuerdo con el FMI para volver a los mercados
internacionales de deuda y que ingresen dólares, restringe al máximo posible las
importaciones para minimizar la salida de dólares por este medio, elimina el dólar ahorro y
restringe las ventas de divisas para turismo.
En paralelo, el BCRA continúa haciendo el ajuste monetario, subiendo la tasa de interés por
encima de la inflación y de la devaluación y sigue sacando los pesos excedentes del mercado.
Estas medidas son indispensables para que el escenario “equilibrista” tenga alguna chance de
prolongarse en el corto plazo.
Por el contrario, si la tasa de interés fuera menor que la devaluación y la inflación, no lograría
retirar la cantidad de circulante necesaria, la corrida contra las reservas cobraría fuerza
rápidamente y el escenario “equilibrista” se transformaría velozmente en el escenario de
ajuste “por las malas”.
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En la esfera fiscal, el gobierno realiza un ajuste “ex ante” al reducir el gasto en subsidios
económicos (transporte y energía) de tal modo que la quita inicial (45%) compense en
aumento que provoca la devaluación, haciendo que el gasto agregado en subsidios
económicos se mantenga en los mismos niveles del 20133 (varíe 0%). Por otro lado la inflación
también genera un ajuste “ex post” al reducir el ratio gasto total / PBI.
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Cabe recordar que la devaluación genera un aumento de subsidios más que proporcional, dado que la
mayor parte de los mismos es energía importada.
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En resumen, el escenario “equilibrista” tiene un pequeño componente de ajuste de verdad y
otro componente de ajuste por licuación de gasto vía inflación.
En la esfera cambiaria el gobierno mantendría el dólar a $8 hasta que empiece el periodo de
liquidación de exportaciones agropecuarias. Luego devaluaría llevándolo a $9 en abril cuando
empieza el período de liquidación de exportaciones y lo mantiene en ese nivel hasta julio. Más
tarde, empieza un “crawling peg” del tipo de cambio con una devaluación mensual del 1%
aproximadamente. De modo que el tipo de cambio exhibiría una devaluación promedio anual
del 60% (49% punta a punta); que provocaría un incremento de precios en torno al 48% para
el año.
La inflación y la devaluación inducirían aumentos nominales del gasto en torno al 46% para la
mayoría de las partidas excluyendo el gasto en salarios y jubilaciones que exhibirían aumentos
del 30% y del 27% respectivamente. Los subsidios económicos no variarían en términos
nominales, dado que el aumento que provoca la devaluación se compensa por la quita del 44%
de subsidios. De modo que el gasto total se incrementaría un 32% anual.
El avance inflacionario (48%) provocaría una licuación del gasto de modo que el cociente entre
las erogaciones totales y el PBI caerían al 33.7%; con un ajuste fiscal implícito del 3.5 puntos
del PBI. Sin embargo, semejante brote inflacionario induciría una marcada licuación del poder
adquisitivo de los ingresos en general y del salario en particular, provocando una caída del
nivel de actividad del 1.6% aproximadamente.
En síntesis, el costo del “escenario equilibrista” implicaría una caída del PBI del 1.6%, una
licuación del salario público real del 12% (se mantiene el empleo), un dólar a $9.46 a fin de
año y pérdida de reservas internacionales con endeudamiento.
En resumen, hace años que nuestra economía enfrenta un creciente desequilibrio
macroeconómico devenido en crisis cambiaria por la dominancia fiscal que crece año tras año.
La actual administración tiene la alternativa de hacer el ajuste o postergarlo y empeorar la
crisis arrastrando hacia la baja el nivel de actividad y el poder adquisitivo de los ingresos. Sin
embargo, lo más probable es que el gobierno escoja el escenario equilibrista, que es un camino
intermedio en el cual hay un ajuste a medias que sólo procura llegar a 2015 y dejar todo el
“trabajo difícil” a la siguiente administración. El problema es que este escenario “equilibrista”
tiene implícito el riesgo de transformarse en ajuste “por las malas”. Es decir, es probable que
en la segunda mitad de año se vuelva a intensificar la crisis cambiaria. En ese contexto, habrá
que ver qué instrumentos de política tiene a su disposición el gobierno para seguir pateando la
“crisis” para más adelante. Sin embargo, el gobierno cada vez tendrá menos balas en su
cartuchera.
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Gráfico 4: Aumento del gasto público.
Fuente: E&R en base a Mecon y proyecciones.
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El desborde del gasto público, el aumento del déficit y la dominancia fiscal, que terminan
generando la actual crisis cambiaria, tienen origen en la explosión de los subsidios al sector
privado que pasaron a representar del 2.9% ($ 15.355 MM) al 6.1% ($ 171.400 MM) entre el
2005 y el 2013. Dentro de esta partida de gasto se destaca el avance del gasto en
transferencias económicas al sector privado (“subsidios económicos”), destinadas a subsidiar
el transporte, la energía, las empresas públicas y los alimentos. En concreto, los subsidios
económicos ‐por si solos‐ aumentaron 38 veces entre 2005 ($3.300 MM) y 2013 ($130.000
MM), pasando de 0.6% a 4.6% del PBI en el período bajo estudio. De esos subsidios,
aproximadamente el 88% corresponden a energía y transporte. Peor aún, el 61% de los
subsidios económicos corresponden a energía importada, lo que representa el 3% del PBI. Por
lo que la devaluación encarece significativamente esta partida de gasto, muy difícil de ajustar
en un contexto devaluatorio.
La política de subsidios económicos busca abaratar los bienes (subsidiados) y así aumentar el
ingreso disponible de las familias de modo tal que se maximice el gasto agregado y el
crecimiento económico. No obstante, en el intento de “fogonear” el consumo y el crecimiento
se incurrieron en costos macroeconómicos, microeconómicos y distributivos. El costo
macroeconómico fue financiar dicho gasto (y el déficit fiscal creciente) con emisión forjando
un desequilibrio monetario. El costo microeconómico fue generar problemas de oferta (oferta
insuficiente) en los sectores intervenidos. Y el costo distributivo fue cobrar más impuesto
inflacionario a los que tienen mayor propensión marginal a consumir, para beneficiar a la clase
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media (y media alta) de CABA y GBA que tienen una menor propensión marginal al consumo y
se benefician con el subsidio.
En efecto, la política de subsidios económicos es muy inequitativa ya que sus beneficiarios,
concentrados fundamentalmente en CABA y GBA, pertenecen principalmente a las clases
“arriba” en la pirámide social que pagan precios extraordinariamente reducidos por el gas, la
electricidad, y el transporte. Por el contrario, las clases sociales de la “base” de la pirámide,
que tienen menos ingreso per cápita y viven en el interior del país, o incluso en zonas sin redes
de distribución, no reciben estos subsidios y pagan por dichos bienes y servicios entre cuatro y
diez veces más.
Además, los subsidios económicos aumentan a expensas de los subsidios sociales.. Mientras
los primeros se incrementaron a un promedio anual del 59% entre el 2005 y el 2013, los
segundos lo hicieron a una tasa promedio anual del 10% en el mismo período. Los subsidios
económicos representaban el 28% de los subsidios sociales en 2005 y ahora representan el
325% (2013)
Paralelamente, cabe resaltar que mientras los subsidios económicos aumentaron más que la
inflación, los sociales fueron perdiendo poder adquisitivo. El aumento de precios del período
2005‐2013 alcanzó un 312% (que implica un aumento promedio anual del 19%), los subsidios
económicos mostraron un aumento real del 871% (33% promedio anual en términos reales) y
los subsidios sociales (sin la asignación universal por hijo) se redujeron un 49% (crecieron
nominalmente menos que la inflación).
Si agregamos la asignación universal, todos los subsidios sociales presentan una merma real
del 17% entre 2005 y 2013. Para peor, la devaluación (pasada, presente y futura) agrava la
inequidad de la política oficial de subsidios, porque la suba del dólar oficial se traslada más que
proporcionalmente al gasto en subsidios energéticos. Yendo a los números, sin reducción de
subsidios y sin aumentos de tarifas, una devaluación del 55% (dólar promedio anual a $8.5)
genera un incremento del gasto en subsidios energéticos de 73.2%.
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