El documento discute los principios que deben regir los manuales de convivencia de las instituciones educativas. Estos manuales deben someterse a la constitución y respetar los derechos fundamentales de los estudiantes. Asimismo, deben establecer un debido proceso para imponer sanciones disciplinarias que incluya la comunicación formal de cargos, pruebas, derecho a la defensa y recursos. El documento también clasifica las faltas por nivel de gravedad y establece atenuantes y agravantes para determinar sanciones