Los medios impugnatorios permiten que las partes soliciten la anulación o revocación de actos procesales afectados por vicios o errores. Estos incluyen recursos e impugnaciones que pueden presentarse ante el juez original o uno superior. Su objetivo es corregir posibles fallas judiciales y garantizar que se aplique correctamente la ley. Sin embargo, deben usarse de forma oportuna y limitada para evitar perjuicios o inestabilidad jurídica innecesarios.

1. MEDIOS IMPUGNATORIOS
29 septiembre, 2009 Alexander Rioja Bermudez 4 comentarios
MEDIOS IMPUGNATORIOS
Alexander Rioja Bermudez
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 355.- Medios impugnatorios.-
Mediante los medios impugnatorios las partes o terceros legitimados solicitan que se
anule o revoque, total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio
o error.
INTRODUCCION
Conforme señala HINOSTROZA, la impugnación se sustenta en la necesidad de
disminuir la posibilidad de injusticia basada, principalmente, en el error judicial, el
mismo que si no es denunciado, origina una situación irregular e ilegal, que causa
agravio al interesado. Precisa que, la revisión de los actos que se encuentran afectados
de vicio o error aparece a consecuencia de un perjuicio inferido al impugnante surgido
como consecuencia de la inobservancia de las reglas procesales o de una errónea
apreciación al resolver así como en el caso que exista una decisión arbitraria o una
conducta dolosa. En tal sentido y con la finalidad de garantizar una resolución justa y la
estricta aplicación de la ley resulta indiscutiblemente necesaria la impugnación de los
actos procesales y la instancia plural.
Lo que se buscaría a través de esta institución seria la perfección de las decisiones
judiciales en atención que ante la advertencia de un error o vicio puesta en conocimiento
por alguna de las partes en el proceso, sea el órgano de segundo grado o superior que
logre corregir la resolución del A quo y por ende lograr que los actos del Juez sean
decisiones validas. En tal sentido el fundamento de la impugnación se sustenta en el
hecho de que este constituye un acto humano y por tanto factible de error, por ello se
otorga la posibilidad a los justiciables de utilizar determinado mecanismo a fin de que
puedan ser revisadas tales decisiones y en caso de que se encuentre un error, o vicio se
declare su nulidad o revocación, buscando de esta manera que las decisiones del órgano
jurisdiccional sean lo más justas posibles.
En tal sentido el profesor PRIORI ha cuestionado tal fundamento de la impugnación
indicando que: “El problema que enfrenta el instituto de la impugnación (y del cual no

2. puede salir) es quien revisa la resolución es un ser humano y, como tal, es también
falible. Si el error es entonces el gran fundamento de la impugnación habría también
que permitir que la decisión de quien revisa sea revisada, pues ella es también
susceptible de error. El gran problema es que quien va a revisar siempre va a ser un ser
humano y su juicio va a ser siempre pasible de error, con lo cual si admitimos que las
decisiones jurisdiccionales sean siempre revisadas porque siempre existe la posibilidad
de error, jamás tendremos una decisión jurisdiccional definitiva; es decir, una decisión
judicial jamás podrá obtener la calidad de cosa juzgada, impidiendo con ello que la
función jurisdiccional pueda cumplir su cometido, con la terrible consecuencia de no
poder lograr la paz social en justicia.” Resulta valido el planteamiento si este fuera el
único fundamento en materia impugnatoria y por tanto no habría certeza jurídica de las
decisiones judiciales, pero felizmente ello no es así, y aún cuando cuestionable en
nuestro sistema, constituye una “garantía” para los justiciables la existencia de un
órgano superior que pueda revisar lo resuelto por el a quo con la finalidad de corregir el
error o vicio en el que pueda haber cometido el cual fuera advertido por una de las
partes o terceros legitimados en el proceso.
Más, se debe tener en cuenta que cuando nos referimos al tema de los medios
impugnatorios y lo relacionamos con el debido proceso inmediatamente sale a luz lo
regulado por nuestra norma constitucional, la cual en su artículo 139° inciso 6 reconoce
el derecho a la pluralidad de instancia, el mismo que según el Tribunal Constitucional,
constituye “una garantía consustancial del derecho al debido proceso, mediante el cual
se persigue que lo resuelto por un juez de primera instancia pueda ser revisado por un
órgano funcionalmente superior, y de esa manera se permita que lo resuelto por aquél,
cuando menos, sea objeto de un doble pronunciamiento jurisdiccional.” En tal sentido la
profesora ARIANO , señala que: “Y como el paso de una ‘instancia’ (la primera) a otra
(la segunda) no es por ‘generación espontánea’, sino por un acto de parte, y en concreto
a través de lo que solemos llamar un ‘medio de impugnación’, resulta inevitable que por
derecho a la ‘pluralidad de la instancia’ se termine entendiendo como el derecho a los
recursos (o más general, a las impugnaciones) que tal ´pluralidad´ promueven.”
En tal sentido al constituir también una garantía constitucional, esta no puede quedar
limitada por ejemplo en el supuesto que el letrado no se encuentre al día en sus
cotizaciones ante el Colegio al que pertenece, ya que dicha situación no debe perjudicar
a las partes en el proceso, al respecto, reiteradas ejecutorias se ha señalado que: “(…) Si
el Abogado que autorizó el recurso de apelación no estuvo habilitado para el patrocinio
judicial por falta de cuotas gremiales, ello no es razón suficiente para anular el acto

3. procesal y los efectos que de él hayan derivado (…) resulta de mayor interés considerar
que la parte procesal o patrocinado (sea actor o demandado) no se veas perjudicada en
su derecho a la doble instancia por la irregularidad administrativa anotada, pues, el
objeto o fin del medio impugnatorio referido es que el juez (Colegiado) superior revise
el fallo apelado, pues pese a que el recurso es defectuoso al estar autorizado por el
letrado inhabilitado, ha cumplido con satisfacer la vigencia o tutela del derecho a
impugnar las resoluciones judiciales consagrado en la Constitución Política del Estado
como principio del debido proceso (…)”
Finalmente, podemos señalar que es fundamental en el procedimiento que todo acto del
Juez que pueda ocasionar alguna lesión los intereses o derechos de una de los litigantes,
o que sirva para impulsar el proceso y conducirlo a sus distintas etapas preclusivas, sea
impugnable; es decir, que exista algún mecanismo para atacarlo, con el objeto que se
enmienden los errores o vicios en que se haya incurrido.
No podría concebirse un sistema judicial en la que los actos del órgano jurisdiccional no
sean objeto de impugnación. En tal sentido existe gran variedad de medios
impugnatorios que la norma procesal concede a las partes, según la naturaleza del acto
procesal.
Más, tal posibilidad no puede hacerse uso indiscriminadamente, sino en los términos y
condiciones que la norma procesal señala; y no es indiferente que se use de ellos, en
cada caso concreto, pero cualquiera de las partes, sino, por el contrario, es que ella en
cuyo favor los consagra la norma quien debe y puede ejercitarlos. De tal manera,
corresponde únicamente a la parte perjudicada con la decisión judicial la posibilidad de
interponer reposición, apelación o casación contra ella. Ante la existencia de un defecto
o vicio procesal.
DEFINICIÓN
Según MONROY GALVEZ , “Podemos definir este instituto procesal como el
instrumento que la ley le concede a las partes o a terceros legitimados para que soliciten
al juez que, el mismo u otro de jerarquía superior, realicen un nuevo examen de un acto
procesal o de todo el proceso, a fin de que se anule revoque éste, total o parcialmente.”
En tal sentido esta figura procesal constituye una facultad que otorga la norma procesal
a las partes y quienes tengan un legitimo interés en el proceso con el objeto de que la
decisión expedida por el magistrado sea revisada por su superior por cuanto se le ha

4. puesto de conocimiento la existencia de un vicio o error y para que este en su caso lo
revoque sea en parte o en su totalidad y logre de esta manera la finalidad del proceso.
Para GOZAINI, “el reconocimiento del derecho a impugnar la decisión, se viabiliza en
la senda de los recursos, que son medios de transferir la queja expresiva de los agravios,
que son considerados presentes en la resolución cuestionada.”
También se puede señalar que constituyen aquellos actos jurídico procesales realizados
por las partes legitimadas en el proceso con la intención de poner en conocimiento del
Juez los vicios (causal de nulidad que la invalida) o errores (aplicación equivocada de la
norma o una apreciación equivocada de los hechos) que afectan a uno o más actos
procesales para que este o el superior disponga su revocación o anulación sea esta de
manera total o parcial, restándole de esta manera sus efectos. Por ello DEVIS Echandia
sostiene que: “La revocabilidad es un remedio jurídico contra la injusticia de la
resolución del juez, al paso que la nulidad lo es en contra de su invalidez. La
impugnación es el género, el recurso es la especie. La revocación procede no sólo
cuando el juez aplica indebidamente la ley o deja de aplicarla, sino también cuando se
dejan de cumplir formalidades procesales, si se recurre en tiempo oportuno; después
sólo puede pedirse la nulidad. La impugnación debe hacerse oportunamente, hasta cierto
momento, llegado el cual la decisión adquiere firmeza, pues de lo contrario sería
imposible concluir un proceso y se perdería la certeza jurídica.”
Debemos precisar que tanto la nulidad como la apelación deben ser interpuestos de
manera oportuna puesto que sino la consecuencia será contraria si solamente se tiene
plazo para impugnar y no para solicitar la nulidad, más aún si como vamos a ver más
adelante, el recurso de apelación lleva intrínsecamente el de nulidad, por ello la
imposibilidad de plantear doble recurso respecto de una misma resolución.
GOZAINI señala como objeto de la impugnación que ésta: “…tiende a corregir la
falibilidad del juzgador, y, con ello, a lograr la eficacia del acto jurisdiccional.” En
doctrina se señala que el presupuesto sobre el que se sustenta la impugnación es el error,
puesto que juzgar constituye un acto humano y como tal pasible de éste; si bien es la
parte impugnante la que busca la aplicación del derecho, que constituye el objeto del
proceso, desde su punto de vista advierte la existencia de esta situación en la resolución
del Juez, por lo que la invoca. Le corresponde al Estado la revisión de los actos no
consentidos por las partes en los que se ha advertido lo señalado (el error) por una de
ellas, buscado así la perfección y por ende la convalidación o no de los actos resuelto
por el Juez, ello a través del mismo órgano encargado para la administración del

5. justicia, pero de una instancia superior la misma que deberá eliminar o reducir el riesgo
de error, buscado que la decisión sea lo más justa posible.
A las partes intervinientes en el proceso les corresponde la posibilidad de señalar los
errores in procedendo o in uidicando que pudiera haberse incurrido en el proceso, sea a
través de un acto procesal contenido o no en una resolución, y lograr de esta manera la
adecuación del proceso dentro de los causes de legalidad y regularidad, pero esta
posibilidad al igual que cualquier derecho que tiene las partes debe contar con una
limitación, pues el hecho de existir la posibilidad ilimitada de impugnar podría generar
no solo perjuicios económicos para las partes sino también una inestabilidad jurídica
que afecta el contexto social y político del estado de derecho.
Para la doctora ARIANO : “…todas las impugnaciones (pero en particular la apelación),
en tanto permiten llevar a conocimiento de un segundo juez lo resuelto por el primero,
son una suerte de ‘garantía de garantías’, en buena cuenta una garantía del debido
proceso mismo, porque son el más efectivo vehículo para, por un lado, evitar el
ejercicio arbitrario del poder por parte del juez A quo y, por otro, para permitir corregir
(lo antes posible) los errores del mismo.”
Los medios impugnatorios constituyen todos aquellos instrumentos de los que se valen
las partes con la finalidad de que puedan cuestionar la validez de un acto procesal, que
presuntamente contiene un vicio o error que lo afecta, el mismo que debe ser corregido
por el propio órgano que lo emite o por su superior.
En anterior oportunidad ya nos habíamos referido a los medios impugnaorios cuando
precisábamos que: “Son los actos procesales que se caracterizan por ser formales y
motivados. Representan manifestaciones de voluntad realizadas por las partes (aún por
terceros legitimados) dirigidas a denunciar situaciones irregulares o vicios o errores que
afecta a uno o más actos procesales, y a solicitar que el órgano jurisdiccional revisor
proceda a su revocación o anulación, eliminándose de esta manera los agravios inferidos
al impugnante derivados de los actos del proceso cuestionados por él.”
Los medios impugnatorios comprenden a los remedios y los recursos. Los remedios
atacan a actos jurídicos procesales no contenidos en resoluciones; v. gr., ante una
deficiencia del emplazamiento de la demanda porque no se ha recaudado todas las
copias, el demandado puede devolver la cédula, advirtiendo esta deficiencia, a fin que
sea notificado debidamente.

6. Los recursos, en cambio, atacan exclusivamente a las resoluciones. El procesalista
argentino Palacio puntualiza que la razón de ser de los recursos reside en la falibilidad
del juicio humano, y en la consiguiente conveniencia de que, por vía de reexamen, las
decisiones judiciales se adecuen, en la mayor medida posible, a las exigencias de la
justicia, lo que no implica propiciar el escalonamiento indefinido de instancias y
recursos, que conspira contra la mínima exigencia de celeridad que todo proceso
judicial requiere.
En sede casatoria se ha señalado que: “El instituto procesal de los medios impugnatorios
puede definirse como el instrumento que la ley concede a las partes o terceros
legitimados para que soliciten al juez que el mismo u otro de jerarquía superior realicen
un nuevo examen del acto procesal o de todo el proceso, a fin de que se anule o revoque
este, total o parcialmente”
Al respecto nuestro supremo tribunal se ha referido a este tema, señalando que:
“2. (…)Uno de los derechos que conforman el derecho al debido proceso es el derecho
de acceso a los medios impugnatorios. En ese sentido, es necesario precisar que en la
medida en que el derecho al debido proceso no tiene un ámbito constitucionalmente
garantizado en forma autónoma, sino que su lesión se produce a consecuencia de la
afectación de cualesquiera de los derechos que lo comprenden, dentro del cual se
encuentra el de acceso a los medios impugnatorios, un pronunciamiento sobre el fondo
en relación con aquel derecho presupone, a su vez, uno en torno al último de los
mencionados.
3. El derecho a los recursos o medios impugnatorios es un contenido implícito de un
derecho expreso. En efecto, si bien este no se encuentra expresamente reconocido en la
Constitución Política del Perú, su reconocimiento a título de derecho fundamental puede
inferirse de la cláusula constitucional mediante la cual se reconoce el derecho al debido
proceso. Como se expresa en el ordinal h) del artículo 8.2 de la Convención Americana
de Derechos Humanos,
(…) Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas:
(…)
h). derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior
4. En relación con su contenido, este Tribunal tiene afirmado que el derecho a los
medios impugnatorios es un derecho de configuración legal, mediante el cual se
posibilita que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano

7. jurisdiccional superior. En la STC 1231-2002-HC/TC, el Tribunal recordó que éste
constituye
(…) un elemento necesario e impostergable del contenido del debido proceso, en la
medida en que promueve la revisión, por un superior jerárquico, de los errores de
quienes se encuentran autorizados, en nombre del pueblo soberano, a administrar
justicia.
5. Igualmente, el Tribunal tiene expresado que, en tanto derecho de configuración legal,
corresponde al legislador crearlos, establecer los requisitos que se debe cumplir para
que estos sean admitidos, además de prefigurar el procedimiento que se deba seguir. Su
contenido constitucionalmente protegido garantiza que no se establezca y aplique
condiciones de acceso que tengan el propósito de disuadir, entorpecer o impedir
irrazonable y desproporcionadamente su ejercicio. Excluida de ese ámbito de protección
se encuentra la evaluación judicial practicada en torno al cumplimiento, o no, de las
condiciones o requisitos legalmente previstos, en la medida en que no se aprecien
errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta
del significado del derecho fundamental a los medios impugnatorios y, en particular, en
lo relacionado con la extensión de su ámbito de protección. El Tribunal, en ese sentido,
ha dejado sentado que
(…) la apreciación y aplicación de la ley en un caso concreto es competencia del Juez
Ordinario; (…) el Juez Constitucional no tiene entre sus competencias el imponerle al
Juez una determinada forma de interpretar la ley, pues ello implicaría una inadmisible
penetración en un ámbito reservado al Poder Judicial, salvo que para tutelar un derecho
fundamental de configuración legal sea necesario interpretar su conformidad con la
Constitución (…). (STC 8329-2005-HC/TC, FJ 4)”
Legitimación.
Conforme lo señala la norma procesal están legitimados para interponer medios
impugnatorios las partes o terceros legitimados es decir los que integran la relación
jurídica procesal, sea el demandante, demandado o terceros. Este constituye un requisito
de carácter subjetivo ya que solamente están autorizados a interponerlos aquellos que
participan del proceso judicial. “Sólo el que haya sufrido el perjuicio podrá denunciar la
afectación al debido proceso, ésta es la regla básica de legitimación para que el efecto
de la contravención sea la sanción de nulidad.”
Fíjense que además del requisito de carácter subjetivo, y como veremos más adelante,
resulta además necesario que quien impugne el acto procesal cuente con interés que

8. puede ser material o moral, y precise el agravio que la misma le ha ocasionado. Por ello
no bastara con que el impugnante sea parte en el proceso en cualesquiera de sus formas,
sino que además debe contar con un interés y señalar el agravio o perjuicio que le
origina la resolución judicial materia de impugnación.
Características fundamentales de los recursos.
1. Es un derecho exclusivo de la parte o tercero legitimado agraviados. Resulta
inconcebible que el Juez apele de la sentencia que ha emitido.
2. Los recursos atacan exclusivamente resoluciones.
3. En cuanto a su extensión, puede recurrirse total o parcialmente de una resolución.
4. Los recursos se fundamentan en el agravio. La génesis del agravio se produce en el
vicio u error. Los errores esencialmente son de dos tipos: Error in judicando y error in
procedendo. El primero atañe al quebrantamiento de las normas sustantivas o
materiales; el segundo a las normas procesales o adjetivas.
5. Los efectos del recurso son de extensión limitada; no es factible anular los actos
procesales que no se encuentren viciados.
Efectos de los medios impugnatorios.
Respecto de los efectos que origina se ha señalado que: “La interposición de un medios
de impugnación produce diversos y variadas consecuencias, a saber: 1) interrumpe la
concreción de la res judicata; 2) prorroga los efectos de la litispendencia; 3) en ciertos
casos determina la apertura de la competencia del superior (efecto devolutivo); 4)
imposibilita el cumplimiento del fallo (efecto suspensivo), y 5) limita el examen del ad
quem en la medida de la fundamentación y del agravio.”
Del mismo modo, el Tribunal Constitucional ha precisado en el proceso de amparo
seguido por Minera Sulliden Shahuindo S.A.C. y Compañía de Exploraciones
Algamarca S.A. con relación a la garantía constitucional de la doble instancia y por
ende a la interposición de medios impugnatorios que: “El derecho a la pluralidad de
instancias garantiza que en la dilucidación de una controversia planteada en sede
judicial, exista una estructura jurisdiccional que, cuando menos, se encuentre
organizada en una doble instancia, y para cuyo acceso se prevean los medios
impugnatorios que correspondan.
Este derecho no garantiza, que toda pretensión planteada a través de los medios
impugnatorios deba ser amparado u otorgado. Tampoco garantiza un pronunciamiento
sobre los extremos planteados en el medio impugnatorio, cuando la instancia judicial

9. superior advierta que en su concesión o en el desarrollo del proceso, se ha producido
una causal de nulidad contemplada en la ley (FJ 23-28).“
Finalidad
Este artículo además de señalar la definición de los medios impugnatorios y los sujetos
que se encuentran legitimados para plantearlo, precisa la finalidad de los mismos, la
cuela consiste en que cuando exista un vicio o error en un acto procesal esta sea
revisada por un órgano superior a fin de que este pueda corregirlo, para lo cual habrá de
expedir una nueva resolución.
Conforme lo señala HINOSTROZA , el fin que se busca alcanzar con los recursos esta
constituido por la eliminación de los agravios que provocan las resoluciones erradas,
arbitrarias y contrarias a derecho, y de esta forma lograr en los pórganos de
administración de justicia un mantenimiento del orden jurídico. Por lo que añade que no
solamente cumple un fin particular sino también no de interés publico o general.
Para GOZAINI con relación a la finalidad e los medios impugnatorios, precisa
brevemente que “(…) la impugnación tiende a corregir la falibilidad del juzgador, y con
ello, lograr la eficacia del acto jurisdiccional.” En tal sentido como se había precisado,
la labor del magistrado es un acto humano, falible de errores que pueden ser objeto de
observación y puesta en conocimiento por las partes y terceros y corregido en su caso
por el superior, el mismo que también es humano y por tanto también dicha decisión
puede ser falible y en tal supuesto podremos recurrir a un ente superior y de allí, que
más podemos esperar?
En sede judicial se ha indicado al respecto que: “La utilización de los medios de
impugnación tiene a satisfacer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que
es a su vez uno de los principios pilares sobre los que reposa el debido proceso.”
Artículo 356.- Clases de medios impugnatorios.-
Los remedios pueden formularse por quien se considere agraviado por actos procesales
no contenidos en resoluciones. La oposición y los demás remedios sólo se interponen en
los casos expresamente previstos en este Código y dentro de tercer día de conocido el
agravio, salvo disposición legal distinta.
Los recursos pueden formularse por quien se considere agraviado con una resolución o
parte de ella, para que luego de un nuevo examen de ésta, se subsane el vicio o error
alegado.

10. En sede civil nuestra corte en reiterada jurisprudencia ha precisado: “El artículo
trescientos cincuentiséis del Código Procesal Civil clasifica los medios impugnatorios
en remedios, que proceden contra actos procesales no contenidos en resoluciones, y los
recursos que proceden contra resoluciones judiciales, en ambos tipos de medios
impugnatorios rige el principio dispositivo de la impugnación, en virtud del cual
solamente puede conocerse y resolverse una impugnación si es que las partes lo
solicitan.”
1.- REMEDIOS
El profesor Juan MONROY señala que “Los remedios son aquellos a través de los
cuales la parte o el tercero legitimado pide se reexamine todo un proceso a través de uno
nuevo o, por lo menos, el pedido de reexamen está referido a un acto procesal. El rasgo
distintivo está dado porque el remedio está destinado a atacar toda suerte de actos
procesales, salvo aquellos que están contenidos en resoluciones.”
En tal sentido los remedios son aquellos medios impugnatorios encaminados a lograr
que se anule o revoque, ya sea en manera parcial o total determinados actos procesales
que no se encuentran contenidos en resoluciones. Se interpone ante el mismo Juez que
conoció del acto procesal materia de impugnación, a fin de que este proceda a
reexaminarlo y en su oportunidad lo modifique, revise o revoque, en su totalidad o en
parte de ella.
Así, los remedios pueden ser dirigidos contra el acto de notificación, la actuación de un
medio de prueba, una diligencia externa realizada por el secretario, etc. es decir
cualquier acto procesal que no se encuentran comprendidos en una resolución.
Estos deben ser puestos de conocimiento es decir interpuesto, dentro de tercer día de
conocido el agravio, ante el órgano jurisdiccional donde se produjo el acto procesal que
se cuestiona, debiendo asimismo, precisar el agravio, vicio o error que lo motiva
El incumplimiento de alguno de los requisitos de procedencia determinara la
declaración de improcedencia del remedio, mediante resolución debidamente motivada
por el magistrado.
Al respecto se ha precisado en sede judicial que:“El artículo trescientos cincuentiséis del
Código Procesal Civil clasifica los medios impugnatorios en remedios, que proceden
contra actos procesales no contenidos en resoluciones, y los recursos que proceden
contra resoluciones judiciales, en ambos tipos de medios impugnatorios rige el principio

11. dispositivo de la impugnación, en virtud del cual solamente puede conocerse y
resolverse una impugnación si es que las partes lo solicitan.”
1.1. CLASES.
a.- Oposición.- Medio impugnatorio destinado a cuestionar determinados medios
probatorios que han sido propuestos por las partes en el proceso, con la finalidad de que
estos no sean incorporados al proceso y por ende evitar su correspondiente actuación y
eficacia probatoria al momento de emitir la resolución final. La oposición además de
constituirse en un remedio a su vez es, una cuestión probatoria. El mismo que será
analizado más profundamente en el correspondiente capitulo.
Se puede formula oposición a: 1) la actuación de una declaración de parte; 2) a una
exhibición; 3) a una pericia; 4) a una inspección judicial y, 5) a un medio probatorio
atípico.
b.- Tacha.- Acto procesal destinado a que se invalide o reste eficacia determinado medio
de prueba por cuanto existe un defecto o impedimento en el mismo. Esta figura además
de constituir un remedio, representa una cuestión probatoria. El mismo que será
analizado más profundamente en el correspondiente capitulo.
Así, podemos interponer tacha: a) contra testigos; b) documentos y, c) contra los medios
probatorios atípicos.
c.- Nulidad.- Implica la inaplicación o aplicación errónea de la norma, lo que da origen
a su invalidez de sus efectos siempre que dicha causal se encuentre expresamente
señalada por la norma o que el acto no reúna los requisitos necesarios para la obtención
de su finalidad.
En tal sentido la nulidad de un acto procesal significa la declaración de su invalidez o
ineficacia a consecuencia de determinados vicios o irregularidades que lo afectan, estos
pueden originarse de una conducta culposa o dolosa. Conforme señala HINOSTROZA,
“la nulidad implica la falta de aplicación o la aplicación errónea de la norma procesal, lo
que da lugar a la invalidez de los efectos del acto procesal, siempre que la causal que
amerita tal sanción se encuentre establecida expresamente en el ordenamiento jurídico o
que el acto procesal en cuestión no reúna los requisitos necesarios para la obtención de
su finalidad.”
La nulidad tiene una doble dimensión pues procede contra actos procesales no
contenidos en resoluciones judiciales (remedios) y también contra resoluciones que se
encuentren afectadas de vicio o error (recurso).

12. La nulidad también puede ser absoluta cuando esta no es posible de ser subsanada o
convalidad y relativa, cuando por el contrario es objeto de subsanación o convalidación
Para COUTURE la nulidad consiste en el apartamiento del conjunto de formas
necesarias establecidas por la ley y se inclina a pensar que el desajuste entre la forma y
el contenido aparece en todos los terrenos del orden jurídico. Afirma que su
significación se acrecienta, especialmente, en los actos solemnes en los cuales muchas
veces la desviación de la formas afecta la validez del acto, con prescindencia de su
contenido.
El tema relativo a las nulidades presenta un particular significado, tratándose de una
disciplina en la que las formas ocupan un lugar destacado, donde las soluciones se
desvían y se hacen específicas, particulares a cada una de las ramas del orden jurídico.
En materia procesal civil las nulidades procesales no son distintas a las de las del
Derecho sustantivo, ya que los presupuestos de la nulidad procesal, con relación a su
tipificación, son exactamente los mismos en el Derecho Civil; y en tanto que es el
magistrado quien que va a declarar sobre la existencia o no de una determinada nulidad,
no puede llevar al erróneo criterio de la existencia de un distingo de carácter ontológico.
Al respecto se ha señalado que: “Los vicios relativos al emplazamiento se cuestionan en
vía de articulación de nulidad la cual constituye un remedio procesal por cuando
procede contra actos de notificación no contenidos en resoluciones; siendo por ello
perfectamente factible que al remedio de nulidad se le apliquen los principios en materia
de impugnación”.
2.- RECURSOS
Para COUTURE “Recurso quiere decir, literalmente, regreso al punto de partida. Es un
re-correr, correr de nuevo, el camino ya hecho. Jurídicamente la palabra denota tanto el
recorrido que se hace nuevamente mediante otra instancia, como el medio de
impugnación por virtud del cual se re-corre el proceso.”
Los recursos son los medios impugnatorios destinados a lograr la revisión de una
resolución que se encuentra afectada por vicio o error sea esta de forma o de fondo, con
la finalidad que sea anulada o revocada total o parcialmente por el propio órgano o por
el superior jerárquico que emitió el acto cuestionado.

13. GOZAINI, al respecto precisa que, “el reconocimiento del derecho a impugnar la
decisión, se viabiliza en la senda de los recursos, que son medios de transferir la queja
expresiva de los agravios que son considerados presentes en la resolución cuestionada.”
Se ha señalado que esta revisión la puede realizar el propio órgano emisor, pero este es
un caso excepcional toda vez que siempre es un superior el competente para reformar la
resolución del A-quo, en principio, pero sólo en el recurso de reposición es dirigido ante
el mismo Juez o colegiado que emitió el acto procesal cuestionado.
Resulta necesario poner a consideración lo señalado por MONROY para quien “Los
recursos, a diferencia de los remedios, se utilizan con exclusividad para atacar a los
actos procesales contenidos en resoluciones. Se trata de los medios impugnatorios por
excelencia, (…) asimismo, con relación a la terminología empleada en el lenguaje
jurídico de la palabra recurso ha indicado que; “(…) en el Perú al menos, al palabra
recurso se ha envilecido, al punto que se usa para nombrar a cualquier escrito que se
presenta en un proceso, perdiéndose su acepción especifica. Sin embargo esta
‘popularidad’ del concepto tiene como origen un error en la traducción de los libros de
los autores italianos clásicos, la palabra ‘ricorsi’ significa en italiano escrito y la palabra
‘ricorso’ significa recurso en el exacto sentido del concepto. Lamentablemente una
palabra subsumió a la otra, de tal suerte que todo se tradujo como escrito, generando así
el uso indebido que hoy observamos.”
Estos pueden ser interpuestos por las partes o terceros legitimados que consideren que
esa resolución esta plagada de un vicio o nulidad y sobre todo que le cause agravio o
perjuicio, configurándose de esta manera el interés (material o moral) para poder ser
presentado. Esta situación debe necesariamente ser expresada en el escrito que contiene
el recurso, debiendo además adecuar su recurso al acto procesal cuestionado.
Otro de los requisitos es el pago del arancel judicial correspondiente, por lo que en caso
de no ser presentado o hacerlo de manera diminuta, será declarado inadmisible, no
pudiendo el Juez rechazarlo de plano por la falta de esta tasa judicial, pues se estaría
afectando el debido proceso.
2.1 CLASES
Conforme lo señala el maestro, los recursos pueden ser clasificados en propios en
impropios, siendo que los primeros cuando estos son resueltos por el órgano
jurisdiccional superior al que emitió la resolución impugnada e impropio a aquellos, que
contrariamente al sistema en que se determina que es un superior el que debe resolver lo

14. decidido por un inferior, son resueltos por el propio magistrado que expedido el acto
impugnado.
Igualmente nos señala que los recursos propios, por el efectos que estos producen se
clasifican en positivos y negativos, siendo que los primeros aquellos por el que, el Juez
se encuentra facultado a declarar la ineficacia del contenido del acto procesal
impugnado y además declara el derecho que corresponde, realizando la sustitución del
aquel declarado ineficaz. Y los segundos sólo facultan al magistrado a dejar sin efecto el
contenido de la resolución impugnada.
Conforme a nuestra norma procesal tenemos los siguientes recursos:
a.- Reposición, articulo 362° y siguientes;
b.- Aclaración y corrección, artículo 406 y siguientes;
c.- Apelación, artículo 364° y siguientes;
d.- Casación, artículo 384 y siguientes;
e.- Queja, artículo 401° y siguientes.
Junto a estos recursos, el legislador ha incluido la CONSULTA en el artículo 407° y
siguientes de la norma procesal civil, más, debe precisarse que este no constituye un
medio impugnatorio, toda vez que no la ejercen las partes o terceros legitimados, sino
que constituye u medio de control jerárquico regulado por la ley.
Artículo 357.- Requisitos de admisibilidad de los medios impugnatorios.-
Los medios impugnatorios se interponen ante el órgano jurisdiccional que cometió el
vicio o error, salvo disposición en contrario. También se atenderá a la formalidad y
plazos previstos en este Código para cada uno.
El recurso debe ser planteado ante el magistrado léase órgano jurisdiccional, que
expidió la resolución objeto de cuestionamiento por uno de los sujetos procesales, el
cual lo remitirá ante el superior jerárquico (con excepción del de reposición que es
resuelto por el mismo). Al respecto se ha precisado que: “La admisibilidad apunta a los
aspectos formales reiterantes a los modos procesales por medio de los cuales debe
ejercitarse la impugnación, que en el caso del recurso de apelación se ubican en los
aspectos de lugar, tiempo y forma, esto es que el recurso impugnatorio se interpone ante
el órgano jurisdiccional que pronuncio el acto impugnado, en un plazo determinado,
expresando agravios y adjuntando el recibo de pago de la tasa correspondiente.” En tal
sentido, los requisitos de admisibilidad de los medios impugnatorios son apreciados
primigeniamente por el Juez en base a los propuestos por la norma procesal y en su
comento ha de conceder, dependiendo de las circunstancias, un plazo a fin de que

15. subsane la omisión advertida y logre su finalidad, garantizando de esta manera la
pluralidad de instancia.
Del mismo modo cuando nos referimos al recurso de queja este es formulado
directamente ante el órgano judicial que lo resolverá.
En tal sentido, en sede judicial se ha precisado que: “La interposición de un medio
impugnatorio se efectuará cumpliendo las formalidades y plazos previstos por la ley
para cada uno; lo que significa también que tratándose del requisito del plazo, la
presentación del medio impugnatorio o su subsanación por alguna omisión o defecto
debe efectuarse dentro del mismo plazo establecido por la Ley; toda vez que tanto
derecho tiene la parte vencida de impugnar la resolución que le causa agravio como la
parte vencedora de procurar su consentimiento cuando no se han satisfecho los
requisitos de Ley”.
Del mismo modo se ha señalado que no solamente el A quo esta facultado a la
verificación de los requisitos sino también que el superior pueda nuevamente verificar el
cumplimiento de los mismos, por ello manifiesta que: “Toda instancia revisora de una
resolución, debe analizar en primer lugar si el recurso correspondiente ha sido
interpuesto en el plazo que establece el ordenamiento procesal o fuera de él y si ha sido
concedido válidamente o no; en el caso presente la Sala de Casación al dictar la
resolución calificatoria del recurso, ha declarado procedente tal medio impugnatorio por
contravención del debido proceso, alegándose la extemporaneidad con el que ha sido
interpuesto el recurso de apelación; en efecto la Sala Superior ha dejado de determinar
la validez o no del concesorio de apelación, cuestionado por la parte actora, por lo que
el recurso de casación planteado debe declararse fundado, por ser evidente la violación
del debido proceso”.
Debe tenerse en cuenta que estos requisitos también pueden ser revisados por el órgano
que conoce el medio impugnatorio, en tal sentido se precisa que: “El Superior también
puede declarar inadmisible o improcedente (…), si advierte que no se han cumplido los
requisitos para su concesión, en este último caso, declarará nulo el concesorio. […]
Que, en consecuencia, la facultad de las instancias que tramitan los medios
impugnatorios, para evaluar las condiciones de admisibilidad y procedencia que estos
deben reunir, es propia del procedimiento y su ejercicio no constituye infracción alguna
a la Ley Procesal.”
Artículo 358.- Requisitos de procedencia de los medios impugnatorios.-
El impugnante fundamentará su pedido en el acto procesal en que lo interpone,

16. precisando el agravio y el vicio o error que lo motiva. El impugnante debe adecuar el
medio que utiliza al acto procesal que impugna.
Los medios impugnatorios como todo acto procesal tienen determinados requisitos que
debe cumplir para su admisibilidad y procedencia, esa es la facultad que se le concede al
Juez quien verificará la legitimidad e interés del impugnante, que se haya realizado
dentro del plazo legal correspondiente a la vía procesal en la que se tramita el proceso,
de la fundamentación jurídica y en su caso del pago del arancel correspondiente así
como la adecuación al acto procesal impugnado.
Igualmente nuestro Tribunal Constitucional ha precisado que: “El derecho a los medios
impugnatorios es un derecho de configuración legal y corresponde al legislador crearlos
y establecer sus requisitos para que estos sean admitidos. Su contenido garantiza que no
se establezca y aplique condiciones de acceso que tengan el propósito de disuadir,
entorpecer o impedir su ejercicio (FJ 2-8).”
En tal sentido constituyen requisitos para la procedencia de los medios impugnatorios:
a) El agravio. es el daño o perjuicio causado por el acto procesal que a criterio del
impugnante contienen un error o vicio el mismo que puede ser in procedendo o in
indicando. El resultado desfavorable o consecuencia contraproducente que pudiera tener
el acto procesal constituye el principal elemento de alegación que tiene la parte para
poder plantear el recurso impugnatorio.
En ese sentido FAIREN GUILLEN señala que: “un importantísimo presupuesto de la
incoación del recurso, que lo liga íntimamente con la legitimación, es el de la existencia
de un gravamen sufrido por el recurrente a consecuencia de la resolución recaída; este
gravamen consiste en la diferencia entre los solicitado por él y lo declarado en la
sentencia y supone la violación de una evidencia de interés jurídico de dicha parte. “
Debemos precisar que no solamente se debe entender lo manifestado por el citado autor,
en el sentido que únicamente procede para la sentencia, como lo señala, si no también
en relación de cualquier acto procesal (decreto o acto no contenido en resolución) y que
además no solamente sea contrario a lo querido por la parte, sino que además no este
acorde con la norma procesal y por ende se encuentra afectado de un vicio o error que
debe ser corregido por el propio Juez o por el superior.
Lo trascendental en el agravio es la consecuencia o resultado del acto jurídico procesal y
los efectos que este produce con relación a los derechos invocados por las partes y la
situación personal que padece el impugnante.

17. Por ello se señala que: “El agravio es el perjuicio concreto que sufre el sujeto. Difiere
del concepto de gravamen, pues, éste pertenece al terreno de lo estrictamente procesal
(presupuesto para recurrir); en cambio, se asocia con el interés, que resulta ser una
proyección del daño, o interés insatisfecho o menoscabado, dirigido principalmente al
ejercicio del derecho de impugnación”.
Los vicios o errores que van a motivar la impugnación pueden ser de dos clases: in
procedendo o in iudicando. El primero esta referido a la infracción a las formas, es decir
las irregularidades o defectos de los errores en el procedimiento, en las reglas formales.
En este supuesto surge ante la inaplicación o aplicación defectuosa de las normas de
carácter adjetivas que afectan al trámite del proceso. El segundo de los mencionados,
llamado también de juicio o de tribunal esta referido a la infracción de fondo es decir a
los defectos o errores en el juzgamiento.
Finalmente en sede judicial se ha reiterado que: ”El agravio expresa la inconformidad
de quien interpone un medio impugnatorio contra el fallo que le es desfavorable.”
b) La legitimidad. si el agravio constituye el primer elemento o requisito de la
impugnación, este debe manifestarse o estar dirigido en contra de uno de los sujetos que
han intervenido en el proceso, es decir las personas legitimadas por él a participar en el
mismo, sea como demandante demandada o tercero legitimado (coadyuvante o
excluyente).
Por ello para tener la facultad de impugnar un acto procesal resulta necesario e
indispensable que haya intervenido en el proceso en el cual se esta cuestionando dicho
acto. Son las partes y los terceros, los legitimados para señalar el vicio o error que se
haya incurrido en el proceso. El tercero que ha demostrado interés en el proceso podrá
interponer medios impugnatorio siempre que quede demostrado su interés y la
afectación a un derecho. “El Juez expidió resolución declarando de plano la
improcedencia de la demanda; […] el derecho afectado no es el del demandado sino de
la parte demandante, quien por el sentido de lo resuelto deviene en titular del medio
impugnatorio que se pretende, y no así el recurrente [demandado], quien no está
legitimado para interponerlo, por no sufrir ningún agravio.”
Al respecto COUTURE señala que: “ … no son propiamente medios de subsanación a
cargo de la parte, sino que son medios de subsanación que funcionan por iniciativa de
parte y a cargo del mismo juez o de otro juez superior…” En principio todas las
personas que figuran en el proceso como partes principales o secundarias tienen el
derecho de recurrir contra las providencias del Juez, peor como la finalidad de la

18. apelación es obtener la corrección de los actos del Juez que perjudican a determinada
parte, sólo podrán hacerlo quienes se encuentren perjudicadas por dicha resolución. El
perjuicio puede ser material o moral, no es suficiente un interés teórico en la recta
aplicación de la ley.
En tal sentido y con relación a los terceros se ha precisado que: “… Si bien es cierto los
terceros legitimados pueden interponer medios impugnatorios, ellos también deben
satisfacer los requisitos de admisibilidad y procedencia de los mismos…”
c) El acto impugnable. Está constituido por los hechos o situaciones de carácter procesal
que se realizan al interior del proceso y que la norma prevee la posibilidad de ser
cuestionado mediante los medios impugnatorios que ella misma establece.
No todos los actos jurídico procesales son susceptibles de ser cuestionados mediante los
medios impugnatorios, existe algunas situaciones que la norma prevee en las que no es
posible discutirlos, pues debido a su naturaleza o quizá en cumplimiento de algún
principio se le restringe o limita esta posibilidad, así tenemos aquellos en los cuales el
Código Procesal Civil establece como actos inimpugnables.
Contra los actos procesales del Juez o de los auxiliares jurisdiccionales se interpone
para invadirlos los recursos impugnatorios llamados “remedios”; en cambio, la
apelación ataca o combate exclusivamente resoluciones judiciales. Y de las resoluciones
judiciales sólo procede la apelación contra los autos y sentencias porque contra los
decretos se hace valer a través de la reposición.
Para CHIOVENDA “es más bien un elemento que, con el concurso de otro elemento (el
término), llegará a ser la declaración de derecho; mediante la sentencia sujeta a tales
gravámenes tenemos simplemente una situación jurídica”. Es decir para el maestro
italiano no se trata de una verdadera sentencia, sin que esto sea impedimento para una
ejecución provisional. Es un acto de autoridad de quien la dicta, a cual en algunos casos
otro Juez mediante acto posterior la reformula o convalida.
En ese sentido nuestra jurisprudencia dispone que: “No es posible amparar la apelación
de una resolución cuando la nulidad deducida fue desestimada, pus el artículo 360° del
C.P.C. establece la prohibición de interponer doble recurso contra una misma
resolución.” Ejecutoria 12-06-1998 (LEDESMA NARVÁEZ, Marianella.
Jurisprudencia actual, T. 2. Lima Pág. 396.)
d) La formalidad. los medios impugnatorios como la mayoría de actos procesales
requieren de determinados requisitos para su admisibilidad y/o procedencia, es decir,

19. que requiere cumplir una serie de formalidades para lograr los efectos señalados en la
norma, así tenemos el plazo de interposición, el pago de la tasa judicial correspondiente,
precisar el acto impugnado, la indicación del agravio, la fundamentación jurídica, y
otros cuyo incumplimiento determina su rechazo sea por el A-quo o el Ad-quem, ya que
este último tiene la posibilidad de calificar los requisitos pese a la admisión del órgano
de primera instancia. Por ello se dice que: “El juez superior tiene la facultad de poder
revisar y decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por el Juez inferior”.
Con relación a las formalidades que contiene nuestra norma procesal se ha precisado
que: “La formalidad de los actos procesales, de acuerdo a la previsión contenida en el
Código adjetivo, está dada por la forma cómo dichos actos se exteriorizan o se
materializan.”
e) El plazo. Requisito de temporalidad en la presentación de los medios impugnatorios,
constituye una limitación del derecho de impugnación toda vez que existe legalmente
una oportunidad para su interposición, ello dependerá también del tipo de acto
impugnado y de la vía procedimental en la cual se desarrolla el proceso, en este ultimo
caso las sentencias por ejemplo.
Estos plazos son perentorios y no pueden ser modificados por actos particulares de las
partes o del propio juez, por lo que vencido el mismo ya no hay posibilidad de
interponerlos originando que dicha resolución quede consentida.
Por ello se establece jurisprudencialmente que: “Para que los actos procesales tengan
validez deben realizarse dentro del espacio de tiempo que la ley ha señalado para su
ejecución. La extemporaneidad los hace susceptibles de ineficacia.” Exp. N° 2115-94
2da Sala 21-04-95 (LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. (1995): Ejecutorias, T. 2. Lima
Pág. 198.)
Este plazo de computa a partir del día siguiente en que fueron notificados con la
resolución o el acto procesal que se impugna, salvo de los que se expidan o se den al
interior del desarrollo de una audiencia, la misma que deberá plantearse en ese mismo
instante, sin el perjuicio que el Juez disponga que con posterioridad cumpla con
fundamentarla y pagar el arancel correspondiente dentro del plazo señalado por éste,
bajo apercibimiento de dejarse sin efecto el concesorio de apelación.
f) La Fundamentación jurídica. Otro de los requisitos formales de los medios
impugnatorios esta dado por la exigencia que tiene el apelante de precisar el amparo
legal del acto procesal cuestionado, realizando un análisis de los hechos y el derecho a

20. fin de que el acto supuestamente viciado pueda ser corregido por el propio juez o por un
órgano superior.
HINOSTROZA , al respecto precisa que “Otro presupuesto de la impugnación es su
fundamentación. Así, es, no resulta suficiente que se denuncie algún vicio o error (ya
sea in procedendo o in iudicando), sino que es exigible además señalar los fundamentos
de hecho y de derecho que permitan llegar a esa conclusión y que justifiquen la
declaración de ineficacia o invalidez, o sea, que persuadan al órgano jurisdiccional
revisor de la existencia del vicio, de su trascendencia y del agravio ocasionado al
impugnante.”
Nuestra jurisprudencia señala al respecto que: “Si bien es cierto el artículo 366° de la
norma procesal impone al recurrente la carga de fundamentar su apelación indicando el
error de hecho o de derecho en que incurre la apelada, precisando la naturaleza del
agravio y sustentando su pretensión impugnatoria, esta obligación no puede
interpretarse restrictivamente de tal manera que implique una privación al derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva y del derecho a la doble instancia”. Cas. N° 268-96-Lima,
Publicado en el diario Oficial “El Peruano”, 20-04-1998, Pág. 728.
Asimismo, como lo ha precisado el Tribunal Constitucional, la “(…) fundamentación
jurídica; (…) no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la
explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos
que contemplan tales normas; (…)”
g) Adecuación del recurso. Ello significa que el impugnante deberá utilizar el medio
impugnatorio previsto por la norma procesal sea reposición, apelación, casación o queja,
teniendo en cuenta el acto o resolución que impugna. Así frente a un auto final no será
posible interponer casación, o ante una indebida notificación la apelación del mismo.
Ese yerro en la utilización del medio impugnatorio conlleva a la pérdida del derecho y a
la posibilidad de cuestionar el acto impugnado. Así, lo señala la ultima parte del artículo
358° del Código Procesal Civil
En ese sentido se ha señalado que: “Las partes no pueden sustituir los medios
impugnatorios que la Ley franquea por remedios o, recursos de nulidad. Contra el auto
de pago, no procede nulidad sino apelación, es decir que la parte no adecuó el medio
empleado al acto procesal que impugna máxime si el recurso de apelación contiene
intrínsecamente el de nulidad, conforme lo preveé el artículo 383 del Código Procesal
Civil”. Exp N° 118-01 4ta Sala Civil de Lima, 14-03-02 (LEDESMA NARVÁEZ,
Marianella. Jurisprudencia actual, T. 6. Lima Pág. 513.

21. h) Pago de arancel judicial. Otro de los requisitos para la presentación de los medios
impugnatorios esta constituido por el pago del arancel judicial conforme se ha
establecedlo en la Resolución Administrativa N° 086-2008-CE-PJ que aprueban los
aranceles judiciales para el ejercicio 2008.
En ese sentido se ha precisado que: “El acceso a la tutela jurisdiccional como garantía
constitucional, así como a la doble instancia está sujeto a los requisitos que la Ley
establece, entre ellos para ser concedido el recurso de apelación, el pago de la tasa
judicial correspondiente; y, en el caso de no hacerse, esa apelación será rechazada en
primera o en segunda instancia…”
Este requisito no será exigible para quienes hayan obtenido previamente auxilio judicial
de conformidad con lo señalado en los artículos 178° y siguientes del Código Procesal
Civil, así como para los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, Ministerio Publico,
los órganos constitucionales autónomos, los Gobiernos Regionales y Locales y las
Universidades
Del mismo modo debemos precisar que en los casos de los procesos de alimentos en los
que la pretensión del demandante no sea mayor de veinte unidades de referencia
procesal, se encuentran totalmente exonerados del pago de arancel por medio
impugnatorio y si excede de dicha pretensión, solamente se reduce el pago a un 50% por
ciento, así lo señala el artículo octavo de la Resolución Administrativa N° 086-2008-
CE-PJ.
Artículo 359.- Incumplimiento de los requisitos.-
El incumplimiento de alguno de los requisitos determina la declaración de
inadmisibilidad o de improcedencia del medio impugnatorio, mediante resolución
debidamente fundamentada. Esta resolución sólo es recurrible en queja en los casos del
Artículo 401.
En el caso que el Juez advierta que el medio impugnatorio propuesto no satisface las
exigencias de orden formal éste la declara así mediante auto, indicando en él la omisión
u omisiones existentes que han impedido sea admitida a trámite.
Esta resolución tiene un carácter temporal en tanto y en cuento concede un plazo a fin
de que subsane las deficiencias que advierte el magistrado, vencido el mismo y no
habiendo cumplido con el mandato contenido se dispone el rechazo del medio
impugnatorio y por en de queda firma la resolución.

22. Este enunciado concuerda con la primera parte del artículo 128° del C.P.C, el mismo
que señala que el juez declarará la inadmisibilidad de un acto procesal cuando carece de
un requisito de forma o este se cumpla defectuosamente.
En tal sentido constituyen requisitos de forma:
a) Tiempo, los medios impugnatorios se proponen dentro de los plazos que la ley
establece.
b) Lugar, deben ser interpuestos ante el mismo órgano jurisdiccional que expidió la
resolución materia del medio impugnatorio, salvo la queja que se plantea ante el órgano
superior.
c) Forma El requisito de determinadas formalidades que la ley establece teniendo en
cuenta la importancia del mismo como por ejemplo el pago del arancel correspondiente.
El auto de rechazo es de carácter definitivo toda vez que existe una abstención del parte
del Juez de dar trámite al proceso, y este puede expedirse liminarmente cuando no se
cumple uno de los requisitos que contre la norma o no subsana la ausencia de algún
requisito formal o es hecho de manera deficiente o inoportuna.
En este caso el Juez advierte que el medio impugnatorio no cumple con un requisito de
fondo establecido expresamente por la norma procesal y por ende el recurso no puede
prosperar ante el surgimiento de una de las causales previstas en la norma, lo que le
impide plantearla nuevamente.
Asimismo, lo señalado, concuerda con la segunda parte del artículo 128° del C.P.C, el
mismo que precisa que el juez declara la improcedencia de un acto procesal si la
omisión o defecto es de un requisito de fondo.
Así, por ejemplo, para que se admitan los medios impugnatorios se debe tener en
cuenta:
a) Adecuación del recurso, en tal sentido el impugnante deberá interponer el medio
impugnatorio de acuerdo a la naturaleza del acto procesal que cuestiona. En tal sentido
por ejemplo contra una sentencia de primera instancia procede el recurso de apelación y
no podríamos plantear sobre la misma uno de oposición por no corresponderle. Del
mismo modo no podré interponer sobre el mismo acto procesal dos o mas medios
impugnatorios.
b) Descripción del agravio, como ya se ha señalado el afectado con el acto procesal
debe señalar en que consiste el agravio que le causa el mismo.
c) Fundamentación, en este supuesto, el impugnante deberá señalar y explicar en que

23. consiste el vicio o error cometido por el órgano jurisdiccional a fin de que sea revisado
por el superior.
Es por ello que la ausencia de estos requisitos determinan que el magistrado declare la
improcedencia del medio impugnatorio. En tal sentido se ha precisado que: “La facultad
de las instancias que tramitan los medios impugnatorios, para evaluar las condiciones de
admisibilidad y procedencia que estos deben reunir, es propia del procedimiento y su
ejercicio no constituye infracción alguna a la Ley Adjetiva.”
Del mismo modo se ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “El Superior también
puede declarar inadmisible o improcedente la apelación, si advierte que no se han
cumplido los requisitos para su concesión, en este último caso, declarará nulo el
concesorio. […] Que, en consecuencia, la facultad de las instancias que tramitan los
medios impugnatorios, para evaluar las condiciones de admisibilidad y procedencia que
estos deben reunir, es propia del procedimiento y su ejercicio no constituye infracción
alguna a la Ley Procesal.”
Artículo 360.- Prohibición de doble recurso.-
Está prohibido a una parte interponer dos recursos contra una misma resolución.
Como ya lo habíamos señalado brevemente, contra un mismo acto procesal no puede
plantearse más de un medio impugnatorio. Al respecto HINOSTROZA indica que: “La
facultad impugnatoria con que cuentan los sujetos procesales debe ser ejercida
correctamente, por lo que no puede estar dirigida a generar dilación en el trámite del
proceso: los recursos son instrumentos procesales destinados a lograr la rectificación de
las resoluciones erradas, arbitrarias o contrarias a derecho que, por lo mismo, causan
agravio, pero no por ello una determinada resolución judicial puede ser impugnada
constantemente, bastando un único recurso y, por ende, un único exámen del órgano
jurisdiccional revisor para que se cumpla debidamente con el principio de doble
instancia.”
De tal modo que se evita que una misma decisión pueda ser objeto de diversos medios
impugnatorios no solamente con la finalidad de dilatar el proceso sino de evitar la
existencia de resoluciones contradictorias que se podrían dar como consecuencia de la
misma. Pero atiende también a que cada acto que se impugna cuenta con determinado
medio que permite atacarlo.
En tal sentido, la norma procesal ha establecido diversos medios impugnatorios para los
diversos actos procesales que realiza el Juez en el desarrollo del proceso y cada cual

24. tiene un finalidad y un objeto es decir una resolución a la cual puede ser atacada, por lo
que se vulnera el principio de celeridad y economía procesal si se permitiera que la
parte pueda interponer mas de un recurso impugnatorios contra una resolución.
Concordante con esta norma encontramos el artículo 382° del Código Procesal Civil, el
cual precisa que el recurso de apelación contiene intrinsecamente el de nulidad, sólo en
los casos que los vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugnada, por
lo que aun cuando se pueda advertir que la resolución es nula y por ende contenga un
vicio o error que es objeto de apelación, no se deberá plantear ambos medios
impugnatorios, subsumiéndose la nulidad al recurso de apelación.
Al respecto hemos encontrado la siguiente jurisprudencia: “En este caso, el recurrente
interpuso recurso de apelación, el que fue declarado inadmisible de plano por haber
acompañado una tasa judicial diminuta con relación a la cuantía y vía procedimental;
[…] a pesar de ello el recurrente se adhirió […] al recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante; […] resulta así que el recurrente ha interpuesto dos recursos de
apelación contra la sentencia dictada de primera instancia; […] el artículo trescientos
sesenta del Código Procesal Civil prohíbe a una parte interponer dos recursos contra una
misma resolución; […] en consecuencia existe norma procesal que impide al que
interpuso recurso de apelación y se declaró inadmisible el mismo […] adherirse
posteriormente al recurso de apelación presentado por la otra parte.”
Artículo 361.- Renuncia a recurrir.-
Durante el transcurso del proceso, las partes pueden convenir la renuncia a interponer
recurso contra las resoluciones que, pronunciándose sobre el fondo, le ponen fin. Esta
renuncia será admisible siempre que el derecho que sustenta la pretensión discutida sea
renunciable y no afecte el orden público, las buenas costumbres o norma imperativa.
Al respecto Juan MONROY precisa que “Es obvio que durante su transcurso las partes
tiene que someterse a las normas que regulan su conducta al interior del proceso, es
decir a las normas procesales. Sin embargo, cuando las personas establecen una relación
procesal o proceso, es decir, contienden pueden convenir que no sea necesario que el
proceso pase por dos instancias, sino sólo por una. Es decir, que cuando se expida la
sentencia en el proceso, ésta sea suficiente para dar por concluido el proceso. Vale decir
que, por convenio, las partes le reconocen eficacia total a la sentencia de primera
instancia.
Por cierto, este acuerdo sólo será factible en aquellos casos en que la pretensión se

25. sustenta en un derecho irrenunciable y que no afecte el orden publico, las buenas
costumbres o alguna norma imperativa.”
En tal sentido las partes pueden acordar que el proceso pueda concluir solamente en una
instancia y por ende que no sea posible que la resolución sea de conocimiento de un
órgano superior dada las diversas circunstancias que estos puedan plantearse y que
formen parte del acuerdo de la totalidad de sujetos procesales que conforman el proceso.
La norma no precisa el momento en que dicho acuerdo debe ponerse en conocimiento
del magistrado, y decimos, debe ponerse en conocimiento del mismo en atención a que
conforme precisa la norma esta “será admisible” es decir será admitida en el proceso si
no vulnera algunas de las situaciones previstas en el Código Procesal Civil. En tal
sentido cuando debe ser puesta en conocimiento del magistrado antes o después de
expedida la sentencia? Asimismo, cual es el plazo que tiene el Juez para aprobar ese
acuerdo?
Consideramos, que el acuerdo debe ser puesto en conocimiento del magistrado dentro
del plazo que se tiene para impugnar, dependido claro está del tipo de proceso, ello con
la finalidad de que dicho acuerdo no pueda ni deba entorpecer la decisión a tomar por el
magistrado, más aun si este esta confiado en que su decisión no será materia de recurso
impugnatorio alguno y ha de quedar firme la misma.
Ahora, tomado conocimiento el Juez del citado acuerdo este deberá aprobarlo siempre y
cuando el derecho que sustenta la pretensión materia del proceso sea renunciable,
igualmente deberá analizar si el acuerdo no esta afectando el orden público, las buenas
costumbres o norma imperativa, caso contrario lo ha de rechazar, declarando su
improcedencia.
Y si el Juez rechaza el acuerdo al que arribaron las partes para evitar impugnar, que es
lo que puedo apelar a esta decisión para que la apruebe el superior? Será el órgano de
segunda instancia el competente? Y en todo caso, habiendo vencido ya el plazo para
apelar en el fondo no se habría cumplido el objeto de dicho acuerdo denegado ya que
venció el plazo para poder impugnar y por tanto ha quedado consentida la citada
resolución.
Con relación a este tema, existe muy poco análisis, debido también a la poca
trascendencia de este artículo en el fuero procesal, toda vez que a la fecha que tengamos
conocimiento, no h
Puntuación: 4.64 / Votos: 89

26. etiquetado con medios probatorios, procesal civil
 Etapa decisoria
4 COMENTARIOS
 AMBROCIO
9 mayo,2015 5:58 pm
excelente material, seria bueno un estudio de cada uno de los recursos
Responder
 Caroline Yucra Aquino
7 junio,2015 4:17 am
Tomando en consideración lo que se tiene expuesto en este artículo del blog, quisiera
acotar cierta comparación entre lo que establece en Código Procesal Civil Colombiano y
el Peruano;
Compararemos el código de procedimiento civil colombiano:
Según establece la SECCIÓN SEXTA-MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y CONSULTA
TÍTULO XVIII- RECURSOS Y CONSULTA
CAPÍTULO I
Reposición
Art. 348.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 168. Procedencia y
oportunidades. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede
contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado ponente no
susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema, a fin de que se revoquen o reformen.
El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten,
por escrito presentado dentro de los tres días siguientes al de la notificación del
auto, excepto cuando éste se haya dictado en una audiencia o diligencia, caso
en el cual deberá interponerse en forma verbal inmediatamente se pronuncie el
auto.
El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que
contengan puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán
interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.
Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse
su aclaración o complementación para los efectos de los artículo 309 y 311,

27. dentro del término de su ejecutoria.
Art. 349.- Trámite. Si el recurso se formula por escrito, este se mantendrá en la
secretaría por dos días en traslado a la parte contraria, sin necesidad de que el
juez, lo ordene; surtido el traslado se decidirá el recurso. El secretario dará
cumplimiento al artículo 108.
La reposición interpuesta en audiencia y diligencia se decidirá allí mismo, una
vez oída la parte contraria si estuviere presente. Para este fin cada parte podrá
hacer uso de la palabra hasta por quince minutos.
Según nuestra legislación PERUANA tenemos que El recurso de reposición también
llamado doctrinalmente como: retractación, reforma, reconsideración y suplica, es un
medio impugnatorio, y como tal forma parte del llamado sistema de impugnaciones,
diseñados sobre la posible existencia y configuración del error en las decisiones
judiciales; y que posibilitan a las partes defenderse de la siempre posible arbitrariedad
judicial.
En considerado un recurso ordinario e impropio o de instancia única (a contraposición
de los denominados propios, verticales y de instancia múltiple), debido a su naturaleza
no devolutiva.
Continuando con la legislación civil COLOMBIANA, tenemos…
CAPÍTULO II
Apelación
Art. 350.- Fines de la apelación e interés para interponerla. El recurso de
apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la
providencia de primer grado y la revoque o reforme.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia; respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 52.
Art. 351.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 169. Procedencia.
Son apelables las sentencias de primera instancia, excepto las que se dicten
en equidad de acuerdo con el artículo 38 y las que las partes convengan en
recurrir en casación per saltum, si fuere procedente este recurso.
También son apelables los siguientes autos proferidos en la primera instancia:
1. El que rechace la demanda, su reforma o adición, salvo disposición en
contrario.
2. El que resuelva sobre la citación o la intervención de sucesores
procesales o de terceros, o rechace la representación de alguna de las
partes.
3. El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término
para practicar pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o

28. su práctica.
4. El que deniegue el trámite de incidente, alguno de los trámites
especiales que lo sustituye contemplados en los artículos 99, 142, 152,
155, 158, 159, 162, 167, 338 parágrafo 3, 340 inciso final y 388, el que
los decida y el que rechace de plano las excepciones en proceso
ejecutivo.
5. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en procesos
ejecutivos.
6. El que decida sobre suspensión del proceso.
7. El que decida sobre un desistimiento, una transacción, la perención,
decrete o levante medidas cautelares, o por cualquier otra causa ponga
fin al proceso.
8. El que decida sobre nulidades procesales.
9. El que decida sobre excepciones previas, salvo norma en contrario.
10. Los demás expresamente señalados en este Código.
Art. 352.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 170. Oportunidad y
requisitos. El recurso de apelación deberá interponerse ante el juez que dictó la
providencia, en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los
tres días siguientes. Si aquélla se dicta en el curso de una audiencia o
diligencia, el recurso deberá proponerse en forma verbal inmediatamente se
profiera; el juez resolverá sobre su procedencia al final de la misma.
La apelación contra autos podrá interponerse directamente o en subsidio de la
reposición.
Cuando se accede a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra
podrá apelar del nuevo auto si fuere susceptible de este recurso.
Proferida una providencia complementaria o que niegue la complementación
solicitada, dentro de la ejecutoria de ésta se podrá también apelar de la
principal. La apelación contra una providencia comprende la del auto que
resuelva sobre la complementación.
Si antes de resolverse sobre la complementación de una providencia se
hubiere interpuesto apelación contra ésta, en el auto que decida aquélla se
resolverá sobre la concesión de dicha apelación.
Art. 353.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 171. Apelación
adhesiva. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra
de las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito
de adhesión podrá presentarse ante el juez que lo profirió mientras el
expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el
vencimiento del término para alegar.

29. La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante
principal.
Art. 354.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 172. Efectos en que
se concede la apelación. Podrá concederse la apelación:
1. En el efecto suspensivo. En este caso, si se trata de sentencia, la
competencia del inferior se suspenderá desde la ejecutoria del auto que
la concede hasta que se notifique el de obedecimiento a lo resuelto por
el superior. Sin embargo, el inferior conservará competencia para
conocer de todo lo que se refiere a secuestro y conservación de bienes y
al depósito de personas, siempre que la apelación no verse sobre
alguna de estas cuestiones.
Las apelaciones en el efecto suspensivo contra autos, se otorgarán a
medida que se interpongan, pero no suspenderán la competencia del
juez sino cuando el proceso se encuentre en estado de proferir
sentencia, momento en el cual por auto que no tendrá recurso ordenará
enviar el proceso al superior para que resuelva las concedidas; no
obstante, el juez conservará competencia para los efectos indicados en
la segunda parte del inciso anterior.
Se exceptúan las apelaciones concedidas en el efecto suspensivo contra
autos que resuelvan incidentes, o trámites especiales que los sustituyen,
las que suspenderán la competencia del inferior desde la ejecutoria de
auto que la concede, como se dispone en el primer inciso.
2. En el efecto devolutivo. En este caso, no se suspenderá el
cumplimiento de la providencia apelada, ni el curso del proceso.
3. En el efecto diferido. En este caso, (no)* se suspenderá el
cumplimiento de la providencia apelada, pero continuará el curso del
proceso ante el inferior en lo que no dependa necesariamente de ella.
La apelación de las sentencias se otorgará en el efecto suspensivo, salvo
disposición en contrario; la de autos en el devolutivo a menos que la ley
disponga otra cosa. Cuando la apelación deba otorgarse en el efecto
suspensivo, el apelante puede pedir que se le otorgue en el diferido o en
devolutivo, y cuando procede en el diferido, puede pedir que se le otorgue en el
devolutivo.
Cuando la apelación en el efecto suspensivo o diferido se haya interpuesto
expresamente contra una o varias de las decisiones contenidas en la
providencia, las demás se cumplirán excepto cuando sean consecuencia de las
apeladas, o si la otra parte hubiere interpuesto contra ellas apelación concedida
en el efecto suspensivo o en el diferido.

30. Con las mismas salvedades, si la apelación tiene por objeto obtener más de lo
concedido en la providencia recurrida, podrá pedirse el cumplimiento de lo que
ésta hubiere reconocido.
En los dos últimos casos se procederá en la forma prevista en los incisos
segundo y tercero el artículo 356.
La circunstancia de no haberse resuelto por el superior recursos de apelación
en el efecto devolutivo o diferido, no impedirá que se dicte la sentencia. Si la
que se profiera no fuere apelada ni tuviere consulta inmediatamente el
secretario comunicará este hecho al superior, sin necesidad de auto que lo
ordene, para que declare desiertos dichos recursos; en caso de apelación o
consulta de la sentencia, el superior decidirá en ésta todas las apelaciones
cuando fuere posible.
Quedarán sin efecto las decisiones del superior que haya resuelto apelaciones
de los mencionados autos, cuando el inferior hubiere proferido la sentencia
antes de recibir la comunicación de que trata el inciso segundo del artículo 359
y aquélla no hubiere sido apelada ni tuviere consulta. Si la comunicación fuere
recibida antes, el inferior no podrá proferir sentencia mientras no se haya
notificado el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior; si a pesar de
ello la profiere y éste hubiere revocado alguno de dichos autos, deberá
declararse sin valor la sentencia por auto que no tendrá recursos.
* En el numeral 3. debe entenderse: “3. En el efecto diferido. En este caso, se
suspenderá el
cumplimiento de la providencia apelada…”
Art. 355.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 173. Apelación de
autos que niegan pruebas. Cuando se apelare el auto que niega el decreto o la
práctica de una prueba y el superior lo revocare o reformare, si al proferir el
inferior el de obedecimiento estuviere vencido el término para practicarlas,
concederá uno adicional que no podrá exceder del señalado para la instancia o
el incidente con dicho fin, o señalará fecha para la audiencia o diligencia.
Si el inferior dicta sentencia antes de que se haya decidido la apelación y
aquélla hubiere sido apelada o consultada, el superior procederá a practicar
dichas pruebas dentro de un término igual al señalado en la primera instancia,
o fijará fecha para la audiencia o diligencia, según fuere el caso.
Art. 356.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 174. Envío del
expediente o de sus copias. Ejecutoriado el auto que concede apelación contra
una sentencia en el efecto suspensivo se remitirá el expediente al superior.
Cuando se trate de autos se procederá como dispone el inciso segundo del
numeral 1 del artículo 354.

31. Sin embargo, cuando el inferior conserve competencia para adelantar cualquier
trámite, en el auto que conceda la apelación ordenará que antes de remitirse el
expediente se deje copia a costa del apelante de las piezas que el Juez
determine como necesarias, para lo cual suministrará su valor al secretario
dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto, so pena de que
quede desierto el recurso. Suministradas oportunamente las expensas, el
secretario deberá expedirlas dentro de los cinco días siguientes. En el mismo
término las partes podrán solicitar por escrito al secretario que se adicionen las
copias, indicando los respectivos folios y acompañando su valor; así lo hará
aquél sin necesidad de auto que lo ordene.
Cuando la apelación fuere en el efecto devolutivo o en el diferido, se remitirá al
superior copia de las piezas que el juez señale, la cual se compulsará a costa
del apelante.
En el auto que conceda la apelación el Juez determinará las piezas cuya copia
se requiera; si el apelante no suministra lo necesario para la copia dentro del
término de cinco días a partir de la notificación de dicho auto, el recurso
quedará desierto.
Cuando después de la primera apelación en el efecto devolutivo o en el diferido
se concedan otras, las copias que se requieran serán únicamente las
pertinentes de la actuación posterior, aun cuando no hayan sido devueltas por
el superior, a las expedidas para las anteriores apelaciones. De tal
circunstancia se informará a éste por el Secretario en el oficio con el cual se
remitan las nuevas copias.
El superior podrá pedir copia de otras piezas del proceso cuando lo considere
indispensable, por auto que no tendrá recurso. El inferior ordenará por auto que
tampoco tendrá recurso, la expedición de tales copias a costa del recurrente, si
no existieren otras de las mismas piezas, o la complementación de éstas. Si
aquél no suministra el valor de las expensas en el término de cinco días, que
se contará a partir de la notificación del auto que las ordene, el secretario
informará de tal hecho por oficio o telegrama al superior, quien declarará
desierto el recurso.
Art. 357.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 175. Competencia
del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al
apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la
parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados
con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

32. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses. Si el superior
observa que en la actuación ante el inferior se incurrió en causal de nulidad que
no fuere objeto de la apelación, procederá en la forma prevista en el artículo
145. Para estos fines el superior podrá solicitar las copias adicionales y los
informes del inferior que estime conveniente.
Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el
superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable
al apelante.
Art. 358.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 176. Examen
preliminar. Repartido el expediente, el juez o el magistrado ponente observará
si la providencia apelada se encuentra suscrita por el inferior, y en caso
negativo ordenará devolverlo para que cumpla esta formalidad, por auto que no
tendrá recurso. Si entre tanto se hubiere producido cambio de juez, quien lo
haya reemplazado proferirá nueva providencia, caso en el cual ésta se
notificará.
Si a pesar de la falta de la firma de la providencia el superior hubiere decidido
la apelación, se tendrá por saneada la omisión.
Si no se cumplen los requisitos para la concesión del recurso, éste será
declarado inadmisible y se devolverá el expediente al inferior; si fueren varios
los recursos, sólo se tramitarán los que reúnan los requisitos mencionados.
Tratándose de apelación de sentencia, el superior verificará si existen
demandas de reconvención o procesos acumulados, y en caso de no haberse
resuelto sobre todos enviará al expediente al inferior para que profiera
sentencia complementaria. Así mismo, si advierte que en la primera instancia
se incurrió en causal de nulidad, de oficio la pondrá en conocimiento de la parte
afectada, o la declarará, y devolverá el expediente al inferior para que renueve
la actuación anulada, según las circunstancias.
Si la apelación que debía ser concedida en el efecto suspensivo, lo fuere en
otro, el superior la admitirá en el que corresponda, ordenará devolver las copias
y dejando la del auto que admitió el recurso dispondrá que el inferior le remita
el expediente; llegado éste, dará los traslados a las partes.
Cuando la apelación que debía ser concedida en el efecto diferido o devolutivo,
lo fuere en el suspensivo, el superior la admitirá en el que corresponda, y
dispondrá que se devuelva el expediente al inferior, previa expedición de las
copias necesarias para el trámite del recurso, a costa del recurrente, quien
deberá suministrar el valor de sus expensas en el término de cinco días,
contados a partir de la notificación del auto que lo admite, so pena de que

33. quede desierto.
Si debía otorgarse en el efecto devolutivo y se concedió en el diferido, o
viceversa, lo admitirá en el que corresponda y ordenará comunicarlo al inferior
por medio de oficio.
Art. 359.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 177. Apelación de
autos y comunicación. En el auto que admite el recurso se dará traslado al
apelante por tres días para que lo sustente. El escrito se agregará al
expediente y se mantendrá en la secretaría a disposición de la parte contraria
por tres días que se contarán desde el vencimiento del primer traslado; si
ambas partes apelaron, los términos serán comunes.
Proferido el auto que resuelva una apelación concedida en el efecto devolutivo
o en el diferido, el secretario del superior deberá comunicarlo inmediatamente
por telégrafo u oficio al inferior para los efectos previstos en el inciso final del
artículo 354, so pena de incurrir en multa de un salario mínimo mensual que le
será impuesta por el juez o el magistrado ponente, según fuere el caso.
Art. 360.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 178. Apelación de
sentencias. Ejecutoriado el auto que admite el recurso, o transcurrido el término
para practicar pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por el término
de cinco días a cada una, en la forma indicada para la apelación de autos.
Cuando la segunda instancia se tramite ante un tribunal superior o ante la
Corte Suprema, a petición de parte dentro del término para alegar o de oficio,
se señalará fecha y hora para audiencia, una vez que el proyecto haya sido
repartido a los demás magistrados de la sala de decisión. Las partes podrán
hacer uso de la palabra por una vez y hasta por treinta minutos, en el mismo
orden del traslado para alegar, y presentar resúmenes escritos de lo alegado
dentro de los tres días siguientes.
Si el apoderado que pidió la audiencia no concurre a ella, en la sentencia se le
impondrá multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales, a menos que
dentro de los tres días siguientes pruebe justa causa. Si no asiste ninguno de
los apoderados, se prescindirá de la audiencia.
En los casos de los incisos anteriores, el término para que el magistrado
registre el proyecto de sentencia comenzará a correr el día siguiente al
vencimiento del término para presentar los resúmenes, o aquél en que debía
celebrarse la audiencia.
Art. 361.- Pruebas en segunda instancia. Cuando se trata de apelación de
sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admita el recurso, las partes
podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando todas las partes las pidan de común acuerdo.

34. 2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar
sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas o
de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente
para demostrarlos o desvirtuarlos.
4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la
primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte
contraria.
5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trate el
ordinal anterior.
Si las pruebas fueren procedentes se fijará término para practicarlas, que no
podrá exceder de diez días. Igual término se concederá en el caso del inciso 2.
del artículo 183.
Art. 362.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 179. Cumplimiento
de la decisión del superior. Decidida la apelación y devuelto el expediente al
inferior, éste dictará auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, en el
cual dispondrá lo pertinente para su cumplimiento; si no lo hiciere así dictará de
oficio o a petición de parte auto con tal fin.
Cuando se revoque una providencia apelada en el efecto devolutivo o diferido,
quedará sin efectos la actuación adelantada por el inferior después de haberse
concedido la apelación, en lo que dependa de aquélla, sin perjuicio de lo
dispuesto en los dos últimos incisos del artículo 354. El juez señalará
expresamente la actuación que queda sin efecto.
Según nuestra legislación procesal civil PERUANA, tenemos que la apelación es aquel
recurso ordinario y vertical o de alzada formulado por quien se considera agravia con
una resolución judicial (auto o sentencia) que adolece de vicio o error, y encaminando a
lograr que el órgano jurisdiccional superior en grado al que emitió la reviste y proceda a
anularla o revocarla, ya sea total o parcialmente, dictando otro en su lugar u ordenando
al juez a quo que expida una resolución de acuerdo a los considerandos de la decisión
emanada del órgano revisor. Puntualizamos que este recurso de apelación contiene
intrínsecamente el de nulidad, sólo en los casos que los vicios referidos a la formalidad
de la resolución impugnada.
La apelación no constituye una renovación del proceso o reiteración de su trámite o un
novum iudicium, sino que representa su revisión. Así es, la apelación supone el examen
de los resultados de la instancia y no un juicio nuevo. En virtud de dicho recurso no se
repiten los trámites del proceso principal, sino que se llevan a cabo otros notoriamente
diferenciados y dirigidos a verificar la conformidad de los resultados de la instancia

35. primigenia con lo previsto en el ordenamiento jurídico y lo actuado y aprobado en el
proceso. De esta manera el superior jerárquico examina la decisión judicial que se pone
a su consideración haciendo uso de los elementos incorporados al proceso en su
instancia originaria, pero no revisando ésta en su integridad, sino en lo estrictamente
necesario.
En nuestro ordenamiento jurídico este recurso se encuentra regulado en el Capítulo III
del Título XII de la sección tercera del código procesal civil, en los numerales 364
al383. Precisamente el artículo 364 del mencionado cuerpo de leyes establece
claramente que:
“el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional examine a
solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca a agravio, con
el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.”
El recurso de apelación se puede conceder de dos maneras:
1) CON EFECTO SUSPENSIVO: Se suspende la eficacia de la resolución impugnada,
es decir, no debe cumplirse o ejecutarse hasta que se resuelva el recurso por el superior.
Se concede en los casos que sentencias y autos que dan por concluido el proceso o
impidan su continuación. El A quo no puede modificar la situación existente, y el
cumplimiento de su decisión se sujeta a lo que resuelva el superior.
2) SIN EFECTO SUSPENSIVO: La eficacia de la resolución impugnada se mantiene,
es decir, debe cumplirse o ejecutarse a pesar del recurso inter-puesto. Si se confirma lo
decidido, la ejecución de la resolución dejará de ser provisional y se convertirá en una
actuación procesal firme, si por el contrario, se revoca lo resuelto, se anulará todo lo
actuado, retrotrayéndose el proceso al estado inmediatamente anterior a su expedición.
La apelación concedida sin efecto suspensivo puede tener calidad diferida, en virtud de
la cual, el Juez ordena se reserve el trámite de esta apelación, a fin de que sea resuelta
por el superior conjuntamente con la sentencia o con otra resolución que él seña-le.
Procede en los casos expresamente señalados en la ley.
Dentro de este segundo puntos tenemos:
Con Calidad Diferida:
Significa que el apelante no deberá realizar el trámite que implica la formación del
incidente solicitando copias certificadas al especialista o secretario; ya que el proceso
continúa como si no hubiera apelación. El trámite se reserva hasta quesea resuelta por el
superior conjuntamente con la sentencia o con otra resolución que el Juez señale.
Procede en los casos expresamente indicados en la ley.
Sin Calidad Diferida:
Significa que el apelante deberá solicitar copias certificadas de determinadas piezas
procesales al especialista o secretario de la causa para formar el incidente o cuadernillo

36. de apelación, a fin de que sea elevado al superior, para que éste resuelva la apelación sin
afectar el trámite del expediente principal.
CAPÍTULO III
Súplica
Art. 363.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 180. Procedencia y
oportunidad para proponerla. El recurso de súplica procede contra los autos
que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en
el curso de la segunda o única instancia, o durante el trámite de la apelación de
un auto. También procede contra el auto que resuelve sobre la admisión del
recurso de apelación o casación(, recurso de apelación)*.
La súplica deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la
notificación del auto, en escrito dirigido a la sala de que forma parte el
magistrado ponente, con expresión de las razones en que se fundamenta.
* Las palabras “recurso de apelación” se repiten de manera innecesaria.
Art. 364.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 181. Trámite. El
escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la secretaría por dos días
a disposición de la parte contraria, en la forma señalada en el inciso segundo
del artículo 108. Vencido el traslado, el secretario pasará el expediente al
despacho del magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien
actuará como ponente para resolver. Contra lo decidido no procede recurso
alguno, pero podrá pedirse aclaración o complementación para los efectos
indicados en los artículos 309 y 311.
No se configura la Súplica, propiamente dicha, en nuestro Código Procesal Civil
PERUANO, pero tenemos la Casación.
Tenemos a su vez en el CAPÍTULO IV del Código de Procedimiento civil
COLOMBIANO:
Casación
Art. 365.- Fines de la casación. El recurso de casación tiene por fin primordial
unificar la jurisprudencia nacional y proveer a la realización del derecho objetivo
en los respectivos procesos; además procura reparar los agravios inferidos a
las partes por la sentencia recurrida.
Art. 366.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 182. Procedencia. El
recurso de casación procede contra las siguientes sentencias dictadas en
segunda instancia por los tribunales superiores, cuando el valor actual de la
resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de diez millones de pesos,
así:
1. Las dictadas en los procesos ordinarios o que asuman este carácter.

37. 2. Las que aprueben la partición en los procesos divisorios de bienes
comunes, de sucesión y de liquidación de cualesquiera sociedades
civiles o comerciales y de sociedades conyugales.
3. Las dictadas en proceso sobre nulidad de sociedades civiles o
comerciales.
4. Las sentencias de segundo grado dictadas por los tribunales
superiores, en procesos ordinarios que versen sobre el estado civil, y
contra las que profieran en única instancia en procesos sobre
responsabilidad civil de los jueces de que trata el artículo 40.
Parágrafo 1.- La cuantía de que trata este artículo se reajustará del modo que
disponga la ley.
Parágrafo 2.- Cuando la parte que tenga derecho a recurrir por razón del valor
de su interés interponga el recurso, se concederá también el que haya
interpuesto oportunamente la otra parte, aunque el valor del interés de ésta
fuere inferior al indicado en el primer inciso.
Art. 367.- Casación per saltum. Procede igualmente el recurso de casación
contra las sentencias proferidas en primera instancia por los jueces de circuito
en los casos contemplados en el artículo precedente, cuando las partes
manifiesten dentro del término de ejecutoria su acuerdo de prescindir de la
apelación. En este caso el recurso sólo podrá fundarse en la primera de las
causales de casación.
Art. 368.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 183. Causales. Son
causales de casación:
1. Ser la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial.
La violación de norma de derecho sustancial, puede ocurrir también
como consecuencia de error de derecho por violación de una norma
probatoria, o por error de hecho manifiesto en la apreciación de la
demanda, de su contestación o de determinada prueba.
2. No estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las
pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el
demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio.
3. Contener la sentencia en su parte resolutiva declaraciones o
disposiciones contradictorias.
4. Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación
de la parte que apeló o la de aquélla para cuya protección se surtió la
consulta siempre que la otra no haya apelado ni adherido a la apelación,
salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 357.
5. Haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas

38. en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado.
Art. 369.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 184. Oportunidad y
legitimación para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse en el acto
de la notificación personal de la sentencia, o por escrito presentado ante el
tribunal dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de aquélla. Sin
embargo, cuando se haya pedido oportunamente adición, corrección o
aclaración de la sentencia, o éstas se hicieren de oficio, el término se contará
desde el día siguiente al de la notificación de la respectiva providencia.
No podrá interponer el recurso quien no apeló de la sentencia de primer grado,
ni adhirió a la apelación de la otra parte, cuando la del tribunal haya sido
exclusivamente confirmatoria de aquélla.
Art. 370.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 185. Justiprecio del
interés para recurrir y concesión del recurso. Cuando sea necesario tener en
cuenta el valor del interés para recurrir y éste no aparezca determinado, antes
de resolver sobre la procedencia del recurso el tribunal dispondrá que aquél se
justiprecie por un perito, dentro del término que le señale y a costa del
recurrente. Si por culpa de éste no se practica el dictamen, se declarará
desierto el recurso y ejecutoriada la sentencia. El dictamen no es objetable.
Denegado el recurso por el tribunal o declarado desierto, el interesado podrá
recurrir en queja ante la Corte.
Interpuesto el recurso en tiempo y por parte legitimada, el tribunal lo concederá
en sala de decisión si fuere procedente, y dispondrá el envío del expediente a
la Corte una vez ejecutoriado el auto que lo otorgue y efectuadas las diligencias
para el cumplimiento de la sentencia.
Art. 371.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 186. Efectos del
recurso. La concesión del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla,
salvo en los siguientes casos: Cuando verse exclusivamente sobre el estado
civil de las personas; cuando se trate de sentencia meramente declarativa; y
cuando haya sido recurrida por ambas partes.
El registro de la sentencia, la cancelación de las medidas cautelares y la
liquidación de costas, sólo se harán cuando quede ejecutoriada la sentencia del
tribunal o la de la Corte que la sustituya.
En el auto que conceda el recurso se ordenará que el recurrente suministre, en
el término de tres días a partir de su ejecutoria, lo necesario para que se
expidan las copias que el tribunal determine y que deban enviarse al juez de
primera instancia para que proceda al cumplimiento de la sentencia, so pena
de que el tribunal declare desierto el recurso. Para estos efectos se tendrá en
cuenta lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 356.

39. Si el tribunal no ordenó las copias y el recurrente las considera necesarias, éste
deberá solicitar su expedición para lo cual suministrará lo indispensable.
Sin embargo, en el término para interponer el recurso podrá el recurrente
solicitar que se suspenda el cumplimiento de la sentencia, ofreciendo caución
para responder por los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte
contraria incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante
aquélla. El monto y la naturaleza de la caución serán fijados por el tribunal en el
auto que conceda el recurso, y ésta deberá constituirse dentro de los diez días
siguientes a la notificación de aquél, so pena de que se declare desierto el
recurso.
El tribunal ordenará cancelar la caución en el auto de obedecimiento a los
resuelto por la Corte, cuando ésta haya casado la sentencia. De lo contrario,
aquélla seguirá respondiendo por los mencionados perjuicios, los cuales se
liquidarán y aprobarán ante el juez de primera instancia en un mismo incidente.
La solicitud deberá formularse dentro de los sesenta días siguientes al de la
notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior.
Corresponderá al magistrado ponente calificar la caución prestada; si la
considera suficiente decretará en el mismo auto la suspensión del cumplimiento
de la sentencia, y en caso contrario la denegará. En el último evento, el término
para suministrar lo necesario con el fin de expedir las copias será de tres días,
a partir de la notificación de dicho auto.
El recurrente podrá, al interponer el recurso, limitarlo a determinadas
decisiones de la sentencia del tribunal, en cuyo caso podrá solicitar que se
ordene el cumplimiento de las demás por el juez de primera instancia, siempre
que no sean consecuencia de aquéllas y que la otra parte no haya recurrido en
casación. Con estas mismas salvedades, si se manifiesta que con el recurso se
persigue lograr más de lo concedido en la sentencia del tribunal, podrá pedirse
el cumplimiento de lo reconocido en ésta. En ambos casos, se deberá
suministrar lo necesario para las copias que se requieran para dicho
cumplimiento, dentro del término indicado en el primer inciso, so pena de que
se niegue éste.
Art. 372.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 187. Admisión del
recurso. Repartido el expediente, se decidirá sobre la admisibilidad del recurso.
El auto que lo admita lo dictará el ponente; el que lo niegue, la sala la cual
ordenará se devuelva al tribunal o juzgado que lo remitió. Será inadmisible el
recurso por no ser procedente de conformidad con el artículo 366 y cuando no
se hayan expedido las copias en el término a que se refiere el artículo 371.
No podrá declararse inadmisible el recurso por razón de la cuantía.

40. Cuando en virtud del recurso de queja la sala conceda el de casación, se
aplicará por el inferior en lo pertinente el artículo 371, a partir de la notificación
del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior.
Si la sentencia no está suscrita por el número de magistrados que la ley exige,
la sala ordenará devolver el proceso al tribunal para que proceda como se
dispone en el artículo 358.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará, en lo pertinente, al recurso de
casación per saltum.
Art. 373.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 188. Trámite del
recurso. Admitido el recurso, en el mismo auto se ordenará dar traslado por
treinta días a cada recurrente que tenga distinto apoderado, con entrega del
expediente, para que dentro de dicho término formule su demanda de
casación. Si ambas partes recurrieron, se tramitará primero el recurso del
demandante y luego el del demandado.
El recurrente podrá remitir la demanda a la Corte desde el lugar de su
residencia, y se tendrá por presentada en tiempo si llega a la secretaría antes
de que venza el término del traslado.
Cuando no se presente en tiempo la demanda, el magistrado ponente
declarará desierto el recurso y condenará en costas al recurrente; pero si éste
retiene el expediente o se produce su pérdida, antes de dicha declaración se
procederá como disponen los artículo 129 a 131, según fuere el caso. Siendo
varios los recurrentes, sólo se declarará desierto el recurso del que no presentó
oportunamente la demanda.
Presentada en tiempo la demanda, se examinará si reúne los requisitos
formales, sin calificar el mérito de los cargos, y en caso negativo se declarará
desierto el recurso y ordenará devolver el expediente al tribunal de origen. Si
los encuentra cumplidos, dará traslado por quince días a cada opositor que
tenga distinto apoderado, con entrega del expediente para que formule su
respuesta, o a todos simultáneamente cuando tengan un mismo apoderado.
Expirado el término del traslado al opositor, el expediente pasará al magistrado
ponente para que elabore el proyecto de sentencia. Si el opositor retiene el
expediente, se procederá como dispone el inciso tercero de este artículo.
La sala podrá citar a las partes para audiencia en la fecha y hora que señale,
una vez que el asunto quede en turno para que el magistrado ponente registre
el proyecto de sentencia. Si las partes no concurrieren, se prescindirá de la
audiencia y el magistrado ponente les impondrá multas por el valor de cinco
salarios mínimos mensuales, a menos que dentro de los tres días siguientes a
la fecha señalada, prueben fuerza mayor.

41. Registrado el proyecto o celebrada o fallida la audiencia, se procederá a dictar
sentencia.
Art. 374.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 189. Requisitos de la
demanda. La demanda de casación deberá contener:
1. La designación de las partes y de la sentencia impugnada.
2. Una síntesis del proceso y de los hechos, materia del litigio.
3. La formulación por separado de los cargos contra la sentencia
recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en
forma clara y precisa. Si se trata de la causal primera, se señalarán las
normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas.
Cuando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de
error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su
contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo
demuestre. Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error
de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se
consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción.
Art. 375.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 190. Sentencia. La
sala examinará en orden lógico las causales alegadas por el recurrente, y si
hallare procedente alguna de las previstas en los numerales 1., 2., 3. y 4. del
artículo 368, casará la sentencia recurrida y dictará la que debe reemplazarla.
Cuando prospere un cargo que sólo verse sobre parte de las resoluciones de la
sentencia habrá lugar al estudio de los demás.
Antes de dictar sentencia de instancia, la sala podrá decretar pruebas de oficio,
si lo estima necesario.
Si la causal que prospera es la consagrada en el numeral 5. del artículo 368, la
sala decretará la nulidad y ordenará remitir el expediente al tribunal, para que
éste o el juzgado, según el caso, proceda a renovar la actuación anulada.
La sala no casará la sentencia por el solo hecho de hallarse erróneamente
motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho, pero hará la
correspondiente rectificación doctrinaria.
Si no prospera ninguna de las causales alegadas, se condenará en costas al
recurrente, salvo en el caso de rectificación doctrinaria.
Art. 376.- Ineficacia del cumplimiento de la sentencia recurrida. Cuando la
Corte case una sentencia que tuvo cumplimiento, declarará sin efectos los
actos procesales realizados con tal fin, y dispondrá que el juez de primera
instancia proceda a las restituciones y adopte las demás medidas a que
hubiere lugar.

42. En el caso del PERÚ, tenemos que, es casi unánime en la doctrina denegar la
calificación jurídica de “instancia” al procedimiento que llevan a cabo nuestras Salas
especializadas de la Corte Suprema cuando resuelven en casación; pero dentro del
mismo ordenamiento jurídico, – de la realidad práctica, de como resuelve la Corte
Suprema en determinados conflictos – podemos extraer elementos que permiten
justificar que se trata, aunque no de una instancia plena, cuando menos en limitados
casos de una instancia limitada; sin embargo, haciendo uso de una interpretación
sistemática constitucional y procesal contamos con elementos que permiten justificar y
hasta defender lo contrario, que la Corte Suprema debería ser una tercera instancia.
Las propuestas que aquí se formulen se apoyan en la experiencia adquirida en varios
años de ejercicio libre de la profesión, en los cuales hemos observado como las
resoluciones casatorias dictadas por la Corte Suprema han influido en el conflicto de
intereses de las partes sometidos al tamiz de la jurisdicción, y conviene preguntarse si
acaso, a través de este recurso, de manera mediata, ¿la Sala no se encuentra
resolviendo conflictos en instancia definitiva?.
Como toda institución jurídica debe poseer un soporte constitucional, por tanto se parte
del derecho constitucional, el que se califica como fundamental, de la pluralidad de
instancia, éste posibilita la existencia de una segunda e incluso una tercera instancia;
luego se analiza el concepto de instancia, por su importancia, debe deslindarse de otros
conceptos similares y establecerse claramente sus características; se considera que
nuestro recurso de casación, tal como se encuentra legislado debe ser interpretado por
nosotros los peruanos, quienes somos los que lo aplicamos diariamente en nuestra
compleja realidad; y finalmente se mencionan argumentos de índole jurídica de ambas
posiciones doctrinales respecto a si el recurso de casación constituye o no una instancia
más.
Por ende, el artículo 384°del Código Procesal Civil indica los fines de la casación A la
vista de su fines y realizándose una apreciación global de nuestro recurso de
casación, se llega a pensar que el mismo se ha legislado en base al modelo puro
francés con algunas variantes, pero tampoco se ha ido más allá en la búsqueda de
adaptarlo a una realidad compleja como la peruana. La inmensa mayoría de la
doctrina extranjera considera que el recurso de casación debe estar limitado a
cuestiones y revisión de derecho, (ius constitutionis) que no debe pasar al control de
los hechos (ius litigatoris) pues esta tarea es privativa de los tribunales de instancia
que son precisamente los únicos a los que les compete ese cometido. La Doctrina
peruana también se ha preocupado de este tema desde la entrada en vigencia de
nuestro nuevo Código Procesal Civil, Nos dice CARRIÓN LUGO que “La casación,
como lo señala la doctrina y la legislación comparada, en un sistema puro, como
recurso impugnatorio, es de carácter extraordinario y tiene por finalidad fundamental el

43. control de la aplicación correcta por los jueces de mérito del derecho positivo, tanto del
sustantivo como el adjetivo.
Responder
 Caroline Yucra Aquino
7 junio,2015 4:18 am
CONTINUACIÓN…
Añadiré DERECHO COMPARADO DE LA CASACIÓN:
A)La casación civil en el Derecho Europeo.
Algunas ideas generales sobre la naturaleza jurídica de los principales modelos de
casación existentes en Europa, la intención, más allá de conocer lo que significa cada
uno de ellos para nuestro mundo jurídico, es descubrir cual de ellos considera a la
casación como una instancia, y aquellos que no lo hicieran, cuales son las explicaciones
de su rechazo. Y obviamente la influencia que cada uno de ellos ha
tenido en la casación peruana.
a)La cassazione italiana: es el modelo de casación que más fiel se ha mantenido al
origen francés de la institución. Sus originalidades y diferencias son producto de la
brillantez de la ciencia procesal italiana, sin olvidar el hecho de que la obra más
importante de todos los tiempos sobre la casación fuera escrita precisamente en Italia
por CALAMANDREI “La Cassazione civile”
. El recurso de casación italiano es ciertamente un recurso de naturaleza extraordinaria;
donde no puede procederse a una revisión de la anterior instancia, pues tanto las
posibilidades de impugnación del recurrente como el análisis de la Corte de Casación
están limitados a cinco motivos
enunciados en el Código de Procedimientos Civiles, por lo que puede afirmarse que
la cognición de la Corte parece estar limitada en principio al examen de derecho, no
pudiendo entrar en los hechos declarados y probados en la anterior instancia, ni
siendo posible realizar nuevas averiguaciones sobre los hechos. Su finalidad es la
protección del ordenamiento jurídico. Por tanto, es evidente que no nos hallamos en
este caso ante una tercera instancia, sino que este recurso conoce las limitaciones
típicas de todos los recursos de casación.
Verificase en estos momentos en Italia una fascinante redefinición del estado actual de
la casación. Prima entre ellos el modelo puro de casación incardinado en una
adecuada y completa explicación de la función nomofiláctica, que no contempla incluir
en ella la idea legalidad-justicia del caso singular; las pertinentes fijaciones–
consideraciones y evaluaciones del mérito son aspectos privativamente reservados al

44. juez a quo, de instancia o de grado. “Uno de los más inteligentes y profundos
conocedores modernos del tema –nos referimos a MICHELE TARUFFO- señala las
“penetraciones” (las presiones de la realidad) que experimenta en los últimos años la
casación italiana comprimida como expresamos a la nomofiláctica por el modelo
clásico. Lo hace poniendo de resalto cuatro factores, en cabeza de la Corte de
Casación:
1) La tendencia (universal) a ocuparse de la justicia del caso concreto (giustizia
del caso concreto)
2) La inclinación al examen del hecho (lo que distingue al modelo español
argentino).
3) La inflación de la conformidad al precedente (l´ inflazione dei precedenti
conformi) y,
4) El contraste entre los precedentes (contrasti tra i precedenti)
b) La revisión alemana: este sistema de casación si supone un cambio de cierta
importancia al modelo clásico francés. Es conocido que este recurso en Alemania, es
legislado en base el modelo francés pero conservando la mentalidad política y jurídica
alemana, su aparición ocurre en la ZPO de 1877, el modelo, salvo en lo referido al
sistema de admisión, apenas ha cambiado desde sus orígenes, al menos en cuanto a
su naturaleza jurídica. En cuanto a su naturaleza jurídica la Doctrina alemana califica a
su recurso como tercera instancia, que despliega sus efectos solamente en la
vertiente jurídica del proceso, en ese sentido se habla sin más, de una nueva
valoración jurídica del caso concreto, siendo evidente, en estas condiciones, que
estamos ante una revisio priori instantie en lo jurídico, puesto que puede analizarse
toda la parte jurídica del objeto del juicio, si bien ello no quiere decir que esta revisión
sea siempre global, o se resuelva en todo caso en un novum iudicium, pero puede
convertirse en tal.
c)La cassation francesa: si bien este país fue el iniciador de la casación, el modelo
clásico se ha mantenido sólo en Italia, pero en lo fundamental carece de diferencias
sustanciales con respecto al recurso de casación clásico. Se trata de un recurso
extraordinario. La doctrina suele fundamentar este carácter extraordinario en la
carencia de efecto suspensivo de su interposición, y por el hecho de que sólo puede
interponerse por unas causas concretas y limitadas. No obstante, la razón de mayor
peso de este carácter extraordinario, aunque sea dogmáticamente errónea, debiera
venir del hecho de que sólo puede debatirse sobre el derecho a través de este
recurso; con lo cual la diferencia con la revisión alemana no es demasiado destacable.
Sin embargo la doctrina coincide en afirmar que la casación en Francia no abre una
tercera instancia. Desde luego no existe una libertad de la Cour de cassatio en cuanto
a la localización de errores jurídicos, sino que su examen se limita a los motivos

45. invocados por el recurrente, al igual que no se pueden solicitar nuevas prensiones,
pero si, se pueden alegar todo tipo de errores jurídicos, incluso aquellos que,
presentes ya en la sentencia de primera instancia, no fueron alegados durante la
segunda instancia. También se permite la alegación por primera vez de errores que
afecten el orden público.
Por consiguiente, la legislación procesal civil colombiana regula en el CAPÍTULO V:
Recurso de queja:
Art. 377.- Procedencia. Cuando el juez de primera instancia deniegue el
recurso de apelación, al recurrente podrá interponer el de queja ante el
superior, para que éste lo conceda si fuere procedente.
Podrá también interponer recurso de queja el apelante a quien se concedió una
apelación en el efecto devolutivo o diferido, si considera que ha debido serlo en
uno distinto, para que el superior corrija tal equivocación.
El mismo recurso procede cuando se deniegue el de casación.
Art. 378.- Interposición y trámite. El recurrente deberá pedir reposición del auto
que negó el recurso, y en subsidio que se expida copia de la providencia
recurrida y de las demás piezas conducentes del proceso.
El auto que niegue la reposición ordenará las copias, y el recurrente deberá
suministrar lo necesario para compulsarlas en el término de cinco días.
Cuando a una parte se conceda el recurso y en virtud de reposición llegare a
revocarse tal providencia, la copia para proponer el de queja podrá solicitarse
en el término de ejecutoria del auto que decidió la reposición.
El secretario dejará testimonio en el expediente y en la copia, de la fecha en
que entregue ésta al interesado.
Si las copias no se compulsan por culpa del recurrente, el juez declarará
precluido el término para expedirlas, previo informe del secretario. Procederá la
misma declaración, cuando aquellas no se retiren dentro de los tres días
siguientes al aviso de su expedición por parte del secretario, en la forma
establecida en el artículo 108.
Dentro de los cinco días siguientes al recibo de las copias deberá formularse el
recurso ante el superior, con expresión de los fundamentos que se invoquen
para que se conceda el denegado. El escrito se mantendrá en la secretaría por
dos días a disposición de la otra parte para que manifieste lo que estime
oportuno, y surtido el traslado se decidirá el recurso.
Si el recurso no se presenta dentro del término indicado, precluirá su
procedencia.
El superior podrá ordenar al inferior que le remita copia de otras piezas del
expediente, y si el recurrente no suministra lo necesario para su expedición en

46. el término de cinco días, se procederá en la forma dispuesta para la renuencia
inicial, lo cual se comunicará al superior.
Si el superior concede la apelación, determinará el efecto que le corresponda y
comunicará su decisión al inferior, quien deberá enviar el expediente u ordenar
la expedición de las copias para que se surta el recurso. Pero si estima bien
denegado el recurso, enviará la actuación al inferior para que forme parte del
expediente.
En caso de recurso de queja para alterar el efecto de la apelación, el
interesado deberá solicitarlo por escrito, con expresión de sus razones, dentro
de los tres días siguientes a la llegada del original o las copias al superior,
quien resolverá de plano la petición, y si accede a ella dispondrá lo que fuere
del caso para que el recurso se surta en debida forma.
Según mi criterio y a manera de comentario; acoto a lo ya mencionado en el artículo que
en referencia a este punto se considera la Sentencia 0797-1999-AA – Tribunal
Constitucional del Perú ; en el numeral 5 de los FUNDAMENTOS, tenemos:
5. Que, dentro de tal orden de consideraciones, el artículo 402º del Código Procesal
Civil establece: “El recurso de queja tiene por objeto el reexamen de la resolución que
declara inadmisible o improcedente un recurso de apelación o de casación. También
procede contra la resolución que concede apelación en efecto distinto al solicitado”. La
circunstancia de que esta norma no contemple el recurso de nulidad se explica en que
este último no figura como medio impugnatorio dentro del Código Procesal Civil, lo
cual, empero, no podría significar la negación del recurso de queja ante denegatoria de
un recurso de nulidad por sólo esta interpretación literal de la norma por la siguiente
razón: Si se adoptara tal tesis habría que concluir en que, en el proceso constitucional no
es posible recurrir una resolución denegatoria de un recurso de nulidad, simplemente,
porque la norma no lo contempla. Esta posible interpretación no resulta admisible con
los principios constitucionales del proceso; y, concretamente, con el principio de
instancia plural y del derecho de defensa. En efecto, si se admite que no es posible
interponer un recurso de queja ante la denegatoria de un recurso de nulidad, significaría
que dicho acto procesal es irrevisable por una instancia jurisdiccional superior en clara
contradicción con la revisabilidad de los actos procesales, máxime si aquéllos cuya
consecuencia –como en el presente caso– implica un perjuicio irremediable en alguna
de las partes, en clara afectación del derecho de defensa. En consecuencia, de acuerdo
con lo expuesto resulta admisible la admisión del recurso de queja ante la denegatoria
del recurso de nulidad o, en su caso, del recurso de apelación, y, por ende, la aplicación
de las normas del Código Procesal Civil que lo regulan, en el proceso constitucional de
amparo.

47. Por consiguiente el Código de Procedimiento Civil de Colombia, establece:
CAPÍTULO VI
Revisión
Art. 379.- Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema, los tribunales superiores, los
jueces de circuito, municipales y de menores.
Se exceptúan las sentencias que dicten los jueces municipales en única
instancia.
Art. 380.- Causales. Son causales de revisión:
1. Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia
documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren
decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida.
3. Haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que
fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas.
4. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos
condenados penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha
prueba.
5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o
cohecho en el pronunciamiento de la sentencia recurrida.
6. Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en
el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de
investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente.
7. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación
o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el (artículo
152)*, siempre que no haya saneado la nulidad.
8. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que
no era susceptible de recurso.
9. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada
entre las partes del proceso en que aquella fue dictada, siempre que el
recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso
por habérsele designado curador ad litem y haber ignorado la existencia
de dicho proceso. Sin embargo no habrá lugar a revisión cuando en el
segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada.
* Artículo 140.

48. Art. 381.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 191. Término para
interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro de los dos años
siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, cuando se invoque alguna
de las causales consagradas en los numerales 1, 6, 8 y 9 del artículo
precedente.
Cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7 del mencionado artículo,
los dos años comenzarán a correr desde el día en que la parte perjudicada con
la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con límite
máximo de cinco años. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en
un registro público, los anteriores términos sólo comenzarán a correr a partir de
la fecha del registro.
En los casos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del mismo artículo,
deberá interponerse el recurso dentro del término consagrado en el inciso
primero, pero si el proceso penal no hubiere terminado, se suspenderá la
sentencia de revisión hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo penal y
se presente la copia respectiva. Esta suspensión no podrá exceder de dos
años.
Art. 382.- Formulación del recurso. El recurso se interpondrá por medio de
demanda que deberá contener:
1. Nombre y domicilio del recurrente.
2. Nombre y domicilio de las personas que fueron parte en el proceso en
que se dictó la sentencia, para que con ellas se siga el procedimiento de
revisión.
3. La designación del proceso en que se dictó la sentencia, con
indicación de su fecha, el día en que quedó ejecutoriada y el despacho
judicial en que se halla el expediente.
4. La expresión de la causal invocada y los hechos concretos que le
sirven de fundamento.
5. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer.
A la demanda deberán acompañarse las copias de que trata el artículo 84.
Art. 383.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 192. Trámite. La
Corte o el tribunal que reciba la demanda, examinará si reúne los requisitos
exigidos en los dos artículos precedentes, y si los encuentra cumplidos
señalará la naturaleza y cuantía de la caución que debe constituir el recurrente,
para garantizar los perjuicios que pueda causar a quienes fueron partes en el
proceso en que se dictó la sentencia, las costas, las multas y los frutos civiles y
naturales que se estén debiendo.
Aceptada la caución, la Corte o el tribunal solicitará el expediente a la oficina en

49. que se halle. Pero si estuviere pendiente la ejecución de la sentencia, aquél
sólo se remitirá previa expedición, a costa del recurrente, de copia de lo
necesario para su cumplimiento. Con tal fin, éste suministrará en el término de
diez días, contados desde el siguiente a la notificación del auto que ordene
remitir el expediente, lo necesario para que se compulse dicha copia, so pena
de que se declare desierto el recurso. Recibido el expediente se resolverá
sobre la admisión de la demanda y las medidas cautelares que en ella se
soliciten; en caso de ser rechazada, se impondrá al apoderado del recurrente
multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales, para cuyo pago se hará
efectiva la caución prestada.
Se declarará inadmisible la demanda cuando no reúna los requisitos formales
exigidos en el artículo anterior, así como también cuando no vaya dirigida
contra todas las personas que deben intervenir en el recurso, casos en los
cuales se le concederá al interesado un plazo de cinco días para subsanar los
defectos advertidos. De no hacerlo en tiempo hábil la demanda será
rechazada.
Sin más trámite, la demanda será rechazada cuando no se presente en el
término legal; verse sobre sentencia no sujeta a revisión o no la formule la
persona legitimada para hacerlo, bien por haber sido parte en el proceso donde
se profirió la sentencia materia de impugnación o bien por tratarse, en el evento
previsto en el numeral 6 del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, de
un tercero perjudicado o sus causahabientes.
En ningún caso procederá la reforma de la demanda de revisión.
Admitida la demanda, de ella se dará traslado a los demandados por cinco
días, en la forma que establece el artículo 87.
La contestación a la demanda deberá reunir los requisitos indicados en el
artículo 92; no serán procedentes excepciones previas.
Surtido el traslado a los demandados se decretarán las pruebas pedidas, y se
fijará el término de quince días para practicarlas. Concluido el término
probatorio, se concederá a las partes uno común de cinco días para que
presenten sus alegaciones, vencido el cual se proferirá sentencia.
Art. 384.- Modificado Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 193. Sentencia. Si la
Corte o el Tribunal encuentra fundada alguna de las causales de los numerales
1 a 6 ó 9 del artículo 380, invalidará la sentencia revisada y dictará la que en
derecho corresponde; si halla fundada la del numeral 8, declarará sin valor la
sentencia y devolverá el proceso al tribunal o juzgado de origen para que la
dicte de nuevo; y si encuentra fundada la del numeral 7, declarará la nulidad de
lo actuado en el proceso que dio lugar a la revisión.

50. Cuando la causal que prospera sea la quinta o la sexta, antes de proferirse la
sentencia que reemplace a la invalidada, se decretarán las pruebas que
dejaron de decretarse o de practicarse por alguno de los motivos señalados en
dichas causales. Cuando prospere la causal 4, se decretará nuevo dictamen.
En la sentencia que invalide la revisada se resolverá sobre las restituciones,
cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias
de dicha invalidación. Si en el expediente no existiere prueba para imponer la
condena en concreto, antes de proferirse la sentencia que reemplace a la
invalidada se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 307.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente, y para su pago se hará efectiva la caución prestada. La liquidación
de los perjuicios se hará mediante incidente.
Art. 385.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 194. Medidas
cautelares. Podrán decretarse como medidas cautelares el registro de la
demanda y el secuestro de bienes muebles, en los casos autorizados en el
proceso ordinario, si en la demanda se solicitan.
En el caso PERUANO, tenemos que en el Derecho Procesal Civil peruano, hasta antes
de 1993, no era posible impugnar la sentencia consentida o ejecutoriada, o el acuerdo de
las partes homologado por el juez que gozara de la autoridad de cosa juzgada formal
obtenida por medio de fraude, siendo entonces que toda sentencia o auto que pusiera fin
al proceso y adquiriera tal calidad no podía ser revisado en un nuevo proceso, así se
presumiera que efectivamente, fue así determinantemente influenciada.
Es con la promulgación del actual Código Procesal Civil, que la figura denominada por
éste como Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta -regulada en su artículo 178° y que con
criterio técnico deberá, en lo sucesivo, ser nombrado como Revisión Civil por Fraude
Procesal-, permite que se pueda denunciar la existencia de un vicio grave, intrínseco o
extrínseco al proceso primigenio, sin el cual, el resultado de éste habría sido distinto.
De esta manera, el evidente estado de necesidad que antaño existía, orientado a alcanzar
una sentencia justa, ha encontrado el marco legal que le permite revisar aquella obtenida
con fraude, teniendo como fundamentos la Teoría del Fraude Procesal y el Principio de
Probidad Procesal. A decir de Peyrano, “la cosa juzgada fraudulenta constituye el mayor
perjuicio y la más grande afrenta que el siempre vituperable fraude procesal puede
ocasionar a la majestad de la justicia”.
Así también, creemos que la cosa juzgada debe ser justa, legal y tener concordancia con
el Derecho, pues sólo así logrará la paz social en justicia, verdadero y último objetivo
del proceso.
Hasta algunos años atrás, el C. de P.C. de 1912 otorgaba a la cosa juzgada un carácter
inmutable, privilegiando en forma absoluta la seguridad y la certeza jurídico procesa l;

51. sin embargo, con el advenimiento del C.P.C. se advierte la flexibilización que la
legislación vigente ha dispuesto para dichos valores, antaño rígidos e inimpugnables,
únicamente en los casos de fraude y colusión, así taxativamente señalados. Quedando
claro que este paso al frente de nuestra legislación de ninguna manera desvirtúa la
certeza y seguridad de los fallos judiciales.
De esta forma, ha quedado establecida la teleología que impera a este novel instituto
procesal y su valiosa importancia en la consecución de los fines del proceso.
Decimos que no se trata de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulento porque: No es nulidad
en tanto en este proceso no se anula nada; de ser declarada fundada la demanda se
revoca la resolución y se rescinde el proceso hasta donde corresponda. Para quienes
afirman se trata de un tema de nulidad equivale a pensar que lo que se ataca es un vicio
procesal en la celebración de un acto o en la falta de requisitos exigidos para que éste
tenga validez, entre otros; no siendo en orden jurídico eso lo que acontezca.
No es a la cosa juzgada a la que se ataca, sino a una resolución firme, que aunque tiene
la autoridad de cosa juzgada formal, por ser un proceso ya culminado, no es lo mismo.
El proceso de revisión no perjudica o pone en peligro la cosa juzgada formal porque
ésta se forma luego de quedar consentida o ejecutoriada la resolución firme, quedando
cerrado para siempre esa litis. De lo que se trata es de intentar esclarecer en otro
proceso, aquello ocurrido en uno anterior.
Lo único de cierto del nombre que actualmente le otorga la legislación, la magistratura y
parte de los autores es lo de fraudulenta, porque en efecto, esa es la causa por excelencia
y género de las demás figuras que de ella se puedan desprender.
Por su parte, es revisión civil, en tanto, se revisa en la vía civil el proceso y no
únicamente la resolución última la cual es sólo una de sus partes. Esta revisión que se
realiza del proceso es en búsqueda de hallar el fraude procesal que ha sido invocado y
que algún medio probatorio se habrá interpuesto para acreditarlo. Y será, como es
obvio, de fraude procesal por los motivos expresados en el párrafo anterior.
Por último regula la legislación procesal Colombiana en su CAPÍTULO VII:
Consulta
Art. 386.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 195. Procedencia del
trámite. Las sentencias de primera instancia adversas a la nación, los
departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos especiales y los
municipios, deben consultarse con el superior siempre que no sean apeladas
por sus representantes o apoderados. Con la misma salvedad deben
consultarse las sentencias que decreten la interdicción y las que fueren
adversas a quien estuvo representado por curador ad litem.
Vencido el término de ejecutoria de la sentencia se remitirá el expediente al
superior, quien tramitará y decidirá la consulta en la misma forma que la

52. apelación.
Estando a lo ya mencionado por el Dr. Rioja en el caso Peruano.
En MATERIA PENAL, tenemos que LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS, pueden
dudarse muchas veces, las resoluciones judiciales, las cuales determinan la vida de una
persona (condenándole o absolviéndole), decisión que en algunos casos, pueden ser
incorrectas. Por tal razón estas decisiones son susceptibles de ser objetadas y estudiadas
nuevamente por el mismo órgano jurisdiccional o el superior. En ese sentido la persona
afectada por la decisión judicial puede impugnarla como equivocada. Por ello, entre las
garantías de la administración de Justicia Penal se encuentra el derecho de impugnación
o de recurrir, entendido comúnmente como el derecho a refutar, a contradecir y atacar.
Aquello obedece a un principio de control de proceso penal ya que con los recursos se
materializa, principalmente, el interés de control de los sujetos procesales, pero también
incluyen en ellos el interés social o estatal en normalizar la aplicación del derecho Su
fundamento también se encuentra en el principio de la doble instancia (Art.139, inc. 6
de la Constitución Política), por lo cual se puede formular observaciones y reparos a los
órganos de administración de justicia que son susceptibles de incurrir en error. En ese
orden de ideas, el NCPP 2004 ha regulado en el libro Cuarto “La impugnación”
estableciendo cuatro tipos de recursos como vías eficaces que canalizarán dichas
pretensiones de corrección de los posibles errores en los que puede incurrir el órgano
judicial y en consecuencia hacer que el agravio sufrido no se convierta en irreparable.