Proposición del Grupo Socialista para que el Pleno de Getafe exprese su rechazo a la reforma de la Ley del Aborto del Ministro Gallardón

1. PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE EN RELACIÓN A LA DEFENSA DE LA
DIGNIDAD Y LIBRE DECISIÓN DE LAS MUJERES
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos
fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las
condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las
correspondientes obligaciones de los poderes públicos. En su texto, se declara
el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a
su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a
los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la
Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente
decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión
sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable,
sea respetada.
La Ley del 2010 , que vino a sustituir a una regulación que veinticinco
años atrás había supuesto un avance en la protección de las mujeres, fue
elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los
grupos políticos con representación parlamentaria, tras el trabajo en sede
parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se
contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las
recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la
sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos
pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo
de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización
Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea
El Gobierno de España ha aprobado el Anteproyecto de la nueva Ley del
aborto en Consejo de Ministros, esta Ley que pretenden titular como “Ley
Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer
Embarazada” es mucho más restrictiva que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de año 2010. esta
nueva Ley representaría un extraordinario retroceso normativo, social e
ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad,
suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su
sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los
profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a
las correspondientes prestaciones sanitarias. En las adolescentes de 16 y 17
años se eliminaría también la obligación de informar a sus padres para volver a
la obligatoriedad de contar con su autorización. Quedarían pues anuladas las

2. excepciones permitidas hasta el momento en caso de graves conflictos
intrafamiliares
Con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de
las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas,
considerándose como delito despenalizado sólo en los supuestos de violación y
"grave peligro para la vida o la salud" de la mujer, privando a ésta de su
derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el
supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que
había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo
pasado.
Esta propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy no responde a una
demanda social ya que la ley vigente se está aplicando sin dificultad en todas
las Comunidades Autónomas incluidas aquellas en que el PP gobierna. En
consecuencia, todo obedece a las presiones del sector más conservador y
cercano a la jerarquía católica de su electorado.
Esta nueva Ley situaría a España como un excepción en toda Europa,
donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esta
materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de
haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con
mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había
conseguido reducir el número de abortos en el último año.
Esta nueva normativa ha provocado un enorme rechazo social de la
ciudadanía española y europea, de las organizaciones sociales, profesionales y
feministas, y además ha motivado la aparición de declaraciones de miembros
dentro del Partido Popular, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos
públicos, discrepando de su contenido, y la crítica de dirigentes y medios de
comunicación en el extranjero, donde sólo ha cosechado la felicitación de
formaciones políticas de extrema derecha de otros países.
Los derechos humanos se fundamentan en el respeto a la dignidad de la
persona, a la que se le reconoce la capacidad para obrar en conciencia, siendo
estos valores universales independientemente de cualquier creencia o práctica
religiosa. En el caso del aborto debe primar la decisión de la mujer a la que no
se la puede obligar a actuar en base a la conciencia de otros ni, mucho menos,
en contra de su propia conciencia.
Son varias las conferencias internacionales que sustentan la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres y los derechos sexuales y reproductivos,
configurando bases jurídicas reconocidos en leyes nacionales e internacionales
sobre el derecho a decidir libremente tener o no hijos/as, el número de hijos/as
que se desea tener y el intervalo entre ellos. Es dentro de este derecho a
decidir y controlar la propia fertilidad en la que se enmarca la opción del aborto.
Estas conferencias internacionales establecen la responsabilidad de que los
gobiernos que las han refrendado, las cumplan.

3. La inmensa mayoría de los países europeos, incluyendo por el momento
España, reconocen el aborto por libre decisión de las mujeres entre 8 y 24
semanas (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Noruega,
Portugal, Suecia, etc.) y otros lo permiten por indicaciones tan amplias que en
la práctica supone la libre decisión de las mujeres (Inglaterra, Finlandia e
Islandia).
Las leyes más restrictivas son injustas con las mujeres, no disminuyen
las tasas de aborto pero si provocan que más mujeres mueran como
consecuencia de abortos inseguros.
La responsabilidad de las mujeres, incluidas las adolescentes, junto a la
mejora en el acceso a los servicios sanitarios y la mayor financiación de las IVE
por el sistema público de salud hace posible que el 90% de los abortos se
realicen dentro del primer trimestre de gestación. Este hecho es fundamental
desde un enfoque de salud pública al evitar los riesgos biológicos, psicológicos
y sociales que conllevan los abortos tardíos. Cualquier restricción aumentará los
abortos tardíos y de mayor riesgo.
Cambiar la ley vigente por otra de solo supuestos médicos tendrá
consecuencias muy negativas para la salud de las mujeres ya que la mayoría de
las mujeres, que no abortan por situaciones médicas sino por muy diversas
causas, se verán obligadas a recurrir a abortos más peligrosos: más tardíos,
mediante métodos y recursos no siempre autorizados o viéndose obligadas a
viajar fuera de su zona sanitaria o a otro país, con el consiguiente daño
psicológico añadido. Es más, el propio Gobierno ha reconocido que con la actual
Ley se han reducido el número de abortos.
Otro gran peligro de retroceder a un marco legal centrado solo en motivos médicos es que la atención dejará de ser equitativa. Las mujeres serán
mejor o peor atendidas en función de la Comunidad donde vivan ya que
dependerá de la interpretación de la ley y de la buena o mala voluntad de los
profesionales de cada Comunidad o de su poder adquisitivo ya que, en muchos
casos, abortar o no dependerá de la capacidad económica para viajar al
extranjero.
Los y las Socialistas entendemos que no se puede legislar a espaldas de
la realidad, y la mayor realidad es que las mujeres en todas partes del mundo
tienen abortos, estén legalizados o no. Modificar la normativa actual es un
retroceso que va a suponer una vulneración de los derechos y libertades de las
mujeres, abortar es un derecho, no una obligación, pero como derecho, debe
ser reconocido por la ley, no penalizado, ni criminalizado. Restringir el acceso al
aborto es una manera intolerante y discriminatoria de entender las relaciones
entre las personas, la sexualidad y la autonomía de las mujeres, que no
corresponde al desarrollo de nuestra sociedad democrática, ni al sentir
mayoritario de la población. Es esa línea entendemos que la apuesta ha de ser
la de garantizar una buena educación sexual y el acceso a métodos
anticonceptivos para prevenirlo, aspectos estos que la propuesta del PP ignora
completamente.

4. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Reiterar el acuerdo de Pleno de 11 de junio de 2013 en el que se
aprobó:
-
El rechazo a la reforma anunciada de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo y rechaza la regresión y el peligro de la salud de las mujeres
que ello supondría.
-
Reconocer el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que
implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y
que esa decisión consciente y responsable sea respetada.
-
Exigir al Gobierno de la Nación al mantenimiento de la Ley 2/2010, de 3
de marzo, de salud Sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo, así como la garantía de que las mujeres puedan ejercer su
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria.
-
Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que facilite a toda mujer
que quiera practicar una interrupción voluntaria del embarazo cualquiera
de los centros públicos de la red sanitaria de la Comunidad.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no
continuar la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende
revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e
interrupción voluntaria del embarazo.
Getafe, 13 enero 2014
Sara Hernández Barroso
Portavoz Suplente Primera
Grupo Municipal Socialista