El documento habla sobre la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados producidos de forma sostenible. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a la agricultura familiar sobre las empresas internacionales. También promueve el consumo local frente a lo importado y apoya a los pequeños y medianos productores.