El documento describe cómo el programa de "Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico" implementado en 2014 significó un cambio en el sistema de distribución eléctrica en Argentina, a excepción de EDESUR y EDENOR. Sin embargo, la convergencia falló en proteger la "seguridad jurídica" al no ser un proceso cuidadoso para construir una nueva política de Estado, sino una acción aislada de los gobiernos. El verdadero problema reside en las formas en que los temas

1. Las formas son importantes.
La instalación en el año 2014 por parte del Gobierno Nacional del programa de
“Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico” (con
el aval de todos los Gobiernos Provinciales) a través de diversos acuerdos, ha significado
sin duda un cambio de paradigmas dentro del sistema de distribución de energía eléctrica de
la República Argentina. Esto alcanza al universo de las distribuidoras, a excepción de las
llamadas “federales”, EDESUR y EDENOR.
Si bien debemos decir que resulta innegable la potestad de los gobiernos de variar las
políticas aplicables a los distintos sectores y/o ámbitos que componen una República, tanto
en los aspectos humanos, económicos, productivos, regionales, etc.; también cabe resaltar,
que es innegable que la evolución histórica de “anteriores políticas” va consolidando
situaciones que devienen en derechos, ya sea originados en las normas, en los criterios
de interpretación administrativa o simplemente en el amparo de acciones no
prohibidas (véase art. 19 “in fine” CN).
Estos derechos constituyen la llamada “seguridad jurídica” de un País, es decir un
conjunto de reglas formales e informales de prolongada permanencia que aportan “certeza”,
y cuyos procesos de modificación son “cuidadosamente establecidos”, otorgando
previsibilidad frente a los eventuales, y necesarios cambios. El “cuidado” en el giro de
acción de la administración pública, es lo que diferencia una política de Gobierno
errática, de una política de Estado.
Es allí donde la llamada “convergencia” hubo fallado; en las aristas que componen la
“seguridad jurídica”. A la fecha los “acuerdos de la convergencia” se avizoran como
una acción aislada de los Gobiernos, y no como un proceso cuidado de construcción de
una nueva (y tal vez necesaria) política de Estado en la materia.
Aunque parezca absurdo decirlo, el problema de la “convergencia tarifaria eléctrica” no
reside en la mecánica de distribución de los millones de pesos a asignarse a obras, ni en el
proceso de unificación de los valores agregados de distribución, ni en el estado físico de las
redes, ni en el congelamiento tarifario (precio cuidado), ni en la quita de subsidios, para
citar temas que están en el tapete. El verdadero problema reside en las formas mediante
las cuales tan importantes temas pretenden ser resueltos por el Sector Público.
Las formas son importantes en los ámbitos de convivencia de sectores, vgr. público /
privado. Esa es una premisa insalvable, una forma de comenzar a hacer políticas con
mayores rasgos de eticidad 1.
Lamentablemente un yerro en las formas utilizadas por los Gobiernos en el “marco de la
convergencia” ha alterado la posibilidad de visualizar positivamente el “deber ser”. No
cabe duda que el País debe continuar invirtiendo en obras de infraestructura de distribución
eléctrica, o que es necesario ingresar en un proceso de racionalización de los subsidios al
1 La Eticidad es una unidad dialéctica de la moralidad con sociedad. La eticidad se define como "segunda naturaleza" que va formando a
la humanidad, aprendiendo a respetar a los demás y a sí mismo, formando el carácter teniendo siempre en mente a la sociedad.

2. consumo de servicios públicos, o que los precios deben estar cuidados y adaptados a la
realidad macroeconómica o que es necesario unificar costos en los valores agregados de
distribución. Pero ello requiere de una política de Estado, no como definición utópica tantas
veces usada como crítica a los Gobiernos2; sino como acción práctica.
Por facilista que suene las variables “eticidad” y “orden” son pequeños aportes que
pueden resolver la entropía actual. Es allí donde han de trabajar los Gobiernos, en la
anexión de variables que estabilicen el proceso ya en marcha. Acciones simples que
protejan coordinadamente el gasto público, los recursos de los ciudadanos, los
mercados, la producción de bienes, los empleos, el desarrollo de la Nación, etc..
Para las distribuidoras eléctricas será una gran herramienta que les aportará certeza,
y para el Estado será la gran posibilidad de cambiar una política errática por una
política de Estado, que modifique el objetivo de permanecer, al objetivo de trascender.
Jose B. Alvarez
Cooperativa Elect. Alto Verde
2 Libro: La Política Energética como Política de Estado -Consensos para una nueva política energética. Autores: ex Secretarios de
Energía: .-Emilio Apud .-Julio César Aráoz .-Enrique Devoto .-Roberto Echarte .-Alieto Guadagni .-Jorge Lapeña .-Daniel Montamat
.-Raúl Olocco.