El documento discute la aplicación de la pena de muerte en México como castigo para violadores sexuales. Argumenta que la pena de muerte es la condena más rigurosa establecida por el Estado y podría evitar que un violador vuelva a cometer el crimen. Sin embargo, también reconoce que factores internacionales y políticos, así como preocupaciones sobre los derechos humanos, hacen imposible aplicar la pena capital a violadores en México.