Peru

Enrique Vásquez*
Rafael Cortez**
Carlos Parodi**
José Montes***
Gustavo Riesco***
* Investigador responsable. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Se contó
además con la colaboración de Jorge Mendoza y Francisco Barúa.
** Investigadores asociados.
*** Asistentes.
Perú

1. REVISIÓN DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS
MACROECONÓMICAS Y SOCIALES DESDE 1980
1.1. El crecimiento económico
En julio de 1980, el arquitecto F. Belaúnde T. llega al gobierno del Perú. Las
primeras medidas adoptadas por su gobierno apuntaban a la apertura comercial
y a invitar a los capitales extranjeros a invertir en el país. Favorecido por la me-
jora en los términos de intercambio, el PBI creció en 4,4% en el año 1980, y
luego en 5,1% en 1981. Este crecimiento fue interrumpido por la caída de los
precios internacionales de las materias primas; como resultado, el PBI decreció
en 0,62% en 1982. Posteriormente, la presencia del “Fenómeno del Niño”1 en
1983 ocasionó una abrupta caída del PBI del orden del 11,8%.
Al finalizar el primer quinquenio de los ochenta tanto el PBI, las inversiones
y las exportaciones registraban una tendencia decreciente y la inflación supera-
ba el 100% al año. A la vez, persistían los controles de precios2 y los subsidios a
la producción, de manera el tesoro público hacía grandes transferencias, princi-
palmente a las empresas del Estado. Se debilitaba la iniciativa privada y genera-
ban graves distorsiones en el mercado3. La tasa de empleo se había elevado de
cerca de 6% a alrededor de 9%4.
En 1985, el entonces electo presidente Alan García P., anunció una “reducción
drástica de la inflación, la reactivación de la economía y la recuperación de los
salarios reales”5. Para lograrlo, se intentó incentivar la demanda con emisión inor-
1
Fenómeno meteorológico que eleva la temperatura de las aguas del litoral peruano por enci-
ma del promedio histórico y genera desequilibrios en el clima de los países del Pacífico.
2
Los controles de precios se aplicaron en combustibles, alimentos, crédito, tipo de cambio,
acero y otros.
3
Carlos Boloña Behr. 1993. Cambio de Rumbo, p. 15.
4
Según el Ministerio de Trabajo y Promoción Social.
5
Julio Velarde y Martha Rodríguez. 1992. De la desinflación a la hiperestanflación. Perú:
1985-1990, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Lima, p. 15.

636 GASTO PÚBLICO EN SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
gánica de dinero y un mayor control en los precios de los bienes de la canasta bá-
sica. Como resultado de estas medidas durante los años 1986 y 1987 el PBI creció
en 10,0% y 8,0% respectivamente, con una inflación de 114,5% para 1987.
Esta reactivación vino acompañada de una fuerte contracción del superávit
comercial, señal de un grave problema de balanza de pagos. El origen del pro-
blema no se encontraba solamente en la caída de las exportaciones, sino tam-
bién en el crecimiento de la demanda interna: este crecimiento produjo un
importante aumento de las importaciones, las cuales en 1987 llegaron a repre-
sentar el 17,6% del PBI.
En 1988, se hizo evidente la insostenibilidad de las políticas heterodoxas y
el país cayó en el inevitable desenlace hiperinflacionario y recesivo que caracte-
riza los esquemas de expansión de corto plazo6. La inflación alcanzó el 2.775%
en 1989, el PBI experimentó una trayectoria decreciente y las Reservas Interna-
cionales netas acabaron en un nivel muy por debajo de lo registrado en el primer
quinquenio de los años ochenta (apenas US$ 692 millones en 1990). Perú fue
declarado inelegible en el mercado financiero internacional.
En 1990, el gobierno de Alberto Fujimori se abocó en la tarea de abrir el
mercado del Perú al comercio internacional, reinsertar el país en el Sistema Fi-
nanciero Internacional, disminuir la inflación a tasas del orden de 10% anual y
reducir el aparato estatal.
Las primeras medidas adoptadas por el gobierno apuntaban al “sinceramien-
to de los precios”, al fomento de la inversión privada, la privatización de las em-
presas públicas y el fortalecimiento del proceso de pacificación. Los resultados
de estas medidas comenzaron a apreciarse a partir de 1993, año en que se regis-
tró un crecimiento del PBI de 6,4%. En los años siguientes el PBI creció en 13,1%
y 7,3%. Con la finalidad de evitar que aumentaran las importaciones de bienes
finales, disminuyera el ahorro y se perdieran divisas, el gobierno decidió entrar
en un proceso de “enfriamiento” de la economía, reduciendo el gasto público y
la oferta monetaria. La tasa de crecimiento del PBI se redujo a 2,5% en 1996,
para recuperarse en 1997 alcanzando el 7,2%.
En su conjunto, el importante crecimiento del producto durante el periodo 1990-
1996 permitió conseguir una tasa de crecimiento promedio anual de 1,4% entre
1980 y 1996, además de equilibrar las cuentas fiscales y monetarias, e incremen-
tar el gasto social. En 1994, el 49,6% de los hogares en el Perú no cubrían su Ca-
nasta Básica de Consumo7; en 1997, el indicador mejoró a el 44,3% de los hogares.
1.2. Apertura de la economía
Entre 1980 y 1985, la principal dificultad que enfrentó el gobierno fue el cam-
6
Saavedra, Jaime.1997. Financiamiento de la Educación en el Perú. GRADE, Lima.
7
Instituto Cuánto. 1995. Retrato de la Familia Peruana, Lima.

637PERÚ
bio desde un régimen de protección a la industria nacional y de redistribución
de la propiedad y la riqueza, hacia una economía de libre competencia.
Durante los primeros años de la década, las exportaciones aumentaron su par-
ticipación en PBI, favorecidas por el aumento de los precios de las materias pri-
mas. Pero con la caída de los precios internacionales a fines de 1982 y con el
aumento en las tasas de interés internacionales, se deterioraron los términos de
intercambio, reduciéndose desde 125% en 1981 hasta 103% en 1982. El gobier-
no decidió otorgar subsidios a la exportación, incrementando así el déficit fiscal.
A partir de 1983, se volvieron a elevar los aranceles.
Entre 1986 y 1990, con la finalidad de incentivar las exportaciones, se crea-
ron nuevos subsidios, se puso mayor énfasis en la exportación de productos no
tradicionales y fue aprobada por el Congreso la Ley de Bases de Zonas Francas
y Zonas de Tratamiento Especial8. Asimismo, se mantuvieron los controles a las
tasas de interés y al tipo de cambio (mediante cotizaciones múltiples), y perma-
necieron las sobretasas arancelarias9.
A pesar de ello, se observó un ritmo decreciente en la apertura comercial hasta
1987 (35,8%), para luego obtener una ligera recuperación hasta ubicarse en ni-
veles muy cercanos al 40% al final del quinquenio. Esta situación fue favoreci-
da por la constante mejora de nuestros términos de intercambio, luego de la caída
al final de 1985.
Las reformas estructurales de la década del noventa apuntaban, entre otras
cosas, a eliminar las trabas que limitaban el libre flujo de inversiones, capitales
y productos entre el Perú y el mundo. Por ello, se redujeron aranceles y elimina-
ron medidas para-arancelarias; se flexibilizó el mercado laboral y el mercado cam-
biario; se eliminaron los monopolios públicos y se privatizó gran parte de las
empresas públicas.
Como resultado de estas medidas, y a pesar de que no se muestra una mejo-
ra importante en nuestros términos de intercambio, se ha mejorado progresiva-
mente el grado de apertura comercial llegando a ser superior al 50% a fines de
1995 (54%) y 1996 (56%).
1.3. Evolución de la pobreza y política social
Entre 1986 y 1991, el número de pobres se elevó de 7,5 millones a 12 millones;
en particular, los pobres extremos se elevaron de 3 millones a 5 millones.
En 1993, el 53,9% de la población fue calificado como pobre, y el 23,3%,
en “situación de miseria”10. En 1994, el 49,6% de la población fue calificada como
8
Ley 25100 del 28 de septiembre de 1989.
9
Estas sobretasas llegaron a ser aproximadamente 14 y fluctuaban entre 0 a 24 puntos por-
centuales.
10
Elaborado sobre la base del Censo de Población y Vivienda de 1993.

pobre, y los pobres extremos llegaban a 20,2%. Más recientemente, en 1997, la
población pobre fue de 44,3% y los pobres extremos llegaban al 14%.
La política social actual se ha centrado en la recuperación económica y la ma-
yor eficiencia del gasto público social, en el marco de la “Estrategia Nacional de
Alivio a la Pobreza”. Como parte de esta estrategia, también figuran los Proyectos
de “Mejoramiento de la Calidad en Educación” y “Salud y Nutrición Básica” que
desarrollan los Ministerios de Salud y Educación, respectivamente. Otra acción
importante es el Programa de Focalización del Gasto Social, en el marco del cual
los sectores priorizan las acciones más urgentes para la superación de la pobreza.
2. EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
2.1. Política de egresos
Entre 1980 y 1985 la política económica tuvo como característica básica la ex-
pansión de la intervención del Estado en la economía mediante el control de una
fracción estratégica de la capacidad de producción –empresas estatales- y la in-
tervención directa en el sistema de precios. El principal problema de este siste-
ma radica en los importantes déficit reportados por las empresas públicas y
financiados por el Estado. A lo anterior deben agregarse las pérdidas de infraes-
tructura ocasionadas por los atentados terroristas. En 1980 el gasto total repre-
sentaba el 19,5% del PBI y, en 1985, el 18,0%.
Al pasar al segundo quinquenio de la década de los ochenta, el panorama no
mejoró. A pesar del crecimiento registrado en los dos primeros años de este pe-
riodo, el gasto de gobierno como porcentaje del PBI decreció hasta llegar a 14,7%
en el año 1988. La tendencia creciente en los siguientes años (en 1990, el gasto
de gobierno alcanzó el 16,5% del PBI) puede asociarse a la marcada caída del
PBI real desde 1987 hasta 199011.
Las limitaciones en la capacidad de gasto del gobierno pueden atribuirse a la
amplia evasión tributaria, la caída en el nivel del producto y la “autoexpulsión”
del Perú del sistema financiero internacional. En este marco, las principales ta-
reas de A. Fujimori al asumir el gobierno en 1990 eran mejorar el desempeño de
las principales variables macroecónomicas y buscar los recursos para financiar
el crecimiento de la economía. Las medidas implantadas apuntaban a estabilizar
la economía vía un estricto control de la caja fiscal, la ampliación de la base tri-
butaria, la ejecución de reformas estructurales en toda la economía y la elimina-
ción del sistema de control de precios.
A partir de 1992 se consiguió mejorar el desempeño económico del Perú y
el gasto del gobierno central. Se incrementó la base y la presión tributaria, y se
11
El PBI real decreció en 15,0% entre 1988 y 1990, y la reducción del gasto real fue de 4,5%.

639PERÚ
dejó la determinación de los precios a las reglas de mercado. Los resultados re-
gistrados durante el período 1980-1996 muestran una correlación positiva entre
el PBI y los gastos de gobierno; es decir, cuando crece el PBI también crece el
gasto de gobierno, y lo propio sucederá si decrece.
2.2. Los ingresos
Entre 1980 y 1985 los ingresos corrientes del gobierno central respecto al PBI
cayeron de 17,0% a 15,2%, a pesar de una cierta recuperación en 1984, como
consecuencia de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional.
Los ingresos tributarios fueron superiores al 80% de los ingresos corrientes,
con una ligera tendencia a la baja debido a la caída de los precios de los minera-
les en 1981-1983, y a la reducción de la actividad económica en el año 1983.
Los impuestos provenientes del sector exportador fueron parte importante del to-
tal, debido tanto a los impuestos a la exportación vigentes, como a los impues-
tos a los ingresos y al valor agregado.
El 40% de los ingresos corrientes correspondía a los impuestos al impuesto
general a las ventas (IGV), el impuesto selectivo al consumo (ISC) y otros12. El
impuesto a la renta tenía una participación de 29%. Los rubros de impuestos a
las exportaciones y al patrimonio sólo aportaron, en 1980, 11,8% y 2,9% res-
pectivamente. Al final del quinquenio, la participación del IGV, ISC y otros fue
de 59,1% de los ingresos corrientes y la participación de los impuestos sobre las
importaciones fue de 20,1%.
Entre 1986 y 1990, los ingresos del gobierno central se caracterizaron por la
fuerte caída en términos reales. Los ingresos corrientes del gobierno central mues-
tran una caída sistemática con respecto al PBI manteniéndose por debajo del 10%
durante los tres últimos años de la década; su punto más bajo fue en 1989 con
una participación de 7,3%. Para compensar la caída de la presión tributaria, se
crearon el Impuesto Especial a la entrega de moneda extranjera y el impuesto a
los débitos en las cuentas corrientes.
La estructura de ingresos corrientes no varió significativamente durante el
segundo quinquenio de los años ochenta, pues los ingresos provenientes del IGV,
ISC y otros, y del impuesto a la renta seguían siendo los de mayor importancia.
En 1989, estos impuestos significaron respectivamente un 68,5% y un 16,4% de
los ingresos corrientes.
Al final de los ochenta, la grave recesión y la escasa base tributaria llevaron
a que los ingresos del gobierno se redujeran a 7,3% del PBI (en 1989) y a 9,6%
en 1990. Por ello, en los años noventa se concretaron una serie de reformas para
reactivar la economía e incrementar los ingresos del sector fiscal.
12
Incluye el Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y
otros impuestos.

Así, la recaudación de impuestos experimentó una notable mejoría. Los in-
gresos corrientes se elevaron desde 7,3% del PBI en 1989 a 13,6% en 1995 y a
14,2% en 1996, nivel muy cercano al que se había alcanzado en 198513. El caso
más notable corresponde al impuesto a la renta; la recaudación por este concep-
to se incrementó significativamente entre 1990 y 1996, elevando su participa-
ción en los ingresos corrientes desde 6,0% hasta 23,4%. El impuesto a la renta
es abonado por personas naturales y jurídicas, por trabajadores dependientes e
independientes, con tasas diferenciadas. Para elevar la recaudación se estableció
que las empresas que reportaron pérdidas aportaran un monto equivalente al 2%
del valor de sus activos14.
En general, la mayor recaudación fiscal y el retorno de los créditos de la banca
de fomento internacional permitieron incrementar la capacidad del gobierno cen-
tral de realizar proyectos de inversión pública.
DEUDA EXTERNA
Entre 1980 y 1985 se contrataron créditos por un monto superior a los US$ 7.000
millones. A programas sociales se destinaron US$ 1.372 millones (20% de los
créditos contratados), mientras que a gastos de defensa se destinaron alrededor
de US$ 1.670 millones.
Entre 1986 y 1990, se suscribieron contratos por un monto de US$ 1.391 mi-
llones. Un 16% fue destinado a gastos sociales y un 24,3%, a gastos de defensa.
Luego, entre 1990 y 1997, se suscribieron contratos de crédito por US$ 8.893
millones; el 38% fue destinado a gastos sociales y menos del 2%, a gastos de
defensa. La principal fuente de financiamiento para estos últimos fue el tesoro
público.
DEUDA INTERNA
Entre 1980 y 1985, la deuda pública doméstica no servía para controlar la emi-
sión de dinero, sino que incorporaba las obligaciones contraídas por el gobierno
militar (1968-1980) al nacionalizar empresas y expropiar predios del sector pri-
vado. Posteriormente, el gobierno de A. García utilizó el crédito doméstico como
un mecanismo de financiamiento. Los mayores incrementos de la deuda se re-
gistraron en esa época. Durante el gobierno de Fujimori, la deuda pública inter-
na se convirtió en un medio para que la autoridad monetaria controlara el flujo
de circulante.
13
En 1985, el total de ingresos corrientes alcanzó el 15,0% del PBI.
14
Esta tasa se redujo a 1,5% a partir de julio de 1998.

641PERÚ
INGRESOS PROVENIENTES DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN
DE EMPRESAS PÚBLICAS
El proceso de privatizaciones en el país se inició en 1991. Los ingresos de capital
por este rubro fueron cercanos a los US$ 2.600 millones en 1994 y a los US$ 2.300
millones en 1996. Hasta el año 1997 se habían obtenido fondos superiores a los
US$ 6.500 millones. Estos recursos fueron destinados a incrementar las reservas
internacionales netas y ganar intereses, y no para financiar gastos del gobierno.
3. ANÁLISIS DE LOS GASTOS PÚBLICOS
3.1. Gastos totales del gobierno central
Entre 1980 y 1985, el gasto total se redujo en 8,2% en términos reales. Poste-
riormente, en los primeros años del período 1986-1990, se expandió el gasto, re-
gistrándose un crecimiento de 8,5% en 1986 y de 3,1% en 1987. Luego, la crisis
inflacionaria15 redujo el gasto en 20,7% en 1988 y en 7,8% en 1989. La fuerte
recesión llevó a que, entre 1985 y 1990, los gastos decrecieran en 15,3% en tér-
minos reales.
En términos del PBI, la década de los ochenta se caracterizó por un gasto
total decreciente. El gasto se redujo desde 19,5% del PBI en 1980, hasta 18,0%
en 1985. El nivel más bajo se registró en 1988, con 14,7% del PBI, y el año
1990 se cerró con 16,5% del PBI. Durante los dos años siguientes la participa-
ción del gasto total creció hasta alcanzar un nivel cercano al 16%.
Durante el período 1991-1996, la política de gasto público se definió en tér-
minos de un estricto control según la disponibilidad de recursos tributarios. El
gasto real se redujo en 27,5% en 1991. Posteriormente, la reactivación de la eco-
nomía y la reforma tributaria16 permitieron una mayor presión tributaria y un in-
cremento en el nivel de gasto real. En 1995 se superó el gasto real registrado en
198717, aunque volvió a reducirse en 1996 y 1997.
En términos del PBI, luego de que el gasto total tocara fondo con 11,6% del
PBI en 1991, los siguientes años fueron de recuperación hasta alcanzar 16,9%
en 1995. En 1997 el gasto total fue de 15,0% del PBI.
A continuación se describe la estructura del Presupuesto del Gastos de Go-
bierno Central18. Se han creado cuatro partidas sobre la base del presupuesto,
15 Las tasas anuales de inflación registradas en 1987, 1988 y 1989 fueron 1.722%, 2.775% y
7.650%, respectivamente.
16 La reforma tributaria considera la reforma administrativa y la modificación de la estructura
arancelaria.
17 Sin duda la coyuntura política (año de elecciones presidenciales) fue un factor determinante.
18 La descripción corresponde a la evolución de la importancia de los gastos sociales y no
sociales que conforman el total del Presupuesto del Gobierno Central. No se está considerando el

CUADRO1
PERÚ:Gastodelgobiernocentral,1980-1997
(PorcentajedelPBI)
Tipodegasto198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997
I.GASTOSCORRIENTES15,114,314,115,815,215,314,614,513,113,015,010,012,311,512,313,212,711,8
1.Remuneraciones4,85,35,45,55,44,95,15,34,04,13,02,53,23,13,33,53,43,4
2.Bienesyservicios3,62,83,53,22,22,92,52,01,41,31,91,41,71,52,02,63,12,6
3.Transferencias3,12,62,02,72,82,53,43,73,13,33,62,93,63,43,74,14,04,3
4.Intereses3,63,63,24,44,75,03,63,54,64,46,53,23,93,53,23,02,21,6
-Deudainterna1,51,91,51,51,01,20,60,90,80,51,20,30,20,10,10,10,10,1
-Deudaexterna2,01,71,72,93,73,83,12,63,83,95,32,93,73,53,13,02,11,5
II.GASTOSDECAPITAL4,44,23,43,23,42,73,02,41,62,31,51,62,62,83,73,63,33,2
III.TOTALGASTOS(I+II)19,518,517,619,018,618,017,716,914,715,316,511,614,914,316,016,916,015,0
MEMO:
1.AMORTIZACIÓN3,53,23,34,96,25,84,83,63,84,25,53,22,12,51,91,41,41,2
A.Deudainterna0,50,60,30,40,30,70,80,30,11,11,70,80,30,20,10,00,10,2
B.Deudaexterna3,12,63,04,65,95,14,03,33,63,03,92,41,82,31,81,41,41,1
2.GASTOSNOFINANCIEROS15,914,914,314,613,913,014,113,410,111,09,98,411,110,812,813,813,813,4
FUENTE:BancoCentraldeReservadelPerú.
Elaboraciónpropia.

643PERÚ
correspondientes al gasto social (salud y educación, entre otros), Ministerio de
Economía (incluye, entre otros, los servicios de deuda), gastos de defensa y se-
guridad interna, y por último, el rubro “otros” (el resto de ministerios y progra-
mas del gobierno central).
A partir de 1981 se inicia un crecimiento importante del gasto social desde
18,1% del presupuesto hasta un máximo de 22,4%. En 1980, los rubros de de-
fensa y seguridad interna correspondían al 15,1% del presupuesto, elevándose
hasta 19,7% en 1985.
Entre 1986 y 1990 el porcentaje de fondos destinados a gasto social conti-
nuó aumentando. En 1986 se destinó el 31,6% a gastos sociales, culminando el
período en 49,8%. Respecto a los gastos en defensa y seguridad interna, puede
afirmarse que durante estos años continuaron con un ritmo creciente respecto al
total presupuestado. En 1986 representaban el 26,2% y terminaron el período con
una participación de 32,3%. En general, entre 1980 y 1990 los recursos asigna-
dos a gastos sociales fueron superiores al 20% del presupuesto total.
Entre 1991 y 1998 se destinó en promedio el 27,7% del presupuesto a gasto
social, mientras que los fondos destinados a economía y defensa estuvieron en
promedio entre 30,3% y 28,9% respectivamente. La proporción de recursos des-
tinados a defensa se incrementó durante la década de los noventa, tanto por la
lucha contra el terrorismo en los primeros años como por el conflicto con el Ecua-
dor en 1996. La captura de los principales mandos terroristas y la solución pací-
fica del problema fronterizo ha permitido liberar parte de estos recursos hacia
otros tipos de gastos.
3.2. Gasto corriente y gasto de capital
Entre 1980 y 1985, el gasto corriente real se incrementó en 1,0%, mientras que
su participación en el gasto total del gobierno central se elevó desde 77,3% has-
ta 85,1%. La contracción en el gasto total real durante el período 1980-1985 debe
atribuirse a la reducción en el gasto de capital. Concretamente, para el período
1981-1985, la reducción del gasto total se explica por la disminución en 39,6%
del gasto de capital.
A partir de 1985, el gasto corriente real registra incrementos sucesivos (3,6%
en 1985, 5,5% en 1986, 6,8% en 1987). Luego se desploma (-17,5% en 1989, y
-12,3% en 1989). En 1990 logra una breve recuperación (11,0%); el gasto co-
rriente alcanzó una participación de 90,9% del gasto total, la más alta de la his-
toria reciente. Respecto al gasto de capital, continuó la tendencia decreciente:
entre 1985 y 1990, el gasto de capital, en términos reales, se redujo en 48,3%,
mientras que su participación en el gasto total decreció desde 14,9% hasta 9,1%.
total del presupuesto del sector público que incluye además del gobierno central a instituciones
públicas descentralizadas, gobiernos regionales y otros.

Entre 1990 y 1995, el gasto corriente se incrementó en 15,6%, a pesar de la
fuerte contracción del gasto corriente registrada en 1991 (-31,1%). Por su parte,
se recuperó el gasto de capital, registrándose un incremento de 213,7% entre 1990
y 1995. A partir de 1995 y hasta 1997, el gasto corriente y el gasto de capital
mantendrán sus participaciones en el gasto total relativamente estables, alrede-
dor de 79% y 21% respectivamente.
3.3. Gasto en remuneraciones, bienes y servicios,
transferencias e intereses
Aunque entre 1980 y 1985 el gasto en remuneraciones se incrementó en sólo
1,8%, otros gastos corrientes se redujeron significativamente. Fue el caso de bie-
nes y servicios (18,6%) y de transferencias (20,1%). Sin embargo, el gasto co-
rriente total se mantuvo relativamente estable debido al aumento de 83,2% en el
gasto por intereses de deuda externa19. El incremento de este último fue conse-
cuencia de la variación del tipo de cambio y la refinanciación correspondiente a
los años 1983-198420.
Entre 1985 y 1990, el gasto real en remuneraciones registró una reducción
de 43,9%, a pesar de los incrementos de 14,8% en 1986 y de 12,8% en 1987.
Por su parte, el gasto en bienes y servicios decreció todos los años después de
1985, para cerrar con una variación de -40,0% entre 1985 y 1990. Los pagos de
intereses de la deuda externa se contrajeron en los primeros años como conse-
cuencia de los menores vencimientos, así como por efecto del menor ajuste cam-
biario respecto a la inflación21. Sin embargo, terminaron incrementándose hasta
cerrar con un aumento de 30,1% entre 1985 y 1990.
El gasto en transferencias, luego de incrementarse en 50,4% en 1986 y en
16,3% en 1987 registró caídas en 1988 (-23,1%) y 1989 (-7,6%). El resultado
para el período fue un incremento de 30,9% del gasto en transferencias entre 1985
y 1990.
Entre 1990 y 1995, el gasto en remuneraciones se elevó en 54,7%, el gasto
en bienes y servicios, en 81,9%, y el gasto en transferencias, en 49,3%.
En el marco del proceso de reinserción de la economía al mercado financie-
ro internacional, la ejecución de los gastos contempló el cumplimiento del servi-
cio de la deuda externa22. El pago por intereses de la deuda externa se eleva en
72,8% entre 1990 y 1995. Sin embargo, las amortizaciones de deuda externa se
redujeron en 53,5%, principalmente por los menores vencimientos de intereses
19
Asimismo, los pagos por amortización de deuda aumentaron en 66,6%.
20
Memoria del Banco Central de Reserva del Perú, 1983-1984.
21
Memoria del Banco Central de Reserva del Perú, 1986.
22
Memoria del Banco Central de Reserva del Perú, 1990.

645PERÚ
de la deuda pública externa y por el menor pago por regularización de la deuda
con el Banco Mundial23.
Al comparar la estructura de gasto de la década de los ochenta y los noventa
se aprecia que, en la década de los ochenta, se han privilegiado los gastos co-
rrientes en remuneraciones e intereses, mientras que en los años noventa se ele-
gido una mayor asignación de transferencias.
3.4. Seguridad interna
De los reportes de los Presupuestos Generales de la República se puede decir
que los gastos en seguridad interna han sido ligeramente superiores al 10% del
total del Presupuesto del Gobierno Central.
Entre los años de 1980 y 1985, los gastos en seguridad interna siguieron una
trayectoria ascendente que se inició en 1981 con un porcentaje de 5,36% sobre
el total de los gastos del gobierno central y terminó en 1985 con una tasa de
7,55%.
Entre 1986 y 1990, los gastos en seguridad interna fueron en promedio 11,2%
del total de gastos del gobierno central; la cifra más alta se registró en 1988, lle-
gando al 12,81%. Los gastos en seguridad interna cerraron este período con una
participación de 11,48%. El aumento sustantivo de la participación de los gastos
en seguridad interna durante esos años se debió principalmente al incremento de
la actividad terrorista en el país.
Para 1991 los gastos en seguridad interna significaron el 7,38% del gasto to-
tal; manteniéndose por debajo del 9% hasta el presupuesto de 199824.
En cuanto a la estructura de estos gastos se aprecia que durante el primer
quinquenio de los ochenta el pago de remuneraciones abarcaba más de la mitad
de los gastos presupuestados. En efecto, entre 1980 y 1985 las remuneraciones
equivalían, en promedio, a 56,9% del total asignado a seguridad interna. Por su
parte, los fondos destinados a la adquisición de bienes representaron el 13,6%
del gasto en seguridad interna.
Entre los años de 1986 y 1990 el pago de remuneraciones absorbió el 47%
del total, mientras que la adquisición de bienes absorbió en promedio el 18,9%.
Sin duda fue el fenómeno terrorista el que obligó a incrementar en más de 5 puntos
porcentuales la asignación de recursos destinados a la adquisición de bienes.
Durante la década de los noventa, el porcentaje de fondos destinados a re-
muneraciones fue de alrededor de 18%, mientras que el porcentaje destinados a
la adquisición de bienes fue cercano al 20%. También durante estos años cobran
23 Memoria Anual del Banco Central de Reservas del Perú, 1996.
24 Los fondos destinados a Defensa y Seguridad Interna disminuyeron en los años noventa, a
partir de la captura de Abimael Guzmán, líder del movimiento terrorista Sendero Luminoso, en
1992.

una mayor importancia las transferencias corrientes, elevándose a partir de 1994
a más de 50% del gasto total.
3.5. El gasto social dentro del presupuesto total
El gasto social tuvo una participación relativamente estable dentro del gasto to-
tal del gobierno central durante el período 1980-1985, manteniendo su partici-
pación cercana al 22% del gasto total. En términos reales, la variación en el gasto
social es prácticamente nula.
A partir de 1986 la participación se incrementa ininterrumpidamente llegan-
do a 49,8% del gasto total en 1990. Sin embargo, en términos reales, luego de
un incremento de 31% en 1986, el gasto social cae durante varios años. Entre
1990 y 1985 la reducción en términos reales es de 43,8%.
En 1991 se produce una caída del gasto social a 14,7% del gasto total. Este
porcentaje se va recuperando hasta llegar a 29,8% en 1995. En términos reales, el
gasto social se incrementa en 280% entre 1990 y 1985. En 1996, el gasto social
aumenta a 41,1% del gasto total, para luego volver a descender a 23,1% en 1997.
4. ANÁLISIS DE LAASIGNACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
PARA GASTOS SOCIALES
4.1. Gasto social
En esta primera parte del capítulo se describe la evolución del gasto social total
(que incluye salud, educación, vivienda y construcción, y trabajo) y, en líneas
generales, de los sectores salud y educación.
Es clara la dependencia del gasto social respecto al PBI (Véase el Gráfico
Nº 1). Entre 1980 y 1985, el gasto social total fluctuaba alrededor del 4,0% del
PBI. Llega a su valor mínimo en 1991 con aproximadamente 1,7% del PBI. Con-
siderado en relación al gasto total del gobierno, el gasto social se redujo desde
un promedio de 20% a inicios de los ochenta hasta alrededor de 16,8%.
Para el segundo quinquenio se registró un ligero repunte del gasto social como
porcentaje del PBI, alcanzando el 4,4% en 1986. Sin embargo, el gasto social
siguió cayendo y en 1990 se registró un gasto social equivalente al 2,3% del PBI.
En cambio, considerado en relación con el gasto total, se observa un ligero in-
cremento del gasto social en 1986, alcanzando un 21,7%, de manera que duran-
te el período 1985-1990, el gasto social se mantuvo en torno al 19% y 20% del
gasto total, aun con la caída del PBI consignada a partir de 1988.
La tendencia decreciente del gasto social respecto al PBI se prolongó a los
primeros años de la década de los noventa: en 1991, el gasto social tan sólo al-
canzó el 1,7% del PBI. Como porcentaje del gasto total, el gasto social se redujo

647PERÚ
a los niveles más bajos registrados en los últimos 16 años: 1,7%, en 1991 y 1,8%
en 1992. Estos resultados fueron consecuencia del proceso de ajuste iniciado en
agosto de 1990, año que terminó con una disminución del PBI de 3,7%.
A partir de 1991, se dio un impulso importante al monto asignado a gasto
social a través de la construcción de infraestructura económica, centros de ense-
ñanza y otros. La ejecución del presupuesto correspondió principalmente al Mi-
nisterio de la Presidencia, fortaleciendo el gasto social hasta situarlo en 6,0% del
PBI, en 1996. Como porcentaje del gasto del gobierno central, el gasto social
alcanzó el 44,2% en 1996, incrementándose desde 30,3% en 1995.
A fines de 1996 se destinaron a gasto social los montos más elevados desde
1980, sea que se considere el gasto social como porcentaje del PBI o como por-
centaje del gasto de gobierno central, invirtiéndose en generar igualdad de opor-
tunidades a una mayor población25.
4.2. Evolución de los gastos en educación
El gasto en educación se redujo desde 3,0% del PBI a inicios de los años ochen-
ta hasta 1,7% en 1990. Tanto al inicio de los gobiernos de Belaúnde como de
25
PRES. 1996. Estrategias de Focalización. Lima.
GRÁFICO 1
Perú: Evolución del gasto social y el PBI, 1981-1996
(Millones de US$ de 1996)
FUENTE: INEI, Compendio de Estadísticas Sociales, 1994-1996. INEI, Compendio Estadístico, 1992-
1996. CIUP, Informe de Coyuntura, Primer Semestre 1993. Elaboración propia.
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0.500
0.000
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
PBI
GASTO
SOCIAL
PBI GASTO SOCIAL

García, los gastos en educación aumentan, para luego deteriorarse en los siguientes
años. A partir de 1991, la participación del gasto educativo en términos del PBI
muestra una tendencia creciente hasta llegar a 2,9% en 1994.
En el período 1980-1985, la difícil situación económica del país afectó el gasto
educativo en educación. En efecto, pasó de 3,0% y 3,2% del PBI, en 1980 y 1981
respectivamente, a representar sólo el 2,6% del PBI en 1985. De manera similar,
pasó de 13,2% y 14,9% del total de gasto de gobierno, en 1980 y 1981 respecti-
vamente, a representar y sólo 11,8% de los gastos totales del gobierno en 1985.
Entre 1985 y 1987 el gasto público en educación aumentó en 65%. Debe no-
tarse que este espectacular -y temporal- crecimiento se relaciona con un aumen-
to desmesurado del número de docentes y de personal administrativo26. La
hiperinflación a fines de los años ochenta originó una drástica disminución del
gasto público corriente en educación (-49%) y aún mayor en el caso del gasto de
capital (-73%). En 1990 el gasto en educación fue de 1,7% del PBI, situándose
en el punto más bajo de su historia reciente.
Durante el gobierno de Fujimori (1991-1996), y luego del ajuste de precios
de 1991-1992, el gasto en educación muestra un repunte. En 1990, con la ejecu-
ción del programa de ajuste macroeconómico, se redujo el gasto público. Luego,
entre 1990 y 1996, la participación del gasto educativo en el gasto total del go-
bierno pasó de 13% a 22%. En términos del PBI, el gasto en educación aumenta
de 2,2% a 2,9%27.
Como porcentaje del gasto del gobierno central, el gasto en educación muestra
una tendencia positiva a partir de 1991. En 1991, los gastos en educación repre-
sentaron el 11,1% de los gastos del gobierno central, mientras que para 1996 pasó
a representar cerca del 21%, es decir, un incremento de 10 puntos porcentuales
en 5 años.
Durante este período, el gasto real en educación del gobierno se mantuvo relati-
vamente constante. En un contexto de marcado crecimiento de la matrícula, esto ha
implicado una caída en el gasto por alumno, especialmente en educación básica.
EVOLUCIÓN DEL GASTO RECURRENTE Y GASTO DE CAPITAL
EN EDUCACIÓN
En 1985, el gasto público en el sector educativo alcanzó el 2,6% del PBI, es de-
cir 0,4 puntos porcentuales menos que en 1980. Aproximadamente el 94% co-
rrespondía al gasto corriente y sólo el 6% a gasto de capital28.
26 Según datos de Cardó y Díaz citados en el Diagnóstico General de la Educación (1993), el
total de docentes pasó de 181.169 en 1985 a 240.391 en 1990 -un aumento de 33%-, mientras que
el personal administrativo pasó de 25.231 a 55.135 -un aumento de 118%.
27 Francke (1994) proporciona cifras similares.
28 Jaime Saavedra. 1997. Financiamiento de la Educación en el Perú. GRADE, Lima.

649PERÚ
En el período 1990-1994, la participación de la educación primaria dentro
del gasto corriente total experimentó una ligera disminución, reduciéndose des-
de 36% hasta 33%. La participación del nivel secundario se redujo ligeramente
de 27% a 24%. En cambio, el nivel de educación superior universitaria aumentó
su participación de 8% en 1990 a 11% en 1994. Los gastos en educación inicial
y educación superior no universitaria se han mantenido prácticamente invaria-
bles respecto al gasto total, en 7% y 3% respectivamente.
Entre 1990 y 1994, el gasto en remuneraciones, bienes y servicios, y trans-
ferencias corrientes explica la mayor parte del gasto educativo en el período ana-
lizado, aun cuando su importancia relativa descendió desde 81% en 1990 hasta
77% en 1994.
El gasto en remuneraciones se redujo de 44% en 1990 a 15% en 1994. En
cambio, aumentaron su participación las transferencias corrientes, que en su ma-
yor parte son pagos por remuneraciones por encima de la remuneración básica.
Dicha participación subió de 33% en 1990 a 56% en 1994. En general, las parti-
CUADRO 2
PERÚ: Indicadores del Gasto Social en Educación
(1980-1996)
Años Gasto real Gasto real Gasto Educ. Gasto corriente Gasto de Capital
% del PBI % Gasto gob.cen % Gasto Social % Gasto Educ1/. % Gasto Educ.1/
1980 3,0 13,2 65,9 96,4 3,6
1981 3,2 14,9 70,5 92,9 7,2
1982 2,8 13,7 71,4 91,0 9,0
1983 2,9 12,1 71,3 95,4 4,6
1984 2,8 11,9 70,7 95,7 4,4
1985 2,6 11,8 70,7 93,9 6,1
1986 3,4 16,4 75,6 86,6 13,4
1987 2,2 12,6 69,9 97,0 3,0
1988 2,1 15,4 74,3 96,1 3,9
1989 2,3 16,4 76,1 96,1 3,9
1990 1,7 12,0 75,3 97,7 2,3
1991 1,3 11,1 72,1 96,1 3,9
1992 2,2 13,8 72,9 96,9 3,1
1993 2,1 14,5 71,4 92,7 7,3
1994 2,6 16,1 61,4 88,7 11,3
1995 3,0 19,9 51,6 87,4 12,6
1996 2,9 21,7 52,4 n.d n.d
1/ A partir de 1992 corresponden a gastos del tesoro público.
FUENTE: INEI,Compendio de Estadísticas Sociales, 1994 – 1996.
INEI,Compendio Estadístico, 1992 – 1996.
CIUP, Informe de Coyuntura, Primer Semestre 1993.
Elaboración propia.

das por transferencias y remuneraciones explicaron más del 75% del gasto total
del Estado en educación, con la excepción de 1994.
En el mismo período, las compras de bienes aumentaron su participación de
3% a 4% mientras que las compras de servicios aumentaron su participación de
1% a 3%. En lo que respecta al gasto de capital, las compras de bienes de esta
naturaleza se incrementaron a 2% en 1994, mientras que la partida “obras” in-
crementó su participación de 1% en 1990 a 12% en 1994.
INDICADORES DE EDUCACIÓN
En esta sección se describen los principales indicadores de la educación en el
país. Estos indicadores ayudan a conocer si las inversiones en educación cum-
plen con su papel generador de capital humano.
Indicadores de eficiencia
Para evaluar la eficiencia en la educación, se han considerado tres indicadores
claves: el atraso escolar, la tasa de deserción escolar y el tiempo escolar efectivo
(en el Perú, de acuerdo con el Ministerio de Educación, un alumno debe recibir
36 semanas efectivas de clase durante el año escolar, es decir, poco más de mil
horas29). Vinculado con estos indicadores esta la tasa de promoción escolar, de-
finida a partir del número de alumnos que efectivamente aprueban el año y se
matriculan en el siguiente30.
En 1984, 18 de cada 100 alumnos matriculados en primaria repitió de año y
9 se retiraron de la escuela. En el caso de secundaria, 12 de cada 100 alumnos
repitieron y 10 de cada 100 abandonaron la escuela. Los indicadores de educa-
ción mejoraron en los años siguientes: en 1990, las tasas de repitencia y deser-
ción en primaria eran de 10% y de 6% respectivamente. En secundaria, las tasas
disminuyeron a 9% para repitencia y 7% para deserción.
Respecto a la tasa de promoción, hubo un incremento importante durante la
década de los ochenta. En 1984, esta tasa era de 74% en primaria y de 79% en
secundaria, mientras que en 1990 aumentó hasta 84% en ambos niveles.
En la década de los noventa, la tasa de promoción cayó fuertemente durante
los tres primeros años31, mientras que aumentó la tasa de deserción de los matri-
29 Instituto Apoyo. 1997. Data Social, Vol III, Nº2, Perú, mayo.
30 Del total de alumnos matriculados en un año, los que aprueban el año y se vuelvan a matri-
cular son catalogados dentro de la tasa de promoción, los que repiten se contabilizan en la tasa de
repetición y los que no vuelven a matricularse conforman los retirados.
31 La tasa de promoción en primaria fue 76,8% en 1991, 76,5% en 1992 y 78,6% en 1993; en
secundaria fue 81,5% en 1991, 81,3% en 1992 y 82,1% en 1993.

651PERÚ
culados en secundaria (8,0% en 1991, 8,2% en 1992 y 7,8% en 1993). Sin em-
bargo, los indicadores se recuperaron en los años siguientes32.
Para evaluar la eficiencia de la educación en el Perú deben identificarse los
motivos que llevan a los alumnos a desertar o a repetir el año escolar.
La deserción escolar generalmente ocurre en la transición de primaria a se-
cundaria. Esto se explica por el costo de oportunidad al convertirse los niños en
una posible fuente de ingresos: Así la educación fuera gratuita, el costo de en-
viar un menor al colegio incluye los ingresos que deja de aportar al hogar. La
situación se agrava en períodos de recesión: Así se explica el aumento de la de-
serción escolar en secundaria en los primeros noventa.
La situación es más grave en el área rural. En áreas urbanas, el 17% de los
alumnos de primaria ha repetido de grado al menos una vez; en las áreas rurales,
el 26%. Y cuando la lengua materna es quechua, aymará u otros dialectos, el atraso
y la deserción escolar en educación primaria rural llegan a 63% y 12% respecti-
vamente33.
Según información para 1996, el 56% de las madres considera que la educa-
ción en los colegios estatales es mala. Y el 69% está en desacuerdo con la afir-
mación de que una mayor educación se reflejará en mayores ingresos en el
futuro34. Los bajos beneficios esperados y el alto costo de oportunidad, son cla-
ros desincentivos a la participación de los más pobres en educación.
Tasa de analfabetismo
En 1981 la tasa de analfabetismo urbana fue 8,1%, y la rural, 39,6%, con una
diferencia de 31,5 puntos porcentuales. En 1993, estas tasas eran de 6,7% y 29,8%
para las áreas urbana y rural respectivamente; la diferencia era de 23,1 puntos
porcentuales.
Considerando el costo que significa para los pobladores, ir y sentarse a es-
cuchar tres horas de clases, el PROMUDEH (Ministerio de Promoción de la Mujer
y Desarrollo Humano) implementó, en todo el país, los Programas de Alfabeti-
zación (PROAL). Estos incluyen, además de la enseñanza de lectura y escritura,
otros temas (planificación familiar, educación para el trabajo y educación sexual).
El idioma ha resultado muchas veces un problema para el éxito del progra-
ma. Por ello, se ha empezado a considerar la lengua nativa como un primer idio-
ma y el castellano como auxiliar. Pese a la limitaciones, gracias a estos programas,
se prevé una reducción de un 15% en la tasa de analfabetismo en el Perú.
32
Según estimados a partir del Censo Escolar de 1993, cerca del 4% de los escolares (109
mil) abandona la primaria cada año.
33
Censo Nacional Escolar 1993.
34
Instituto Apoyo. 1997. Data Social, Vol III, Nº 2. Perú, mayo.

Inversión en infraestructura educativa
A partir de 1990, el gobierno central ha invertido en la ampliación de la infraes-
tructura educativa. En 1994, el INFES tuvo la meta de construir un colegio dia-
rio durante todo ese año. Estas obras han sido realizadas en las áreas
urbano-marginales de Lima y principales capitales de provincias, las cuales con-
centran la mayor proporción de la población en edad escolar, así como conside-
rables déficit de infraestructura educativa.
Un problema relacionado con los centros educativos es la carencia de servi-
cios básicos como luz, agua y desagüe. Según el Ministerio de Educación35 en
las ciudades sólo el 44% de los colegios cuenta con estos servicios. En el campo
sólo el 3% de los colegios tiene servicios de agua, luz y desagüe.
También persiste una falta de materiales educativos para el dictado de cla-
ses. Asimismo, los colegios no suelen contar con bibliotecas adecuadas para la
enseñanza. El informe “Desde los Niños/as: Análisis de las Políticas Educativas
1995-1997” preparado por el Foro Educativo muestra que existe un libro de lec-
tura por cada dos alumnos, un libro de matemáticas por cada cinco y un libro de
ciencias naturales por cada veinte alumnos.
Otro problema es la falta materiales didácticos. En efecto, quince de cada
cien niños de los primeros años de primaria no tienen cuadernos ni lápices y la
mitad no tiene ni regla, ni tajador ni borrador. Por otro lado, cerca del 40% de
los colegios tienen necesidad de más carpetas para que se sienten los alumnos:
no las hay en cantidades suficientes o, simplemente, no las hay36.
Respecto a nuevas herramientas de estudio, a pesar de los esfuerzos por im-
plementar laboratorios de informática, existe en promedio una computadora por
cada 1.114 alumnos37.
ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
POR GRUPOS DE INGRESO
A continuación se describen los hogares beneficiados con los subsidios en edu-
cación por ámbito geográfico y por grupo de ingreso per cápita38.
Los resultados de la Encuesta de Niveles de Vida de 1997 revelan que, del
total de personas que estudian actualmente en un centro de educación público,
el 61,6% corresponde a las zonas urbanas, y el 38,4%, a zonas rurales.
35
Proyecto PNUD-GTZ-1993
36
Francke, Pedro. 1994. La Educación Pública, los Pobres y el Ajuste, APRODEH y CEPAL,
Lima.
37
Foro Educativo. 1997. Desde los Niños/as: Análisis de las Políticas Educativas 1995-1997,
Lima.
38
La información utilizada proviene de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida 1997.

653PERÚ
Esta diferencia se incrementa a medida que se aumenta de nivel educativo. Así,
del total de personas que estudian primaria, el 51,6% corresponden al área urbana
y el 48,4% al área rural, mientras que en educación superior (universitaria y no
universitaria), el 89,4% está en zonas urbanas y el 10,6% en zonas rurales.
En cuanto al gasto de las personas en educación, las personas que habitan en
zonas rurales gastan en promedio entre US$ 0 y US$ 50, mientras que en las zo-
nas urbanas el 77% de la población gasta en promedio más de US$ 50.
En cuanto a la estructura educativa, en las zona urbanas el 47,3% de los es-
tudiantes está en primaria, el 37,1% en secundaria y el 15,6% en estudios supe-
rior. En el ámbito rural, el 71,4% de la población está en primaria, el 25,7% está
en secundaria y apenas el 3% sigue estudios superiores
En general, el ingreso per cápita guardan una relación estrecha con la rurali-
dad de las poblaciones. La población en edad escolar de los quintiles más bajos
se está educando básicamente en primaria39. Los quintiles más altos se caracteri-
zan un mayor porcentaje de su población en centros de educación superior.
Claramente, las poblaciones urbanas, costeñas y de mayor ingreso son los
principales usuarios de los centros de educación pública. Esto es, una propor-
ción importante de los recursos destinados al sector educativo es absorbido por
personas que podrían pagar por su educación. La capacidad de identificar con
precisión a las personas que pueden financiar su educación permitiría liberar re-
cursos que podrían ser reasignados hacia los sectores más pobres.
4.3. Evolución de los gastos en salud
Los gastos en salud muestran una trayectoria decreciente desde comienzos de
los años ochenta, empezando con 1% del PBI en 1980-1985 y llegando a 0,5% a
principios de los noventa. Posteriormente, el gasto en salud se recupera hasta un
promedio de 0,7% en 1993-1996.
Históricamente, los gastos en salud han sido menores que los realizados en
educación. Entre 1980 y 1985, los gastos en salud fueron ligeramente superiores
al 4% de los gastos totales del gobierno central y cercanos al 1% del PBI. La
tendencia fue ligeramente decreciente durante todo el quinquenio.
Entre 1990 y 1985, el gasto en salud se recupera ligeramente respecto a los
gastos sociales alcanzando una participación de 4,9% en 1988. Sin embargo, la
tendencia siguió siendo decreciente como porcentaje del PBI. Posteriormente, en
1989 y 1990, los gastos en salud se redujeron por la recesión.
En los primeros años de la década de los noventa, con la contracción del gasto
público el gasto en salud llegó a 0,5% del PBI. Posteriormente, el gasto en salud
mantuvo un promedio de 0,7% entre 1996 y 1993. Durante los años noventa, se
39
Los quintiles se ordenan en forma ascendente, es decir, el primer quintil corresponde a los
más pobres y el quinto, a los más ricos.

viene desarrollando una serie de programas de alivio de la pobreza. Estos pro-
gramas se han convertido en la fuente principal del crecimiento del gasto social40.
Incluyen partidas destinadas a la compensación en alimentos y servicios de aten-
ción materno-infantil. Sin embargo, estos niveles de gasto son muy inferiores al
1,1% del PBI alcanzado en 1980.
GASTO RECURRENTE Y GASTO DE INVERSIÓN EN SALUD
El gasto recurrente en salud incluye las remuneraciones, las transferencias y la
adquisición de bienes y servicios. Los gastos de inversión o gastos de capital ha-
cen referencia a los gastos de infraestructura.
CUADRO 3
PERÚ: Indicadores del Gasto Social en Salud
(1980-1996)
Años Gasto real Gasto real Gasto Salud Gasto corriente Gasto de Capital
% del PBI % Gasto gob.central % Gasto Social % Gasto salud 1/ % Gasto salud 1/
1980 1,1 4,8 23,7 88,8 11,2
1981 1,1 5,1 24,3 86,9 13,1
1982 0,9 4,4 22,6 90,5 9,5
1983 1,0 4,3 25,4 82,7 17,3
1984 1,0 4,3 25,7 88,5 11,5
1985 1,0 4,4 26,3 84,0 16,0
1986 1,0 4,7 21,7 79,4 10,6
1987 0,8 4,8 26,4 80,7 19,3
1988 0,7 4,9 23,5 90,1 9,9
1989 0,6 4,5 20,6 94,4 5,6
1990 0,5 3,7 23,1 96,9 3,1
1991 0,5 4,3 22,7 96,8 3,2
1992 0,6 3,1 25,0 96,1 3,9
1993 0,8 7,9 17,7 96,9 3,1
1994 0,7 6,3 21,3 95,3 4,7
1995 0,7 10,4 24,7 93,6 6,4
1996 0,6 10,2 23,9 n.d n.d
1/ A partir de 1992 corresponden a gastos del tesoro público
FUENTE: INEI,Compendio de Estadísticas Sociales, 1994 – 1996.
INEI,Compendio Estadístico, 1992 – 1996.
CIUP, Informe de Coyuntura, Primer Semestre 1993.
40 Desde 1994 hasta 1997 el Estado ha destinado US$ 88 millones al Programa de Focaliza-
ción (Programa de Salud Básica para Todos).

655PERÚ
En 1980-1985 la proporción de gastos recurrentes sobre el total fue en pro-
medio de 86,5%, mientras que los gastos de capital alcanzaban el 14,5% del gasto
total en salud. En 1986, se redujeron los gastos corrientes del sector salud, pa-
sando a 79% del gasto total en salud desde 84% en 1985. A partir de 1988, los
gastos recurrentes se incrementaron a 96% del gasto en salud. En 1994-1995 los
gastos de capital se incrementaron de 3,1% en 1993, a 4,7% en 1994 y hasta
6,4% en 1995.
En resumen, los gastos de inversión en salud han ido disminuyendo desde
1980, a excepción de los años 1994-1995, en los que se observa un ligero incre-
mento. La reducción en inversión se debe a que los programas de salud y nutri-
ción están destinados a favorecer las atenciones de salud básica y apoyo
nutricional más que a crear importantes obras de infraestructura de salud, como
sí ocurre en el caso de educación. Sin embargo, el importante crecimiento de-
mográfico de las últimas décadas sugiere que la infraestructura de salud actual
debe ampliarse para atender a las personas que lo requieran.
IMPACTO DEL GASTO: INDICADORES DE SALUD
Tasa de mortalidad
La tasa de mortalidad (número de defunciones por cada mil personas) ha pasado
de 9,04 en 1980 a 7,74 en 1985; y de 6,85 en 1990 a 6,43 en 1995.
En cuanto a la mortalidad infantil, se observa que de cada 1000 niños que na-
cieron durante 1991-1996 en promedio 43 de ellos murieron antes de cumplir su
primer año de vida. La tasa de mortalidad infantil evidencia una reducción del 25%
con respecto a la estimada para 1986-1991. Este nivel de reducción ha sido mayor
al observado entre los quinquenios de 1981-1986 y 1986-1991 que fue del 14%41.
ESPERANZA DE VIDA AL NACER
Este indicador muestra un incremento de la esperanza de vida entre la década de
los ochenta y los noventa. Pasó de 61,6 años entre 1980 y 1985 a 66,7 años en el
período 1990-1995.
En la última década este indicador se ha venido incrementando, pasando de
61,6 en 1990 a 68,5 en 1998 (según proyecciones), siendo para las mujeres de
71 años en 1998 y para los hombres de 66 en el mismo año. Este nivel parece
responder también a una mejora en el alcance de los servicios sociales básicos
por parte de la población.
41
Encuesta ENDES 1996 (1997).

El aumento de la esperanza de vida reflejaría una mejora en materia de nu-
trición adecuada, buen estado de salud, condiciones educativas de las madres,
acceso a servicios de salud, etc.
Tasa de morbilidad
La tasa de morbilidad relaciona el número de enfermos por cada mil personas.
Según la Encuesta Nacional de Niveles de Vida 1994 (ENNIV 94) el 32,7% de
la población presentó algún tipo de enfermedad, mientras que en 1997, el 35,8%
de las personas reportaron tener algún tipo de enfermedad.
Una descripción de las principales enfermedades infecciosas durante la in-
fancia refleja que particularmente la diarrea y las infecciones respiratorias son
las enfermedades de más alta prevalencia.
El 18% de los niños menores de cinco años tuvieron diarrea en las dos semanas
previas a la ejecución de la encuesta ENDES de 1996. El caso más dramático lo vi-
ven los niños de 6 a 23 meses de edad cuya tasa de prevalencia alcanza el 28%.
En cuanto a los niños menores de 5 años, el 20% presentó síntomas de in-
fecciones respiratorias agudas; en particular, el indicador llega al 27% entre los
niños de 6 a 11 meses de edad. Lo preocupante es que apenas el 46% de estos
casos fue atendido en establecimientos o por proveedores de salud.
Esta situación refleja un descuido importante de la población en materia ali-
mentaria y prácticas de higiene, y una falta de acceso a servicios de saneamiento
básico y de acceso y uso de los servicios de salud preventiva, etc.
Vacunación infantil
Dentro de los principales logros en materia de salud básica que ha tenido el go-
bierno de Fujimori está el de reducir el porcentaje de niños pobres extremos sin
vacunación de 11% en el 1991 a 4% en 1994. También se destaca que la pobla-
ción infantil goza de un mayor acceso a las consultas de salud, pasando de un
24% en 1991 a 33,4% en 1994.
Estos logros se reafirman en el año de 199642. La cobertura de los progra-
mas de inmunización para ese año alcanzaron a casi la totalidad de los niños de
12 a 23 meses; es decir, el 94% de estos niños fue vacunado contra la BCG y un
86% contra el sarampión.
Esta situación refleja que los esfuerzos que se están haciendo en materia de
promoción, prevención y acceso a servicios de salud están logrando el objetivo
de beneficiar a las personas de menos recursos.
42
Encuesta ENDES 1996 (1997).

657PERÚ
Nutrición infantil
Una adecuada nutrición evita que los niños sufran de retardo en el crecimiento,
problemas locomotrices y de aprendizaje que limitarían su desarrollo futuro43.
Según Cortez (1997), en el año 1994 el 77% de la población infantil en ex-
trema pobreza presentó algún síntoma de desnutrición, mientras que para el caso
de los niños no pobres este porcentaje se reduce a 46%.
En el Perú se estiman tres tipos de desnutrición: la desnutrición crónica, que
mide el retardo en el crecimiento y responde a factores estructurales de la socie-
dad; la desnutrición aguda, que responde a pérdidas recientes de peso; y la des-
nutrición global, que es útil para detectar cambios en el estado nutricional de niños
que son monitoreados de forma continua.
La tasa de desnutrición crónica44 se ha reducido en los últimos años, pasan-
do a 25,8 en 1995 desde 36,5 en 199145. Según la encuesta ENDES de 1996, en
ese año el 26% de niños menores de 5 años en el Perú adolecía de desnutrición
crónica. Los departamentos más afectados por este tipo de desnutrición son Cuzco,
Ayacucho, Apurímac, Pasco y Huancavélica, lugares en donde el grado de des-
nutrición es superior al 40%.
El porcentaje de niños con desnutrición aguda46 llega al 1% para todo el país,
manteniéndose en un nivel similar al de años anteriores. Los departamentos del
área rural son los que presentan una mayor proporción de niños con desnutrición
aguda (2%), siendo los departamentos de la selva peruana los más afectados (3%).
En cuanto a la tasa de desnutrición global47, en 1996 el 8% de los niños me-
nores de 5 años presentaba un peso deficiente para su edad, cifra menor en 27%
a la correspondiente a 1991.
En suma, los resultados obtenidos en todos los indicadores de salud reflejan
una mejora, por parte del Estado e instituciones privadas, en la cobertura de los
servicios de salud a través de diferentes programas de asistencia.
Por ejemplo, durante 199548, 6 de cada 10 hogares se habría beneficiado de
por lo menos un programa destinado a complementar el nivel alimentario y nutri-
cional de las familias, lo cual equivaldría a 2 millones 380 miles de familias.
ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS
DE SALUD POR GRUPOS DE INGRESO: EQUIDAD DISTRIBUTIVA
Las asignaciones de servicios de salud públicos apuntan a beneficiar a personas
que por sus escasos recursos son incapaces de financiarlos por sí mismos. De
43
Los indicadores de nutrición se estiman para niños menores de 5 años.
44
Relaciona la talla con la edad.
45
INEI, Compendio Estadístico 1995-1996.
46
Relaciona el peso con la talla.
47
Relaciona el peso con la edad.
48
Cortez y Calvo (1997) sobre la base de la encuesta ENAHO 1995.

inmediato surge la pregunta: ¿Son los programas de salud capaces de identificar
a su población objetivo y a quienes estando en condiciones de adquirir un segu-
ro privado? Para responder a esta pregunta se realizó un análisis sobre la base de
la Encuesta de Niveles de Vida 1997. Estas estimaciones permiten observar que
los principales centros en donde se realiza atención preventiva de salud son: Cen-
tro o Puesto de Salud MINSA, Establecimiento IPSS y Hospital MINSA, los cua-
les atienden respectivamente a 1.225.029, 857.086 y 801.906 personas. Sólo el
39,0% de éstas corresponde a los quintiles más bajos, mientras que el 38,8% co-
rresponde a los quintiles más altos.
Un estudio realizado por Cortez para 199449 sobre la base de la Encuesta de
Niveles de Vida de ese año muestra que, en promedio, los precios cobrados por
el Ministerio de Salud (MINSA) sólo cubren el 40% de los costos de atención
ofrecidos por las postas y centros de salud y un 25% de los ofrecidos por los
hospitales50.
Con relación a los subsidios recibidos por consulta de los usuarios, se obser-
va un patrón diferente entre los hospitales y las postas o centros de salud. El sub-
sidio por consulta otorgado por los hospitales no presenta una diferencia
significativa según quintil de ingreso. Por ejemplo, mientras el usuario del quin-
til más pobre recibía un subsidio de 13,35 nuevos soles de 1994 por consulta, el
usuario del quintil más rico recibe un subsidio de 10,70 nuevos soles de 1994.
Se observa que el subsidio otorgado es regresivo. Mientras la diferencia de los
subsidios transferidos según quintil es mínimo, el ingreso por persona del quin-
til V es 8.8 veces superior al registrado por el quintil I.
Para 1995, el valor estimado del subsidio de la atención de salud del MINSA
es 102 millones de dólares. El 68,3% de los subsidios fueron transferidos a tra-
vés de los servicios de atención de los hospitales, y el 31,7% por las postas y
centros de salud.
El quintil más pobre recibe el 35,7% de los subsidios totales transferidos por
las postas y centros de salud, y sólo el 10,0% en el caso de los hospitales. En
términos generales, la distribución del subsidio en los hospitales no es equitati-
va. Los dos quintiles superiores concentran el 56% de los subsidios. En el caso
de las postas y centros de salud, la transferencia de los subsidios favorece a los
más pobres. Los dos quintiles inferiores concentran el 58% de los subsidios trans-
feridos por las postas.
En general, se comprueba que no sólo es el factor precio el que ha estado
influyendo sobre los estratos de mayores ingresos para utilizar los servicios de
salud públicos, sino que además son estos estratos los que se ven favorecidos
con mayores subsidios cada vez que utilizan estos servicios.
49
Cortez, Rafael. 1996. El acceso a los servicios de atención de la salud en el Perú y la equi-
dad en su financiamiento. Revista de Análisis Económico, Santiago.
50
No incluye establecimientos IPSS, Puesto Comunales y otros.

659PERÚ
4.4. Estimación del gasto en servicios sociales básicos
Por problemas de información, se realizan las estimaciones a partir de los Presu-
puestos Generales de la República correspondientes al periodo entre 1984 y 1998
inclusive. Los presupuestos brindan una idea de la intención de los gobiernos,
aunque no corresponden con lo efectivamente gastado; tampoco señalan la can-
tidad y características de la población beneficiada.
La definición de servicios sociales básicos acordada en la reunión de Oslo
incluye educación básica, salud básica (incluyendo planificación familiar), pro-
gramas de nutrición y programas de agua potable de bajo costo. Para los años de
1980 a 1983 resultó imposible estimar los montos asignados a servicios sociales
básicos debido a que los Presupuestos Generales de la República de esos años
no permitían diferenciar qué parte de los presupuestos de cada ministerio se des-
tinaban a este tipo de servicios. En consecuencia, la serie con la que se trabaja
en este análisis comienza en 1984. Las asignaciones llegaron a 12,9% del presu-
puesto en 1984 y a 11,3% en 1985.
Entre 1986 y 1990, los resultados muestran un crecimiento importante de las
asignaciones a servicios sociales básicos, y se registraron en casi todo el periodo
cifras superiores al 20%, aun durante los últimos años de los ochenta. En 1988, las
asignaciones a servicios sociales básicos fueron de 26,3% y, en 1989, de 23,9%.
Al entrar en la década de los noventa, las asignaciones a servicios sociales
básicos fueron cercanas al 10% del total del gasto de gobierno. El porcentaje au-
menta en los años siguientes en, hasta alrededor del 20% en 1997 y 1998.
En general, en el período 1985-1990, las caídas en el producto se relacionan
con incrementos en los servicios sociales básicos (como porcentaje del gasto del
gobierno). Este comportamiento anticíclico en la asignación a estos servicios res-
ponde al populismo del gobierno en ese período.
En cambio, en la década de los noventa, el gasto en servicios sociales bási-
cos ha sido procíclico: los fondos han evolucionado en el mismo sentido que la
economía en su conjunto. En resumen, las asignaciones presupuestales a servi-
cios sociales básicos han ido aumentando sistemáticamente, superando incluso
las proporciones de inicios de los años ochenta, confirmando el interés del go-
bierno por estos servicios sociales.
Alternativamente, a los resultados de la primera estimación se añadió la esti-
mación de una nueva canasta de servicios sociales básicos, en la que se incluyen
rubros adicionales. La nueva canasta se definió de la siguiente manera:
Educación:
• Programas de educación primaria, secundaria
• Programas de alfabetización
• Programas de educación ocupacional
Salud:
• Programas de planificación familiar

CUADRO4
PERÚ:Estimacióndelgastopresupuestadodelgobiernocentralenserviciossocialesbásicos,definiciónOslo.1984-1998.
(MillonesdeUS$de1996)
Sector/Programas198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998
Educación603,9462,3748,6864,2394,498,952,954,968,5114,9103,7262,7193,0296,6364,2
Nutrición21,628,320,59,11,63,73,01,9172,3312,5302,9374,5328,3454,2402,2
Salud287,2218,0300,7306,7176,758,353,5111,8120,5135,5138,3490,2452,0345,5344,9
Infraestructuraeducativa
ydesalud52,225,488,566,614,332,620,635,517,235,334,3114,240,677,067,5
Saneamiento0,00,00,00,00,04,40,00,40,73,350,220,063,489,5145,4
Planificaciónfamiliar6,96,47,79,13,71,32,810,89,17,67,316,720,317,419,0
TOTALSERVICIOS
SOCIALES
BÁSICOS(SSB)971,7740,51.166,01.255,7590,7199,0132,7215,4388,2609,2636,61.278,31.097,71.280,11.343,2
Gastototaldel
gobiernocentral7.555,56.548,35.848,56.321,12.247,0832,51.635,44.344,76.334,96.614,48.150,19.927,99.072,36.387,46.728,1
SSB/Gastototaldel
gobiernocentral12,86%11,31%19,94%19,86%26,29%23,91%8,12%4,96%6,13%9,21%7,81%12,88%12,10%20,04%19,96%
FUENTE:PresupuestoGeneraldelaRepública.
Elaboraciónpropia.

661PERÚ
• Programas de cuidado de salud básica (Incluye prevención, promoción y cu-
ración básica)
• Preservación del medio ambiente
Infraestructura económica
• Infraestructura vial
• Inversión en desarrollo comunal, comunitario
• Infraestructura social básica
Otros
• Programas de planificación familiar
• Programas de agua y saneamiento en áreas rurales y urbanos marginales
• Asentamiento y desarrollo rural
• Dimensión y protección ambiental
Los resultados no muestran una importante modificación respecto a los en-
contrados para el primer quinquenio de los ochenta. Para 1984, la asignación al-
canzó el 20,9%, mientras que en 1985 fue de 19,1%.
Durante el período 1986-1990, la asignación crece hasta 1989 (35,8%) y se
reduce en 1990 a 3,4% de los gastos totales del gobierno central.
Considerando la nueva estructura de la canasta de servicios sociales bási-
cos, la década de los noventa se inicia con una asignación de 15,0%. Este por-
centaje se va incrementando hasta alcanzar 22,0% en 1995. En adelante, el
porcentaje se incrementa hasta situarse en un nivel superior al 30% en los años
1997 y 1998.
En este sentido, los resultados iniciales subestiman los esfuerzos del gobier-
no en materia de servicios sociales básicos. Esta nueva estructura refleja en ma-
yor medida las inversiones orientadas a permitir la integración de las poblaciones,
considerando la necesidad de medios de comunicación mínimos para participar
de una economía de mercado.
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: EJECUCIÓN 1997
Una revisión de los montos ejecutados en servicios sociales básicos en 1997,
incluyendo todas las fuentes, revela una inversión de US$ 1.800 millones para
ese año. Los rubros más favorecidos fueron Educación y Cultura, y Nutri-
ción; entre los dos han recibido una asignación total cercana a los US$ 1.300
millones.
Los resultados de la ejecución muestran que, utilizando la definición acor-
dada en Oslo, el gobierno dirige el 16,4% de sus asignaciones a servicios socia-
les básicos.

CUADRO5
PERÚ:Estimacióndelgastopresupuestadodelgobiernocentralenserviciossocialesbásicos,definiciónpropia.1984-1998.
(MillonesdeUS$de1996)
Sector/Programas198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998
Educación603,9462,3748,6864,2394,412,254,998,968,5114,9103,7262,7193,0296,6364,2
Nutrición21,628,320,59,11,60,71,93,7172,3312,5302,9374,5328,3454,2402,2
Salud287,2218,0300,7306,7176,712,3111,858,3120,5135,5138,3490,2452,0345,5344,9
Infraestructuraeducativa
ydesalud52,225,488,566,614,34,735,532,617,235,334,3114,240,677,067,5
Saneamiento0,00,00,00,00,00,00,44,40,73,350,220,063,489,5145,4
Planificaciónfamiliar6,96,47,79,13,70,610,81,39,17,67,316,720,317,419,0
Otros608,7512,8520,5494,8135,824,5449,398,9171,8381,4726,6900,9680,2801,1850,6
Programasde
compensación
socialydesarrollo323,8256,7316,7357,3103,489,922,1423,958,9342,0420,8507,1283,5185,2304,9
Medioambiente9,47,515,32,10,80,50,11,30,50,40,41,15,40,91,7
InfraestructuraVial274,8248,1188,0134,631,16,22,323,9112,238,7305,2391,6389,6559,3482,9
Energía0,70,50,50,80,42,30,00,20,20,20,21,11,855,861,1
TOTALSERVICIOS
SOCIALESBÁSICOS(SSB)1.580,51.253,31.686,51.750,4726,555,0664,7297,9560,1990,51.363,12.179,21.777,92.081,32.193,9
Gastototaldelgobierno
central7.555,56.548,35.848,56.321,12.247,0233,64.344,7832,56.334,96.614,48.150,19.927,99.072,36.387,46.728,1
SSB/Gastototaldel
gobiernocentral20,92%19,14%28,84%27,69%32,33%23,56%15,30%35,79%8,84%14,98%16,73%21,95%19,60%32,58%32,61%
FUENTE:PresupuestoGeneraldelaRepública.
Elaboraciónpropia.

663PERÚ
SERVICIOS SOCIALES FINANCIADOS POR DONACIONES
Y CRÉDITOS DEL EXTERIOR
Flujos de donaciones asignadas a servicios sociales
En esta sección se evalúa el flujo de donaciones desde 1990 hasta 1997, espe-
cialmente las donaciones destinadas a servicios sociales básicos. En primer lu-
gar, se observa que los fondos destinados a servicios sociales básicos no siguen
una trayectoria estable respecto al total de donaciones. En 1990, la proporción
fue de 56,9%, disminuyendo a 13,0% en 1991 y reduciéndose sistemáticamente
hasta 1993, cuando alcanzó apenas el 5,6%. En 1994, esta proporción se incre-
mentó a 29,2%, pero luego inició nuevamente un ritmo decreciente hasta situar-
se en 21,4% en 1996.
En cuanto a la estructura del flujo de donaciones, se observa que hasta 1992
el rubro Ayuda alimentaria fue el más favorecido, con el 50% del total de asig-
naciones a servicios sociales básicos. A partir de 1993, se empieza a favorecer
los rubros de Salud básica, y de Agua potable y saneamiento.
Observando la participación de las donaciones sobre el total se aprecia des-
de 1990 una clara tendencia decreciente, de 65,0% del total de donaciones se
redujo a 12,9% en 1995 y hasta 22,0% en 1996. Sin embargo, es oportuno acla-
rar que esta disminución no debe tomarse como una mala noticia para el Perú;
en efecto, el flujo principal de inversión social fue financiado por el Tesoro Pú-
blico, lo cual indica una importante independencia respecto a las donaciones ex-
ternas en lo que se refiere a inversión social.
CUADRO 6
PERÚ: gasto social y en servicios sociales básicos, ejecución 1997
por toda fuente del Gobierno Central
(Millones de US$ de 1996)
Función Monto (S/.)
Educación y Cultura 701.771.352
Nutrición 605.975.554
Salud y Saneamiento 483.946.493
Abastecimiento de Agua 279.830
Asistencia Comunitaria 8.253.215
Gasto Social Básico 1.800.217.443
Ejecución total 10.963.159.553
Iniciativa 20/20: Proporción en SSB 16,42%
FUENTE: MEF. Dirección Nacional del Presupuesto Público

Conviene esclarecer que la disminución en los flujos de donaciones a servi-
cios sociales responde a un incremento del flujo destinado a Producción (entre
1990 y 1992), y a Infraestructura económica y servicios (a partir de 1993). Estos
resultados muestran que los flujos de donaciones han estado abocados a solucio-
nar los problemas más urgentes considerando la coyuntura económica del país.
No es extraño, por tanto, que durante los primeros años de la década de los no-
venta, cuando el país pasaba por una etapa de cambios estructurales, se haya otor-
gado una mayor preferencia a las inversiones productivas.
En este mismo sentido, no es sorprendente que, al iniciarse una etapa de es-
tabilidad económica, el flujo de donaciones haya sido destinado a inversiones en
infraestructura económica. La función de estas inversiones es complementar los
esfuerzos de estabilización económica con una infraestructura que permita un
mejor flujo de bienes en todo el país, así como la generación de los medios mí-
nimos necesarios para poder producirlos.
Flujos de créditos del exterior asignados a servicios sociales
Entre 1980 y 1985, el flujo total de créditos fue de US$ 7.136 millones, equiva-
lente a 2,2% del PBI para esos años. De este monto, 19,2% fue destinado a gas-
tos sociales (0,4% del PBI y 6,9% del gasto social), del cual 12% fue destinado
a servicios sociales básicos.
CUADRO 7
PERÚ: Cooperación internacional
(Miles de US$)
Años
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1. INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y SERVICIOS 2.314 6.727 20.175 18.380 119.635 34.667 227.768
EDUCACIÓN 1.764 2.266 14.018 725 3.867 2.487 9.286
SALUD 212 0 1.020 3.653 26.178 14.095 8.104
AGUAY SANEAMIENTO 2.835 2.406 5.475 68.064 14.984 202.933
OTROS 338 1.626 2.731 8.527 21.526 3.101 7.445
2. AYUDAALIMENTARIA 1/ 71.879 83.627 14.264 5.478 1.802 1.721 4.464
3. ASISTENCIA POR EMERGENCIA 6.429 3.733 1.651 2.619 1.616 2.727 2.586
TOTAL DONACIONES ASSB 80.622 94.087 36.090 26.477 123.053 39.115 234.818
TOTAL DONACIONES 141.717 722.845 252.119 472.664 421.459 374.889 1.095.991
PROPORCIÓN DONACIONES SSB 56,9% 13,0% 14,3% 5,6% 29,2% 10,4% 21,4%
1/ No incluye asistencia por emergencia.
FUENTE: OECD – DAC
Elaboración: Propia

665PERÚ
Entre 1986 y 1990, el flujo de créditos disminuyó sustancialmente, alcan-
zando apenas los US$ 1.580 millones (0,6% del PBI de esos años). No sola-
mente disminuyeron los montos de dinero en créditos adquiridos por el país,
sino que apenas 14,9% del flujo total se destinó a gasto social, reduciendo su
participación en los gastos sociales a cerca de 2% (aproximadamente 1,3% del
PBI). En particular, los servicios sociales básicos no sobrepasaron el 11,0% del
total de los créditos, es decir, alrededor de 173 millones de dólares (0,06% del
PBI).
A partir de 1990, se incrementa el flujo total de créditos, incluyendo los cré-
ditos para gasto social. Entre 1990 y 1997, se recibieron un total de US$ 9.289
millones en créditos (2% del PBI), de los cuales el 37,3% fue destinado a gasto
social (0,7% del PBI y cerca del 30% del gasto social). De este último, el 21,4%
fue destinado a servicios sociales básicos, es decir US$ 1.983 millones (0,4% del
PBI).
La distribución de los flujos de créditos durante los años noventa es más fa-
vorable al gasto social, especialmente a los servicios sociales básicos. Lo mismo
ocurre con los gastos sociales financiados por el tesoro público.
CUADRO 8
Distribución Sectorial de la Ayuda que recibe el Perú, 1990-1997
Años
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
I. Infraestructura Social y de Servicios 24,2 43,1 32,1 44,6 84,6 36,6 23,9 41,5
1. Educación 2,8 1,5 13,8 0,9 3,3 1,4 0,9 0,5
2. Salud 2,4 2,3 5,7 8,7 15,7 16,8 1,9 -
3. Programa de población 12,8 3,2 5,3 16,4 8,0 1,1 0,1 -
4. Abastecimiento de agua y sanidad - 1,8 2,3 5,8 36,5 8,4 19,2 41,1
5. Gobierno y Sociedad Civil 5,6 33,3 1,7 2,2 9,3 4,1 0,6 -
6. Otros 0,5 1,1 3,3 10,6 12,0 4,8 1,3 -
II. Infraestructura Económica y Servicios 12,6 22,5 18,4 11,2 3,3 10,2 64,3 0,6
1. Transporte y almacenaje 7,9 8,3 4,8 9,5 - - 34,6 -
2. Comunicación 1,1 - 0,8 0,0 1,1 6,1 - 0,6
3. Energía 2,4 13,1 11,3 0,5 - 3,8 29,4 -
4. Banca y Servicios Financieros 1,2 1,1 1,6 0,8 1,5 0,2 0,3 -
5. Negocios y otros servicios - - - 0,4 0,7 0,1 - -
III. Producción 37,2 16,8 19,7 36,6 8,8 26,2 7,0 54,8
1. Agricultura 36,9 9,4 16,6 27,0 6,2 22,4 6,9 31,8
2. Industria, minería y construcción 0,2 4,4 3,0 4,2 2,0 3,8 0,1 23,0
3. Comercio y turismo - 2,9 0,2 5,3 0,5 - - -
IV. Otros Sectores 26,0 17,6 29,8 7,6 3,3 27,0 4,8 3,1
V. Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
FUENTE: Organization for Economic Cooperation and Development.

4.5. Recursos necesarios para permitir el acceso universal
a servicios sociales básicos
En esta sección se realiza estimaciones de los recursos adicionales necesarios para
conseguir el acceso universal a servicios sociales básicos. Además de las esti-
maciones para el total de la población carente de servicios sociales básicos, se
ha incluido por separado estimaciones para los grupos de menores ingresos. Los
rubros considerados son: educación primaria, salud básica, nutrición y agua po-
table rural, sobre la base de los reportes en la Encuesta Nacional de Niveles de
Vida de 1997.
a. Educación. Para determinar la población carente de servicios de educación
primaria se ha considerado a la población de entre 6 y 15 años que reportó
no asistir a ningún centro de educación. Los precios estimados resultaron de
estimar el costo de educación primaria en un centro de educación privado.
Se consideraron los costos anuales de los hogares en centros de educación
primaria debido a que estos corresponden al valor actual de los costos co-
rrientes y de capital de la inversión en colegios primarios.
b. Salud. La población carente de servicios básicos de salud fue estimada con-
siderando la población que reportó haber estado enferma o accidentado pero
que no obtuvo una consulta de salud. Al igual que en el caso de educación,
se estimó el costo por consulta de salud de los centros privados porque re-
flejan el valor actual de los costos corrientes y de capital de la inversión.
c. Nutrición. Para estimar la población con carencias nutricionales se empleó
la tasa de talla por peso para los grupos de menores ingresos y para el total
de la población. Los precios fueron estimados como un promedio de lo que
le cuesta al gobierno cubrir una ración anual de alimentos.
CUADRO 9
Evolución de los créditos contratados del Perú por destino 1980-1997
(Miles de US$)
Años Créditos Contratados
Social
Total Total Social SSB Resto No Social
1980-1985 7.136.544 1.372.239 859.710 512.529 5.764.305
1986-1990 1.579.776 235.150 173.000 62.150 1.344.626
1990-1997 9.289.345 3.463.939 1.983.988 1.479.951 5.825.406
1980-1985 100,0% 19,2% 12,0% 7,2% 80,8%
1986-1990 100,0% 14,9% 11,0% 3,9% 85,1%
1990-1997 100,0% 37,3% 21,4% 15,9% 62,7%
FUENTE: Congreso de la República del Perú.
Elaboración: Propia

667PERÚ
d. Agua potable rural. La población objetivo estaba conformada por el total de
personas en el área rural que reportó no tener acceso a una red pública de
agua potable. El costo fue estimado como un promedio de lo que le cuesta al
gobierno construir una red pública de agua potable en áreas rurales.
En el Cuadro Nº 10 se presentan los resultados de las estimaciones. Desagre-
gando los tipos de servicios y utilizando dólares de 1996, se observa que el acceso
universal a servicios sociales básicos requiere, cada año, de US$ 170 millones adi-
cionales para educación primaria, US$ 531 millones adicionales para salud básica
y US$ 150 millones adicionales para nutrición. Finalmente, el acceso universal a
agua potable en las zonas rurales requiere de US$ 358 millones, una sola vez.
Si consideramos sólo a la población de menores ingresos, los recursos adi-
cionales necesarios para cubrir las necesidades de educación primaria, salud y
nutrición son, respectivamente, US$ 108 millones, US$ 249 millones, US$ 83
millones. El acceso de los quintiles más pobres a agua potable en las zonas rura-
les requiere de una inversión de US$ 243 millones, una sola vez.
Para proveer acceso universal a servicios sociales durante los próximos 10 años,
el gasto total requerido es de US$ 8.869 millones. Si se limita el gasto a los quinti-
les de menores ingresos, la inversión requerida es de US$ 4.637 millones de dóla-
CUADRO 10
Gasto adicional requerido para proveer acceso universal
a Servicios Sociales Básicos
(Valores de 1996)
Educación Salud Nutrición Agua potable
Primaria Básica 3/ Rural
POBLACION SIN ACCESO 1/
Total 298.035 4.465.084 2.253.250 5.557.541
Quintiles más bajos 189.710 2.090.652 1.238.894 3.770.611
COSTO DE PROVISIÓN (1 AÑO) 2/
Unitario (US$) US$ 570,50 US$ 118,30 US$ 66,70 US$ 64,40
Población total (US$ millones) US$ 170,04 US$ 530,79 US$ 150,29 US$ 357,80
Quintiles más bajos (US$ millones) US$ 108,24 US$ 248,53 US$ 82,634 US$ 242,76
NOTA: Las estimaciones se realizaron sobre la base de quintiles de gasto per cápita del hogar.
1/ Para el caso de educación, se consideró a la población de 6 a 15 años que no cuenta con edu-
cación primaria. Para el caso de nutrición se utilizó un indicador antropométrico que relaciona la
talla y el peso.
2/ Los gastos en educación primaria, salud básica y nutrición son anuales, mientras que el gasto
necesario para proveer acceso a agua potable rural se realiza una sola vez y corresponde a la in-
versión total.
3/ Según la ENNIV’ 1997, el gasto promedio per cápita de los hogares en salud, correspondiente a
las 4 semanas anteriores a la entrevista, fue de US$ 9,10. El gasto anual de US$ 118,30 fue esti-
mado multiplicando por 13.
FUENTE: ENNIV, 1997. FONCODES.

res. De acuerdo con estos resultados, bastaría un gasto promedio anual de US$ 886,9
millones, sostenido durante diez años, para asegurar el acceso universal a servi-
cios sociales básicos. Sin embargo, es importante aclarar que estas estimaciones
asumen perfecta focalización de los recursos. Esto significa que los recursos asig-
nados deben beneficiar exclusivamente a las personas identificadas como necesi-
tadas y proveerles exactamente de los servicios que requieren. Aquí conviene
enfatizar que precisamente el problema de falta de acceso a servicios sociales bá-
sicos en el Perú no es tanto la escasez de recursos, sino la falta de agresividad en
la tarea de identificar a la población con mayores necesidades insatisfechas.
4.6. Distribución del gasto social per cápita de los servicios sociales
y costo-efectividad
Para conocer qué tan efectivo es el gasto en servicios sociales básicos, conviene
calcular la proporción del gasto total en educación y salud que corresponde a
cada grupo de ingreso. Las fuentes de información utilizadas son las Encuestas
de Hogares sobre Medición de Niveles de Vida de 1991 y de 1997, consideran-
do los gastos en salud y en educación reportados por los usuarios de los centros
de atención públicos51. Para las estimaciones que se desarrollan a continuación,
un supuesto clave es que el servicio brindado por el Estado no varía según el
grupo de ingreso, sino que los costos de provisión están igualmente subvencio-
nados en todos los casos. Así, puede obtenerse una medida de la progresividad
de los subsidios: los subsidios son más progresivos en la medida en que los quin-
tiles más bajos obtienen una mayor proporción de los gastos totales del Estado.
COSTO-EFECTIVIDAD EN EDUCACIÓN
Para conocer el costo-efectividad en educación, se requiere considerar la propor-
ción del gasto en educación que corresponde a cada grupo de ingreso. Para el
calculo se considera el porcentaje de la población, en cada grupo de ingreso, que
estudia en centros de educación públicos, y su gasto promedio en educación. Al
agregar los gastos totales de todos los grupos de ingreso se obtiene el monto to-
tal gastado en centros de educación públicos. En general, a cada nivel de estu-
dios corresponde una edad promedio de los alumnos52; sin embargo hay personas
cursando su educación primaria que tienen una edad superior a los 20 años y, al
estudiar en un centro de educación público, se benefician del subsidio del Esta-
do a la educación. Es importante no dejar de considerar estas personas, especial-
mente porque en su mayoría pertenecen a los grupos de menores ingresos.
51 Sólo se realizaron estimaciones para los usuarios de servicios públicos.
52 Está previsto que un alumno curse el nivel primario entre los 6 y 11 años y el nivel secun-
dario entre los 12 y 18 años.

669PERÚ
En 1991, el 11,4% del total de gasto en educación primaria correspondía al
quintil con menores ingresos per cápita y el 18,1% correspondía al segundo quin-
til. Al quintil más rico le correspondía el 26,7% y al segundo más rico el 19,4%
respectivamente. Esto quiere decir que más de la mitad del gasto en educación
primaria corresponde a los quintiles de ingreso per cápita más altos. En cuanto
al número de alumnos matriculados, el quintil más pobre comprendía a 539.185
alumnos matriculados en educación primaria, mientras que al quintil más rico
correspondían 208.753 alumnos. De lo anterior se desprende que los alumnos
del quintil superior53 se beneficiaban con un gasto en educación que duplicaba
el gasto en un alumno del quintil más bajo.
En educación secundaria, el gasto del quintil más pobre era 3,2% del gasto
total, y el gasto del quintil más rico alcanzaba el 35,9%. Al quintil 1 correspon-
dían 210.125 alumnos, mientras que al quintil 5 correspondían 263.425 alum-
nos. Nótese que, a diferencia de la educación primaria, la educación secundaria
está asociada a los quintiles de mayores ingresos.
En el caso de los estudios superiores en centros de educación públicos, el
sesgo hacia la población de los quintiles más altos se agudiza. En efecto, del to-
tal de gastos en educación superior, sólo un 1,6% era realizado por los 17.264
alumnos pertenecientes al quintil más bajo, mientras que un 46,1% correspondía
a los 78.552 alumnos del quintil más alto.
Considerando ahora los resultados para 1997, se observa que el gasto en edu-
cación primaria del quintil 1 era un 14,2% del gasto total, mientras que el gasto
del quintil 5 representaba un 19,4%. La mayor proporción de alumnos en prima-
ria correspondía al quintil 1, con 939.098 estudiantes, mientras que la menor pro-
porción la mantenía el quintil más alto, con 312.478 alumnos. En educación
secundaria, el gasto del quintil más pobre era 7,0% del gasto total en educación
secundaria, y el gasto del quintil más rico era 36,9%. El quintil 1 contaba con
294.342 alumnos y el quintil 5 con 351.237 alumnos. Respecto a educación su-
perior pública, 34.298 estudiantes pertenecían al quintil 1; el gasto correspon-
diente era un 2,5% del total de gastos en educación superior pública. Al quintil 5
pertenecían 155.637, con un 53,1% del gasto total.
En general, la población de menores recursos alcanza pocos años de educa-
ción. En cambio, los centros de educación públicos están llenos de alumnos que
pueden pagar por su educación y no necesitan el subsidio (total o parcial) del
Estado. Lo preocupante es que, a pesar de las muchas inversiones que se han
hecho en educación durante los últimos años, la situación no ha mejorado sus-
tancialmente entre 1991 y 1997.
COSTO-EFECTIVIDAD EN SALUD
Para conocer el costo-efectividad en salud se calculó la proporción de los gastos
53
Corresponden a menos de la mitad de los alumnos del quintil más bajo.

CUADRO11
Estudiantesdeprimariaencentrosdeeducaciónpúblicos,costosunitarios,costostotaleseindicedeíncidencia:1991y1997
(US$de1996)
19911997
QuintilesyEnroladosCostosCostosIncidenciaEnroladosCostosCostosIncidencia
gruposdeedadUnitariosTotalUnitariosTotal
Primaria2.012.971100,0109.212.563100,03.284.523100,070,1229.643.067100,0
Quintil1539.18562,123,012.405.38411,4939.09828,634,732.564.52214,2
Quintil2492.449108,440,219.775.20918,1807.27724,648,639.256.03817,1
Quintil3439.083164,060,826.681.77724,4653.94119,979,752.093.96122,7
Quintil4333.501235,787,429.132.72926,7571.72917,4106,961.095.06326,6
Quintil5208.753274,3101,621.217.46319,4312.4789,5142,844.633.48419,4
Secundaria1.502.772100,0156.079.734100,01.797.168100,0140,8251.657.201100,0
Quintil1210.12564,924,05.050.9423,2294.34216,459,917.627.7997,0
Quintil2316.744163,560,619.186.56412,3366.02220,488,432.370.97512,9
Quintil3337.019238,288,329.751.00219,1424.66323,6127,654.172.85721,5
Quintil4375.461331,5122,846.123.82629,6360.90420,1151,254.562.21221,7
Quintil5263.425573,4212,555.967.40035,9351.23719,5264,692.923.35836,9
Superior3.223.142100,038.493.733100,0431.604100,0356.7149.701.281100,0
Quintil117.26494,134,9602.0441,634.2987,9109,13.740.5832,5
Quintil254.922121,845,12.478.6136,460.95514,1210,712.843.0148,6
Quintil381.631171,063,45.171.91313,470.09016,2258,318.107.21812,1
Quintil490.773371,7137,712.502.92732,5110.62425,6321,335.547.93523,7
Quintil578.552609,4225,817.738.23746,1156.63736,1510,679.462.53153,1
*En1991noseincluíanilaSelvanilaCostaCentral.
FUENTE:CuantoS.A.ENNIV,1991.
Elaboraciónpropia.

671PERÚ
de cada grupo de ingreso sobre el gasto total. Para hacerlo se consideró, por gru-
po de ingreso, cuántos fueron atendidos en centros de atención públicos y cuál
fue el gasto promedio. De esta manera, al agregar los gastos totales de todos los
grupos de ingreso, se obtuvo el monto total gastado en servicios de salud públi-
cos. En general, lo que se observa es una concentración del gasto hacia los usua-
rios de los grupos de ingresos más altos.
En 1991, el 14,0% del total de atenciones de salud correspondía al primer
quintil y 16,8%, al quintil más alto. Aunque la estructura de atenciones de salud
era más o menos homogénea, el nivel de incidencia era muy diferente según el
grupo de ingreso. Al quintil más pobre le correspondía el 7,9% del gasto y al
quintil más rico, el 19,0%. Los quintiles más altos concentraban el 52,3% del
gasto total, mientras que a los quintiles más bajos correspondía el 27,8%. Según
esto, al igual que en el caso de educación, los quintiles de mayores ingresos son
los que consumen las mayores subvenciones del Estado.
En 1997, el 49,3% de los usuarios de servicios de salud públicos era de los
quintiles más altos; mientras que tan sólo el 30,4% correspondía a los quintiles
más bajos.Asimismo, solamente el 13,6% de los atendidos era del quintil más bajo.
Estos resultados muestran el desempeño del Estado en materia de focalización
de recursos es modesto. A pesar de haberse incrementado el acceso a servicios so-
ciales en la última década, no se llega a atender a gran parte de la población más
pobre. Así, el incremento en los gastos sociales beneficia sobre todo a personas
que no responden a las características de la población objetivo de los programas.
En 1997, aunque disminuyó el gasto promedio en consultas de salud, se man-
tuvo una clara desproporción en el consumo de los quintiles más bajos: Sólo el
9,8% del total gastado correspondió al quintil más bajo, mientras que el quintil
más alto concentró el 27,1%. En cuanto al número de atenciones, la tendencia
seguía siendo la misma. El 13,6% del total de atenciones correspondía al quintil
más bajo, mientras que el 24,4% correspondía al quintil más alto.
Se pone en evidencia la necesidad de una mayor focalización de los recur-
sos. El sesgo en perjuicio de la población de menores ingreso hace que los pro-
gramas de alivio a la pobreza no alcanzan los resultados que se espera de ellos.
La tarea pendiente aquí es lograr una mejor focalización de los recursos socia-
les, con la finalidad de que potenciar la lucha contra la pobreza.
5. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS HACIA SERVICIOS SOCIALES
BÁSICOS Y MEJORÍA DEL COSTO-EFECTIVIDAD
5.1. Sector educación
Hacia 1997 la población en edad de asistir a la escuela era de 6.032.863, de los
cuales 5.559.690 estaban matriculados. Es decir, aproximadamente 9 de cada 10
niños en edad escolar están matriculados. Esta tasa neta de escolarización ha sido

complementada con la tasa de asistencia escolar54, según la cual el 87% de los
niños asisten a un centro escolar (primaria) y el 74% de los adolescentes asiste a
un colegio secundario55.
Sin embargo, los promedios nacionales ocultan una gran heterogeneidad.
En el Perú existen 573.000 niños en edad escolar que no asisten a la escuela.
En el caso de primaria, 13 de cada 100 niños no asisten a la escuela56. Sin em-
bargo, existen zonas donde sólo 5 ó 6 de cada 10 niños asisten a la escuela. En
las zonas rurales, es frecuente que los niños dejen de ir a la escuela a partir de
los 11 ó 12 años para trabajar como jornaleros y vendedores. En el caso de las
niñas, la situación de exclusión se agudiza: tienden a ingresar a la escuela con
una edad mayor; más aún, el 24% de ellas no llega a ingresar nunca57. Las ta-
sas de deserción e inasistencia escolar entre las mujeres son mayores que entre
54 Elaborada a partir del Censo Escolar de 1993.
55 Miranda, Arturo. 1997. Perú. Aspectos Cuantitativos de la Oferta Educativa. Foro Educati-
vo, Lima, manuscrito.
56 Ministerio de Educación. Censo Nacional de Educación 1993.
57 Tovar, Teresa. 1997. Lo que el Sistema Educativo ofrece y los problemas que padece. Foro
Educativo.
CUADRO 12
Consultas en servicios de salud pública, gasto unitario,
gastos totales e incidencia, 1991 y 1997
(US$ de 1996)
Año y quintil
Servicios de salud pública 1/
Incidencia
de ingresos Usuarios Gasto promedio Gasto total (Porcentaje)
1991 1.580.580 (100,0) 2,7 4.248.826,6 100,0
Quintil 1 221.374 (14,0) 1,5 334.353,2 7,9
Quintil 2 375.201 (23,7) 2,3 847.879,9 20,0
Quintil 3 323.248 (20,5) 2,6 846.022,0 19,9
Quintil 4 395.622 (25,0) 3,6 1.412.102,2 33,2
Quintil 5 265.135 (16,8) 3,0 808.438,3 19,0
1997 3.142.008 (100,0) 1,1 3.389.135,1 100,0
Quintil 1 426.562 (13,6) 0,8 332.568,5 9,8
Quintil 2 529.884 (16,9) 1,1 558.801,0 16,5
Quintil 3 637.269 (20,3) 1,3 798.100,8 23,5
Quintil 4 782.497 (24,9) 1,0 780.855,3 23,0
Quintil 5 765.797 (24,4) 1,2 918.809,5 27,1
1/ Para 1991, incluye Hospital, Centro de Salud, Puesto de Salud y Puesto Comunitario. Para 1997,
incluye Hospital MINSA, Establecimiento IPSS, Hospital FF.AA-Policía Nacional, Centro o Puesto
de Salud MINSA y Centro o Puesto de Salud CLAS, Puesto Comunitario.
FUENTE: Cuánto S.A. ENNIV, 1997.

673PERÚ
los varones58. Esto también tiene una connotación cultural, pues en muchas zo-
nas del campo está mal visto que una niña vaya caminando sola a la escuela.
Considerando ahora el gasto educativo, puede señalarse que, como porcen-
taje del PBI, ha aumentado de 2,22% en 1990 a 2,86% en 1996, aunque esta por
debajo de otros países59. El crecimiento del gasto también se refleja en la inver-
sión por alumno; entre los años 1990 y 1996, el gasto por alumno se ha duplica-
do; en 1997, el Estado gastó US$ 131 mensuales por alumno al año, frente a los
US$ 71 que gastaba en 1990. El promedio para la región aumentó de US$ 42 a
US$ 124 entre 1975 y 1992, pero queda muy por debajo de lo que invierten los
países desarrollados (US$ 828)60. La inversión por alumno varía mucho según
el departamento; por ejemplo, en Apurímac, el Estado sólo gasta US$ 54 por
alumno61.
Entre 1990 y 1995 se crearon 1.900 escuelas y colegios públicos. Sin em-
bargo, los colegios aumentaron en menor proporción que el crecimiento de la
matrícula (6,3%), de manera que no cubren las necesidades reales de infraestruc-
tura. En el caso del sector privado, el número de colegios se duplicó; sin embar-
go, los colegios privados sólo atienden al 20% de los alumnos del país.
De acuerdo con el Ministerio de Educación62, existe una deficiencia de aulas de
39% en el nivel de primaria. Por ello, no sorprende que existan lugares de la selva y
la sierra donde las condiciones de la infraestructura sean realmente precarias.
Entre 1990 y 1995 el número de docentes de educación básica creció en
11,4%; este crecimiento es mayor que el crecimiento del número de matricula-
dos, que sólo aumentó en 7,9%63. Cada año egresan de los centros de formación
magisterial y de las facultades de educación 26.000 nuevos maestros y el Estado
sólo necesita 6.00064. Aun así, sólo el 52,4% de los docentes tiene título pedagó-
gico. En el ámbito rural la participación se reduce a 32,8%. Existen 31.000 do-
centes que sólo tienen educación secundaria65.
Entre 1980 y 1989, el salario real del docente había disminuido en 24%. Si-
guió descendiendo durante los siguientes años, de manera que el sueldo promedio
en 1995 era de US$ 175, con lo que podía comprarse menos de la mitad de lo que
se compraba en 199066. El sistema ofrece al niño un lugar en el aula de clases pero
coloca frente a él un maestro desmotivado y mal pagado, que trabaja doble jorna-
da, con los consiguientes efectos negativos sobre el proceso de aprendizaje.
58
Estimado sobre la base de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida 1994.
59
Tovar, 1997.
60
Estas son cifras del Banco Mundial, citadas por Wolff, Schiefelbeim y Valenzuela (1993).
61
Otros departamentos con un bajo nivel de inversión son Huánuco, Moquegua, Piura y San
Martín.
62
Ministerio de Educación. 1996. Mapa de Necesidades Educativas 1996.
63
Tovar, 1997.
64
Díaz Hugo. 1996. Diagnóstico de la Formación Magisterial. Ministerio de Educación.
65
Díaz Hugo, op,cit.
66
Ministerio de Educación y Banco Mundial. 1993. Diagnóstico General de la Educación. Lima.

Una de las cuestiones más importantes es la disponibilidad de textos. En el
Perú existe un libro de lectura por cada dos alumnos, un libro de matemáticas
por cada cinco. Para el caso de libros de ciencias naturales, sólo hay un libro por
cada 20 alumnos. No se han organizado como en otros países las llamadas bi-
bliotecas de aula, que podrían suplir esa deficiencia y aumentar el número de
textos disponibles para los alumnos. Mientras que en México el 75% de los ni-
ños tienen acceso a libros de texto gracias a un programa nacional de textos y en
Chile el 63%, en Perú sólo el 18% de los niños accede a textos escolares67.
Otra limitación es el acceso a cuadernos y lápices. Cinco de cada diez niños
de los primeros años de primaria no tienen cuadernos ni lápices68. En el caso de
las computadoras, existe una computadora por cada 1.114 niños (Foro Educati-
vo, 1995).
Del mismo modo, el tiempo dedicado al aprendizaje es importante. Normal-
mente el año escolar debe durar 36 semanas, lo que equivale a 1.080 horas efec-
tivas dedicadas al aprendizaje. No obstante, las horas del plan de estudios (45
minutos de clase) arrojan un total de 720 horas anuales (22,5 horas semanales
por 36 semanas). A ello hay que restarle 72 horas (15%) dedicadas a disciplina y
108 horas de inasistencias, lo que resulta en 540 horas anuales en la zona urbana
y 432 en las rurales69.
EFICIENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y ANÁLISIS
DEL COSTO-EFECTIVIDAD
En el Perú, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación70, uno de cada
cinco alumnos de primaria ha repetido de grado alguna vez y uno de cada tres
tiene una edad mayor que la que debería tener para su grado de estudios. Asi-
mismo, cerca de 4% de los escolares (109 mil) abandona la primaria cada año;
este porcentaje se duplica en secundaria.
En este marco general, la identificación de los grupos de la población donde
se encuentran los mayores niveles de repetición, atraso y deserción escolar per-
mitiría mejorar el diseño y la orientación de las políticas educativas. Las mejo-
ras en costo-efectividad podrían comprobarse con evaluaciones de rendimiento
escolar con cobertura nacional. No se trata necesariamente de gastar más, sino
de gastar mejor. La medición del tiempo efectivo de aprendizaje durante el año
permitiría evaluar si se cumple con el número de semanas efectivas señaladas
por el Ministerio de Educación.
67
SECAB, citado por Wollfy y otros, op.cit.
68
Equipo Técnico Nacional del Perú. 1991. Proyecto de materiales educativos para la educa-
ción básica.
69
Díaz Hugo. 1996. “Actualizando datos sobre la crisis educativa”, en Signos Nº 51, Lima.
70
Ministerio de Educación, Censo Nacional Escolar 1993.

675PERÚ
En el Perú, al igual que en la mayoría de países de América Latina, la cober-
tura en el nivel primario es superior al 90%, tanto en el área urbana como en el
área rural. El problema entonces no es principalmente de acceso, sino de bajo
rendimiento y de altas tasas de repetición. De cada 100 alumnos que ingresan a
primer grado, aproximadamente la mitad termina primaria habiendo repetido uno
o más grados. Sólo 20 terminan sin repetir ningún grado y 23 desertan.
Relacionado con lo anterior está el gasto público en educación. Como pro-
porción del PBI, el gasto destinado a educación es similar no sólo al del resto de
países de América Latina, sino también al gasto de los asiáticos. La diferencia
entre América Latina y los países del sudeste asiático aparece cuando se analiza
la asignación de ese gasto por niveles educativos. Los países latinoamericanos
asignan al nivel primario una proporción menor del gasto público en educación.
A pesar de los bajos sueldos de los maestros, el 62% del gasto público en
educación es asignado al pago de salarios. Ello puede explicarse por los eleva-
dos costos administrativos. Entre 1985 y 1992, en el sistema educativo público
el personal no docente creció en 68%, mientras que el número de docentes cre-
ció en 27% y el número de alumnos, en 15%.
La propuesta consiste en reasignar recursos intrasectorialmente, hacia un me-
jor gasto. Conviene incrementar el financiamiento de libros de texto y materiales
de enseñanza, financiar la educación preescolar, aumentar los salarios de los maes-
tros (incluyendo incentivos para los profesores con formación adecuada que traba-
jen en zonas rurales) y focalizar el gasto en las regiones menos favorecidas.
Al revisar el número de matriculados en los centros de educación pública
primaria se puede notar que la matrícula de los niños es satisfecha básicamente
por escuelas públicas, de allí la importancia de mejorar la calidad de estos servi-
cios y de administrar eficiente y equitativamente los subsidios a la educación.
Lo mismo se observa en la educación secundaria.
Tanto en primaria como en secundaria, la matrícula de los niños es satisfe-
cha básicamente por escuelas públicas. Es indispensable mejorar la calidad de
estos servicios, administrando eficiente y equitativamente los subsidios a la edu-
cación. Para ello, conviene considerar lo siguiente:
a. Las tasas de promoción y de deserción son menores en primaria que en se-
cundaria, mientras que la tasa de repetición es mayor en primaria que en se-
cundaria.
b. El aumento en la tasa de promoción según sea mayor el grado o año educati-
vo, dentro de cada nivel educativo, sugiere una falta de adaptación del niño
al ingresar por primera vez a primaria y al pasar a secundaria. Los proble-
mas de adaptación a primaria podrían tener su origen en la educación prees-
colar y en el entorno familiar. Para mejorar la transición a secundaria,
conviene implementar algún programa de capacitación de docentes para ha-
cer más gradual el cambio entre niveles educativos.
c. La tasa de deserción se mantiene aproximadamente constante en los diver-
sos grados educativos de ambos niveles. Ello puede implicar que las razones

de la deserción se encuentran en factores ajenos al sistema educativo, como
el ingreso familiar y el costo de oportunidad de acudir a la escuela71.
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN INTRASECTORIAL
El análisis intrasectorial en el sector educación enfocará dos aspectos. El prime-
ro de ellos está relacionado con las fuentes y fondos de financiamiento, y el se-
gundo, con la eficiencia en la asignación de recursos.
Reestructuración intrasectorial en función de las fuentes
y fondos de financiamiento
Es necesario realizar una evaluación de las principales fuentes de recursos con
los que se financia el sector educación, tanto en el ámbito público como en el
privado, con la finalidad de conocer el monto total de recursos disponibles y com-
pararlo con el monto total de recursos que se necesitan. Así podrá estimarse la
carencia total de recursos en el sector. Este análisis se complementa con una eva-
luación de los beneficiarios de la educación pública gratuita, mediante la cual se
tendrá información sobre los errores de asignación de recursos, es decir, las fil-
traciones de alumnos de hogares que podrían perfectamente financiar su educa-
ción y que con su participación en la educación pública gratuita perjudican a los
alumnos de escasos recursos económicos.
Reestructuración intrasectorial en función de la eficiencia
en la asignación de recursos
Una primera propuesta es reasignar los recursos de la educación superior uni-
versitaria a la educación primaria. Las tasas internas de retorno social son ma-
yores en los niveles educativos más bajos. Además, un gran porcentaje de los
matriculados en el sistema educativo universitario público pertenece al quintil
de mayores ingresos.
Considerando que los alumnos del quintil más pobre deben recibir beca com-
pleta y que los del quintil más rico deben pagar “hoy” los costos totales de la
educación, se propone otorgar un crédito del 100% del costo de la educación uni-
versitaria pública a los tres quintiles intermedios. Estos alumnos empezarían a
cancelarlo una vez incorporados al mercado laboral a una tasa de interés de 5%
71
La educación es una inversión que madura lentamente y los hogares necesitan de ingresos
diarios, de manera que el costo de oportunidad de los estudiantes de menores ingresos puede ser
muy alto.

677PERÚ
que se incrementaría a un ritmo de 6% al año. El total pagado sigue una tenden-
cia creciente hasta que se alcanza un equilibrio entre el monto desembolsado por
el Estado como crédito a los estudiantes y el monto que los egresados abonan
como pago por el crédito. Así, el Estado libera recursos por aproximadamente
US$ 80 millones anuales (cerca del 5,6% del presupuesto total del sector educa-
ción). Estos fondos pueden orientarse a la implementación de un sistema de es-
tadísticas confiables (mediante un Censo Nacional de Educación periódico) y de
un programa permanente de evaluación del impacto de los programas sobre el
desempeño de alumnos y docentes. La medición de la calidad podría estar a car-
go de alguna instancia distinta del Ministerio de Educación, para evitar que éste
sea juez y parte.
Los objetivos y mecanismos específicos que se proponen son:
– Promover la equidad en el acceso a los programas sociales entre zonas rura-
les y urbanas. Es común que luego de que un maestro de zonas rurales sea
capacitado, se lo traslade a zonas urbanas; la consecuencia es que en las zo-
nas rurales se mantienen a los maestros menos capacitados.
– Promover la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, mediante
campañas de difusión.
– Diseñar un sistema de incentivos monetarios para mejorar el desempeño do-
cente. Esta medida tiene impactos sobre la eficiencia. La normativa legal vi-
gente no establece un marco de incentivos que favorezca el mejor desempeño
docente. Se requiere vincular los incentivos a una mejora en el cumplimien-
to de las funciones, según se compruebe mediante pruebas de evaluación de
la calidad docente.
– Elevar el tiempo efectivo de aprendizaje mediante la designación con sufi-
ciente anticipación de los maestros, evitando el retraso en el pago de remu-
neraciones e implementando mecanismos de supervisión.
– Promover el ingreso a la escuela del niño o niña a una edad oportuna, me-
diante campañas de organizaciones de base y medios de comunicación. De-
ben otorgarse facilidades de pago para evitar condicionar la matrícula a
contribuciones a la asociación de padres de familia
– Promover la educación inicial. De acuerdo con cifras de la ENNIV 1994, sólo
el 29% de los niños pobres menores de seis años recibe educación inicial,
mientras que en el resto de niños este porcentaje asciende a 40%. El prome-
dio nacional de alumnos por profesor en el sistema escolarizado es de 33,
mientras que la norma internacional es 20. Entre 1980 y 1997 la cobertura
de educación inicial para la población entre 3 y 5 años se amplió de 15% a
62%; en Costa Rica es 67% y en Chile, 70%. Conviene poner en marcha una
campaña de difusión de la importancia de otorgar una educación temprana a
los hijos. Para alcanzar la meta de universalizar la educación inicial, se re-
quiere ampliar los centros de educación en zonas urbanomarginales y rura-
les, mejorar la formación y capacitación docente, elevar la calidad del servicio
y promover la participación de los padres y de la comunidad.

Con la reasignación intrasectorial se busca asegurar la continuidad de los pro-
gramas existentes, así como la creación de nuevos elementos, como el Censo Na-
cional de Educación. Una característica de muchos programas sociales es la falta
de sostenibilidad, debido al recorte del financiamiento, especialmente durante los
períodos de ajuste. Puesto que el gasto social es procíclico, los fondos adiciona-
les liberados podrían inclusive ser parte de un Fondo especial, que se utilizaría
sólo en los momentos de recorte del gasto.
Antes de definir la mejor manera de reasignar los recursos liberados, es im-
portante recordar los objetivos que se espera cumplir con esta reasignación. Es-
tos objetivos son mejorar de la calidad de la educación y facilitar el acceso
universal a los servicios de educación básicos.
Para definir el modo de inyectar recursos se debe hacer un estudio previo de
las deficiencias y carencias del nivel primario. A partir de la información del Cen-
so Escolar de 1993, se pueden hacer las siguientes apreciaciones72: El promedio
nacional de carencias y deficiencias en educación primaria de menores asciende
a 62%; 43% en el área urbana y 72% en el área rural. Las mayores deficiencias
y carencias son las siguientes: servicios asistenciales (99%), instalaciones aca-
démicas (96%), instalaciones recreativas (96%), servicios higiénicos (76%), ener-
gía eléctrica (72%), atraso escolar (53%), docentes sin título (48%), deficiencias
en gestión (43%), deficiencias de aula (34%), ingreso tardío (26%), alumnos tra-
bajadores (17%) y repitentes (14%).
En cuanto a la estructura del gasto en educación, entre 1990 y 1994 la parti-
cipación del gasto corriente en educación primaria disminuyó en tres puntos por-
centuales, para llegar a 33% en 199473. En el nivel secundario, cayó de 27% a
24%; sin embargo, en lo que respecta a la educación superior universitaria, se
incrementó de 8% a 11%. Esto proporciona un indicio importante para la rees-
tructuración intrasectorial.
La mayor parte del gasto educativo (alrededor de 80%) se explica por el ru-
bro remuneraciones, bienes y servicios y transferencias corrientes. Estas cifras,
unidas a la alta cobertura, no toman en cuenta la calidad del servicio educativo
prestado. Lo relevante es que el aumento en la cobertura sea acompañado de un
aumento en la calidad.
Considerando la información anterior, un primer avance hacia la reestructu-
ración consistiría en aumentar el gasto educativo real por alumno. Sin embargo,
fijar una meta al respecto no nos brinda información sobre cómo hacer el au-
mento. Considerando los principales problemas de la educación primaria es po-
sible llegar a algunas recomendaciones; sin embargo, éstas sólo tendrán sentido
72Ministerio de Educación. 1996. Mapa de Situación de la Educación Primaria de Menores
en 1993, Lima, diciembre.
73 GRADE. 1997. Financiamiento de la Educación en el Perú. Documento de Trabajo Nº 24,
Lima.

679PERÚ
al interior de una reforma integral del sector, que parta de una evaluación del
sistema desde tres perspectivas: equidad, eficiencia y financiamiento sostenible.
El problema principal de la asignación de los recursos liberados del nivel de
educación superior público hacia la educación primaria esta vinculado con la es-
casez de indicadores que permitan conocer el impacto de la reasignación. Por ejem-
plo, si los recursos son asignados a una mayor capacitación de los docentes o a
una mejora en los programas y servicios, ¿cómo estimar el impacto sobre la cali-
dad de la educación y su contribución al acceso universal a educación básica?.
Hasta este punto la discusión ha girado en torno a la reasignación de los re-
cursos liberados hacia la oferta de educación primaria. Lo que está pendiente de
análisis son los criterios de efectividad de una asignación hacia la demanda, es
decir, hacia los hogares pobres en donde el costo de oportunidad de que un me-
nor ingrese y se mantenga en un centro de educación es bastante alto.
Una de las ventajas del subsidio a los hogares es, en primer lugar, que es
fácil identificar las principales características de los hogares más pobres y por
ello el subsidio no corre un gran riesgo de ser regresivo. En segundo lugar, apunta
a disminuir el costo de oportunidad de las familias de que los alumnos asistan a
un centro educativo y dediquen horas al estudio fuera del horario de clases. En
tercer lugar, este tipo de subsidio facilita el acceso universal a centros de salud.
Por último, un seguimiento de los hogares beneficiados puede brindar las herra-
mientas para medir el impacto de este sistema de distribución de los recursos.
Los mecanismos por los que los ingresos liberados de la educación superior
pública pueden ser reasignados al nivel primario aún son materia de discusión.
Lo importante en este punto es identificar exactamente a la población que se au-
tomargina de los centros de educación, las fuentes de la baja calidad de la ense-
ñanza y los indicadores que se utilizarán para medir el impacto.
5.2. Sector salud
El problema más grave en el sector salud consiste en la baja capacidad del Esta-
do de proveer cobertura y calidad de servicios de salud en favor de los más po-
bres y, por tanto, de aquellos grupos de la población con elevadas tasas de riesgo.
Un estudio reciente elaborado sobre la base de Encuestas de Hogares (ENDESA
1995) indica que entre los pobres extremos y pobres crónicos sólo el 35% reci-
bió algún tipo de atención de salud institucional del sector público y sólo 43%
del sector privado. El gran reto del Estado es proveer atención de salud a los
grupos de la población excluidos por falta de ingresos o dificultad en el acceso a
los servicios; para ello se requiere el diseño de un sistema de tarifas que capture
las disposiciones a pagar de los grupos no pobres, y que al mismo tiempo no
excluya del acceso a los que no pueden pagar. Esto implica necesariamente el
levantamiento masivo de los costos de operación de los establecimientos de sa-
lud, para así dejar de lado el financiamiento por razones históricas (desembolsos

previos) y más bien desarrollarlo sobre una base técnica que sea compatible con
la demanda de servicios que debe satisfacerse. La idea es revertir el proceso de
subsidios a la oferta y preferir los subsidios a la demanda de manera focalizada.
Otro tema importante vinculado a la cultura de salud es la consulta preventi-
va. La tasa de atenciones de salud preventiva es muy baja. Sólo el 10,1% de la
población pobre extrema asistió a los establecimientos o al personal de salud por
razones preventivas; en los grupos no pobres la situación no es mucho mejor,
registrándose una participación de 23,1% (ENDESA 1995).
Con relación a la calidad de los servicios ofrecidos por el sector público aún
debe mejorar la calidad de la infraestructura y de la atención del personal de sa-
lud; este último requiere de capacitación permanente y de una política de incen-
tivos al trabajo más apropiada. El desigual acceso a los servicios de salud también
se refleja en el grado de satisfacción del usuario. El 35% de los usuarios del MIN-
SA reportaron que la curación no fue satisfactoria, mientras que la tasa es de 17%
en los servicios ofrecidos por el sector privado. En general, los más pobres se-
ñalan mayores grados de insatisfacción por la atención recibida que los grupos
no pobres de la población.
LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PERÚ
En el Perú hay varios tipos de proveedor de servicios de salud. Los servicios
son ofrecidos por el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto Peruano de Se-
guridad Social (IPSS) y por el sector privado, que incluye la oferta institucional
(clínicas y consultorios privados) y la no institucional.
El principal proveedor de servicios de salud es el Estado, a través del Sistema
Nacional de Servicios de Salud. El Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS)
ha iniciado un acelerado proceso de modernización. El IPSS ha separado los me-
canismos de financiamiento de los de prestaciones, implementando nuevas meto-
dologías para la asignación de recursos, con el fin de estimular la eficiencia en la
producción de servicios. Por otro lado, desde mediados de los años ochenta se han
llevado a cabo modificaciones en el subsector privado. Ejemplos de ello son la ex-
pansión de la práctica privada, pequeña y mediana, la modernización de las clíni-
cas particulares y el lanzamiento de diversas modalidades de seguros de salud. La
mayor diferencia entre el antiguo y el nuevo subsector privado se da en el ámbito
empresarial. Hoy, los servicios de salud son ofrecidos tanto por entidades que tie-
nen servicios propios (clínicas y centros médicos) como por aquéllas que no nece-
sariamente los tienen, como compañías de seguro, autoseguros y fondos. Aunque
existe algún avance en estos programas, las estadísticas muestran que los seguros
privados sólo cubren el 2,4% de la población, mientras que 73,8% de la población
no tiene ninguna cobertura de seguro de salud.
Durante la última década, la crisis de los servicios públicos de salud se agu-
dizó como consecuencia del menor gasto social, los bajos salarios y la deserción

681PERÚ
del personal calificado. Ello originó que la población redujera su demanda por
tales servicios debido a la menor calidad de la atención, principalmente en los
centros de primer nivel de atención en las áreas urbano marginales y rurales. En
los últimos años, el incremento del gasto público ha contribuido a revertir esta
situación, y ha aumentado el porcentaje de la población enferma que busca aten-
ción médica. No obstante, cerca del 18 por ciento de los peruanos no recibe aten-
ción calificada.
En los últimos cinco años, los servicios, la inversión y los gastos en equipa-
miento en el sector salud por parte del Ministerio de Salud han comenzado a ser
dirigidos hacia las áreas rurales, en especial hacia las postas y centros de salud.
Todavía existe una fuerte concentración de la distribución del subsidio público
en usuarios urbanos y entre los quintiles superiores de ingresos. Sin embargo, a
través del impulso de la administración compartida entre la comunidad y el Mi-
nisterio de Salud, se está avanzando en la tarea de llegar a los grupos de la po-
blación más pobres y de poner énfasis en el equipamiento y ampliación de los
servicios de las postas y centros de salud.
Según el Ministerio de Salud, como parte del Programa de Mejora del Gasto
Social iniciado en 1994, se ha recuperado la capacidad de operación de 76% de
los establecimientos de salud en los 8 departamentos más pobres del Perú, afec-
tados también por la violencia terrorista. También se ha avanzado en el traslado
de recursos humanos a las zonas rurales, habiéndose contratado a cerca de 8 mil
personas entre médicos, enfermeras, obstetras y técnicos sanitarios.
Debe señalarse que los problemas de salud están más relacionados con los
hábitos y costumbres de la vida familiar que con el ingreso destinado a la aten-
ción de salud. Según ENDESA 1996, una encuesta elaborada por el CIUP, el 40%
de las personas que se atendieron en clínicas o consultorios privados están dis-
puestos a pagar por servicios de salud de mejor calidad.
Con relación a la afiliación a seguros de salud, el 24% de la población entre-
vistada indicó tener algún tipo de seguro de salud. Sobre este total, el 81% son
asegurados del IPSS, 4,7% asegurados del IPSS y de seguros privados, 8,2% con
seguros de las FF.AA. y un 6,1% con seguros privados.
Los resultados sirven para verificar el hecho que los grupos pobres no tienen
un acceso significativo a seguros de salud. Sólo el 6,7% de la población pobre
extrema tiene un seguro de salud, mientras que ello ocurre en el 21% y 41% de
los pobres no extremos y de los no pobres, respectivamente. En cuanto a la aten-
ción institucional, son los enfermos más pobres quienes tienen que esperar más
para recibir la atención de salud, ya que ellos son los principales usuarios de los
servicios públicos ofertados por el MINSA y el IPSS.
Según los resultados de la Encuesta de Niveles de Vida 1997, recopilada por
el Instituto Cuanto S.A y Unicef, la mitad de los peruanos que reportaron tener
una enfermedad o dolencia no acudieron a algún proveedor de salud. Esta tasa
es más alta en los quintiles inferiores de ingreso, 62% y 41% para los quintiles 1
y 5 respectivamente. Por otro lado, el 25% de los usuarios de los quintiles infe-

riores de ingreso que se enfermaron y recibieron atención de salud recibió la aten-
ción de un proveedor no institucional. El Ministerio de Salud tuvo cobertura so-
bre el 41% del total de personas atendidas en el sistema de salud; el IPSS y los
establecimientos de las Fuerzas Armadas cubrieron 18% y 2% respectivamente.
El resto de la población, alrededor del 42%, fue atendido por diversos tipos de
proveedores privados (consultorios:11%, clínicas: 2%, ONG:5%, farmacias:17%,
y otros).
Con relación a los costos de atención primaria de salud, los establecimientos
de salud del Ministerio de Salud cubren con sus ingresos propios (tarifas) entre
el 15% y el 18% de los costos totales de operación. En total, el costo de una
consulta en los hospitales del MINSA fue de 5,5 nuevos soles y en las clínicas
privadas de 38,1 nuevos soles; en un consultorio particular, la consulta costó 22,7
nuevos soles, mientras que en los centros y postas de salud del MINSA y del
CLAS los costos fueron 3,1 y 2,1 nuevos soles respectivamente.
Cabe señalar que todos los proveedores tienen tarifas diferenciadas depen-
diendo de los niveles de ingresos de los usuarios. Por ejemplo, los usuarios más
pobres (quintil 1) pagan menos en todos los proveedores pero en magnitudes di-
ferentes: Un usuario del quintil 1 en los hospitales MINSA paga 4.1 nuevos so-
les, mientras que en una clínica privada paga 15 nuevos soles.
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN INTRASECTORIAL
Al igual que para el sector de educación, el análisis intrasectorial en salud enfo-
cará dos aspectos. El primero de ellos se relaciona con las fuentes y fondos de
financiamiento, y el segundo, con la eficiencia en la asignación de recursos.
El análisis del sector salud comprende los siguientes niveles74:
1. Fuentes de financiamiento. Este nivel está constituido fundamentalmente por
los hogares, las empresas, el gobierno (fundamentalmente el Tesoro Públi-
co) y el sector externo (el cual incluye las donaciones a instituciones públi-
cas y privadas, así como el endeudamiento externo oficial)
2. Intermediarios (o fondos de financiamiento). Los intermediarios incluyen el
fondo público, el fondo de seguridad social y el fondo privado
3. Prestadores de servicios de salud. Esta compuesto por el subsector público y
el subsector privado. El primero incluye:
• El MINSA y sus cuatro instituciones públicas descentralizadas, es decir,
el Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente, el Instituto Na-
cional de Medicina Tradicional y la Escuela Nacional de Salud Pública
• Parcialmente, el Ministerio de la Presidencia a través del Programa Na-
74 Esta clasificación corresponde al informe del Grupo Técnico Interinstitucional. 1997. Eco-
nomía y gestión del sector salud. Informe Preliminar Nº 1. El Sector Salud en el Perú. Lima, oc-
tubre.

683PERÚ
cional de Agua, el Programa de Apoyo al Saneamiento Básico (PRASBA)
y el PRONAA; se incluye también FONCODES, en calidad de financia-
dor de proyectos ligados a la inversión en salud y en saneamiento básico,
así como a actividades vinculadas a nutrición
• Parcialmente, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, por
prestar los servicios de salud a sus miembros
• Todas las regiones y Subregiones de Salud de los Gobiernos Regionales
y Corporaciones de Desarrollo
• Parcialmente los gobiernos locales, Consejos Municipales provinciales y
distritales y las Sociedades de Beneficencia Pública
• El Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS)
Este enfoque es utilizado con la finalidad de identificar el monto total de re-
cursos que maneja el sector de salud como un todo, es decir, conocer quiénes
son los aportantes y cuánto aportan; también se busca identificar quiénes son los
usuarios y qué tipo de servicios son los más utilizados y con qué frecuencia.
Como resultado de este análisis “El Grupo Técnico Interinstitucional: Eco-
nomía y gestión del sector salud”, que ha venido trabajando estos temas, ha lle-
gado a las siguientes conclusiones:
Existe una dificultad en cuanto a la contabilización del gasto privado en sa-
lud, pues con excepción de los medicamentos, el gasto efectuado por los pro-
veedores privados no es captado directamente, sino parcialmente a través de
información proveniente de la Asociación Privada de Clínicas.
Tampoco existe un registro de ingresos de los profesionales que disponen de
consultorios particulares o que realizan consultas a domicilio. La información
disponible puede encontrarse subvalorada por razones tributarias.
Desde la perspectiva de la atención curativa de salud, una proporción signi-
ficativa de los peruanos se ve excluida de los servicios debido a barreras econó-
micas.
Esto último sugiere que debe otorgarse prioridad, dentro de la política de sa-
lud, el diseño de una política de financiamiento orientada a facilitar el acceso de
la población de menores recursos. Asimismo, deben fomentarse aquellos esque-
mas que facilitan el aseguramiento de la población no asalariada, en particular,
de la de ingresos medios y bajos.
Desde el punto de vista de la oferta, la producción de los servicios se carac-
teriza por una baja productividad y una alta capacidad instalada ociosa. Si bien
ello representa una oportunidad para incrementar la producción, debe tenerse en
cuenta que antes se requiere de una reorganización de los servicios
La distribución de los recursos al interior del país es desigual en términos
geográficos y está altamente correlacionada con la oferta existente. Destaca el
hecho que, aún en el caso de los departamentos más favorecidos, los niveles de
gasto per cápita son inferiores al promedio en América Latina y el Caribe. Así,
la situación se caracteriza por los bajos niveles de financiamiento y la alta des-
igualdad en la distribución del mismo.

REESTRUCTURACIÓN INTRASECTORIAL EN FUNCIÓN A LA EFICIENCIA
DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Cobertura
• Se plantea una asignación del gasto en salud del Ministerio de Salud que be-
neficie de manera prioritaria a la población pobre no asegurada. Para ello, el
Ministerio de Salud (MINSA) debe desligarse de los aspectos relacionados
con la administración local y la producción de los establecimientos. La tarea
de la administración del financiamiento puede ser manejado a nivel local por
instituciones públicas descentralizadas y la provisión de los servicios, por en-
tidades operadoras públicas o privadas, las cuales podrían recibir los encar-
gos por concesión o mediante contratos de producción, sin excluir otras
formas mixtas de gestión compartida. En este contexto, se podría promover
la participación civil en la gestión, como una modalidad que busca incorpo-
rar de una manera más directa los intereses de los usuarios.
• En esta propuesta, la tarea fundamental de Ministerio es la de definir el plan
estratégico de provisión de los servicios de salud (qué proveer, a cuál precio y
a favor de quién), el rol de financiador, y el rol de regulador de la calidad de
los servicios ofertados por los proveedores del sistema. Respecto a lo último,
se puede realizar en coordinación estrecha con la Superintendencia de la Sa-
lud. Esta entidad es la que se encarga de la regulación de las actividades de las
empresas prestadoras privadas de salud que operarán próximamente bajo la nue-
va ley de modernización del sector salud. La Ley de Modernización del Sector
Salud dispone que el 2,35% del salario (de un total de 9%, aportado por la
empresa) es de libre disponibilidad para que los trabajadores, bajo votación di-
recta, lo destinen a la contratación de un seguro privado de atención curativa.
• La promoción de los modelos de gestión con participación civil (centros lo-
cales de administración compartida) que tome en consideración los compor-
tamientos y aspectos institucionales a nivel local, con los cuales se ha logrado
avances importantes en cuanto a la equidad en el acceso de los pobres, satis-
facción del usuario y exoneración de cobros.
Información y seguimiento
• Hay que organizar los servicios de atención (oferta) con sistemas de referen-
cia y contra referencia entre los establecimientos de atención primaria y de
mayor complejidad. Además, los establecimientos del MINSAdeben fijar con-
tratos de producción con el Ministerio de Salud y así dar paso a la evalua-
ción de los resultados como parte de una política de seguimiento de la
exoneración de cobros, considerando las filtraciones del subsidio público a
los no pobres, evolución de los indicadores de salud local, índices de satis-

685PERÚ
facción, entre otros. Es decir, ello implica cambiar la lógica de medición del
desempeño de los establecimientos públicos y privados (los que actúan como
operadores del sistema público) hacia una medición de resultados y objeti-
vos sujetos a medición.
• Se requiere diseñar y contar con un sistema operativo de información de cos-
tos unitarios de producción en todos los establecimientos de salud, por ser-
vicios ofertados. De esta manera, el financiamiento puede realizarse sobre la
base de necesidad especificas y los requerimientos de los usuarios y no so-
bre base históricas, que es la forma como se viene ejecutando.
• El diseño de un plan de inversiones de infraestructura de corto, mediano y
largo plazo debe responder a los objetivos del MINSA que tomen en cuenta
los criterios de priorización de los beneficiarios, el esquema de redes de sa-
lud, los servicios de apoyo y gestión, los requerimientos de capacitación, su-
pervisión y regulación de la calidad, y los objetivos de producción de los
establecimientos.
Equidad
• El MINSA debe dar prioridad a los servicios de atención curativa y hospita-
laria hacia la población no asegurada que es pobre, a través de mecanismos
de pagos. En primer lugar, se debe establecer una reorientación del gasto del
MINSA en los departamentos de manera más equitativa y revertir los indi-
cadores de gastos per cápita en los departamentos más ricos a favor de los
más pobres. Una meta de 10 años para el logro de este primer objetivo es
razonable. En segundo lugar, en los distritos donde los índices de pobreza
superan el 75% se establecería exoneración de cobros universal. En tercer
lugar, en los otros distritos, habría que focalizar el gasto bajo mecanismos
simples de identificación de beneficiarios. La meta es lograr revertir la dis-
tribución regresiva del subsidio público, de tal manera que 2/3 del subsidio
total sea utilizado por el 50% de la población más pobre, y 2/3 de los pobres
extremos sean exonerados de cobros.
Financiamiento
• El MINSA debe separar sus funciones de financiamiento, administración y
producción de servicios.
• La afiliación al régimen subsidiado lo debe realizar el MINSA a través de
sus regiones. Ello implica la identificación de los grupos sujetos a la focali-
zación. El criterio básico es la población no asegurada y pobre.
• Los establecimientos de salud del MINSA podrían prestar servicios de aten-
ción a través de concesiones o administración privada.

• La adopción de un seguro de salud obligatorio para toda la población, sobre
la base de un paquete básico de salud, que sería financiado por el tesoro pú-
blico y que implica la libre elección del establecimiento prestador por parte
del usuario.
Eficiencia
• Promover en los establecimientos modalidades de gestión autónoma con re-
lación al poder central. La autonomía se refiere a las decisiones de compras,
contratación, políticas de tarifas y a la participación civil en la administra-
ción del establecimiento. Todo ello, por supuesto, bajo un esquema de con-
tratos de producción y calidad de servicios entre el comité local prestador de
los servicios y el Estado.
• Establecer modalidades más flexibles de gestión, compra de insumos, con-
tratación en los establecimientos y evaluar las bondades de cada uno a tra-
vés del seguimiento y monitoreo. Fijar como metas alcanzar que un número
de hospitales y postas de salud que operen bajo el régimen de autonomía re-
gulada, con participación civil en su dirección.
• Invertir en el desarrollo de aspectos de calidad del usuario, principalmente
en las zonas de bajos ingresos.
• El Estado debe diseñar y promover a través de la Superintendencia de em-
presas prestadoras de salud y otras instituciones la cautela de la calidad y la
eficiencia técnica de los prestados de salud públicos y privados, y la expan-
sión de la cobertura a través de una competencia regulada.
• El desarrollo de la salud colectiva a través de un mejoramiento de la vigilan-
cia sanitaria, la promoción de la cultura sanitaria, y de intervenciones nutri-
cionales y de salud colectiva, principalmente en las escuelas primarias y
secundarias, en estrecha coordinación con el Ministerio de Educación. Estos
programas deben involucrar la participación de los padres de familia.
Un sistema de capacitación permanente del personal de salud. Los resulta-
dos de la Encuesta de Demanda de Salud 1995 (ENDESA 95) señala, por ejem-
plo, que uno de los principales motivos que explica la no asistencia a los
establecimientos del MINSA es la mala atención del personal. En contraposición,
el 65% de los usuarios del sector privado reporta que ésa es una de las razones
por las cuales visitaron las clínicas o consultorios privados.
Un tema importante es explorar cómo se puede mejorar la efectividad del
gasto público en el sector salud. De acuerdo a los resultados de la Encuestas de
Niveles de Vida 1997, el gasto promedio en salud por consulta es de 5,3 nuevos
soles para los usuarios de los quintiles superiores (4 y 5), mientras que el gasto
es de 3 nuevos soles en el caso de los usuarios de los quintiles inferiores (1 y 2).
Cabe señalar que con el 50% de los recursos actuales destinados a dar aten-
ción de salud primaria a los usuarios de los quintiles de ingreso 4 y 5, se podría

687PERÚ
dar atención de salud al 65% de las personas que pertenecen a hogares de los
quintiles 1 y 2 que reportaron estar enfermos y que no recibieron atención de
salud alguna. Este escenario, indica que la falta de atención a los grupos más
pobres, es decir el Error Tipo II, se explica en gran parte simplemente por una
inadecuada focalización del subsidio público.
Los esfuerzos por lograr un sistema de tarifas que cobre a esté dispuesto a
pagar y que otorgue servicios a aquellos usuarios con disposición a pagar igual
a cero es todavía tarea pendiente. En términos generales, la falta de agua pota-
ble, el piso de tierra de la casa, el hecho que el idioma de la madre sea nativo, la
falta de educación formal del jefe del hogar, el número de personas en el hogar,
entre otros, constituyen elementos determinantes para identificar a los hogares
pobres; son los miembros de estos hogares los que se enferman y no reciben aten-
ción de salud institucional debido a su reducida disposición a pagar por los ser-
vicios.
6. CONSIDERACIONES FINALES
Los resultados del estudio muestran que, a pesar de haber restringido los com-
ponentes de los servicios sociales básicos a la definición acordada en Oslo, el
Perú ha cumplido con el compromiso de asignar a servicios sociales básicos, el
20% del gasto total del gobierno central. En algunos años, 1997 y 1998, inclusi-
ve se superó la meta acordada.
Respecto a las fuentes cooperantes, a pesar de que la ayuda asignada a servi-
cios sociales básicos describió un patrón errático, llegaron a cumplir la meta en
los últimos años de los noventa. En 1996, por ejemplo, el porcentaje del flujo de
donaciones asignado a SSB alcanzó el 21,4%. Sin embargo, la mayor parte de los
recursos destinados a servicios sociales básicos provienen del tesoro público.
CUADRO 13
PERÚ: Costo de oportunidad asociado a la mala focalización
de los subsidios de salud, 1997
(dólares de 1996)
Número de enfermos de los quintiles 4 y 5 721.737
Gasto promedio de los hogares en consultas de salud (nuevos soles) 2,0
Costos del Estado por las consultas de salud (en nuevos soles) 7.078.932
Número de consultantes de los quintiles 1 y 2 660.196
Gasto promedio de los hogares en consultas de salud (nuevos soles) 1,1
Número de personas de los quintiles más bajos que sería atendido con una mejor asignación
de los recursos 1.285.774
* Con este monto se podría atender al 65,6% de las personas de los quintiles I y II que reportaron
estar enfermos y que no recibieron ninguna atención de salud

Otro flujo importante proviene de los créditos con el exterior asumidos por
el gobierno. Estos no son considerados dentro del compromiso del “Monitoreo
del 20/20”, a pesar de que en los años noventa, un 21,4% del total de créditos se
destinó a servicios sociales básicos.
INDICADORES DE POBREZA Y DESIGUALDAD
El 40% de los hogares del país son pobres. Además, la distribución de los ingre-
sos en el Perú tiene un comportamiento regresivo: el 20% de la población de
mayores ingresos absorbe casi el 50% del total de los recursos, mientras que el
20% de menores ingresos tan sólo alcanza el 3%. Si se desea que el gasto en
servicios sociales básicos sea eficiente y reduzca eficazmente los indicadores de
pobreza y desigualdad, los programas deben incorporar una clara identificación
de la población de menores recursos y de sus necesidades más urgentes.
El sistema de medición de pobreza por gasto del hogar, aunque útil, es li-
mitado para reflejar mejoras en las condiciones de vida de los hogares y en el
acceso a servicios sociales básicos. Conviene entonces hacer uso de indicado-
res nuevos, que reflejen los avances en el desarrollo global de las comunida-
des y de las familias75. Además del gasto del hogar, deben incorporarse
estimaciones de las necesidades básicas insatisfechas y del desarrollo comu-
nal. Estas modificaciones son importantes, ya que no es lo mismo un hogar
con menos de US$ 150 mensuales de ingreso en un lugar donde no hay cole-
gio que un hogar con el mismo ingreso en una zona que sí tiene colegio; y
tampoco es lo mismo un hogar pobre en una comunidad de elevados niveles
de delincuencia, que un hogar de iguales ingreso en un barrio tranquilo. Asi-
mismo, si bien la Encuesta Nacional de hogares y la Encuesta de Niveles de
Vida se han encargado de generar información para poder evaluar las condi-
ciones de vida, la evaluación está escasamente institucionalizada a nivel intra
e interministerial. Hace falta un sistema integral para monitorear los cambios
en las condiciones de vida de los hogares.
FOCALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Las estimaciones desarrolladas señalan que se necesitan alrededor de US$ 887
millones al año, en dólares de 1996, para alcanzar el acceso universal a servi-
cios sociales básicos. Si se limita la población objetivo a los quintiles más po-
bres, el monto adcional requerido es de US$ 464 millones. Estos valores suponen
75 Aunque los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas se estiman con los Censos de Po-
blación y Vivienda es importante tener algún referente entre cada censo que permita monitorear y
ajustar las medidas de lucha contra la pobreza.

689PERÚ
focalización perfecta en la asignación y ejecución del gasto, sin sobrecobertura
ni filtraciones.
El principal problema del gasto social no es la carencia de recursos sino las
altas tasas de filtración y subcobertura. No basta con incrementar el gasto: es
necesario focalizar. Las estrategias de inversión social debe pasar primero por la
tarea de especificar exactamente la población objetivo y minimizar los errores
de filtración y subcobertura, de manera que estos programas puedan brindar los
resultados que se espera de ellos en el más corto plazo. Es indispensable identi-
ficar las características sociodemográficas de las personas que hacen uso de los
servicios de educación y salud proveídos por el Estado. Se requiere que sea fá-
cilmente identificable la capacidad de pago de los usuarios, para evitar así pro-
blemas de selección adversa. La colaboración de la comunidad puede ser muy
útil para identificar los hogares indigentes, distinguiendo a estas personas de las
que pueden pagar por una parte del servicio y de quienes pueden cubrir la totali-
dad del costo.
Han habido importantes esfuerzos para mejorar la asignación de recursos a
programas sociales. Por ejemplo, los proyectos de FONCODES se orientan ha-
cia los centros poblados más alejados del país. En esa línea opera también PRO-
FINES, que motiva a la población organizada de los distritos de extrema pobreza
a identificar y priorizar necesidades así como a participar en la ejecución de pro-
yectos juntamente con entidades públicas y organizaciones no gubernamentales.
En el caso de la comunidad, la toma de conciencia de la población sobre la
importancia de colaborar con el sostenimiento de los servicios pasa por:
• Recibir de las comunidades los requerimientos de proyectos de inversión so-
cial que ellos asumen como importantes.
• Relacionar (empalmar) estas necesidades con lo que corresponde a servicios
sociales básicos.
• Luego de esta conjunción de intereses, asignar recursos para la ejecución de
estos proyectos.
La principal limitación de este mecanismo radica en que la comunidad po-
dría no identificar correctamente cuáles son sus necesidades principales. La so-
lución consiste en hacer primero una campaña de información sobre las bondades
de los servicios sociales básicos y limitar a ellos el financiamiento.
La toma de conciencia de la población sobre la importancia de los servicios
que recibe es la única manera de asegurar un compromiso para su mantenimien-
to. Al incorporar el enfoque participativo, se disminuye el riesgo de realizar in-
versiones sociales no sostenibles.
LOS RETOS EN EDUCACIÓN
Los servicios de educación en el Perú muestran un claro sesgo en favor de los
grupos de mayores ingresos. Conforme se avanza a los niveles educativos más

altos, se confirma una mayor participación de los grupos de mayores ingresos.
La propuesta aquí es reasignar los recursos desde la educación superior univer-
sitaria hacia la educación primaria. Esta medida se justifica, en primer lugar, por
las altas tasas internas de retorno social de los niveles educativos más bajos y,
en segundo lugar, porque es en educación primaria donde los grupos de menores
ingresos tienen mayor participación. Al ser la educación superior universitaria
pública gratuita, constituye un subsidio regresivo.
Puesto que el gasto social es procíclico, una característica de muchos pro-
gramas sociales es el recorte del financiamiento, especialmente durante los pe-
ríodos de ajuste. Parte de los recursos liberados desde la educación superior
pueden incorporarse a un fondo especial orientado a asegurar la continuidad de
los programas existentes o para implementar otros nuevos, como el Censo Na-
cional de Educación. El fondo especial se utilizaría sólo en los momentos de re-
corte de gasto.
LOS RETOS EN SALUD
En el sector salud existen problemas de falta de cobertura de salud básica y de
falta de equidad en el gasto. Los grupos de mayores ingresos reciben una mayor
cobertura y, además, utilizan servicios que exigen un mayor nivel de capacita-
ción y equipo. El gasto en salud debe orientarse prioritariamente a la población
pobre no asegurada. Para lograrlo, el Ministerio de Salud (MINSA) debería de-
legar aspectos de administración local y de producción de los establecimientos.
La tarea de la administración del financiamiento puede ser manejada al nivel lo-
cal por instituciones públicas descentralizadas y la provisión de los servicios por
entidades operadoras públicas o privadas que podrían recibir los encargos por
concesión o contratos de producción.
Además, los establecimientos del MINSA deben fijar contratos de produc-
ción con el Ministerio de Salud y así dar paso a la evaluación de los resultados
como parte de una política de seguimiento de la exoneración de cobros, las fil-
traciones del subsidio público a los no pobres, la evolución de los indicadores
de salud local y los índices de satisfacción, entre otros.
En términos de equidad en salud, el MINSA debe priorizar los servicios de
atención hacia la población pobre no asegurada, a través de mecanismos de co-
pagos. Esto requiere de una reasignación del gasto del MINSA de manera más
equitativa entre los departamentos, desplazando los indicadores de gasto per cá-
pita en los departamentos más ricos a favor de los más pobres. Una meta de 10
años para el logro de este primer objetivo es razonable. En segundo lugar, en los
distritos donde los índices de pobreza superen el 75% conviene establecer una
exoneración de cobros de carácter universal. Por último, en los otros distritos,
conviene focalizar el gasto bajo mecanismos simples de identificación de bene-
ficiarios. La meta es lograr revertir la distribución regresiva del subsidio públi-

691PERÚ
co, de tal manera que 2/3 del subsidio total sea utilizado por el 50% de la pobla-
ción más pobre, y 2/3 de los pobres extremos sean exonerados de cobros.
En términos de financiamiento, la afiliación al régimen subsidiado lo debe
realizar el MINSA a través de sus regiones. Esto implica la identificación de
los grupos sujetos a focalización, principalmente la población no asegurada y
pobre. Los establecimientos de salud del MINSA podrían prestar servicios de
atención a través de concesiones o administración privada. La recomendación
aquí es la adopción de un seguro de salud obligatorio para toda la población,
sobre la base de un paquete básico de salud, financiado por el tesoro público.
Una ventaja es la libre elección del establecimiento prestador de salud por parte
del usuario.
En términos de gestión, se requiere promover establecimientos con una ma-
yor autonomía respecto al poder central, incluyendo decisiones de compras, con-
tratación, políticas de tarifas y participación civil en la administración del
establecimiento. Hace falta establecer modalidades más flexibles de gestión, com-
pra de insumos y contratación en los establecimientos, y luego evaluar las bon-
dades de cada una a través del seguimiento y monitoreo. Con este fin, podrían
fijarse metas para que un número de hospitales y postas de salud operen bajo el
régimen de autonomía regulada, con participación civil en su dirección.
El Estado debe diseñar y promover a través de la Superintendencia de Em-
presas Prestadoras de Salud y otras instituciones los mecanismos necesarios para
asegurar la calidad de los prestados de salud públicos y privados, y la expansión
de la cobertura a través de una competencia regulada.
PARA AMPLIAR EL GASTO SOCIAL
El análisis sobre los ingresos y gastos de gobierno indica que existen recursos
(incluyéndose las reservas internacionales netas) que pueden ser liberados y asig-
narse a servicios sociales básicos. En el Perú de los años noventa, alrededor del
30% del presupuesto público era destinado a gastos de defensa y seguridad in-
terna. En la medida en que se concluye el proceso de pacificación, interno y ex-
terno, estos recursos podrán ser liberados para destinar un mayor gasto público
a los sectores sociales.
Asimismo, no deben ignorarse las características procíclicas del gasto social.
A lo largo del período 1980-1997 se confirma una marcada correlación positiva
entre el PBI y los gastos sociales: cuando se incrementa el PBI también lo hacen
los servicios sociales y cuando disminuye el PBI decrecen los servicios sociales.
Se desprende los servicios sociales pueden incrementarse no solamente median-
te la inversión directa en programas sociales, sino mediante cualquier ayuda en
favor del crecimiento económico del país. En general, toda liberación e incre-
mento de recursos en el Perú da paso a un aumento de los gastos sociales. Lo
anterior significa que un factor tan lejano al gasto social como el precio de las

materias primas puede influir también en el monto que se asignará a gastos so-
ciales, en la medida en que afecta el valor del producto nacional. Finalmente, no
es suficiente que se incremente el gasto en servicios sociales básicos, sino que
además se requiere una política integral de generación de oportunidades de em-
pleo y fomento del ahorro e inversión que garanticen una mejor distribución de
los ingresos.
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS PARA EL PERÚ
Aunque el Perú cumplió con la definición de Oslo, la canasta de servicios socia-
les básicos es dinámica y sus componentes precisos deben reconsiderarse. Ade-
más de los programas básicos de educación, salud y saneamiento, deben
incorporarse los programas de construcción de vías de comunicación básicas,
como caminos y carreteras, que facilitan el acceso de las personas menos favo-
recidas a nuevos mercados que favorezcan su desarrollo.
La cooperación externa debe considerar como servicios sociales básicos, ade-
más de programas básicos de educación, salud y saneamiento, otros programas,
como los de infraestructura orientada al mejor flujo de bienes por todo el país,
así como a la generación de los medios mínimos necesarios para poder produ-
cirlos. La cooperación externa debe favorecer proyectos que, además de buscar
una mayor cobertura de SSB, incorporen esfuerzos claros de focalización de los
pobres, evitando errores de filtración y subcobertura. Con este fin, conviene pro-
mover modalidades de gestión autónomos respecto al poder central, que incor-
poren mecanismos de participación civil.
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