El Relator Especial de la ONU reconoce los logros legislativos y políticos de Argentina para combatir la discriminación, pero señala desafíos significativos que persisten, especialmente para los pueblos indígenas que a menudo viven en condiciones de pobreza extrema sin acceso a servicios básicos. También expresa preocupación por la violencia policial contra migrantes y minorías, y la dificultad que enfrentan estos grupos para acceder a la justicia debido a barreras idiomáticas y falta de orientación legal. El Relator hace

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NACIONES UNIDAS
Comunicado de Prensa
23 de mayo de 2016
Texto completo del comunicado de prensa preparado por el Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial,
xenofobia y formas conexas de intolerancia
Sr. Mutuma Ruteere,
23 de mayo de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
“Señoras y Señores:
En el día de la fecha concluye mi visita oficial a la Argentina que realicé entre los días 16
y 23 de mayo a invitación del Gobierno. En estos últimos diez días mantuve reuniones
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las Provincias de Buenos Aires, Salta y
Formosa. Me reuní con funcionarios de Gobierno en los ámbitos federal y provincial,
miembros de los poderes legislativo y judicial, así como con representantes de la
sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, comunidades indígenas y de
migrantes, afroargentinos, así como con las víctimas de prácticas discriminatorias y otros
grupos y actores relevantes. Además, se me concedió acceso a la cárcel de Ezeiza donde
pude conversar con las autoridades penitenciarias y con detenidos.
Quisiera agradecer al Gobierno de la Nación Argentina por la invitación y cooperación,
así como por su voluntad para preparar y concretar mi visita. Por otro lado, me gustaría
transmitir todo mi agradecimiento a mis interlocutores por las conversaciones
esclarecedoras que mantuvimos.
Viajé a la Argentina para observar en primera persona y obtener una mayor comprensión
sobre la situación. Tuve la oportunidad de escuchar a todas las partes interesadas
pertinentes en relación con el tema en cuestión para poder evaluar los avances realizados,
identificar aquellos desafíos que aún quedan pendientes a fin de eliminar el racismo, la
discriminación racial y la xenofobia; y realizar intercambios constructivos con el
Gobierno sobre las maneras más eficaces de superar los obstáculos a fin de lograr una
aplicación efectiva de las leyes, políticas y medidas ya existentes. Por último, el objetivo
de mi visita es formular una serie de recomendaciones para ayudar al Gobierno a abordar
en forma efectiva el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, a fin de alentar una
sociedad inclusiva que, hoy más que nunca, resulta una pieza clave, en especial dentro
del marco de la nueva agenda de desarrollo sostenible cuyo lema es “no dejar a nadie
atrás”.

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Quisiera subrayar que realicé mi visita sin preconceptos y con gran entusiasmo por
escuchar los puntos de vista, las inquietudes y experiencias de todos los actores
relevantes en las áreas que abarca mi mandato.
En el transcurso de mi visita a la Argentina, le he prestado especial atención a la situación
de los pueblos originarios, los afrodescendientes, los migrantes de la región y de otras
procedencias también, los descendientes de judíos, y otras comunidades como la LGBTI,
y las mujeres migrantes cuya vulnerabilidad se ve incrementada por factores de
interseccionalidad. Mi visita se efectuó en un momento en que la Argentina comienza un
nuevo capítulo en su política, lo que también representa una oportunidad para redefinir
prioridades en la programación hacia el futuro. Sin embargo, ello también significa que
es necesario efectuar una evaluación clara y profunda de los logros en los últimos años y
los retos aún pendientes, tanto a escala federal como provincial, con vistas a implementar
el Plan Nacional contra la Discriminación del año 2005, así como las recomendaciones
efectuadas por el sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluido el
Comité de Evaluación para la Discriminación Racial-2010 (CERD por sus siglas en
inglés), y el último Examen Periódico Universal-2012 (EPU), y aquellas
recomendaciones realizadas por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas. Por lo tanto, espero que mis observaciones preliminares logren ser un punto
de partida para que el Gobierno pueda tomar de inmediato las medidas que tanto se
necesitan.
Logros clave a nivel legislativo, institucional y político
Recibo con beneplácito el compromiso expresado por la Secretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación para priorizar la inclusión y el
pluriculturalismo en la agenda de los derechos humanos, extendiendo el enfoque de
dichos derechos más allá de la memoria, la justicia y la verdad, hacia un enfoque más
integral, lo que incluye el acceso igualitario a los derechos para todos, conforme lo
garantizado por la Constitución Nacional.
La Argentina ha desarrollado un marco jurídico integral para la eliminación de la
discriminación racial, lo que abarca las disposiciones de la Constitución para garantizar la
equidad en el goce de los derechos para todos los habitantes, tanto argentinos como
extranjeros. La Ley 23,592 establece desde 1988 la figura de la discriminación en
general, y la de discriminación racial en particular, como delitos comunes, y además
estipula un agravante en el caso de los delitos penales cometidos por persecución u odio
racial. Identifica además como delitos penales la participación en una organización
racista o la realización de propaganda de esta índole, así como la incitación a la
persecución o al odio por cuestiones raciales (Ley 23.592, artículo 3). Este marco podría
fortalecerse aún más si se definiera la discriminación en general como delito penal. En
este sentido, veo con beneplácito el debate legislativo actual sobre la posibilidad de
ampliar la ley.

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Quisiera también resaltar el marco ya existente para abordar cuestiones atinentes a grupos
vulnerables específicos, tales como los pueblos originarios: la Ley 26.554 que prorrogó el
plazo establecido en la Ley 21.160, que está a punto de vencer. Esta ley ordena que -en
virtud de la situación de emergencia imperante- se realice un relevamiento en materia de
posesión y titularidad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades
indígenas, a fin de evitar los desalojos forzados. Por otro lado, se encuentra la Ley 23.302
que creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuyo objetivo es asegurar
que los pueblos originarios puedan ejercer una ciudadanía plena en cumplimiento de sus
derechos constitucionales; y la Ley 26.206 que estableció la Educación Intercultural
Bilingüe. También veo con beneplácito los esfuerzos realizados para reconocer, a través
de una serie de medidas simbólicas, la existencia de la población afroargentina. Además
quisiera señalar que se ha extendido la protección jurídica a los refugiados y solicitantes
de asilo como resultado directo de la implementación del Plan Nacional contra la
Discriminación de 2005.
La ley progresista sobre migraciones con que cuenta la Argentina y que se destaca a
escala internacional, reconoce la migración como derecho fundamental inalienable, y
tiene por objetivo asegurar la aplicación de procedimientos y criterios no discriminatorios,
de conformidad con los derechos y las garantías establecidos en la Constitución Nacional
y los tratados internacionales; y además enfatiza que los inmigrantes deben gozar de los
mismos derechos que los nacionales del país. Sin embargo, la ley no es lo
suficientemente conocida por la población en general y los funcionarios públicos, lo que
ha llevado a denegar a los inmigrantes los derechos básicos tales como el acceso a la
vivienda y, en algunos casos, el acceso a la justicia o los servicios de salud. Por otro lado,
no existe un plan formal para la integración de los inmigrantes y a menudo estas
poblaciones deben depender de organizaciones de la sociedad civil y otras para su
integración, lo que aumenta aún más su vulnerabilidad.
La Argentina también ha establecido una serie de instituciones para promover los
derechos humanos y luchar contra la discriminación como, por ejemplo, el INADI, que
tiene la responsabilidad de implementar el plan nacional contra la discriminación,
concientizar sobre el tema, y realizar investigaciones y relevamientos sobre el problema,
así como recepcionar los reclamos individuales. Quisiera expresar mi agradecimiento por
la reciente actuación inmediata del INADI, en coordinación con las dependencias de
gobierno correspondientes, para abordar casos de violencia neonazi y expresiones
antisemíticas. También veo con beneplácito los desarrollos recientes para combatir la
discriminación y las expresiones de odio en los deportes.
Quisiera además reconocer el mandato de la Secretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural -dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación- así como del Consejo Federal de Derechos Humanos, que reúnen a las
secretarías y altas autoridades de derechos humanos de las 24 provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Deseo reconocer la existencia de entes de monitoreo independientes como la Defensoría
del Pueblo de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, así como el

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Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, que son todas prácticas
excelentes que deberían fortalecerse y apoyarse plenamente. En este sentido, aliento a
una pronta designación de un nuevo Defensor del Pueblo.
Desafíos principales
De todos modos, y como sucede también en otras partes del mundo, he encontrado
prácticas discriminatorias que a menudo afectan a los pobres y a los más vulnerables que
pertenecen a grupos minoritarios, incluidos los pueblos originarios, los afroargentinos, y
las comunidades de migrantes. En la Argentina, a veces se refieren al delito de
“portación de rostro”.
A pesar del marco institucional y jurídico integral, falta aún una implementación efectiva
y persisten todavía retos significativos. En particular, la situación de los pueblos
originarios en ciertas áreas del país es terrible ya que viven en condiciones de pobreza
extrema, aislados y sin acceso a los servicios básicos. En tanto una gran parte de las
minorías sigue siendo invisible a todas las esferas de la sociedad, la situación de los
pueblos originarios es especialmente crítica y requiere atención inmediata. Se les niega
acceso a las necesidades básicas tales como el agua potable, una vivienda digna, una
atención de la salud de calidad, oportunidades de empleo y una educación adecuada y de
calidad. Se encuentran en general excluidos de la vida social y política. Existe una
ausencia de representantes de los pueblos originarios en cargos clave para la toma de
decisiones, aún en los entes específicamente dedicados a las cuestiones atinentes a dichos
pueblos. Los métodos de consulta con esta población no resultan acordes con su cultura
y enfoque de la vida. El acceso a la propiedad de las tierras sigue siendo un desafío y se
deben adoptar rápidamente nuevas disposiciones para proteger a las comunidades del
desalojo ante el vencimiento en 2017 del plazo establecido en la Ley 26.554. Es
necesario simplificar el sistema de registro de las tierras comunitarias así como brindar
asistencia adecuada en dicho proceso.
La medida tomada respecto de la educación bilingüe intercultural, aunque positiva en su
esencia, ha experimentado limitaciones en su implementación que sus beneficiarios
perciben como unidireccional. Se han planteado también inquietudes respecto de la falta
de capacitación de profesores designados para interactuar con las comunidades
originarias, lo que resulta en la estigmatización de los niños indígenas en las escuelas
donde se observa una actitud sesgada. La poca cantidad de profesores de origen indígena
continúa siendo una cuestión problemática. La falta de acceso a servicios y centros de
salud, así como el número generalmente limitado de médicos capacitados que entiendan
la cultura indígena, han contribuido a condiciones muy graves de salud materno infantil
en las áreas rurales. En otros lugares, incluidos los centros urbanos, algunos proveedores
de atención de la salud y de servicios no han extendido dichos servicios a ciertas áreas
donde viven principalmente comunidades de migrantes. He escuchado decir que las
ambulancias, los servicios postales y los proveedores de servicios privados se niegan a
operar en determinadas comunidades debido a una segregación de facto de ciertos grupos
de la población, lo que conduce a una mayor estigmatización. Dicha estigmatización se
encuentra también reforzada por el retrato estereotipado de ciertos grupos y aún de ciertas

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nacionalidades por parte de los medios de comunicación. Por ende, existe la necesidad
de reforzar la presencia en los medios de los grupos minoritarios de un modo no
estereotipado, para sostener y apoyar el mandato del Observatorio de Medios que ha
desarrollado una buena práctica al entablar un diálogo constructivo con todas las partes
interesadas.
Lo más alarmante es -según se me ha informado en diversas partes del país- la tendencia
a reprimir la movilización de los grupos originarios en reclamo de sus derechos; y a
tomar represalias contra quienes defienden o lideran la defensa de los derechos civiles de
los indígenas, así como contra los integrantes de sus familias. Los defensores de los
derechos de las minorías, incluidos los migrantes, también han sido objeto de estas
represalias. Por lo tanto, realizo un llamamiento al Gobierno Nacional y a las autoridades
provinciales para que se tomen medidas de inmediato a fin de ofrecer la protección
necesaria y el debido proceso para aquellos defensores de los derechos civiles que, junto
con sus familias, son objeto de acoso judicial y persecución por parte de las fuerzas de
seguridad en el país; y para que se inicien investigaciones especiales y transparentes
respecto de aquellas muertes sospechosas de los defensores de los derechos humanos de
estas minorías.
Escuché reclamos de que la policía realiza discriminación por perfil y ejerce violencia
contra los migrantes de países vecinos y de otras procedencias, que dichos actos no son
sancionados, que rara vez se investigan, y que a veces se cierran las causas sin la
realización de investigaciones exhaustivas o sin que las partes involucradas hayan
prestado declaración. También me preocupa la violencia sistemática de parte de la
policía contra los vendedores callejeros senegaleses.
El acceso a la justicia para los grupos vulnerables –desde las poblaciones originarias
hasta los migrantes y afrodescendientes- sigue siendo un reto. Las dificultades en
acceder a la justicia se vinculan con las barreras del idioma, los conocimientos limitados
sobre las leyes, las dificultades en encontrar una orientación jurídica adecuada, en
especial para los pueblos indígenas y, lo que resulta más alarmante en determinados
momentos, la imposibilidad de presentar una demanda ante la secretaría de un juzgado.
Es también preocupante observar que la justicia no señala el vínculo entre la
discriminación y la denegación de servicios básicos. La ausencia de grupos minoritarios
en los niveles más elevados del Poder Judicial resulta un desafío significativo para los
grupos objeto de discriminación racial, en particular los pueblos indígenas y los
migrantes. También se me informó que en algunas zonas del país, los jueces pueden ser
cómplices de las prácticas discriminatorias y las represiones contra los activistas de los
grupos minoritarios. En este sentido, resulta urgente que el Gobierno realice el monitoreo
de las causas presentadas por los grupos minoritarios respecto de su acceso a los derechos
básicos, a fin de asegurar una debida evaluación de los elementos de discriminación.
Además, insto a los tribunales superiores a prestar la mayor atención posible a aquellos
aspectos relativos a la discriminación al revisar los casos planteados por individuos
pertenecientes a grupos minoritarios, en especial los pueblos originarios, a quienes a
menudo se les niega una respuesta de los tribunales en el ámbito provincial.

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La educación es un medio fundamental para erradicar el prejuicio, la discriminación, la
estigmatización y para fomentar un entendimiento mutuo así como la convivencia. Sin
embargo, es de gran preocupación que no haya un programa de educación en derechos
humanos integral para combatir el sesgo y promover el entendimiento mutuo. Más aún,
todavía quedan por materializarse los pasos necesarios para reconocer en forma
apropiada la contribución de los grupos marginados –incluidos los pueblos originarios-
en los programas de estudio, lo que contribuye aún más a su invisibilidad y
estigmatización. En este sentido, invito al Gobierno a lanzar oficialmente en todo el país
el Decenio de los Pueblos Afrodescendientes, y a promover actividades específicas
diseñadas con la comunidad, con el objetivo de que se reconozca y establezca como
corresponde la contribución pasada y presente de los afroargentinos en el país.
El INADI participa en los esfuerzos de concientización para abordar la estigmatización y
el estereotipado de los refugiados, migrantes y pueblos afrodescendientes. Esta tarea debe
fortalecerse, en especial con relación a los pueblos originarios. También recibí con
beneplácito la información respecto del aumento significativo en los últimos meses en la
aceptación de reclamos individuales por parte del INADI y aliento a la institución a tener
llegada a las áreas más remotas del país y prestar especial atención a los pueblos
originarios, además de otros grupos vulnerables, lo que incluye a los afrodescendientes,
migrantes y quienes son objeto de vulnerabilidades transversales tales como el grupo
LGBTI y las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios.
Aunque el mandato del INAI se refiere a implementar la política de los pueblos indígenas
y a promover la participación de las comunidades en el diseño y la implementación de las
políticas de estado que los afectan, muchos de mis interlocutores han señalado que la
institución no ha logrado satisfacer sus objetivos de promover el respeto por las formas
tradicionales de organización en el proceso de toma de decisiones, fortalecimiento de las
identidades étnicas y culturales, y la creación de la base para un desarrollo integral y
sostenido que sea compatible con la conservación del medio ambiente en los territorios
que habitan los pueblos indígenas. Resulta especialmente inquietante la representación
de los pueblos indígenas en los niveles en que se realiza la toma de decisiones dentro del
INAI. Parece que también le faltara al INAI el financiamiento apropiado para realizar su
misión y, además, se encuentra demasiado lejos de las comunidades a las que debe servir.
Por ende, el mandato del INAI debería fortalecerse a fin de otorgarle facultades más
sólidas en cuanto a la toma de decisiones, y a fin de expandir su alcance en las provincias.
En general, existe en este plano la necesidad de cambiar la forma de inclusión de los
pueblos indígenas desde una política enfocada a la asistencia social y el bienestar hacia
una basada en los derechos y la justicia, a través de políticas de estado en todos los
sectores. Resulta clave contar con una coordinación multisectorial de esta política desde
los niveles más altos del gobierno, en consulta con las provincias, para lograr una
implementación exitosa a escala nacional y provincial.
El nivel de implementación del Plan Nacional contra la Discriminación del año 2005 que
también es una buena práctica, debería evaluarse en profundidad para definir objetivos
nuevos con la participación activa de los grupos involucrados, quienes también deberían

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participar como corresponde en el proceso de monitoreo de los avances. En este sentido,
sigue siendo problemática la falta de datos y estadísticas confiables, y es necesario que el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos diseñe, en coordinación con todos los
Ministerios e instituciones especializados, los protocolos para la recolección sistemática
de datos confiables y desagregados respecto de una amplia variedad de indicadores. Los
datos resultan fundamentales para medir los niveles de discriminación, identificar los
vacíos existentes y diseñar políticas adecuadas, tal como se ha señalado en la agenda de
desarrollo sostenible 2030.
Realizo también un llamamiento al gobierno argentino para que establezca medidas de
acción positiva, a fin de asegurar una representación de los grupos minoritarios en cargos
importantes de toma de decisiones y, en particular, en cargos que puedan influir sobre la
educación, incluido el nivel universitario, y en cargos dentro de los poderes judicial,
legislativo y ejecutivo. Esto es de especial urgencia para los pueblos originarios, ya que
las modalidades de participación actuales han fracasado en gran medida en lo que se
refiere a darles la voz y visibilidad necesarias con vistas a remediar su larga historia de
exclusión y marginación. La condición actual de los pueblos originarios no puede esperar
y exige una atención inmediata de los niveles más elevados del gobierno nacional y los
provinciales.
Comentarios finales
Para concluir, quisiera agradecer el compromiso expresado por el nuevo gobierno para
abordar el problema de la discriminación. La Argentina cuenta con muchas buenas
prácticas que ya ejemplifican lo que es posible. Sin embargo, hay aún mucho por hacer
para la materialización de los derechos de los grupos históricamente discriminados y
marginados. También me preocupan ciertas decisiones recientes del poder ejecutivo en
relación con la discontinuación de algunos de los programas existentes para promover los
derechos de las minorías en determinados sectores. Al observar las dificultades que
plantea la situación económica del país, es necesario enfatizar la importancia de mantener
las medidas para proteger a los más vulnerables. Veo con beneplácito el nuevo plan
nacional de derechos humanos y aliento al Gobierno de la Nación para que lo publique y
promueva la difusión de su contenido entre los funcionarios correspondientes y la
población en general. Finalmente, el esfuerzo del país para brindar capacitación en
derechos humanos a los diversos sectores del Gobierno debería fortalecerse, en especial,
entre los proveedores de servicios, las fuerzas de seguridad y los operadores del sistema
judicial.
Prepararé un informe más abarcador y detallado con recomendaciones específicas y, a su
vez, insto al gobierno a implementar en forma efectiva y plena las recomendaciones
efectuadas por CERD, EPU, así como las del Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas que aún no se han cumplido.
Muchas gracias”.