1. Política actual de desconcentración que
implementa el gobierno venezolano.
En la República Bolivariana de Venezuela siete (7) de cada
diez (10) habitantes viven en las áreas urbanas. En los
últimos cinco (5) años, período de gran crecimiento
económico, las ciudades continuaron creciendo más rápido
que las viviendas y los servicios, mientras que en materia
laboral todavía existe un marcado desequilibrio entre la
demanda y la oferta de trabajo, proliferando entonces el
comercio informal y ambulante. La gestión de las ciudades
sigue planteando un gran reto por la situación de los barrios
marginales, donde la pobreza y los servicios esenciales como
la recolección oportuna de la basura, seguridad, salud, agua
potable y electricidad, no parece tener solución a corto y
mediano plazo, a pesar de la decidida acción de las Misiones
Socialistas en todos estos ámbitos.
Desde hace mucho tiempo se ha buscado solucionar de
diferentes maneras este problema, en la década de los 70 la
solución que se planteaba era construir grandes edificaciones
(super-bloques), para trasladar a la población de los barrios a
estos edificios y convertir los barrios en áreas verdes, la
realidad demostró que esta medida fue insuficiente ya que no
resuelve el problema de manera estructural, persistiendo los
problemas de seguridad, mantenimiento y oferta de trabajo.
Los grandes protagonistas en el campo urbano como
arquitectos, urbanistas, profesionales de diversas áreas no
han podido enfrentar adecuadamente esta situación. La
realidad es que en Venezuela nunca ha habido un plan
nacional de urbanismo coherente, por lo que el desarrollo
urbano se llevó a cabo divorciado de la producción real de

2. ciudad a través de la acción cotidiana de sus habitantes, bajo
el patrón de los denominados barrios de ranchos o
asentamientos informales. De hecho, para el año 2000
aproximadamente la mitad de la población del país (13
millones de personas) habitaba en este tipo de asentamientos
(CONAVI, 2000:1), porcentaje que no ha cambiado
radicalmente en 2009 y, aunque el reconocimiento de los
barrios marginales en un texto legal ocurre en Venezuela por
primera vez en 1987, sin embargo los barrios siguieron
multiplicándose como guetos, y esto a pesar de que se
declara el derecho de los habitantes de los barrios y de su
entorno físico a formar parte de la ciudad, a través de la
legalización y realización de Planes Especiales,
demostrándose así con los hechos no ser esta una solución
ni estructural ni definitiva.
La propuesta de la Revolución Bolivariana se encuentra
plasmada en el Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007-
2021), se trata del Desarrollo Territorial Desconcentrado el
cual promueve entre otras cosas “la igualdad social, la justicia
y la solidaridad a través de zonas de desconcentración de
actividades económicas, de infraestructuras, vivienda,
equipamientos y servicios..,,,”
Desafortunadamente, todavía no se ha visto el inicio del
desarrollo de este plan tan importante y que se traduce en
una deuda colosal de la Revolución Bolivariana con el pueblo.
La clave es la “desconcentración de actividades económicas”
una medida que debe ser implantada de inmediato ya que
constituye un paso fundamental para el logro del desarrollo
regional y local. Para ello, el ejemplo debe comenzar por la
desconcentración de las actividades del estado y del gobierno
en particular, su implementación permitiría activar un

3. mecanismo de dinamización de la economía a nivel regional y
local, con la ayuda obviamente interesada de los distintos
actores económicos públicos y privados, especialmente estos
últimos quienes históricamente se han visto beneficiados por
las contrataciones del Estado.
FAO considera la descentralización como el proceso de
"transferencia de una parte del poder y recursos del Estado
Nacional a las instancias del nivel regional o local"[2]
. Por su
parte, Uphoff[3] plantea el tema de la descentralización en 2
dimensiones: localización de la decisión y
responsabilidad (accountability) del decisor. Vale decir,
dónde está localizado quien debe tomar la decisión y ante
quien responde. Cuando quien debe tomar la decisión está
localizado a nivel regional o local, pero sigue respondiendo
por el resultado de sus decisiones ante el nivel central, se
habla de desconcentración o delegación de funciones.
Mientras que cuando las decisiones se toman a nivel regional
o local y se responde ante estos mismos niveles, entonces
se habla de devolución, que es la forma más avanzada de
descentralización.
Con la descentralización se buscan varios objetivos a la vez:
a) Que el accionar público esté más cercano a los ciudadanos
que requieren de este apoyo público y así responda mejor a
las necesidades de estos actores sociales;
b) Que mejore la eficiencia con que se diseñan e
implementan los programas públicos, ya que al estar estas
funciones más cerca de las condiciones y actores locales, los
programas tendrán un diseño más ajustado a las reales
condiciones de las localidades y serán implementadas con
mayor rapidez y a menor costo.[4]

4. c) Profundización de la Democracia: las formas más directas
de democracia son posibles en localidades más pequeñas. A
medida que estas crecen, se hace necesario el recurrir a la
representación. Pero la forma representativa debe
mantenerse responsable ante sus mandantes. Para ello, es
necesario que las formas representativas sean reforzadas
"por otras formas democráticas más directas y
participativas"[5]
.
El proceso de descentralización implica el buscar
crecientemente la separación de estas funciones, aplicando
también en esto el principio de subsidiariedad, en el sentido
que deberá asignarse cada función al nivel más bajo en que
se pueda ejercer sin pérdida de efectividad. Así por ejemplo,
nada hay que impida que el proceso de extensión agrícola se
realice a nivel local. Sin embargo, sería de una gran pérdida
de recursos escasos el realizar la investigación agrícola con
un ámbito solamente local. La separación de poderes, es una
medida que reduce los riesgos de autoritarismo o autocracia,
mientras que la subsidiariedad garantiza el utilizar al máximo
las capacidades existentes en los distintos niveles del país.