El documento argumenta que el Estado debe ser el principal promotor y protector de los derechos humanos de cada persona. Explica que los derechos humanos son fundamentales para la felicidad humana y que todas las personas deben luchar por su plena realización. Además, señala que el Estado mexicano ha asumido compromisos constitucionales y a través de tratados internacionales para proteger los derechos humanos, aunque todavía queda trabajo por hacer.