La reforma energética aprueba la apertura del sector a la inversión privada bajo la rectoría del Estado. Se crean empresas productivas estatales con autonomía de gestión. Se mantiene la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos y el control estatal sobre la industria eléctrica. Se establecen órganos reguladores independientes y se transfiere Pemex y CFE a las nuevas empresas productivas en un plazo máximo de dos años.