Este documento trata sobre una demanda presentada por 232 trabajadores municipales de Punta Arenas para obtener el pago de diferencias por el cálculo del incremento previsional establecido en el decreto ley 3.501 de 1980. Se explican las posibles salidas legales para resolver el conflicto, como la transacción judicial con la aprobación del concejo municipal o un avenimiento entre las partes, el cual una vez aprobado por el tribunal tendría el valor de sentencia ejecutoriada. También se mencionan otros municipios que han pagado o están en proceso de