Este documento discute la deuda de Venezuela como "odiosa" e inconstitucional. Argumenta que la deuda se contrajo para propósitos que no benefician a la nación y que se tomó decisiones de deuda sin seguir las leyes o la constitución. Específicamente, señala que la asamblea constituyente no fue elegida por el pueblo y que el gobierno no cumplió con el derecho de las divisas para empresas, lo que llevó a algunas a abandonar el país y empeorar la crisis humanitaria.