El documento describe la cooperación y coordinación entre los actores involucrados en la protección de menores en España, incluyendo las competencias del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. También cubre el papel de las entidades privadas sin ánimo de lucro y el Observatorio de Infancia, cuyo objetivo es garantizar la mayor protección de los menores a través de la coordinación de las administraciones públicas y otros agentes.