El documento describe las cinco funciones principales del Estado ecuatoriano: la función ejecutiva, que recae en el Presidente; la función legislativa, ejercida por la Asamblea Nacional; la función judicial, conformada por el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia; la función electoral, que opera solo durante elecciones; y la función de transparencia y control social, conformada por entidades como el Consejo de Participación Ciudadana.