Este documento discute los altos costos económicos y sociales de la inseguridad y criminalidad en Costa Rica. Indica que el gasto público en seguridad representa el 2.2% del PIB y que los hogares gastan un 0.4% del PIB en seguridad privada. También estima que los costos materiales de la violencia equivalen a 3.4% del PIB. Resalta que reducir la criminalidad requiere acciones integrales en lo económico, de política pública y lo social para disminuir desigualdades.