La ley tiene como objetivo proteger los derechos e intereses de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales regulando medidas de protección. Las medidas de protección pueden ser solicitadas por el Ministerio Público y concedidas por una autoridad judicial, y pueden incluir protección policial u otros medios como videoconferencias. Las medidas tendrán una duración máxima de seis meses pero pueden prorrogarse, y estarán disponibles desde la investigación hasta el fin del proceso.