Esta ley establece las protecciones y asistencia que deben proporcionar varias agencias gubernamentales a víctimas, testigos y otros involucrados en procesos legales. Las medidas de protección deben ser inmediatas y efectivas, y deben seguir principios como celeridad y oralidad. En casos de delitos sexuales o violencia doméstica, el Ministerio Público puede disponer el desalojo del victimario de la vivienda compartida con la víctima.