El documento define quiénes se consideran víctimas directas e indirectas de un delito según la ley venezolana. Explica los derechos de las víctimas en el proceso penal como presentar una querella, solicitar medidas de protección, y reclamar una indemnización. Además, destaca el papel importante de las víctimas en proporcionar información durante la investigación y la responsabilidad del Estado de proteger las víctimas cuyas vidas corren peligro.