El documento describe una situación en la que un policía local observa a un conductor utilizando el teléfono móvil mientras conduce. Esto constituye una infracción grave según el Reglamento General de Circulación, sancionada con 200 euros de multa y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir. El ayuntamiento es el órgano competente para imponer esta sanción.