Tema 02

OPOSICIONES AL CUERPO
NACIONAL DE POLICÍA
ESCALA BÁSICA
2016
http://cnp.3catorce.es/

TEMA 2
LA CONSTITUCIÓN (I)LA CONSTITUCIÓN (I)

TEMA 1- LA CONSTITUCIÓN (I)
1. INTRODUCCIÓN
REVOLUCIÓN FRANCESA
1789

1. INTRODUCCIÓN
RASGOS FUNDAMENTALES
DIVISIÓN DE PODERES
DERECHOS Y LIBERTADES
REFORMA

TEMA 1- LA CONSTITUCIÓN (I) 1. INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
1975
Juan Carlos I
Adolfo Suárez
Reforma

1.1 ANTECEDENTES
Ley para la reforma política
Sistema democrático
Derechos fundamentales
Dos cámaras
Calendario de reforma

1.1 ANTECEDENTES
31 de octubre
6 de diciembre
27 de diciembre
29 de diciembre
1978

1.1 CARACTERÍSTICAS
ESCRITA
CODIFICADA
EXTENSA

1.3 ESTRUCTURA Y CONTENIDO
PREÁMBULO
169 ARTS.
DISPOSICIONES
4 ADICIONALES
9 TRANSITORIAS
1 DEROGATORIA
1 FINAL

1 Preámbulo.
1 Título Preliminar.
10 Títulos más.
4 Disposiciones Adicionales.
9 Disposiciones Transitorias.
1 Disposición Derogatoria.
1 Disposición Final
La Constitución Española se encuentra estructurada en un Preámbulo, un Titulo Preliminar,
10 títulos:
a) 9 Disposiciones Adicionales, 4 Transitorias, 1 Derogatoria y 1 Final.
b) 9 Disposiciones Adicionales, 5 Transitorias, 1 Derogatoria y 1 Final.
c) 4 Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias, 1 Derogatoria y 1 Final.

PREÁMBULO
Se enuncian una serie principios y valores que
después se desarrollan a lo largo del texto
constitucional. Se caracteriza por:
Ser breve.
No gozar de fuerza jurídica.
Encerrar un gran valor como declaración
política.

PREÁMBULO
“La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la
seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su
soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de
las leyes, conforme a un orden económico y social justo.
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley
como expresión de la voluntad popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de
los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e
instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a
todos una digna calidad de vida.
Establecer una sociedad democrática avanzada.
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de
eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.”

La Constitución puede dividirse en dos partes:
Parte dogmática: Recoge los principios básicos del
régimen constitucional y de los derechos y libertades
(artículos 1 a 55)
Parte orgánica: Se refiere a la organización de los
poderes públicos. (artículos 56 a 169)

Parte dogmática:
Título Preliminar, donde se contienen las grandes
definiciones sobre la esencia del Estado, los principios
fundamentales de su organización y los valores
reconocidos como superiores por el Estado. Comprende
los artículos 1 a 9.
Título I, en el que se reconocen los derechos y
deberes fundamentales de los españoles, se garantiza
su cumplimiento y ejercicio, así como las circunstancias
de su suspensión. (arts. 10 al 55)

Parte orgánica:
Título II. De la Corona (arts. 56 a 65).
Título III. De las Cortes Generales (art. 66 a 96).
Título IV. Del Gobierno y de la Administración (arts. 97 a 107).
Título V. De las Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (arts. 108 a 116).
Título VI. Del Poder Judicial (arts. 117 a 127).
Título VII. Economía y Hacienda (arts. 128 a 136).
Título VIII. De la organización Territorial del Estado (arts. 137 a 158).
Título IX. Del Tribunal Constitucional (arts. 159 a 165).
Título X. De la Reforma Constitucional (arts. 166 a 169).
Disposiciones:
4 Adicionales.
9 Transitorias.
1 Derogatoria.
1 Final.

1.4 TÍTULO PRELIMINAR
Arts. 1 al 9
Principios básicos de cómo debe ser el Estado. (art. 1)
“España se constituye en un Estado social y democrático
de Derecho”, es decir, que está sometido a sus propias
leyes (art. 9).
El adjetivo social es un principio difuso pero orientador, y
el de democrático implica la participación ciudadana,
puesto que la «soberanía nacional reside en el pueblo
español, del que emanan los poderes del Estado» (art. 1).
También se garantiza la “libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo político”, y el Estado toma la forma de una
monarquía parlamentaria.

Artículo 1
1. España se constituye en un Estado social y
democrático de Derecho, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del
que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía
parlamentaria.

España es una nación (arts. 2-3) formada por
comunidades autónomas, lo que implica la existencia de
una pluralidad de lenguas, el «castellano es la lengua
oficial común» y todos los españoles tienen el deber de
conocerla y el derecho a usarla.

LA BANDERA
Artículo 4
1. La bandera de España está formada por
tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja,
siendo la amarilla de doble anchura que cada
una de las rojas.
2. Los Estatutos podrán reconocer banderas
y enseñas propias de las Comunidades
Autónomas. Estas se utilizarán junto a la
bandera de España en sus edificios públicos
y en sus actos oficiales.

LA CAPITAL
El art. 5 señala que la capital está situada en
la villa de Madrid.

PARTIDOS POLÍTICOS.
Artículo 6
Los partidos políticos expresan el pluralismo
político, concurren a la formación y
manifestación de la voluntad popular y son
instrumento fundamental para la
participación política. Su creación y el
ejercicio de su actividad son libres dentro
del respeto a la Constitución y a la ley. Su
estructura interna y funcionamiento deberán
ser

SINDICATOS Y ASOCIACIONES
EMPRESARIALES.
Artículo 7
Los sindicatos de trabajadores y las
asociaciones empresariales contribuyen a la
defensa y promoción de los intereses
económicos y sociales que les son propios.
Su creación y el ejercicio de su actividad son
libres dentro del respeto a la Constitución y
a la ley. Su estructura interna y
funcionamiento deberán ser democráticos.

FUERZAS ARMADAS.
Artículo 8
1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del
Aire, tienen como misión garantizar la
soberanía e independencia de España,
defender su integridad territorial y el
ordenamiento constitucional.
2. Una ley orgánica regulará las bases de la
organización militar conforme a los
principios de la presente Constitución.

Artículo 9
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a
la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la
jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la
seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de
la arbitrariedad de los poderes públicos.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Regulan algunos procedimientos especiales de acceso a
la autonomía, como es el caso de Navarra, Ceuta y
Melilla.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Anula la Ley para la Reforma Política, del 4 de enero de
1977 y las anteriores Leyes Fundamentales.
DISPOSICIÓN FINAL
Establece que la Constitución entrará en vigor el mismo
día de la publicación de su texto oficial en el Boletín
Oficial del Estado. Añade que se publicará también en las
demás lenguas de España.

2. LOS VALORES DE LA CONSTITUCIÓN
LIBERTAD
JUSTICIA
IGUALDAD
PLURALISMO POLÍTICO

LIBERTAD.
Valor superior del ordenamiento jurídico
Tiene su plasmación en el Capítulo II del Título I, bajo la
denominación de “Derechos y libertades”.
Reconocimiento de la autonomía del individuo para elegir
Art. 9.2
“Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social.”

A un ciudadano le está permitido todo lo que no está
expresamente prohibido
Autoriza a los ciudadanos a levar a cabo todas aquellas
actividades que la ley no prohíba o cuyo ejercicio
subordine a requisitos o condiciones determinadas.

JUSTICIA
Emana del pueblo y se administra en nombre del rey, por
jueces y magistrados, y reconoce que todas las personas
tienen derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales,
sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
Título VI al Poder Judicial
Título IX al Tribunal Constitucional.

IGUALDAD
La CE, al incluir, junto con la libertad, la igualdad como
valor superior, opta por entender que ambos valores,
lejos de ser contrapuestos, han de ser necesariamente
armonizados de forma conjunta, sin que el valor de la
igualdad puede ser perseguido en detrimento del valor
superior de la libertad, por ser ambos parte inherente de
la condición humana.
El valor igualdad tiene dos grandes dimensiones.
Igualdad FORMAL.
Igualdad MATERIAL O REAL Y EFECTIVA.

IGUALDAD FORMAL.
La igualdad formal se plasma en la igualdad ante la ley
que recoge el art. 14 CE, cuando afirma que los
españoles son iguales ante la ley sin que pueda haber
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
opinión, religión o cualquier otra condición o
circunstancias personal o social.
IGUALDAD MATERIAL O REAL Y EFECTIVA.
La igualdad material pretende remediar la situación de
escasez existente en la sociedad mediante una justa
distribución de los bienes, respecto al mayor número
posible de personas.

PLURALISMO POLÍTICO
Incompatible con el régimen de partido único o con el
dogmatismo en la esfera política.
Se explica por el comento histórico en que a misma se
produce y por el deseo de poner punto y final al régimen
político del franquismo.
Art. 6 CE,
“Los partidos políticos expresan el pluralismo político,
concurren a la formación y manifestación de la voluntad
popular [...]”. Sin embargo, en sentido más amplio,
también se reconoce el pluralismo en general al regular
el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones, al regular el pluralismo lingüístico, al regular
los sindicatos de trabajadores y las asociaciones
empresariales, y al regular por último el derecho de
asociación.

3. LOS PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN CONST.
Recogidos en los arts. 1.2, 1.3 y 2 de la CE.
El art. 1.2 señala que “la soberanía nacional reside en el
pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
El art. 1.3 dice: “la forma política del Estado español es la
Monarquía parlamentaria”.
El art. 2 indica que “la Constitución se fundamenta en la
indisoluble unidad de la Nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza
el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones que la integran y la solidaridad entre todas
ellas”.

TEMA 1- LA CONSTITUCIÓN (I) 1. INTRODUCCIÓN 3. LOS PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN CONST.
3.1 ESTADO DEMOCRÁTICO
El principio democrático ha significado la extensión del principio de
igualdad a la participación política, el reconocimiento de los derechos
políticos a todos los ciudadanos, cualesquiera que sea su riqueza,
sexo, ideología, religión o creencias.
Es la definición de la soberanía popular.
Es, también, el gobierno de la mayoría pero con respeto de las
minorías, que tienen que mantener la posibilidad de llegar a ser
mayoría.
También reside su concepto en que los mandatos políticos sean
temporales.
Nuestra Constitución acoge todos estos principios. Consagra como
derecho fundamental la igualdad ante la ley y rechaza cualquier
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 14 CE),
para después hacer lo propio con la participación política, al
convertirla en derecho fundamental.

El Estado democrático tiene una doble vertiente.
Por un lado reconoce que la soberanía nacional reside en el pueblo
español, principio elemental para sostener la convivencia
democrática contenida en el preámbulo, y que es fuente de la
legitimidad democrática directa del poder legislativo
Por otro lado, para conseguir esta democracia se requiere un
pluralismo político articulado en los partidos políticos, sindicatos, o
asociaciones empresariales, de estructuras democráticas.
Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en
elecciones periódicas por sufragio universal. Con respecto a la
participación ciudadana en los asuntos públicos, este mismo artículo
reconoce el sufragio universal activo y pasivo.

Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las
funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las
leyes”(art. 23 CE).
Los ciudadanos también están habilitados para ejercer la potestad
legislativa, mediante la figura de la iniciativa popular (art. 87.3 CE,
que requiere 500.000 firmas de electores, es decir, de personas
inscritas en el censo electoral, acreditadas para presentar en las
Cortes proposiciones de ley).
Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.

Gobierno de las leyes y no el de
los hombres.
Separación de las funciones
legislativa, ejecutiva y judicial.
3.2 ESTADO DE DERECHO

PRINCIPIOS FORMALES
“Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico” (art. 9.1 CE).
“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la
seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de
los poderes públicos” (art. 9.3 CE).
“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en
ningún caso, pueda producirse indefensión” (art. 24.1 CE).
“Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a
la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación
formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con
todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su
defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la
presunción de inocencia” (art. 24.2 CE).
3.2 ESTADO DE DERECHO

Garantiza a los ciudadanos el ejercicio de irrenunciables derechos sociales, como el
derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda o a la sanidad pública.
Art. 9.2: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
La CE reconoce el Estado social en el preámbulo cuando señala la voluntad de la Nación
española de “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los
derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones y de promover el
progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”.
Así mismo, también se reconoce en art. 1.1 de su título preliminar.
Después se desarrolla en todo el texto constitucional, pero especialmente en Títulos I
(“De los derechos y deberes fundamentales”) en su capítulo III (De los principios rectores
de la política social y económica) y en Título VII (“Economía y Hacienda”).
Entre los más significativos cabe apuntar la función social de la propiedad (art. 33.2 CE) y
la subordinación de la riqueza del país al interés general (art. 128.1 CE).
No todos los derechos sociales son igualmente exigibles y en muchos casos se limitan a
informar la actuación de los poderes públicos y la actividad judicial. En tal sentido es lo
que algunos autores han venido a denominar el horizonte utópico de la Constitución.
3.3 ESTADO SOCIAL

La forma política de Estado español es la Monarquía
parlamentaria.
La Jefatura del Estado es ocupada por un rey, el cual está
sometido al control parlamentario, que el rey no controla el
poder ejecutivo y que es hereditaria.
El Rey es el Jefe del Estado (art. 56 CE), pero sus actos “serán
refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por
los ministros competentes”, los cuales serán los responsables
de dichos actos (art. 64 CE).
La Constitución regula la Corona en el Título II, art. 56 a 65,
donde se regula, no solo su valor simbólico, sino sus funciones,
la sucesión al trono (art. 57), la Regencia, la tutela durante la
minoría de edad del rey (art. 60) y el refrendo de las decisiones
del rey (art. 64).
3.4 MONARQUÍA PARLAMENTARIA

Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades
y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
El principio de autonomía preside todo el desarrollo de la
configuración territorial del Estado que se recoge en el Título VIII “de
la Organización Territorial del Estado”, y que comprende los arts. 137
a 158.
No obstante, se refuerza de nuevo el principio de solidaridad recogido
en el art. 2 CE, garantizando su realización efectiva y remarcando que
“Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en
cualquier parte del territorio Español” (art. 139 CE).
3.5 ESTADO AUTONOMISTA

4 DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES
Vinculan a todos los poderes públicos (art. 53.1 CE)
Son derechos constitucionalmente limitados, no son absolutos. Están
limitados por el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
Sus límites tienen que responder a ser una medida excepcional,
recogida en una ley y respetar el contenido esencial del derecho en
cuestión.
Son derechos reconocidos y garantizados en régimen de igualdad.
Su ejercicio está sometido a un procedimiento jurídicamente
establecido.

El Título I de la Constitución Española trata de los “Derechos y Deberes
Fundamentales” y consta de cinco capítulos:
Capítulo Primero: “De los españoles y los extranjeros”. Se refiere al régimen
jurídico de la nacionalidad y al estatuto de los extranjeros.
Capítulo Segundo: “Derechos y libertades”. Se divide en dos Secciones.
Sección 1ª, “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”,
recoge el conjunto de derechos públicos ejercitables frente a los poderes
públicos.
Sección 2ª, “De los derechos y deberes de los ciudadanos”, se recogen, junto a
los básicos deberes ciudadanos, otros derechos que no implican, como los de
la Sección 1a derechos de libertad sino que afectan a otros ámbitos jurídicos
del individuo (matrimonio,herencia, propiedad privada, etc.).
Capítulo Tercero: “De los principios rectores de la política social y económica”,
contiene las directrices que habrán de inspirar la acción legislativa y
administrativa, en relación a la familia, distribución de la renta, régimen laboral
y de Seguridad Social, cultura, vivienda, medio ambiente, patrimonio histórico,
cultural y artístico, etc.
Capítulo Cuarto: “Garantías de las libertades y derechos fundamentales”, se
refiere a la defensa legal y jurisdiccional de las libertades y derechos.
Capítulo Quinto: “Suspensión de los derechos y libertades”, en los casos de
declaración de los estados de excepción y de sitio, así como en los supuestos
de terrorismo.
4 DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

CAPÍTULO PRIMERO. DE LOS ESPAÑOLES Y
EXTRANJEROS.
Art. 11. Nacionalidad.
1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y
se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su
nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble
nacionalidad con los países iberoamericanos o con
aquellos que hayan tenido o tengan una particular
vinculación con España. En estos mismos países, aun
cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho
recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder
su nacionalidad de origen.
Art.12. Mayoría de edad.
Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.
4.1 DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

CAPÍTULO PRIMERO. DE LOS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS.
Art. 13 Extranjería.
1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que
garantiza el presente Título en los términos que establezcan los
tratados y la ley.
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos
reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de
reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de
sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o
de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos
de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales
los actos de terrorismo.
4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros
países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

CAPÍTULO SEGUNDO. DERECHOS Y LIBERTADES
Art 14. Interdicción de la discriminación.
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades
públicas
Artículo 15. Derecho a la vida y a la integridad física y moral.
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral,
sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a
penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la
pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes
penales militares para tiempos de guerra.
Este derecho a la vida del art. 15 se proyecta sobre cuestiones
tan controvertidas y polémicas como la pena de muerte, el
aborto, la eutanasia y el suicidio.

La LO 11/1995, de 27 de noviembre, sobre la abolición de la pena de muerte en
tiempos de guerra, ha venido a erradicar totalmente de nuestro derecho las
referencias que aún quedaban sobre el tema en el Código Penal Militar.
La interrupción voluntaria del embarazo quedo despenalizada a través de la ya
derogada L, en 3 supuestos: grave peligro para a vida o la salud física o
psíquica de la embarazada, en caso de violación previamente denunciada, o
graves taras físicas o psíquicas del feto.
Actualmente, la interrupción voluntaria del embarazo está regulada en la
LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva e interrupción
voluntaria del embarazo.
En cuanto a la disponibilidad sobre la propia vida, pese a corrientes de opinión
y doctrinales contrapuestas, el TC ha venido a declarar que hay que entenderla
dentro del derecho positivo a la vida, lo que impide que pueda configurarse
como un derecho a la libertad que incluya el derecho a la propia muerte, sin
perjuicio de reconocer que “siendo la vida un bien de la persona que se integra
en el círculo de su libertad, pueda aquella fácticamente disponer sobre su
propia muerte”.
La sentencia 120/1990, de 28 de junio, sobre la huelga de hambre de los presos
del GRAPO, ha venido a marcar esa declaración y la posición del TC en la
materia.

Por otra parte, dentro del derecho a al vida se incluye el derecho a la
integridad física y moral que garantiza el art. 15 mediante la
“prohibición al sometimiento de torturas”. La protección de este
derecho tienen un antecedente remoto en la Constitución de 1812, y
es materia de especial relevancia en acuerdos internacionales, unos
de ámbito global como la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y otros de
ámbito europeo como el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Públicas de 1950, y el
“Convenio Europeo para la prevención de la torTura y de las penas o
tratos inhumanos y degradantes” de 1987.

Art. 16. Libertad ideológica, de religión y de culto.
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones
de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Artículo 17. Derecho a la libertad y a la seguridad personal.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de
su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en
la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo
caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en
libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada
a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales
y judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta
a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se
determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Artículo 18. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen.
1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse
en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso
de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las
postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de
sus derechos.

Artículo 19. Libertad de residencia y de circulación.
Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a
circular por el territorio nacional.
Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los
términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por
motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20. Libertad de expresión e información.
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La
ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio
de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura
previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el
acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el
pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este
Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al
honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de
información en virtud de resolución judicial.

Artículo 21. Libertad de reunión y manifestación.
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio
de este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y
manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo
podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del
orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 22. Libertad de asociación.
1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados
como delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán
inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus
actividades en virtud de resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
La Ley 1/2002, de 22 de marzo, regula la constitución de las
asociaciones y, en este caso, también reiterada jurisprudencia
constitucional amplía este derecho a las personas jurídicas.

La garantía de las libertades y de los derechos
fundamentales de los ciudadanos se realiza por Ley,
que no debe contradecir a la Constitución.
El derecho vale lo que valen sus garantías. En
nuestra Constitución hay ejemplos de garantías
frente a particulares (la no obligatoriedad de
declarar sobre la ideología, religión...), pero la
mayoría de las garantías están previstas para
oponerlas a los poderes públicos (habeas corpus,
como garantía frente a la actuación de la policía).
4.2 LAS GARANTÍA Y SUSPENSIÓN DE DERECHOS

Al definir los derechos fundamentales, ya se contienen un buen número de garantías de
los mismos, como las siguientes:
Garantizan la libertad personal: la institución del habeas corpus, la duración máxima de la
detención preventiva y la prisión provisional, la información de los derechos al detenido,
la no obligación de declarar, la asistencia letrada, la tutela judicial efectiva.
Garantizan los derechos a la intimidad personal y familiar y a la libertad y seguridad
personales: el reconocimiento de la inviolabilidad del domicilio y del secreto de las
comunicaciones privadas.
Garantizan la libertad ideológica: el reconocimiento a no declarar sobre la ideología, la
religión o la creencia propia.
Son garantías de la libertad de comunicación: la prohibición de la censura previa y la
exigencia de resolución judicial para el secuestro de publicaciones y de otros medios de
comunicación.
Aseguran los derechos de reunión y manifestación: la eliminación de autorización previa
para su ejercicio y la exigencia de resolución judicial motivada para la suspensión o
disolución de una asociación legalmente constituida.
Garantizan la legitimidad de las penas y sanciones: el principio de legalidad en materia
sancionadora.
Asegura la unidad jurisdiccional: la prohibición de los tribunales de honor en la
Administración civil y de tribunales de excepción en general.

1.1 CARCTERÍSTICAS
Garantizan los derechos del condenado: la exigencia de que, si es sentenciado a pena
privativa de libertad, se le mantenga en el ejercicio de todos los derechos fundamentales
compatibles con el contenido del fallo condenatorio, con sentido de la pena y con la lay
penitenciaria.
Aseguran la libertad de enseñanza: la participación de los sectores afectados en la
programación general de la enseñanza y la intervención de los profesores, padres y
alumnos.
Garantizan el derecho a la propiedad: la justificación de la expropiación forzosa en una
causa de utilidad pública o interés social y el pago de la correspondiente indemnización.
Aseguran el derecho a la negociación colectiva: la fuerza vinculante otorgada a los
convenios laborales colectivos.

El art. 53 de la Constitución establece tres niveles
generales de protección de los derechos establecidos de
menor a mayor:
Protección Normal: Derechos del capítulo III del Título
Primero (Principios rectores de la política social y
económica), protegidos por el principio general de rigidez
constitucional, es decir, por la posibilidad de cuestionar
la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley
que los vulnere.

Protección Intermedia:
Derechos de la Sección 2ª del Capítulo II del Título Primero (Derechos
y deberes de los ciudadanos) se establece el principio de reserva de
ley para el desarrollo y regulación del ejercicio de estos derechos y
libertades, ley que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 81 de la
Constitución, tendrá que ser orgánica para el desarrollo de los
derechos fundamentales y libertades públicas (es decir, para los
derechos y libertades de la Sección 1ª). De modo que si para el
desarrollo del derecho de petición o el de reunión, por ejemplo, es
precisa una ley orgánica, bastaría la ordinaria -o incluso un Decreto-
Ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad- para regular las
formas de matrimonio o el derecho de propiedad. Estos derechos
(matrimonio, derecho al trabajo, libertad de empresa) vinculan a todos
los poderes públicos y serán tutelados mediante el recurso de
inconstitucionalidad.

Máxima Protección.
Derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (derecho a la vida, libertad
religiosa, inviolabilidad de domicilio, libertad de expresión) están
protegidos, además de por todas las garantías anteriores, por su
tutela preferente y sumaria de los jueces y tribunales y por el recurso
de amparo ante el Tribunal Constitucional. Garantías estas aplicables
también al principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE) y al derecho
de objeción de conciencia respecto a las obligación militar (art. 30
CE).

5 tipo de protección:
Jurisdiccional: el ciudadano puede instar la tutela de los derechos y
libertades públicas ante tres instancias: Jurisdicción ordinaria,
Tribunal Constitucional y Jurisdicción Internacional.
Ordinaria: se regulan tres procedimientos de tutela judicial a los que
se llama “garantías”, según el orden jurisdiccional a que se soliciten:
Garantía penal: aplicable al enjuiciamiento de los los delitos contra
los derechos fundamentales.
Garantía contencioso-administrativa: frente a las violaciones de los
derechos y libertades fundamentales originadas por disposiciones,
actos jurídicos o simples vías de hecho de los poderes públicos del
Estado, CCAA y demás entes públicos.
Garantía civil: aplicable en los supuestos en que no sean procedentes
las dos anteriores (carácter residual).

Constitucional: hay dos vías atribuidas al TC para tutelar los
derechos fundamentales:
Control de constitucionalidad de las leyes: por recurso directo o por la
cuestión de inconstitucionalidad. El TC declarará la
inconstitucionalidad de la leyes que lesionen derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución.
Recurso de amparo: recurso de carácter subsidiario, cuyo objetivo es
la protección de los derechos y libertades reconocidos en la Sección
1ª del Capítulo II del art. I (art. 15 a 29), además del derecho a la
igualdad del art. 14 CE.

Internacional:
El Convenio Internacional de los Derechos Humanos creó el Tribunal Europeo
de los Derechos Humanos (TEDH). El recurso ante este Tribunal es subsidiario,
ya que los nacionales de los Estados contratantes no pueden acudir
directamente, sino que han de hacerlo ante la Comisión, la cual, si lo estima
pertinente, plantea demanda ante el Tribunal.
Defensa extrajudicial: dicha defensa será a través del Defensor del Pueblo, que
se verá más adelante.

La CE debe prever la existencia de situaciones de crisis, en las que no es factible el escrupuloso respeto
de los derechos reconocidos, ello constituye en sí mismo una garantía.
Es decir, nos encontramos con dos supuestos de suspensión:
General: relacionada con situaciones de grave crisis
Individual: relacionada con la investigación de delitos cometidos por bandas armadas o elementos
terroristas.
Suspensión general
Art. 116 de la CE:
1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y
limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de
Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido
inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto
determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de
Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de
excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende
y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos
requisitos.
4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta
exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
4.3 LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y
LIBERTADES

Estado de alarma: se puede declarar en los siguientes casos:
Situaciones de catástrofes naturales, calamidades o desgracias públicas de gran
magnitud.
Crisis sanitarias graves.
Paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad cuando no se los
garantice en caso de huelga, o de conflictos laborales colectivos y haya, además,
alguna otra circunstancia grave con las mencionadas.
Como en el caso de la huelga de los controladores aéreos, la cual se vio prorrogada
Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
LIBERTADES

Estado de excepción: puede declararse en caso de grave alteración del libre
ejercicio de los derechos y libertados de los ciudadanos o del normal
funcionamiento de las instituciones democráticas o de los servicios públicos
esenciales para la comunidad o en su caso de cualquier ora grave alteración del
orden público que no pueda restablecerse con el ejercicio ordinario de las
potestades públicas.
Estado de sitio: cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto
de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial
o el Ordenamiento Constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el
Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el art. 116.4 CE, podrá proponer al
Congreso de los Diputados la declaración de Estado de Sitio.
LIBERTADES

LIBERTADES

Suspensión individual
Se podrá acordar en relación con personas determindadas, respecto a
investigaciones sobre la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
Los derechos y garantías cuyo ejercicio pueden ser individualmente suspendidos
son:
La garantía de duración máxima de 72 horas de la detención preventiva.
La inviolabilidad del domicilio y, por consiguiente, la garantía de resolución
judicial para efectuar en él entradas o registros.
El secreto de las comunicaciones.
LIBERTADES

Protege y defiende los derechos fundamentales del Título I de la
constitución.
Cualquier ciudadano español o extranjero, independientemente de su edad
o de su situación legal en España, puede acudir al Defensor del Pueblo,
tanto de manera individual como colectiva, presentando una queja, si
considera que en su relación con las Administraciones Públicas españolas se
han visto vulnerados los derechos reconocidos en la Constitución.
Además de presentar sus quejas, los ciudadanos pueden solicitar que el
Defensor del Pueblo interponga un recurso de inconstitucionalidad o de
amparo ante el TC.
En el caso de que al defensor del pueblo no le corresponda investigar una
queja, comunicará al ciudadano por carta el motivo o las causas de ello y,
siempre que sea posible, intentará orientarle sobre las vías a las que puede
acudir, si el interesado lo desea.
5. EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Será elegido por las Cortes
Generales para un periodo de 5 años,
reelegible (no renovable) una sola vez
por otros 5 años, y se dirigirá a las
mismas a través de los Presidentes
del Congreso y del Senado,
respectivamente.
TEMA 1- LA CONSTITUCIÓN (I) 5. EL DEFENSOR DEL PUEBLO
5.1 CARÁCTER Y ELECCIÓN

El Defensor del Pueblo cesará por alguna de las
siguientes causas:
Por renuncia.
Por expiración del plazo de su nombramiento.
Por muerte o por incapacidad sobrevenida.
Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de
las obligaciones y deberes del cargo.
Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por
delito doloso.
5.2 CESE Y SUSTITUCIÓN

El Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe
instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y
según su criterio.
El Defensor del Pueblo gozará de inviolabilidad. No podrá ser detenido,
expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o
a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo.
En las demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, el
Defensor del Pueblo no podrá ser detenido ni retenido sino en caso de flagrante
delito, correspondiendo la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y
juicio exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Las anteriores reglas serán aplicables a los Adjuntos del Defensor del Pueblo en el
cumplimiento de sus funciones.
5.3 PRERROGATIVAS E INCOMPATIBILIDADES

El Defensor del Pueblo únicamente es responsable de su gestión ante las Cortes
Generales.
Los Adjuntos son directamente responsables de su gestión ante el Defensor del
Pueblo y ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del
Pueblo.
La condición de Defensor del Pueblo y de sus Adjuntos es incompatible con todo
mandato representativo; con todo cargo político o actividad de propaganda política;
con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración pública; con la
afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido
político o en un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de los
mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad
profesional, liberal, mercantil o laboral.
El Defensor del Pueblo deberá cesar, dentro de los diez días siguientes a su
nombramiento y antes de tomar posesión, en toda situación de incompatibilidad que
pudiera afectarle, entendiéndose en caso contrario que no acepta el nombramiento.
Si la incompatibilidad fuere sobrevenida una vez posesionado del cargo, se
entenderá que renuncia al mismo en la fecha en que aquélla se hubiere producido.
5.3 PRERROGATIVAS E INCOMPATIBILIDADES

El Defensor del Pueblo estará auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en los
que podrá delegar sus funciones y que le sustituirán por su orden, en el ejercicio de las
mismas, en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese.
Competencias de los Adjuntos:
Ejercitar las funciones del Defensor del Pueblo en los casos de delegación y sustitución
previstos en la Ley Orgánica.
Dirigir la tramitación, comprobación e investigación de las quejas formuladas y de las
actuaciones que se inicien de oficio, proponiendo, en su caso, al Defensor del Pueblo, la
admisión a trámite o rechazo de las mismas y las resoluciones que se estimen procedentes, y
llevando a cabo las actuaciones, comunicaciones y notificaciones pertinentes.
Colaborar con el Defensor del Pueblo en las relaciones con las Cortes Generales y la Comisión
Mixta en ellas constituida al efecto y en la supervisión de las actividades de las Comunidades
Autónomas y, dentro de ellas, de la coordinación con los órganos similares que ejerzan sus
funciones en este ámbito.
Colaborar con el Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones como Mecanismo
Nacional de Prevención.
Preparar y proponer al Defensor del Pueblo el borrador de informe anual y los de los demás
informes que deban elevarse a las Cortes Generales o al Subcomité para la Prevención de la
Tortura.
Asumir las restantes funciones que se le encomiendan en las leyes y disposiciones
reglamentarias vigentes.
5.4 LOS ADJUNTOS

Los Adjuntos al Defensor del Pueblo cesarán por alguna de las siguientes causas:
a) Por renuncia.
b) Por expiración del plazo de su nombramiento.
c) Por muerte o por incapacidad sobrevenida.
d) Por notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del
cargo. En este caso, el cese exigirá una propuesta razonada del Defensor del
Pueblo, que habrá de ser aprobada por la Comisión mixta Congreso-Senado, de
acuerdo con el mismo procedimiento y mayoría requerida para otorgar la
conformidad previa para su nombramiento, y con audiencia del interesado.
e) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso.
5.4 LOS ADJUNTOS

Para el ejercicio de sus funciones el Defensor
del Pueblo estará asistido por una Junta de
Coordinación y Régimen Interior, la cual
estará compuesta por el Defensor del Pueblo,
los Adjuntos y el Secretario general, que
actuará como Secretario y asistirá a sus
reuniones con voz y sin voto.
5.5 JUNTA DE COORDINACIÓN

El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de
oficio o a petición de parte, cualquier investigación
conducente al esclarecimiento de los actos y
resoluciones de la Administración pública y sus
agentes, en relación con los ciudadanos.
Todas las actuaciones del Defensor del Pueblo son
gratuitas para el interesado y no será preceptiva la
asistencia de Letrado ni de Procurador.
5.6 INICIO DE INVESTIACIÓN

El Defensor del Pueblo podrá, en todo caso, de oficio
o a instancia de parte, supervisar por sí mismo la
actividad de la Comunidad Autónoma en el ámbito de
competencias definido por la Ley.
Los órganos similares de las Comunidades Autónomas
coordinarán sus funciones con las del Defensor del
Pueblo y éste podrá solicitar su cooperación.
Cuando el Defensor del Pueblo reciba quejas
referidas al funcionamiento de la Administración de
Justicia, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal
5.7 COMPETENCIAS

El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las
Cortes Generales de la gestión realizada en un
informe que presentará ante las mismos cuando se
hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo
aconsejen podrá presentar un informe extraordinario
que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las
Cámaras si éstas no se encontraran reunidas.
5.8 INFORME A LAS CORTES

El Consejo Asesor es un órgano de cooperación técnica y jurídica del Mecanismo Nacional de
Prevención.
Serán funciones del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención las siguientes:
a) Realizar propuestas sobre visitas a lugares donde se hallen personas privadas de libertad
.
b) Realizar propuestas para la mejora de los protocolos de visita y para el seguimiento de las
mismas.
c) Evacuar los informes que el Defensor del Pueblo le solicite sobre la normativa de relevancia
para la situación de las personas privadas de libertad.
d) Proponer programas de formación y cursos de especialización en materia de prevención de
la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
e) Realizar el seguimiento de los informes que se elaboren por el Mecanismo Nacional de
Prevención y por el Subcomité para la Prevención de la Tortura.
f) Aquellos otros asuntos que se sometan a su consideración.
5.9 EL CONSEJO ASESOR

LA DEFENSORA DEL PUEBLO ES SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE
Es la primera mujer elegida Defensora del Pueblo al ser aprobado su
nombramiento por los plenos del Congreso y del Senado los días 17 y 18 de julio de
2012. Tomó posesión de su cargo el día 23 del mismo mes.
5 LA DEFENSORA DEL PUEBLO

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