Tema 4. desamortización

Tema 4.- PROCESO DE DESAMORTIZACION Y CAMBIOS AGRARIOS
Introducción.
La desamortización fue un largo proceso histórico, económico y social iniciado
en España a finales del siglo XVIII y cerrado ya muy entrado el siglo XX (1924).
Consistió en poner en el mercado, mediante una subasta pública, las tierras y bienes no
productivos en poder de las llamadas «manos muertas» (Iglesia, Ordenes Religiosas y
latifundios nobiliarios) acumulados mediante donaciones, testamentos, etc.
Su finalidad fue acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de
labradores propietarios. Además, el Estado obtenía unos ingresos extraordinarios con
los que se pretendían amortizar los títulos de deuda pública.
4.1.- Precedentes.
Para comprender las desamortizaciones, debemos estudiar primero la extensión
del latifundismo en España. Sus orígenes pueden retrotraerse a la época de la
Reconquista, cuando los grandes avances cristianos hicieron que los reyes otorgaran
grandes lotes de tierras a la nobleza, la Iglesia y las Órdenes Militares (generalmente
para su defensa frente a los musulmanes). La situación se fue agudizando con el paso
del tiempo, pues los latifundistas adquirieron aún más tierras (mediante donaciones –en
el caso de la Iglesia–, comprándolas a agricultores arruinados, robándolas de tierras
comunales, etc.). Así, en el s. XVIII, el 90 % de la tierra en España era propiedad de
unos pocos nobles, de la Iglesia y de ciertas Órdenes Militares.
Esta situación era todavía más problemática si pensamos que la tierra estaba
amortizada y, por tanto, en manos muertas. Efectivamente, desde 1505 (Leyes de Toro)
existía la institución del mayorazgo, que permitía vincular la tierra a una familia (que
transmitía todas las propiedades por línea hereditaria al primogénito varón) o institución
(Iglesia, Órdenes Militares, Concejos, la Corona). Estas propiedades reciben el nombre
de señorío. De esta forma, una familia o institución nunca se debilitaba, pues las
propiedades eran indivisibles, invendibles e intransferibles, es decir, estaban vinculadas.
Los propietarios de los grandes latifundios en España basaban su riqueza y
prestigio social en la extensión de sus propiedades, por lo que no existía en nuestro país
una masa de medianos campesinos que estuvieran interesados en modernizar sus
explotaciones para obtener de ellas el máximo rendimiento. Los latifundistas, con una
mentalidad poco capitalista, tampoco estaban dispuestos a invertir parte de sus fortunas
para obtener una mayor producción. Además, incluso aunque estuvieran arruinados, no
podían vender sus tierras, porque éstas estaban amortizadas (manos muertas).
Dicha situación chocó, en la segunda mitad del s. XVIII, con las ideas y los
planes de gobierno de algunos ministros ilustrados. Éstos, denunciaron la injusta
distribución de la propiedad agraria en la que abundaban los rentistas: los que cobraban
los derechos señoriales, los propietarios que arrendaban la tierra, los arrendatarios que
tampoco cultivaban la tierra subarrendándola y los eclesiásticos que vivían de los
diezmos pagados por los campesinos. Estos rentistas estaban, en general, poco
interesados no sólo por cultivar tierras, sino por introducir las mejoras técnicas que

ya se estaban presentando en Europa. La tierra sólo le interesaba como fuente de
ingresos para mantener los gastos de su rango social.
Para intentar solucionar los problemas del agro español había que conocer la
situación real del país y fue el Consejo de Castilla quién recopiló una serie de informes
de los intendentes en el llamado “Expediente General”, que debía ser el punto de
partida para elaborar una Ley Agraria que se enfrentara con los problemas agrarios del
país. Aunque la ley no llegó a realizarse todo este material sirvió para posteriores
análisis del problema, ya que a partir del Expediente General se elaboraron una serie de
informes en los que se apuntan posibles soluciones.
La preocupación básica de Floridablanca era la existencia de tierras sin
cultivar. Por esto insiste en un tipo determinado de soluciones: hay que poner en manos
de los labradores las tierras aún incultas (las tradicionales tierras comunales, las de
propios –tierras comunales arrendadas a particulares por los ayuntamientos–, los baldíos
y las dehesas). Campomanes defiende la necesidad de modificar el tipo de contratos de
arrendamiento propio de las provincias castellanas (a corto plazo y revisados
continuamente) por otros de un tipo parecido a los censos enfitéuticos que eran típicos
de Cataluña. El más influyente de todos fue sin duda el «Informe» de Jovellanos que
se centra sobre todo en los problemas derivados de la existencia de grandes extensiones
de tierra que no se podían vender. Se trataba de las tierras de los grandes patrimonios
nobiliarios y de las instituciones religiosas, que era preciso fueran parar a manos de
personas con intención de hacerlas producir. Jovellanos creía que una agricultura
moderna debía convertir la tierra en una mercancía que estuviera en manos de los que
tenían verdadero interés en ponerla en cultivo.
Durante el reinado de Carlos III y Carlos IV se adoptaron algunas medidas
reformistas que contrastan, por su limitación, con la magnitud del problema agrario y
con la lucidez con que los ilustrados habían sabido plantearlo en el terreno teórico. La
Ley Agraria no se llegó ni a redactar y las medidas adoptadas por el gobierno fueron
sólo tímidas medidas puntuales. Entre ellas, podemos destacar: la repoblación de tierras
agrícolas; la supresión de privilegios de la Mesta; el reparto de ciertos bienes de
propios; etc. Pero la Corona se opuso a una desamortización con los mismos
argumentos políticos y religiosos que utilizaban la nobleza y la Iglesia.
4.2.- Los primeros intentos de desamortización.
Fue a partir de 1795, con Godoy, cuando la política belicista del gobierno y el
consiguiente crecimiento brutal de la deuda pública obligaron al ministro a iniciar la
desamortización. En 1798 el gobierno declaró en venta los bienes de una serie de
institutos eclesiásticos, y destinó los fondos obtenidos a amortizar la deuda e indemnizar
a la Iglesia con el 3% anual del producto de las ventas. Entre 1798 y 1805 se vendieron
tierras por valor de 1.600 millones de reales, en total la sexta parte del patrimonio de la
Iglesia, pero en vez de destinar el dinero a su fin inicial, se gastó en nuevas campañas
militares. El resultado es que en 1808 la deuda ascendía a 7.000 millones, mientras que
se había eliminado la asistencia social a enfermos, ancianos y marginados sociales,
asistencia que la Iglesia financiaba con las rentas de esas tierras y que el Estado no
cubría, lo que condenó a esos colectivos a la miseria.

Durante la Guerra de la Independencia tanto el gobierno bonapartista como las
Cortes de Cádiz realizaron una legislación paralela de supresión de conventos y Órdenes
Religiosas y de puesta en venta de sus propiedades, destinando el producto a amortizar
la deuda del Estado. La restauración del absolutismo en 1814 significó la anulación de
este proceso y la devolución de los bienes vendidos a los frailes. En general, esta
desamortización tuvo pocas repercusiones, dado el estado de guerra en el que vivía el
país, que impidió una aplicación general de la legislación.
Durante el Trienio Liberal volvieron a entrar en vigor las decisiones de las
Cortes de Cádiz: se aprobó el Decreto de supresión de monacales de octubre de 1820 y
se emprendió la desamortización de bienes de propios y baldíos. Una buena parte de los
bienes de los conventos fue vendida, principalmente, a inversores burgueses. Pero en
1823 retornó el régimen absolutista, y Fernando VII obligó a restituir los bienes
vendidos, lo que provocó la indignación de los compradores, que desde entonces
pasaron a apoyar al liberalismo y a enfrentarse al Rey.
4.3.- La desamortización de Mendizábal.
A partir de 1833 el proceso de desamortización se precipitó por varias causas.
En primer lugar, las sucesivas guerras obligaban al Estado a obtener recursos, en un
momento en que las arcas estaban vacías y el crédito exterior se había hundido. En
segundo lugar, se difundió en el país un clima anticlerical, a causa del apoyo del clero
al bando carlista: los asaltos a conventos, los incendios, profanaciones y matanzas
fueron frecuentes en los años 1834 a 1836. En tercer lugar, los antiguos compradores
de bienes desamortizados en el Trienio, expropiados en 1823, presionaban al gobierno
para que les devolviera sus bienes. Hombres ricos, formaban un grupo poderoso e
influyente, esencial para el bando cristino. Por eso no es extraño que los gobiernos
liberales fueran poco a poco avanzando hacia la desamortización: confiscación de
bienes de los conventos destruidos (1834), reintegro de sus bienes a los compradores del
Trienio (1835) y decreto de exclaustración general (1836), que no hizo sino legalizar lo
que ya se había producido: el abandono masivo de los conventos, ante el miedo de los
frailes a los asaltos populares. El resultado es que sólo subsistieron 300 de los 2.000
conventos existentes.
Por otra parte, debemos tener en cuenta el contexto histórico general en el que
se desenvuelven, especialmente, las grandes desamortizaciones. Como vimos, la muerte
de Fernando VII, trajo consigo el acceso al poder de los liberales. Serán
fundamentalmente los progresistas, quienes inicien la maquinaria jurídica-económica,
capaz de poner en venta ingentes cantidades de tierra.
En efecto, durante la Regencia de Mª Cristina (1833-1840), esposa de Fernando
VII y madre de la futura Isabel II, los liberales fueron poniendo los cimientos de la
construcción de un nuevo Estado. Primero los moderados (1833-1836), con algunas
incursiones de miembros progresistas como Mendizábal, y luego los progresistas, en su
amplia expresión, (1836-1837 y 1841-43) fueron socavando las viejas estructuras del
Antiguo Régimen.
Aunque progresistas y moderados pertenecían a la familia liberal, tenían
sensibles diferencias acerca de cómo construir el Nuevo Régimen político. Así los
moderados, pensaban que las reformas tenían que hacerse sin poner en peligro sus

propiedades y sustentadas en el orden y en una autoridad fuerte, por ello favorecerán las
atribuciones de la Corona y limitarán al máximo la participación política. Los
progresistas en cambio, serán partidarios de acometer reformas profundas y radicales,
limitando el papel político de la Corona y ampliando la base electoral.
Por tanto serán estos últimos, los progresistas, que accederán al poder en su
conjunto en 1836, por la presión de un pronunciamiento militar (sublevación de los
sargentos de la Granja de S. Ildefonso, agosto de 1836), los que verdaderamente inicien
la revolución liberal. Concretamente su hombre fuerte Mendizábal, emprendió
reformas fundamentales. En lo que aquí nos interesa, fue el principal responsable de la
ley de desamortización eclesiástica más importante aprobada en España, indispensable
marco jurídico para acometer la “reforma agraria” que querían los liberales.
En febrero de 1836 se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes al
clero regular, y se destinaban los fondos obtenidos a la amortización de la deuda
pública. El Decreto formaba parte de un programa que perseguía ganar la guerra
allegando fondos y tropas, restaurar la confianza en el crédito del Estado y, a largo
plazo, permitir una reforma de la Hacienda. Mendizábal, en el preámbulo, exponía otros
objetivos básicos de la desamortización: sanear la Hacienda reduciendo la deuda,
conseguir el acceso a la propiedad de sectores burgueses, que mejorarían la producción
y la revalorizarían, y crear un sector social de nuevos propietarios vinculados al régimen
y al bando cristino.
Aunque el gobierno cayó en mayo, en octubre Mendizábal se convirtió en
ministro de Hacienda bajo el gobierno progresista de Calatrava y a partir de ahí las
subastas se reanudaron. En 1838 se aceleraron, y sobre todo desde 1840, cuando la
victoria cristina hizo irreversibles las ventas. Además, desde agosto de 1841, bajo la
regencia de Espartero, se desamortizaron también los bienes del clero secular. Fue
finalmente con la vuelta de los moderados, en 1844, cuando se suspendieron las
subastas, aunque el gobierno del general Narváez garantizó las ventas ya realizadas.
En total, entre 1836 y 1844 se habían vendido propiedades por valor de 3.274
millones de reales, quedando aún por vender bienes expropiados por valor de 910
millones, de los que tres cuartas partes pertenecían al clero secular. Se había
desamortizado el 62% de las propiedades de la Iglesia. Las fincas fueron tasadas por
peritos de Hacienda y subastadas después, alcanzando una puja media del 220% sobre el
precio de salida. Dado el distinto tamaño de los lotes, eran en teoría asequibles para
grupos sociales de bajos ingresos, pero en la práctica los propietarios y los inversores
burgueses acapararon las compras, puesto que eran los únicos que tenían liquidez,
sabían pujar y podían controlar fácilmente las subastas. Además, comprar era un
excelente negocio: sólo se abonaba el 20% al contado, el resto se pagaba aplazado, y se
admitían para el pago los títulos de deuda por su valor nominal.
Es cierto que podría haberse llevado adelante la desamortización con más
rendimiento para el Estado, e incluso que podría haberse aprovechado para repartir la
tierra entre los campesinos, iniciando así un proceso de reforma agraria. Así lo sugirió,
en parte, el diputado Flórez Estrada en un artículo de prensa editado a los pocos días de
publicarse el decreto. En él proponía que el Estado arrendara las tierras a los
campesinos y dedicara la renta a pagar la Deuda, lo que garantizaría los pagos, satisfaría
las peticiones campesinas y serviría para crear la masa adicta a Isabel II que propugnaba

Mendizábal. Lo que ocurre es que el ministro no buscaba ni un reparto de las tierras
ni una reforma agraria, sino beneficiar a quienes, como él mismo, pertenecían a la
élite financiera y comercial y buscaban consolidar su prosperidad económica con la
compra de bienes inmuebles. El resultado es que, sumando lo vendido en el Trienio y en
el periodo 1836-1851 (año en que aún se cobraron plazos), el Estado recaudó unos
4.500 millones de reales, de los que sólo 500 lo fueron en dinero, cuando la deuda
ascendía ya por entonces a unos 14.000 millones.
Señora: Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado, no es tan solo
cumplir una promesa solemne y dar garantía positiva a la deuda nacional por medio de una
amortización exactamente igual al producto de las ventas; es abrir una fuente abundantísima
de felicidad pública, vivificar una riqueza muerta... desobstruir los canales de la industria y de la
circulación,... crear nuevos y fuertes vínculos que liguen a ella; es, en fin, identificar con el
trono excelso de Isabel II, símbolo de poder y de libertad...
El Decreto que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de V.M. sobre la venta
de esos bienes adquiridos ya para la nación, así como en su resultado material ha de producir
el beneficio de minorar la fuerte suma de la deuda pública, es menester que en su tendencia...
se funde en la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y cuya
existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras altas instituciones.
Exposición del ministro Mendizábal a la reina gobernadora
“Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada y de
entregar al interés nacional la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la
nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían
conseguirse por entero en su actual estado o que se demorarían con notable detrimento de la
riqueza nacional otro tanto tiempo como se perdiera en proceder a su venta, en nombre de mi
excelsa hija la Reina Doña Isabel II, he venido en decretar lo siguiente:
Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que
hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas”.
Aprobación por la Reina Gobernadora del R.D. de 19 de febrero de 1836.
4.4- La desamortización de Pascual Madoz (1955).
La segunda gran desamortización fue iniciada, de nuevo con los progresistas en
el poder (1854-1856), que habían accedido otra vez a través de un pronunciamiento
militar, único recurso posible ante las restricciones que les imponía la Ley Electoral de
1846 y la propia Corona, que nunca confiará en ellos para las tareas de gobierno.
En efecto, con la Ley Madoz o de “desamortización general”, de 1 de mayo de
1855, se procedió a la última y más importante etapa de esta gran operación liquidadora.
Se hablaba de “desamortización general” porque se trataba ahora no ya solo de los
bienes de la Iglesia, sino de todos los amortizados, es decir, de los pertenecientes al
Estado y a los municipios (los de propios y baldíos) y, en general, todos los bienes
que permanecieran amortizados.
Se trataba, por tanto, de completar y terminar el proceso de desamortización
iniciado por Mendizábal en 1836. La ley pretendía ser -como rezaba su preámbulo- “una
revolución fundamental en la manera de ser de la nación española, el golpe dado al
antiguo deplorable régimen, y la forma y el resumen de la generación política de nuestra
patria.” En su virtud, se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes a manos
muertas que no lo habían sido en anteriores desamortizaciones, es decir, todos los
predios rústicas y urbanos; censo y foros del clero; de las Órdenes Militares de
Santiago, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén; de cofradías, obras pías y

santuarios; de propios y comunes de los pueblos; de beneficencia y de instrucción
pública. De todos ellos, los que destacaban por su importancia eran los bienes que
pertenecían a los municipios, tanto los que eran propiedad del pueblo en su conjunto
-propios- y los beneficios que producían revertían en la totalidad de la comunidad, en
forma, por ejemplo, de mejoras de infraestructura, como los comunes, que siendo
también del pueblo podían ser disfrutados personal e individualmente por los vecinos
del mismo para llevar el ganado a pastar o para recoger leña para el hogar.
La finalidad de la ley Madoz era fundamentalmente, como lo había sido la de
Mendizábal, la de obtener medios económicos para el Estado. Tampoco en esta
ocasión aparece como una preocupación por parte de los progresistas el acceso a la
tierra de los desposeídos. Los bienes desamortizados pasarían a propiedad de aquellos
que más pudieran pagar por ellos. Es decir, se utilizó también el procedimiento de la
subasta pública para su venta. No obstante, se introdujeron algunas mejoras técnicas en
cuanto a la forma de pago, pues ésta sólo podría hacerse en metálico y en un plazo de
quince años, con un descuento del 5% sobre los plazos adelantados. Estas condiciones
se modificaron en parte en 1856, admitiéndose en algunos casos títulos de Deuda para
pagar la mitad del valor total de los bienes adquiridos.
La Ley Madoz se desarrolló a gran velocidad. Entre 1855 y 1856 se
subastaron más de 43.000 fincas rústicas y unas 9.000 urbanas, por un valor cercano a
los 8000 millones de reales. Se calculó en más de 1.700 millones de reales el ingreso
para la Hacienda por la operación. De
otro lado, la desamortización de los
bienes del clero incluidos en esta ley
planteaba de nuevo, a los cuatro años
de la firma del Concordato, las
relaciones con la Santa Sede. Por este
motivo, la reina se negó en un
principio a sancionar la ley cuando se
la presentaron en Aranjuez, donde se
hallaba, Espartero y O’Donnell. Tras
algunas dilaciones y excusas no tuvo
más remedio que sancionarla, aun con
graves problemas de conciencia, lo
que provocó la ruptura con Roma.
Valor de las tierras vendidas (1855 en adelante).

Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley, y sin
perjuicio de cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios
rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes: al Estado, al clero, alas órdenes militares...,
a cofradías, obras pías y santuarios, al secuestro del exinfante Don Carlos, a los propios y
comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública. Y cualesquiera otros
pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores...
Se procederá a la enajenación -expropiación- de todos y cada uno de los bienes mandados
vender por esta ley, sacando a pública licitación las fincas a medida que lo reclamen sus
compradores...
Los compradores de las fincas quedan obligados al pago, en metálico de la suma que se les
adjudique...
Ley de Desamortización. (1 de mayo de 1855)
4.5.- Consecuencias de las desamortizaciones.
Las consecuencias de las desamortizaciones fueron muy variadas:
- En primer lugar, supuso el desmantelamiento casi completo de las fuentes de
riqueza de la Iglesia, toda vez que el diezmo, su otra alternativa, fue igualmente
suprimido en 1837. Sólo en 1845 se establecería una Contribución de culto y clero. Para
entonces la Iglesia había dejado de ser el estamento privilegiado, aunque conservaba su
enorme influencia en las mentalidades y en la educación, que casi monopolizaba.
- Se eliminó la propiedad comunal, lo que provocó un agravamiento
considerable de la situación económica de los campesinos, que en adelante no
pudieron utilizar los terrenos comunes de su municipio; esos terrenos de
aprovechamiento libre y gratuito donde recoger leña o llevar a pastar el ganado, lo que
forzó a una parte de la población rural a emigrar a las ciudades. En suma, profundizaba
el proceso de proletarización definitiva de un inmenso campesinado, a quien se le
privaba de estos últimos recursos provenientes de los bienes de propios y comunes.
- La desamortización no resolvió el problema de la deuda, pero sí contribuyó
a atenuarlo. Se consiguió rescatar 5000 millones de reales de los 14.000 acumulados y
se pusieron a tributar una enorme cantidad de propiedades que hasta entonces habían
permanecido exentas, aumentando así los ingresos de la Hacienda. Sólo desde los años
cincuenta, con la segunda desamortización y el desarrollo económico, se disminuiría
drásticamente la deuda del Estado, aunque siempre quedará una parte de ella
consolidada hasta el siglo XX.
- La desamortización no produjo un aumento de la producción agraria,
contra lo que pretendían sus promotores. Lo nuevos propietarios, en general, no
emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas y las
incrementaron, al sustituir los antiguos derechos señoriales y diezmos por nuevos
contratos de arrendamiento más caros.
- La compra de tierras, inutilizó un dinero líquido que hubiera sido de vital
importancia para poner en práctica la incipiente industrialización de España. Los
capitales que en otras partes de Europa estaban siendo usados para levantar un sector
industrial fuerte, fueron invertidos, en no pocos casos por la burguesía, en propiedades
rurales.
- La desamortización produjo una gran pérdida y expolio de bienes
culturales de los antiguos monasterios, sobre todo. Muchas obras arquitectónicas se
arruinarían, y bienes muebles (pinturas, bibliotecas, enseres) fueron vendidos a precios
irrisorios y, en gran parte, salieron hacia otros países. Todo ello, a pesar de que en 1840
se habían establecido unas comisiones provinciales encargadas de catalogar y custodiar
esos bienes.

- Consecuencias en el terreno urbanístico, cultural y religioso. En las ciudades
como la mayoría de los inmuebles estaba en el centro urbano, la desamortización
contribuyó a un urbanismo discriminador. La alta burguesía acaparó los mejores
edificios del centro, excluyendo a las clases medias, confinadas en las viejas viviendas,
y dejando para los obreros los arrabales de la periferia. Los grandes edificios de los
conventos se convirtieron en cuarteles o edificios públicos o fueron derribados para
construir grandes plazas.
- La desamortización provocó un reforzamiento de la estructura de la
propiedad de la tierra: acentuando el latifundismo en Andalucía y Extremadura, por
ejemplo. Las tierras y las fincas urbanas fueron a parar a los antiguos terratenientes
locales, a nuevos inversores de la burguesía financiera, industrial o profesional (sobre
todo abogados), a especuladores e intermediarios.
Estas gentes, amigos de políticos, caciques o viejos señores, constituirán la nueva
clase terrateniente que tendrá el poder durante el reinado de Isabel II. Los que desde
luego no compraron, en general, fueron los campesinos: o no recibían información de
las subastas, o no sabían pujar o no tenían dinero para hacerlo. Cuando lo intentaron se
encontraron con lotes demasiados grandes, pujas muy altas o subastas amañadas.
4.6.- Cambios agrarios.
Con la desamortización no se pretendió, ni se buscaba un reparto de las
tierras, ni una reforma agraria, sino beneficiar a quiénes, como Mendizábal mismo,
pertenecía a la elite financiera y comercial, y buscaban consolidar su prosperidad
económica con la compra de bienes inmuebles.
Para quien contempla el panorama que ofrece la economía española
durante el reinado de Isabel II y en general durante todo el siglo XIX, el primer
fenómeno que llama la atención es el de estancamiento. No quiere esto decir que la
economía española no creciera durante este período: la población aumentó de unos once
millones a principios del XIX a unos diecinueve a fines del siglo; la producción de
alimentos, de prendas de vestir, de viviendas, se desarrolló a lo largo de estos años al
menos lo suficiente para subvenir, aunque precariamente, a las necesidades de esta
humanidad creciente; se construyó una gran parte de la red ferroviaria; las ciudades
crecieron con gran rapidez; varias industrias, como la textil algodonera, la siderúrgica,
la minera vieron su producción multiplicada; pero a pesar de estos progresos, en
comparación con la de otros muchos países de Europa, la economía española se
estancó visiblemente. Es decir, hay un desfase creciente entre la renta española y la
europea.
Desde el punto de vista de las transformaciones agrícolas, se puede afirmar
que todos los cambios que se introducen desde el punto de vista legal a lo largo de la
primera mitad del siglo XIX: eliminación del señorío o eliminación de las vinculaciones
que declaraba extinguidos los mayorazgos, con lo que se convirtió una propiedad
inalienable e individual, en propiedad plena y circulante, la libertad de cercamiento de
tierras (lo que significó acabar con prácticas tradicionales de la economía campesina
comunal, como el aprovechamiento de las mieses para pasto o los derechos de paso) y
de comercialización de productos agrarios, con la eliminación de precios tasados
(libertad de precios), también, lógicamente, la acumulación de la propiedad de la tierra y
el reforzamiento de su estructura (latifundio y minifundio) que resultó de la
desamortización, no se tradujeron en innovaciones en las técnicas agrícolas, porque

los nuevos propietarios prefirieron mantener los sistemas de explotación en vez de
invertir en mejoras. Por eso el rendimiento de la tierra no aumentó, y sólo se
incrementó la producción debido a la puesta en cultivo de más tierras después de la
desamortización. Incluso bajó el rendimiento medio por unidad de superficie, porque las
nuevas tierras cultivadas eran de peor calidad.
La desamortización y la revolución liberal también supusieron la decadencia de
la cabaña ganadera, en parte porque muchas de las tierras que habían servido de pastos
se cultivaron, pero también porque se introdujeron especies laneras que eran más
rentables y productos textiles más competitivos. El resultado fue que la ganadería lanar
experimentó un decrecimiento importante, tanto en número de cabezas como en las
tierras dedicadas a pastos. También disminuyó el abono natural aportado a la tierra, lo
que contribuyó a hacer descender los rendimientos.
Aunque aumentó el cultivo de patata y maíz, especialmente en el Norte, el
trigo y otros cereales siguieron siendo los productos fundamentales y la base de la
alimentación de la gran mayoría de la población. Ésta aumentó lentamente y se
mantuvo como población jornalera con salarios muy bajos. Alfonso Lazo da los
siguientes salarios de la provincia de Sevilla en 1845: Arar, tres reales; siembra, seis;
escarda, dos; siega, diez. Comparándolos con otras zonas de España, se observa lo que
será una constante; el nivel superior del salario agrícola en Levante y Cataluña y el bajo
nivel de Andalucía. De hecho, la población agrícola se mantuvo en permanente
amenaza de hambre a causa de malas cosechas o de plagas. Se sucedieron varias crisis
agrarias en los años 1825, 1837, 1847 (índice 130 de precios frente a 79’5 de 1845 para
el precio de la harina), 1856 (índice 125 del precio de trigo de 1856 frente a 79’1 de
1853) y 1866-68 (una hogaza de pan de 700 gr.,que llega a costar en Jaén 19 céntimos
en 1863 pasa a costar en 1867 97’5 céntimos y en 1868 154 céntimos) que repercutieron
en la capacidad de compra del campesinado, que utiliza aproximadamente más del
50% de su presupuesto en la compra del pan y un poco más del 60% en la
alimentación en general y afectaron, por tanto, a los negocios industriales y
financieros.
Por su parte, los gobiernos moderados, que defendían sobre todo los intereses de
los propietarios de la tierra, realizaron una política comercial proteccionista
precisamente para garantizar la venta a precios elevados de la producción, reservando
para ello el mercado nacional. El resultado es que, en años de buenas cosechas, los
precios se mantuvieron relativamente altos al no haber competencia exterior ni un
mercado nacional suficientemente articulado (buenas comunicaciones entre los distintos
puntos del país), mientras que en años de malas cosechas los precios se disparaban. Así
los propietarios conseguían de esta manera acumular enormes ganancias, pero sin
invertir en la mejora de la producción, puesto que el gobierno les garantizaba un
mercado nacional reservado.
En definitiva, a pesar de todos los cambios agrarios que se operan durante la
primera mitad del siglo XIX estamos ante una agricultura estancada que ni suministraba
mano de obra a la industria (por su falta de mecanización) ni mercado suficiente para
los productos fabriles, ni capitales necesarios de ser susceptibles de inversión. En
conjunto, la agricultura supondrá un lastre importante para el desarrollo de los
demás sectores productivos.

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