1. La Desamortización
La desamortización de las tierras de la Iglesia y de los concejos constituye la medida más importante de la
revolución liberal desde el punto de vista económico y social. Ya en el siglo XVIII, los ilustrados
consideraban que la enorme masa de bienes vinculados en manos de los privilegiados era la causa más
importante del atraso agrario. Pero fue la enorme deuda de Hacienda la que llevó a la Corona a recurrir a la
desamortización. Se trataba de expropiar a quienes tenían bienes vinculados para ponerlos después a la
venta en publica subasta y con el importe eliminar las deudas del Estado.
El primer decreto fue el de 1798 y afectó sólo a los bienes de algunas instituciones benéficas de la Iglesia.
Después hubo varios intentos durante la Guerra de la Independencia (Cortes de Cádiz) y en el Trienio
Liberal, que quedaron frustrados al restablecerse el absolutismo.
A partir de 1833 la desamortización se hizo ineludible. La guerra carlista obligó a buscar recursos mientras
que la deuda había alcanzado niveles altísimos. Además el clima anticlerical que se extiende por el país
debido al apoyo de sectores de la Iglesia al carlismo, llevó al gobierno a decretar la expropiación.
Las tierras amortizadas o de “manos muertas”, pertenecientes a la Iglesia y a los municipios- las de la
nobleza constituyen un proceso distinto (señoríos)- quedaban al margen del libre comercio y se sustraían a
la tributación normal, perjudicaban al comercio y a la hacienda. Con su venta por el Estado, se convierten en
bienes de propiedad privada, cuyos productos se comercializan libremente y cuya imposición contribuye al
incremento de la recaudación tributaria.
La desamortización de Mendizábal (1836)
Para llevarla a cabo se dictaron tres decretos: el primero suprimía todas las órdenes religiosas (clero
regular), excepto las que se dedicaban a la Beneficencia; el segundo declaraba todos los conventos y
propiedades de la Iglesia bienes nacionales; y el tercero, ponía en venta mediante pública subasta todos
estos bienes. El precio de la subasta era fijado de acuerdo con una previa tasación oficial y el importe de la
venta se podía pagar o en títulos de la Deuda pública o en efectivo.
La experiencia precedente (Cortes de Cádiz y Trienio Liberal) había dejado claras las dos posibilidades de la
desamortización: efectuar, con su transferencia de propiedad, una reforma agraria, convirtiendo a los
campesinos en propietarios, o limitarse a una operación financiera de venta de tierras para afrontar la deuda
estatal. Apremiado por los gastos de la Guerra Carlista, Mendizábal centra su objetivo en la amortización de
la deuda y alega que al tiempo se procurará en los compradores un apoyo para el trono de Isabel II. Los
bienes en venta pertenecían a las corporaciones religiosas suprimidas, es una desamortización eclesiástica.
Flórez Estrada desde las Cortes, reclamaba una finalidad social a la ley; las tierras deberían ser entregadas a
los campesinos, que pagarían al Estado una renta con la que se haría frente a los intereses de la Deuda
Pública. Mendizábal mantiene su proyecto de venta y las tierras eclesiásticas, que pasan a manos de
capitalistas tenedores de títulos de la deuda o a la burguesía adinerada de provincias.
Al principio el ritmo de ventas fue escaso, por el recelo de los compradores a una ley que deshiciera la
operación, pero a partir de 1837 aumenta. Hasta 1845 se efectúan ventas por valor de 3400 millones de

2. reales. En general el precio que se pagó por las fincas no fue alto, ante la abundancia de tierras en el
mercado.
La Ley Madoz de 1855
Tras la supresión de las ventas de los bienes desamortizados que no habían sido vendidos por los
moderados, al acceder de nuevo al poder los progresistas, Madoz acomete una nueva ola desamortizadora.
En la Ley de 1 de mayo de 1855 se declararon en estado de venta no solo los bienes del clero que quedaban,
sino también los de los ayuntamientos (tierras de propios y comunes), del Estado, órdenes militares,
carlistas, instituciones benéficas...
Se trataba de una disposición que afectaba fundamentalmente a los municipios, que trataron de oponerse a
su aprobación sin recursos suficientemente eficaces. Los objetivos fueron: amortizar la deuda, equilibrar el
presupuesto y sobre todo subvencionar obras públicas como el ferrocarril.
Esta vez el proceso fue más rápido y se amortizó mucha más deuda. Pero, una vez más, las tierras fueron a
parar manos de los inversores y antiguos terratenientes acentuándose el proceso de concentración de la
propiedad agrícola. Además tuvo como consecuencias graves perjuicios para los campesinos que se quedan
sin bienes de propios y comunes (tradicional fuente de ingresos) y el aumento de la tensión con la Santa
Sede.
El valor total de las ventas, entre 1836 y 1895, se ha calculado en 11300 millones de reales, de donde
podemos deducir, cotejando esta cantidad global con la calculada por Madoz para el período de 1836-1845
(desamortización de Mendizábal), que el volumen de los bienes desamortizados en la fase de Madoz duplicó
al de los vendidos en la anterior fase.
Las provincias de mayor participación en esta gigantesca transferencia de propiedad, fueron Madrid (con
predominio de fincas urbanas), Sevilla, Badajoz, Toledo y Cáceres.
El proceso afectó a la vida española en muchos órdenes:
- En el político, pues el liberalismo isabelino se vio reforzado con el apoyo de los compradores,
fundamentalmente burguesía adinerada.
- En el económico, pues aunque el Estado, especialmente por la aceptación de los vales reales y títulos
de deuda como forma de pago, no obtuvo los ingresos que esperaba, tampoco se puede minimizar el
alto volumen de las ventas
- En el social, pues los campesinos resultaron perjudicados, en la desamortización eclesiástica porque
los nuevos señores, en general, fueron menos comprensivos que los monjes, pero especialmente en
la desamortización municipal inclusa en la Ley Madoz. La venta de propios y comunes impidió que
los campesinos pobres siguieran disfrutando de estos bienes colectivos; para los ayuntamientos
supuso un grave problema el descenso de los ingresos. Además la propiedad siguió concentrada en
pocas manos, ya que coincidió con las provincias latifundistas, las más afectadas por la
desamortización.

3. - En el artístico, pues se perdieron muchos tesoros artísticos al quedar abandonados los monasterios en
1836. En el orden urbanístico las ciudades ganaron plazas, dibujadas sobre las huertas de los
conventos.
En general, la desamortización ha sido criticada; la Iglesia la consideró un despojo; los pensadores
preocupados por el campo, se quejaron de los efectos nocivos para el campesino derivados de la
desamortización municipal.
La desamortización de 1836
“Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, y de entregar al
interés individual la masa de bienes raíces, que han venido a ser propiedad de la Nación, a fin de que la
agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse por entero en su actual
estado (...) conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, en nombre de mi excelsa hija la
reina doña Isabel II, he venido en decretar lo siguiente:
Artículo 10. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen
pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los demás que hayan sido
adjudicados a la Nación por cualquier título o motivo (...)
Artículo 40. Que todos los medios rústicos susceptibles de división, sin menoscabo de su valor, o sin graves
dificultades para su propia venta, se distribuyan en el mayor número de partes o suertes que se pudiere.
Artículo 50. Que estas suertes se pongan en venta con total separación, como si cada una hubiese compuesto
una propiedad aislada.
Artículo 100. El pago del precio del remate se hará de uno de estos dos modos: o en títulos de deuda
consolidada o en dinero en efectivo.
Artículo 130. Todos los compradores (...) satisfarán la quinta parte del precio de remate antes de que se
otorgue la escritura que les transmita la propiedad.
Artículo 140. Las otras cuatro quintas partes se pagarán a saber: Los compradores a títulos de la deuda
consolidada, otorgando obligaciones de satisfacer cada uno de los ocho años siguientes, la octava parte de
dichas cuatros quintas, o sea, un 10% del importe total del remate. Y los compradores a dinero las otorgarán
de satisfacer en cada uno de los dieciséis años siguientes una decimosexta parte de las mismas cuatro
quintas, o sea, un 5% del importe total del remante (...).
En el Pardo a 19 de febrero de 1836. D. Juan Álvarez Mendizábal. Gazeta de Madrid, 21 de febrero de
1836.”
La Desamortización de 1855
“Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de cargas
y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros
pertenecientes: al Estado, al clero, a las órdenes militares..., a cofradías, obras pías y santuarios, al secuestro
del ex infante Don Carlos, a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la instrucción
pública. Y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes
anteriores...
Se procederá a la enajenación -expropiación- de todos y cada uno de los bienes mandados vender por esta
ley, sacando a pública licitación las fincas a medida que lo reclamen sus compradores...
Los compradores de las fincas quedan obligados al pago, en metálico de la suma que se les adjudique... “
Ley de Desamortización. (1 de mayo de 1855)