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PROPUESTAS DEL FEAE
PARA UN PACTO SOCIAL Y
POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN
Propuestas del FEAE para un pacto social y político por la educación 1

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INTRODUCCIÓN:
Si hay algo que caracteriza a la educación últimamente es la rapidez con la que ésta
tiene que adaptarse a los cambios de la sociedad actual. Estamos sumidos en una
dinámica en la cual todo sucede a gran velocidad, de manera que resulta bastante difícil
hacer una planificación acertada a medio plazo. El pacto debe garantizar una estabilidad
en la estructura del sistema educativo y por ello es necesaria una política de Estado en
los aspectos estructurales del sistema. Pero sobre todo, el pacto significa acordar la
visión de la educación en un futuro próximo, es decir, desde una perspectiva dinámica,
se trata de ponernos de acuerdo cómo queremos que sean los elementos fundamentales
de la educación de nuestros alumnos en un avenir próximo.
El FEAE se manifiesta claramente a favor de la iniciativa del Ministerio de
promover el pacto educativo en los aspectos sustantivos del sistema
educativo. Entendemos que el pacto debe ser planteado por las principales fuerza
políticas del país, que deben buscar un consenso sobre esa visión de la futura
educación. Pero entendemos también que debe escuchar a la sociedad civil y a
los interesados, por lo que el pacto ha de ir precedido de un amplio debate y
acuerdo social sobre los principales temas educativos.
Nos manifestamos fundamentalmente de acuerdo con los planteamientos expresados en
el preámbulo, desde las referencias a la Constitución, los logros alcanzados por los
diferentes gobiernos democráticos, el marco competencial y las transferencias a las
comunidades autónomas y la necesidad de políticas comunes y compartiendo un marco
común acordado, para garantizar el equilibrio, la estabilidad, la cooperación y la
coherencia del sistema.
También resultan importantes para nosotros las referencias a la participación de los
agentes sociales para su conformación y posterior desarrollo. Efectivamente, si podemos
participar y nuestras opiniones son escuchadas, se garantizará nuestro compromiso en
un posterior desarrollo del pacto.
Especialmente nos sentimos identificados con el propósito siguiente:
“Se trata de establecer unos objetivos generales compartidos para hacer efectivos
los principios de equidad y excelencia, y mejorar así sustancialmente nuestros
resultados educativos. Es este marco el que debe plasmarse en un gran Pacto Social
y Político por la Educación, que deberán desarrollar las administraciones educativas
en el ámbito de sus respectivas competencias”.
En este sentido, el Pacto debe tener en cuenta el respeto a las diferentes lenguas y
culturas que integran el estado español en su diversidad y pluralidad, para que no sean
moneda de cambio en cada legislatura, dejando los modelos lingüísticos a la
Administraciones educativas en el ámbito de sus respectivas competencias y su
concreción a los centros educativos.
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El borrador para el debate que propone el Ministerio resulta un buen documento para
éste fin, puesto que introduce una interesante discusión sobre los principales retos a los
que se enfrenta el sistema educativo de nuestro país a medio plazo, recogiendo
planteamientos que pueden suponer cambios en la buena dirección, aunque quizás sea
excesivamente tímido en determinados aspectos.
Desde nuestro punto de vista, el pacto debe abordar y responder aspectos
referidos a la promoción de las innovaciones educativas y de la autonomía de
los centros como un elemento crucial para la mejora. Debe asimismo definir el
modelo y apoyo a las direcciones escolares, estableciendo bases claras para
su profesionalización en la medida que son una pieza clave en la
transformación y mejora de los centros. Definir la selección, formación inicial y
continua que promueva el liderazgo pedagógico y transformacional, dirigido a la
sustantivación de proyectos educativos innovadores que contemplen aquello que es
fundamental en la escuela, la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Y también
debe contemplar la evaluación de los centros, de la docencia y de la función
directiva, todo ello orientado a mejorar las prácticas docentes y los
resultados educativos de todo el alumnado.
Ante estos nuevos retos, es más necesario que nunca el pacto educativo, que supere las
visiones parciales y los continuos cambios curriculares, que profundice en aquello que es
propio de la escuela, que proporcione una estabilidad y una coherencia en el trabajo del
profesorado y de los centros educativos. El pacto educativo ha de ser de Estado o no
será. El pacto, liderado por los partidos políticos con representación en las Cámaras,
debe tener en cuenta las competencias transferidas a las comunidades autónomas.
Debe ser precedido, así mismo, de un amplio debate social.
El pacto debe confiar más en los centros educativos, darles autonomía, apoyar su
proyecto educativo y, con ello, a los equipos directivos que han de desarrollarlo. Se trata
también de proporcionar a los elementos del sistema unas buenas herramientas de
evaluación tanto interna como externa.
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LOS OBJETIVOS DEL PACTO
Los objetivos han sido reformulados respecto de la primera versión del documento de
Propuestas para un pacto social y político por la educación. El objetivo 3, por ejemplo es
la reformulación de los objetivos 2 y 7 del primer documento. El objetivo 10 actual
reformula lo expuesto en el anterior objetivo 9. Se incluyen tres objetivos nuevos (el 2,
el 7 y el 11) respecto al documento del 27 de enero. A nuestro entender, la nueva
formulación resulta más completa y establece una relación más directa entre los
objetivos y las propuestas que se realizan para su consecución.
Manifestamos nuestro acuerdo con los objetivos formulados, dado que plantean y
resumen los principales retos de nuestro país para la próxima década y que ligan con los
objetivos estratégicos acordados por la Unión Europea. Pero deberá también incluir el
compromiso de las administraciones autonómicas de determinar sus propios objetivos
teniendo en cuenta las condiciones de partida y establecer los ritmos, los plazos, los
recursos y las medidas concretas para su logro.
Estos objetivos tratan de responder a la demanda al sistema educativo de que todo el
alumnado, cada vez más diverso, logre mayores niveles formativos e incluso nuevos
aprendizajes. Pero habrá que tener presente que, sobre todo, se le demanda que dé un
enfoque diferente a la enseñanza no sólo para avanzar en la consecución de unos
objetivos más exigentes, sino también para que el alumnado adquiera las competencias
necesarias para vivir y trabajar en un contexto social complejo y cambiante. Las
propuestas tendrán que plantearse pensando en que estas exigencias implican una
nueva forma de entender y enfocar la enseñanza.
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LAS PROPUESTAS
Para el logro de los objetivos planteados el Pacto presenta una larga lista de propuestas.
Para que tengan la virtualidad de facilitar las mejoras deseadas es necesario que pasen
del terreno de las intenciones en el que se formulan la mayoría de ellas al terreno de
medidas prácticas. Para ello es imprescindible articularlas en torno a factores claves,
entre los que destacan los centros educativos, responsables de que su alumnado
adquiera los aprendizajes deseados y, por tanto, de aplicar las medidas que se planteen.
Los centros educativos han de situarse como el principal protagonista del pacto, ya que
son quienes dan unidad, coherencia y continuidad a la acción educativa y quienes
pueden y deben impulsar los cambios necesarios.
Desde esta perspectiva se precisa la revisión de las normas básicas de desarrollo
de la LOE para que contribuyan a impulsar unos centros educativos que sean
organizaciones democráticas, participativas, donde el profesorado trabaja en equipo,
abiertas a la innovación y que se enriquecen facilitando el aprendizaje de los estudiantes
en todo momento y impulsando, entre centros, el trabajo en red, con proyectos
explícitos y prácticas compartidas.
Los centros educativos han de ser tratados como organizaciones que aprenden
mediante la reflexión aportada a través de adecuados instrumentos de evaluación y que
se desarrollan a través de procesos de innovación en los que se busque la mejora de la
propia práctica, como organizaciones que trabajan con la comunidad, seleccionando
aprendizajes prácticos para la vida, que formen en competencias. Desde nuestra
perspectiva, las propuestas que se plantean en organización y gestión de centros
pueden ser mejoradas. Se han de fortalecer los centros educativos, con una autonomía
real y un proyecto educativo propio, con unos equipos directivos y unos equipos
docentes competentes que han de desarrollarlo en colaboración con toda la comunidad
educativa y la comunidad social.
Para que ello sea posible, planteamos las siguientes propuestas:
OBJETIVO 1: EL ÉXITO EDUCATIVO DE TODOS LOS ESTUDIANTES
El sistema educativo, así como las medidas y recursos que se dispongan, tienen como
finalidad que el alumnado aprenda. Los centros educativos son los responsables de que
el alumnado aprenda, que el profesorado esté en las condiciones adecuadas para
proporcionar la enseñanza que necesitan y que se establezca la colaboración necesaria
con las familias.
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En este objetivo se eliminan las referencias a grupos de población concretos o a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en relación al primer documento.
Creemos que deberían mantenerse estas referencias.
Entendemos que debería incluirse un punto cuatro, como estaba redactado en el
documento anterior más las puntualizaciones siguientes:
Contribuir desde el sistema educativo a la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, dotando de los recursos necesarios para la oferta de comedores escolares y
de planes de acogida temprana en todos los colegios públicos y concertados.
Los aprendizajes del alumnado.
Los centros son los responsables de asegurar que todo el alumnado adquiera las
competencias básicas para poder desarrollarse y aprender a lo largo de la vida.
Se da especial relieve a la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana
y la lengua cooficial si la hubiere (propuesta 8) y en lenguas extranjeras (objetivo 6),
pero falta determinar los niveles de competencia en cada lengua que todos los alumnos
habrán de alcanzar en 2020 en cada etapa de la enseñanza no universitaria.
El alumnado aprende cuando aborda cuestiones significativas, de forma activa, en
interacción con sus iguales y con el profesor, con todos sus saberes y habilidades y la
reflexión individual y colectiva. No se asegura el aprendizaje cuando al alumnado se le
sitúa en un papel pasivo, de receptor de los saberes de otros y sólo se espera que llegue
a memorizarlos y repetirlos.
El alumnado, para avanzar en sus aprendizajes, necesita sentirse en un clima de
bienestar emocional, participar en la vida del centro y del aula, ver que se le reconocen
sus capacidades y sus progresos, especialmente por parte de sus profesores y de sus
familias. Sólo en estas condiciones se podrá conseguir que todos los alumnos realicen el
esfuerzo que exige el estudio (propuestas 13 y 108).
En el aprendizaje se han de compaginar la equidad y la excelencia. Se debe huir de
intentar hacerlo por la vía de la diversificación y la selección y buscarla por la vía de la
inclusión y la personalización de la enseñanza.
Es necesaria la dotación a los centros de apoyos para atender las dificultades de
aprendizaje (propuestas 7, 9, 14, 24, 25) y necesidades educativas especiales
(propuesta 125), pero han de utilizarse de forma adecuada. Habrá que implantar
modelos didácticos y organizativos capaces de dar la atención personaliza a todo el
alumnado dentro del grupo, con la presencia dentro del aula de un profesor de apoyo
cuando sea preciso, evitando actuaciones específicas dirigidas a alumnos concretos,
sobre todo fuera del aula y, cuando sea imprescindible, por el tiempo más breve posible.
Las medidas de apoyo deben aplicarse antes de que sea preciso recurrir a una medida
extraordinaria como es la repetición de curso.
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Educación Infantil.
Esta etapa debe ser objeto de una atención especial. Se debe remarcar su carácter
educativo, puesto que en ella se ponen las bases de los aprendizajes más importantes
que el alumno realizará a lo largo de su vida: la adquisición del lenguaje, las bases
psicomotrices, la socialización, entre otros.
La oferta de plazas (propuesta 1) ha de cubrir la demanda de las familias que las
necesiten para la conciliación laboral y familiar, dando prioridad a quienes estén en
condiciones familiares desfavorecidas y a quienes desean un aprendizaje ordenado del
lenguaje, de la socialización y de la integración de los alumnos extranjeros en la
sociedad que los acoge.
En este sentido, planteamos que en la propuesta 2 debería añadirse que “se priorizarán
los grupos de población en los que la asistencia de los niños a escuelas infantiles supone
una mejora significativa en su evolución escolar posterior”.
La detección temprana de las necesidades educativas del alumnado de estas etapas
(propuesta 3) requiere la participación de equipos especializados, pero corresponde a
los tutores y tutoras prestar la atención fundamental que derive de ese diagnóstico
contando con el profesorado y personal de apoyo adecuados. Esta atención se realizará
dentro del grupo ordinario, con los apoyos necesarios dentro del aula y sólo en casos
excepcionales fuera del aula y por el menor tiempo posible. Los centros organizarán
equipos formados por tutores y personal especializado que analicen las necesidades de
apoyo educativo del alumnado y hagan un seguimiento de las medidas puestas en
marcha.
Educación Secundaria Obligatoria.
En los primeros cursos sería oportuno reducir los contenidos curriculares y organizarlos
más que desde un enfoque académico, desde un enfoque funcional y desde las
competencias cuya adquisición se pretende conseguir.
Por otra parte, proponemos que se atienda a la transición de 6º a 1º de ESO reduciendo
el número de profesores y potenciando la acción tutorial en los primeros cursos de la
ESO. A esto tendrían que venir asociados proyectos educativos y normas de
organización y funcionamiento de zona con el fin de favorecer esta transición.
Estamos fundamentalmente de acuerdo en que el cuarto curso de ESO tenga carácter
orientador, estableciendo opciones según los grandes ámbitos del saber, que preparen
tanto para las distintas especialidades de bachillerato como para las diferentes familias
profesionales. Para ello, entendemos que los centros han de posibilitar que los alumnos
elijan su itinerario para que el estudio de las materias elegidas, les permita conocer si
ese es el campo por el que quieren seguir sus estudios posteriores y si prefieren
continuar por la vía académica del Bachillerato o por la vía profesional.
De todas formas, nos parece prematura esa misma opción para 4º de la ESO
únicamente. La decisión que el alumnado deberá tomar en 3º es importante sobre todo
para aquellas personas que optan por CFGM, que si se equivocan, no sabemos hasta
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qué punto esta decisión es reversible. La experiencia nos demuestra que, una vez
derivado el alumnado a PCPI y a las soluciones organizativas de atención a la diversidad,
el resto tiene y mantiene a lo largo de todo 4º de la ESO dudas razonables sobre qué
desean hacer una vez terminen. Es una decisión importante en edades tempranas. En
este sentido, entendemos que hay que garantizar la reversibilidad en todo momento.
Por todo ello, insistimos en que el reconocimiento del carácter orientador no debería
servir para retrotraer a los 15 años el momento en que el alumnado decide si va a
continuar sus estudios en Bachillerato o en la Formación Profesional, una decisión muy
importante y de enormes consecuencias de futuro, que, según como se plantee, puede
resultar irreversible. Tampoco debiera utilizarse para implantar itinerarios en los que se
distribuya el alumnado según sus capacidades, sino por sus intereses mediante una
adecuada información y orientación, más aún cuando ya existen vías como la
diversificación curricular y los programas de calificación profesional inicial destinados a
aquellos alumnos que encuentren mayores dificultades de aprendizaje insuperables por
la vía ordinaria.
Por otra parte, en el acceso a los Programas de cualificación profesional inicial (PCPI), el
perfil del alumnado tendría que ser seleccionado con el informe del departamento de
orientación o los servicios de apoyo y con el visto bueno de la inspección de educación.
En este apartado se propone asimismo concretar, delimitar, definir y perfilar los criterios
para el acceso de los alumnos a las medidas organizativas de diversificación, así como
en que cursos se instituirá esta diversificación.
OBJETIVO 2: EQUIDAD Y EXCELENCIA. LA EVALUACIÓN COMO FACTOR PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.
La búsqueda de la excelencia no pasa exclusivamente por programas específicos
(propuesta 26). Son fundamentales acciones inclusoras, como el trabajo del alumnado
en equipo, la interacción entre iguales, la cooperación…, que permiten a los más
capaces mejorar sus aprendizajes, aportando sus saberes en la realización de las tareas
de mayor dificultad en los proyectos colectivos y ayudando a sus compañeros a superar
sus dificultades, al tiempo que éstos puedan encontrar en sus compañeros una ayuda
más ajustada a su necesidad.
A nuestro entender, en la mención a los ayuntamientos en la propuesta 25 se debería
incluir de forma explícita la obligatoriedad de estos de proveer de trabajadoras o
trabajadores sociales a los centros, formar equipos de riesgo que realicen el seguimiento
de los menores detectados en riesgo, establecer programas que den respuesta al
absentismo, y de formar y mantener los Consejos Escolares Municipales.
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Impulsar la innovación.
Los centros educativos, con su profesorado y toda la comunidad educativa, encuentran
en la evaluación un medio para desarrollarse y mejorar. Mediante la evaluación se
detectan los puntos fuertes y débiles y las áreas de mejora y, a través de ella, se puede
introducir la innovación, mediante la cual se pueden experimentar propuestas didácticas
y organizativas para el logro de objetivos concretos de mejora de los aprendizajes y de
los factores que influyen en los mismos.
Los centros han de poner en práctica proyectos de innovación para que todo el
profesorado avance en la práctica de metodologías activas y formas organizativas, que
tengan como eje el desarrollo global del alumno y la adquisición de las competencias,
con la integración de diferentes aprendizajes y la interrelación de conocimientos. Así
mismo han de impulsar proyectos de innovación para favorecer esos procesos didácticos
utilizando adecuadamente las TIC (tecnologías de la información y comunicación) que
debieran convertirse en TAC (tecnologías del aprendizaje y la comunicación).
Cualquier proyecto de innovación requiere la aceptación e implicación de toda la
comunidad educativa, especialmente del profesorado. Requiere también el liderazgo de
la dirección. Las innovaciones de mayor calado son aquellas que abordan cuestiones que
responden a demandas de la sociedad, cuentan con el apoyo de la administración
educativa y tratan de llevar a la práctica propuestas fundamentadas y planificadas.
Potenciar la evaluación como base para la mejora.
La evaluación constituye la base de la mejora del aprendizaje del alumnado, así como de
la actuación del profesorado, del equipo directivo y del centro, que se plasmarán en
procesos de innovación educativa y de mejora de la gestión.
El equipo docente es quien realiza la evaluación de los aprendizajes del alumnado,
aunque hay que mejorar ese proceso para que cumpla su función formativa y para que
se diferencie con claridad de la mera calificación. Como resultado de esta evaluación el
equipo determinará las necesidades de apoyo y de refuerzo a los alumnos con
dificultades de aprendizaje y de integración escolar, que se aplicarán en cuanto se
detecte su necesidad o conveniencia. Los centros necesitan planes con las medidas
aplicables para que el refuerzo educativo sea efectivo y se reduzca la repetición de curso
y, cuando ésta se produzca, atienda a las causas de las dificultades de aprendizaje.
Las evaluaciones externas de los aprendizajes del alumnado ofrecen una información
muy valiosa, que los centros han de aprovechar. Estas evaluaciones son un referente
para el centro, puesto que les permite constatar el nivel de aprendizajes del alumnado
en comparación con otros del mismo nivel sociocultural de la propia Comunidad
Autónoma, del conjunto del Estado y de los países más desarrollados y de ellas deberá
deducir programas de mejora de la acción del centro y excepcionalmente de algún
alumno concreto.
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La evaluación interna de los centros educativos es fundamental y, en general, es
bastante pobre. Los equipos directivos deben tener la formación y las herramientas
necesarias para liderar este proceso y saber obtener los resultados para la mejora de la
gestión y funcionamiento del centro y, sobre todo, la mejora de los aprendizajes del
alumnado en línea del Proyecto Educativo o el carácter propio. Será útil fomentar el
intercambio de información y recursos para la evaluación del currículo y de los
aprendizajes y de los centros con la creación de un Observatorio estatal de evaluación y
desarrollo del currículum. Las mejoras de la educación y la calidad educativa deben
partir de la propia realidad de los centros y han de ser el resultado de un proceso en el
que se implique toda la sociedad apoyando a los agentes educativos.
La evaluación externa de los centros educativos, así como del profesorado y
de la función directiva está contemplada en las leyes, pero su puesta en práctica
puede mejorar mediante la adopción de sistemas adecuados para que dichos procesos
sean percibidos como una oportunidad de mejora real de la práctica educativa. En este
sentido, algunas comunidades autónomas han ido desarrollando e implementando
buenas prácticas que pueden servir de modelo para otras. Para que los procesos de
evaluación de la función docente sean aceptados se precisa que sean transparentes,
planteando unos criterios de evaluación previamente conocidos, que determinen el perfil
del profesorado que requiere la escuela actual y que se basen en datos objetivos y con
criterios éticos compartidos.
OBJETIVO 3: FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO. ESTUDIOS
POSTOBLIGATORIOS. FORMACIÓN Y EMPLEO.
Bachillerato
Entendemos que seria conveniente aprovechar la oportunidad del Pacto para plantear
cómo resolver la situación creada como consecuencia de la Sentencia del TS de 2 de
febrero de 2009, que declaró nulo el apartado segundo del artículo 14 del RD
1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y
se fijan sus enseñanzas mínimas. Cabría, tal vez, introducir una modificación de la LOE
que facilitara la posibilidad de que los estudiantes de Bachillerato que no pudieran
promocionar a segundo por haber suspendido más de dos materias pudieran optar, en
ciertas condiciones, por mantener las materias aprobadas y matricularse de las
pendientes de primero y condicionalmente de algunas de segundo, con el informe
favorable del tutor y el acuerdo del equipo docente. Sería una medida que favorecería a
los estudiantes y al propósito de facilitar el aumento de titulados en enseñanzas
postobligatorias.
Al mismo tiempo nos parece importante remarcar en este apartado la importancia de la
tutoría y de la orientación profesional.
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OBJETIVO 4. LA FORMACIÓN PROFESIONAL COMO INSTRUMENTO CLAVE
PARA AVANZAR HACIA UN NUEVO MODELO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO.
Las propuestas que aquí se vierten nos parecen razonables, aunque cabría hacer más
énfasis en la necesidad de flexibilizar la formación profesional mediante la
modularización de los estudios y las diferentes vías de acreditación de las competencias
profesionales, para facilitar la incorporación de profesionales en activo a la formación
permanente. Hay que decir, por otra parte, que encajan perfectamente con las líneas de
actuación que se vienen desarrollando en los últimos años, desde el Ministerio y desde
las Comunidades Autónomas. Seguramente conviene llegar a acuerdos con todas las
Administraciones Educativas y dictar normas para impulsar el desarrollo de los objetivos
que inspiran estas propuestas. Algunas Comunidades Autónomas vienen realizando en
los últimos años una política de impulso de estas medidas, mediante Decretos, Órdenes
y, a veces, por medio de Resoluciones que regulan procesos de carácter experimental.
Es hora de aprovechar las experiencias más valiosas en el ámbito de la Formación
Profesional en las Comunidades Autónomas y afianzar los estudios profesionales en
todos sus niveles.
La revalorización de la FP es urgente. Si no se sensibiliza sobre la dignidad de esta
opción (sobre todo en Grado Medio), seguirá siendo percibida por alumnado y familias
como la hermana pobre de la educación, como una opción de segundo nivel. Lo mismo
que se apunta a la realización de campañas de sensibilización para el reconocimiento
social del profesorado, por ejemplo, lo mismo sería necesario con la FP de Grado Medio.
Por otra parte, entendemos que los convenios colectivos tendrían que definir para cada
una de las categorías el perfil de los títulos de FP específicos para ese puesto a
desempeñar.
OBJETIVO 5. NUEVAS FORMAS DE ENSEÑAR Y DE APRENDER: EL PAPEL DE
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
OBJETIVO 6. MULTILINGÜISMO. IMPULSO AL APRENDIZAJE DE IDIOMAS.
La importancia de los aprendizajes lingüísticos y la influencia de variables familiares y
sociales exigen impulsar la investigación sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras
teniendo en cuenta las distintas situaciones sociolingüísticas para asegurar a todo el
alumnado el logro de los objetivos. La apuesta por los centros plurilingües con
metodologías de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas (propuesta 75) nos
parece correcta, aunque habrá que procurar los medios para que esta medida sea
accesible a todos. El estudio de las lenguas extranjeras debe ser un vehículo para
introducir la idea de la ciudadanía europea en los centros educativos y el conocimiento
de las diversas culturas que conforman la Unión Europea.
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OBJETIVO 7. LA EDUCACIÓN COMO BIEN PÚBLICO Y DERECHO PÚBLICO DE
TODA LA SOCIEDAD.
Autonomía de los centros educativos.
Los centros educativos necesitan poder ejercer una amplia autonomía, dentro de un
marco claro y a través de unos cauces que permitan a cada centro ejercerla de acuerdo
a sus necesidades, sin limitarla a aspectos puntuales (propuestas 6, 79, 81), sobre todo
si para su aplicación se precisa de autorización administrativa. La autonomía de los
centros debe servir fundamentalmente para desarrollar su propio proyecto educativo.
Supone también avanzar hacia unos centros docentes abiertos y permeables, que
participen en otros ámbitos de la sociedad y que trabaje en red con otros centros
intercambiando prácticas y experiencias.
En un plazo razonable y de forma progresiva, todos los centros educativos deberían
contar con un contrato-programa con la administración educativa en los términos que
detalla la propuesta 83, como una forma eficaz de ejercer su autonomía. Una
consecuencia de esta medida será la superación de los modelos actuales de distribución
igualitaria de los recursos. Si bien todos los centros educativos contarán los recursos
básicos en función de las etapas que impartan y el número de grupos y alumnos/as a
los que atienden, conforme se vayan generalizando los contratos-programa, una parte
significativa y creciente de los recursos deberán distribuirse a los centros educativos de
acuerdo a las necesidades de sus proyectos.
Los centros educativos darán cuenta periódicamente de su aplicación a los órganos de
gobierno del centro y a la administración y rendirán cuentas de lo realizado y de sus
resultados al finalizar el período del contrato-programa. La Inspección Educativa,
mediante la evaluación de los centros, y con la colaboración de los servicios de apoyo,
atenderán las necesidades de los centros tanto en la definición del proyecto como en su
puesta en práctica. Los centros rendirán cuentas de lo realizado, del grado de
consecución de los objetivos y de la validez de los procesos puestos en práctica,
mediante una evaluación al final del proceso.
La dirección escolar.
La propuesta 82 es, según nuestro criterio, un factor clave para garantizar la calidad
de la educación e impulsar y revitalizar la innovación pedagógica en los centros, aunque
aborda aspectos necesarios e importantes, resulta insuficiente para asegurar un modelo
de dirección que ejerza el liderazgo democrático, pedagógico y transformacional de la
comunidad educativa y especialmente del profesorado, capaz de dinamizar los proyectos
y la evaluación y de llevar a cabo la gestión los ámbitos educativo, personal, económico
y administrativo.
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La función directiva debe ser una actividad pedagógica profesional atrayente para
el profesorado, de modo que todos los centros educativos cuenten con una dirección
que reúna las condiciones para desempeñar una función tan importante.
El FEAE se ha caracterizado por la defensa de que la dirección escolar debe avanzar
necesariamente hacia la profesionalización. Entendemos este concepto como el
trabajo de un equipo docente que cumpliendo los requisitos de acceso, sea seleccionado
para desarrollar un proyecto de dirección y que reciba una formación y apoyo
permanente por parte de la administración educativa y tenga las competencias y las
condiciones necesarias para ejercer la función dirección educativa.
Los acuerdos para una actuación conjunta y coordinada de los centros educativos y los
servicios públicos entre las administraciones educativas y locales (propuesta 80), se han
de extender a otras administraciones, como a la sanidad, y también a la fiscalía de
menores. Por otra parte, los centros educativos han de integrar su Proyecto Educativo
en los planes de desarrollo comunitario, abrirse a colaboración con las organizaciones y
las personas relevantes de la comunidad y poner sus instalaciones al servicio de la
comunidad, así como asumir el liderazgo en los proyectos colectivos relacionados con la
infancia y juventud.
Estas actuaciones no pueden quedar a la voluntariedad del profesorado, sino que han de
ser exigencias para todos los centros financiados con fondos públicos, aunque cada uno
lo haga de la forma que aconseje el entorno. Eso significa que los centros han de contar
con personal propio para llevar a cabo con garantías la colaboración con los servicios,
cuando la gravedad de los problemas lo requiera y para impulsar proyectos con la
comunidad.
OBJETIVO 8. MODERNIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS
UNIVERSIDADES. FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.
OBJETIVO 9. DIMENSIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN: BECAS Y AYUDAS AL
ESTUDIO.
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OBJETIVO 10. CONVIVENCIA Y EDUCACIÓN EN VALORES. IMPLICACIÓN DE
LA FAMILIA, DEL PROFESORADO Y DE LA SOCIEDAD.
Espacios de convivencia y aprendizaje
Saber convivir en una sociedad heterogénea, multicultural, plural es una competencia
básica. Los proyectos y planes de los centros educativos encaminados a este
aprendizaje no sólo tienen la finalidad de favorecer el trabajo y el estudio (propuestas
104, 105, 106), sino que tiene un valor en sí mismo y ha de ser un aspecto fundamental
en los modelos didácticos y en la organización escolar.
Los aspectos teóricos, la reflexión y debate sobre los mismos y las situaciones concretas,
tiene su lugar en las sesiones grupales de tutoría, pero las consecuencias prácticas han
de extenderse a todos los aspectos de la vida y del trabajo del aula. Un aspecto
fundamental en este tema es el modelo de disciplina, en las normas que se establecen y
la exigencia de su cumplimiento.
Centros abiertos e integrados en la comunidad
Los centros no pueden educar en solitario. Es fundamental que los centros cuenten con
la participación y la colaboración de las familias (propuesta 107) sobre la base del
respeto y la confianza mutuos, reconociendo el distinto papel de unos y otras, la
incidencia en los alumnos de ambas instancias y la influencia mutua así como la
necesidad de colaboración entre ellas.
OBJETIVO 11. PROFESORADO: RECONOCIMIENTO PROFESIONAL Y SOCIAL
DEL DOCENTE.
Apoyar al Profesorado, responsable de la enseñanza.
El profesorado, por su parte, necesita asumir el nuevo papel docente que requiere el
nuevo enfoque de la enseñanza y tener un mayor reconocimiento social y un mayor
apoyo de las administraciones de su figura y su labor. Esperamos las medidas concretas
para ver cómo se llevan a la práctica las intenciones manifestadas en la propuesta 115.
Los planes de formación inicial y permanente del profesorado (propuestas 114 y
116) han de tener como objetivo la adquisición y desarrollo de las competencias
docentes necesarias para gestionar el grupo de alumnos y desempeñar el papel de
promotor, orientador y apoyo a los alumnos en la construcción de sus aprendizajes y la
interiorización de los valores, orientadas a la adquisición de competencias. La formación
debe basarse básicamente en reflexión sobre la práctica y, en el caso de la formación
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permanente, prioritariamente en el propio centro, puesto que el aprendizaje del profesor
es clave para que el centro se transforme en una organización que aprende.
Los centros educativos, para poner en marcha y desarrollar su Proyecto Educativo,
necesitan un profesorado implicado en el mismo, que trabaje como equipo docente.
El enfoque que se demanda a la enseñanza, dado el carácter transversal e integrador de
las competencias, requiere que el profesorado trabaje en equipo, con objetivos
comunes, criterios didácticos compartidos y programaciones coordinadas para superar
en todo lo posible la parcelación del saber en las diferentes áreas del currículo. Todos
los centros debieran incluir que el alumnado realice proyectos interdisciplinares en los
que tengan que aplicar sus saberes y habilidades con el objetivo de ejercitar sus
competencias básicas y mejorar sus niveles.
La cultura profesional docente tiene un marcado carácter individualista que no se ajusta
al modelo de centro y de enseñanza que se necesita hoy. Las formas de coordinación
docente requieren un replanteamiento para que sean el cauce del trabajo de equipo del
profesorado. La negociación del marco básico de la función pública docente (propuesta
112) tendría que servir para acordar las medidas adecuadas para compaginar la
autonomía docente y los derechos individuales del profesorado con la necesaria
vinculación al Proyecto de centro y la formación de equipos docentes como aspectos a
promover y reconocer. La carrera docente debe incluir el trabajo de equipo como una
dimensión que se ha de valorar e incentivar.
La innovación educativa requiere investigaciones rigurosas que aporten fundamentos
sólidos a las propuestas innovadoras en línea con la propuesta 122. La enseñanza no
universitaria necesita y exige que las Universidades y Centros especializados realicen
investigaciones que den respuesta a los interrogantes que se plantean en los centros y
en las aulas y elaboren, junto con el profesorado de los centros de enseñanza,
propuestas viables y adaptables a diferentes contextos.
OBJETIVO 12. EDUCACIÓN INCLUSIVA, DIVERSIDAD E
INTERCULTURALIDAD. DERECHO A LA DIFERENCIA SIN DIFERENCIA DE
DERECHOS.
Insistimos en este punto, tal como hemos comentado antes, que es necesaria la
dotación a los centros de apoyos para atender las dificultades de aprendizaje
(propuestas 7, 9, 14, 24, 25) y necesidades educativas especiales (propuesta 125), pero
han de utilizarse de forma adecuada. Habrá que implantar modelos didácticos y
organizativos capaces de dar la atención personalizada a todo el alumnado dentro de lo
posible en el grupo, con la presencia dentro del aula de un profesor de apoyo cuando
sea preciso, evitando actuaciones específicas dirigidas a alumnos concretos. Las medidas
de apoyo deben aplicarse antes de que sea preciso recurrir a una medida extraordinaria
como es la repetición de curso.
Propuestas del FEAE para un pacto social y político por la educación 15

16. Forum Europeo de Administradores
de la Educación del Estado Español
www.feae.es
Queremos subrayar la importancia de la atención a la diversidad y a la inclusión para
las personas con diversidad funcional y muchas otras situaciones, para que dejen de
ser invisibles y ausentes de las disposiciones y reglamentos educativos troncales.
Hablamos de colectivos invisibles para muchos que nunca alcanzan la inclusión porque
nunca son incluidos.
Entendemos que hay que velar para que la inclusión y los justos intereses de las
personas con diversidad funcional queden adecuadamente recogidos en una educación
inclusiva en este pacto de estabilidad que tanto nos hace falta, así como del necesario
acompañamiento presupuestario que precisa para hacerse real.
Todo lo anteriormente expuesto no excluye que el principio de autonomía de centros. El
pacto tendría que asegurar los medios para que cada centro, en su proyecto educativo
autónomo, organice la atención del alumnado en el marco de una educación inclusiva,
puesto que existen muchos modelos y cada situación requiere una concreción diferente.
4. ESTABILIDAD NORMATIVA
Valoramos positivamente las modificaciones introducidas mediante la propuesta 134
respecto del primer texto, puesto que la estabilidad normativa debe comprometer el
acuerdo de una mayoría cualificada de las dos Cámaras, pero debe también incluir a la
mayoría de los grupos parlamentarios representados en ambas Cámaras.
Por otra parte, de acuerdo con la propuesta 135, para que el Pacto sea de Estado, tiene
que tener en cuenta la colaboración con las Administraciones educativas y el respeto a
su ámbito de autonomía. No hay que olvidar que serán las Administraciones educativas
las que desarrollaran los aspectos concretos del Pacto, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
5. FINANCIACIÓN. Memoria económica
Para que las propuestas contempladas en el Pacto sean creíbles, es necesario que las
propuestas 136 y 137 sean prioritarias, dado que resulta imprescindible la equiparación
presupuestaria en comparación con los países más avanzados de la Unión Europea, en
relación con el PIB, con el convencimiento que el gasto en educación que hace la
Administración General del Estado, juntamente con la de las Comunidades Autónomas,
es, sin duda, la mejor inversión.
Marzo de 2010
Propuestas del FEAE para un pacto social y político por la educación 16