1. La Acción de Habeas Data

2. La Acción de Habeas Data protegía inicialmente los derechos señalados en la Constitución de 1993 en su artículo 200º inciso 3) y en su artículo 2º incisos 5), 6) y 7); mediante Ley N º 26470, publicada el 12/06/95, se suprimió del texto del inciso 3) del artículo 200º el inciso 7) del artículo 2º de la Carta Magna. En consecuencia con la ley N º 26301 estaban protegidos los siguientes: Derecho a solicitar y obtener información. Derecho a impedir que se proporcione información que afecte la intimidad personal o familiar.

3. Acceder a información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder, cualquiera sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de soporte material.

4. Pero la prohibición de hacer pública determinada información no puede inferirse por analogía o por interpretación extensiva. En efecto, el carácter reservado de cierta información guardada por las entidades públicas solo es predicable por mandato expreso de la ley o de la Constitución (aquella que afecta la intimidad personal o la seguridad nacional). Solo excepcionalmente una información pública puede ser puesta al margen del conocimiento general, con el fin de preservar bienes eminentes del Estado o de la sociedad o para dar protección efectiva a los derechos fundamentales de la persona.

5. Hace mas de un siglo, en 1891 se formulaba por primera vez en términos jurídicos el derecho a la intimidad personal. Dos abogados de Boston ,Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis, publicaron el ensayo The RighttoPrivacy y sentaron las bases técnico jurídicas de la noción de intimidad personal, configurándola como el derecho a esta. Es decir, como la garantía del individuo a la protección de su persona y a su seguridad frente a cualquier invasión de su vida privada y doméstica.

6. Como ha dicho FROSINI, el avance tecnológico ha influido notablemente sobre este derecho, ya que la computación y el mundo de la llamada inteligencia artificial han dado lugar a la existencia de acumulaciones ilimitadas de informaciones, las mismas que se han convertido en objeto de transmisión y memorización, dando así lugar a la aparición de un nuevo poder sobre el individuo: el llamado poder informático.

7. A. Protección De Los Derechos Constitucionales Informáticos Se encuentra consagrada en el inciso 5 del articulo 2° de la vigente carta magna. Así, se señala que toda persona tiene derecho: A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. El derecho al secreto bancario y a la reserva tributaria, que los reconoce implícitamente. Este secreto y esta reserva también tienen sus límites. Pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación o de una Comisión Investigadora del Congreso, con arreglo a ley.

8. B. Se aplica contra actos u omisiones que vulneren o amenacen los derechos informativos En la hipótesis de la norma podría ocurrir la omisión, por ejemplo cuando una entidad pública, se niega a entregar una información al solicitante o simplemente no la da con la debida oportunidad. Incurrirá en vulneración cuando un funcionario bancario violara el secreto bancario, o un servidor de la Superintendencia Nacional Tributaria, violara la reserva tribu­taria dando información a terceras personas, sin mediar orden judicial, o las otras excepciones judiciales que están previstas en el inc. 5 del art. 2 de la Constitución. Incurrirá en vulneración, aquel servidor de servicios infor­máticos, públicos o privados que suministre a terceras perso­nas, datos que afecten la intimidad personal o familiar de una determinada persona.

9. C. Se aplica contra autoridad, funcionarios o personas particulares A semejanza de lo que sucede en la acción de Amparo y en defensa de los otros derechos constitucionales, tratándose de los derechos informáticos se podría aplicar contra autoridades, y funcionarios que tengan que ver con registros, archivos y centros informáticos, que estén bajo su orden. Por ejemplo, el Jefe de los Registros Civiles, de los Registros Públicos, del Registro Electoral, en los casos en que se negaran o dispusieran la prohibición de otorgar informes o datos a la persona que los solicite. Contra personas particulares, podría ser contra los encarga­dos de un centro informático.