1. Desapariciones
forzadas

2. ¿Qué se entiende por desaparición forzada?
Fuente electrónica: Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm
Se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o
cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o
por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la
aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad
o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida,
sustrayéndola a la protección de la ley.

3. ¿Cuál es la magnitud de las Desapariciones y de las
Desapariciones forzadas?
La búsqueda de una sola persona es prioridad para el gobierno federal, sostuvo la
subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la SEGOB, Lía Limón, quien informó que en el país
hay 26 mil 121 desaparecidos.
De esa cifra, expuso en conferencia de prensa, 20 mil 915 están relacionadas con
averiguaciones previas y actas ministeriales y cinco mil 206 siguen pendientes de
validación, de un listado que comprende de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 y
que será depurado para integrar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Fuente electrónica: Prioritaria, la búsqueda de personas desaparecidas: Segob
http://mexicoseguridad.mx/prioritaria-la-busqueda-de-personas-desaparecidas-en-mexico-segob/

4. La información publicada, que contiene 26.121 registros, constituye un primer esfuerzo
importante en la recopilación de información de todo el país. Sin embargo, adolece de
varias deficiencias. La lista no sólo incluye personas a las que se cree que se llevaron por la
fuerza, sino también personas no localizadas, es decir, personas que quizás se hayan
ausentado voluntariamente de sus hogares o que no recuerdan su identidad. No siempre se
han eliminado de la lista las personas que posteriormente han aparecido, mientras que han
quedado excluidos muchos casos de desapariciones y desapariciones forzadas
documentados por organizaciones locales de derechos humanos. No obstante, aunque los
datos no ofrecen un panorama completo de todos los casos, sí parecen confirmar una
constante sistemática de desapariciones y desapariciones forzadas que en gran medida el
gobierno anterior había pasado por alto.
http://amnistia.org.mx/publico/informedesaparicion.pdf.pdfFuente electrónica:

5. La lista demuestra la deplorable falta de metodología y procedimientos claros de las
autoridades para recabar datos fiables de ámbito nacional sobre las desapariciones
denunciadas. Estas deficiencias no sólo han ocultado la verdadera naturaleza y magnitud de
las desapariciones, sino que también han socavado gravemente las investigaciones sobre
desapariciones, incluida la capacidad de localizar e identificar a las víctimas.
El nuevo gobierno se ha comprometido a retirar de la base de datos los registros no
relativos a casos abiertos de desaparición, aunque no queda claro qué metodología se va a
aplicar.
http://amnistia.org.mx/publico/informedesaparicion.pdf.pdfFuente electrónica:

6. http://desaparecidosenmexico.wordpress.com/sobre-la-base-de-datos/personas-desaparecidas-por-entidad/
Fuente electrónica: http://desaparecidosenmexico.wordpress.com/

7. ¿Cuándo comenzaron las Desapariciones forzadas?
México tiene más de 700 casos de
desaparición forzada sin resolver que
datan de la “guerra sucia” (1960 - 1980),
cuando las víctimas eran detenidas por la
policía o las fuerzas de seguridad durante
operaciones de contrainsurgencia lanzadas
contra pequeños grupos armados en
varios estados. Estos casos nunca se han
esclarecido y los responsables no han
comparecido ante la justicia.
En 2003, Amnistía Internacional documentó las constantes desapariciones y homicidios de
mujeres que desde hacía un decenio afectaban a Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua

8. ¿Dónde ocurren las desapariciones y las Desapariciones
forzadas?
Según información recabada por Amnistía Internacional, la mayoría de las
desapariciones han tenido lugar en estados donde en los últimos años ha habido
elevados índices de violencia delictiva y se ha intensificado la presencia de la policía y las
fuerzas de seguridad. Entre estos estados cabe mencionar Tamaulipas, Chihuahua,
Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero.
La base de datos oficial de personas desaparecidas publicada en febrero pone de
manifiesto que la mayoría de las denuncias se presentaron en el Distrito Federal y en los
estados de México Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco y Coahuila.

9. ¿Quiénes son las víctimas?
Cualquier persona puede ser víctima de desaparición o desaparición forzada en México.
Los casos documentados por Amnistía Internacional muestran que las víctimas
proceden de estratos y profesiones muy diversos. La mayoría de las víctimas, pero no
todas, son muchachos y hombres de entre 17 y 50 años.

10. ¿Cómo aborda la legislación Mexicana la desaparición y la
desaparición forzada?
La legislación federal contiene una ley que penaliza la desaparición forzada, pero que no
cumple las normas internacionales.
Sólo 13 estados han aprobado leyes estatales que tipifican como delito la desaparición.
Pero incluso cuando se ha aprobado una ley de esta índole, casi en ningún caso cumple
las normas internacionales. En concreto, la definición del delito no incluye ninguna
referencia a la autorización, el apoyo o la aquiescencia de funcionarios públicos. Nuevo
León es la excepción. Tras la presión ejercida por la sociedad civil, en 2012 se aprobó una
ley de ámbito estatal que penaliza la desaparición forzada de conformidad con las normas
internacionales.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 29.- En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no
discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a
la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de
pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la
prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la
desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.