El documento propone actualizar las normas de convivencia en los centros educativos para dar más autoridad a los directores y mejorar la coordinación. También busca reforzar el papel de las familias en la educación de sus hijos y actualizar los reglamentos de los diferentes tipos de centros. Por último, deroga varios decretos y órdenes anteriores y establece nuevos deberes y derechos para el alumnado, profesorado y familias.