El documento propone actualizar las normas de convivencia en los centros educativos para dar más autoridad a los directores y mejorar la coordinación. También busca reforzar el papel de las familias en la educación de sus hijos y actualizar los reglamentos de los diferentes tipos de centros. Por último, deroga varios decretos y órdenes anteriores y establece nuevos deberes y derechos para el alumnado, profesorado y familias.
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