Comparecencia al proceso

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INDICE
INTRODUCCION………………………………………………………………….pág.3
EL PROCESO CIVIL……………………………………………………………...pág.4
FINALIDAD Y OBJETO DEL PROCESO EN GENERAL…………………….pág.5
NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO……………………………………pág.6
a) TEORÍA DEL CONTRATO Y DEL CUASICONTRATO…………………..pág.8
b) TEORÍA DE LA RELACIÓN JURÍDICA…………………………………… pág.8
i) DOCTRINA DE OSCAR VON BULOW…………………………… pág.8
ii) DOCTRINAS DE WACH, HELLWIG y KÖHLER………………… pág9.
iii) DOCTRINA DE CHIOVENDA – RELACION JURÍDICO PROCESAL.10
c) TEORIA DE LA SITUACIÓN JURÍDICA…………………………………...pág.11
COMPARECENCIA AL PROCESO…………………………………………… pág.12
 COMPARECER………………………………………………………… .pág.12
 COMPARECENCIA……………………………………………………. .pág.12
 PROCESO……………………………………………………………..... pág.12
CAPACIDAD PARA SER PARTE MATERIAL EN UN PROCESO………....pág.13
 LA PERSONA HUMANA O NATURAL………………………...………pág.15
 CAPACIDAD JURIDICA …………………………………………….…..pág.15
 PERSONA JURÍDICA…………………………………………..............pág.15
 ÓRGANOS CONSTITUCIONALES……………………………….……pág.15
 SUCESIÓN INDIVISA…………………………………….....................pág.16
 PATRIMONIO AUTONOMO………………………………….…………pág.16
CAPACIDAD PARA COMPARECER EN UN PROCESO…………………...pág.17
 CAPACIDAD PARA OBRAR……………………………………………pág.18
 DIFERENCIA LA CAPACIDAD PROCESAL DE LA LEGITIMACIÓN
PROCESAL……………………………………………………………… pág.18
 CUANDO NO SE CUENTA CON CAPACIDAD DE EJERCICIO…...pág.19

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 CAPACIDAD PARA SER PARTE. DIFERENCIAS CON LA CAPACIDAD
PROCESAL……………………………………………………………… pág.19
EL ESTADO COMO PARTE…………………………………………………. pág.20
 SUSTENTO CONSTITUCIONAL……………………………………. pág.21
SUSTITUCIÓN PROCESAL…………………………………………………. pág.21
 EJERCER LOS DERECHOS DE SU DEUDOR SEA EN VÍA DE “ACCIÓN"
O PARA ASUMIR SU DEFENSA…………………………………… .pág.22
I. EL ACREEDOR SE ENCUENTRA FACULTADO A "EJERCER LOS
DERECHOS DE SU DEUDOR EN VÍA DE ACCIÓN"………pág.23
II. EL ACREEDOR SE ENCUENTRA FACULTADO PARA ASUMIR LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL DEUDOR………….. pág.24
 PARA QUE SE CONFIGURE LA SUSTITUCIÓN PROCESAL ES
NECESARIO QUE CONCURRAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS..pag.25
 LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN……………………… ..pág.25
CURADORÍA PROCESAL………………………………………………….....pág.27
- DEFINICIONES…………………………………………………….pág.27
- DEBERES DEL CURADOR PROCESAL…………….…………pág.28
- IMPORTANCIA DE LA CURADORÍA PROCESAL.……………pág.29
REPRESENTACIÓN CIVIL.…………………………………………………..pág.29
 FACULTAD Y ORIGEN DE LA REPRESENTACIÓN….………….pág.30
 LA REPRESENTACIÓN DIRECTA Y LA REPRESENTACIÓN INDIRECTA
 LA REPRESENTACIÓN LEGAL……………………………………..pág.31
REPRESENTACIÓN LEGAL DE INCAPACES………………………........pág.31
CONCLUSIONES…………………………………………...…………….......pág.34
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………...….......pág.35

3
INTRODUCCIÓN
La Justicia civil peruana se sostiene en el sistema procesal publicista en el que el
Juez es el “Director del Proceso” con el objeto que se pueda alcanzar la finalidad
del proceso.
El nuevo ordenamiento procesal civil que nos rige está alineado a una concepción
publicista y privatista del proceso civil, no obstante lo trascendente en él es la
función pública que cumple el Estado a través de su órgano jurisdiccional, tanto
para hacer efectivo la paz social en justicia como aspiración última de la sociedad,
cuanto para solucionar los conflictos de intereses o eliminar las incertidumbre
jurídicas.
Sin embargo, desde el punto de vista del proceso, lo que importa es quién lo hace,
quién está en él; la condición de parte material por decirlo así es imprescindible
pero no del todo importante. Parte procesal es la persona que interpone la
pretensión ante el órgano jurisdiccional y la persona frente a la que se interpone.
Por lo que, la diferenciación entre parte material y parte procesal resulta
sumamente importante para entender el tema que nos ocupa.
Antes de proceder a desarrollar un tema que puede considerarse ya clásico, como
es éste de comparecencia al proceso, es necesario esgrimir algunas palabras
previas de tal manera que, si no necesario, sí es al menos conveniente dejar
constancia del propósito con el que se inicia este trabajo.
Una persona cualquiera puede tener interés en ocurrir a la jurisdicción llevando su
demanda y ejerciendo de hecho la acción sobre un derecho que no ostenta; de tal
suerte, la acción no tiene limitaciones por ser un derecho de pertenencia
indiscriminada, es decir, inherente a todo sujeto; pero difícilmente el objeto
pretendido alcance los resultados esperados, porque el carácter de parte
solamente lo obtienen los legitimados activos (actores) y pasivos (demandados).
La capacidad para comparecer al proceso, se refiere al derecho que la persona
tiene para comparecer por sí misma o por intermedio de abogado. Esto quiere
decir, que no siempre se puede concurrir al proceso de manera personal, directa e
independientemente, por cuanto a veces se requiere de otras personas, como los
representantes o apoderados.
Por ello este trabajo no solo involucra definiciones respecto a comparecencia al
proceso se esgrimieron también sentencias, temas relacionados al proceso civil
que debemos conocer parea entender con claridad el tema.

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EL PROCESO CIVIL
En su acepción idiomática, el concepto proceso se manifiesta a través de dos
características. Por un lado está su temporalidad, es decir, la conciencia de
transcurso, de tránsito, de progreso hacia algo. Por otro está su vocación de
arribo, es decir, la tendencia a alcanzar un fin. Intrínsecamente, el proceso
supone, entonces, el recorrido para la obtención de una meta.
UGO ROCCO, refiriéndose al proceso civil indica que “es el conjunto de las
actividades de los órganos jurisdiccionales y de las partes necesarias para la
declaración de certeza o para la realización coactiva de los intereses tutelados por
las normas jurídicas en caso de falta de certeza o de inobservancia de esas
mismas normas”.(*)
CHIOVENDA expresa que “el proceso civil es el conjunto de los actos dirigidos al
fin de la actuación de la ley (respecto de un bien que se pretende garantizado por
esta en el caso concreto) mediante los órganos de la jurisdicción ordinaria”. (**)
COUTURE ha escrito: “podemos definir, pues, el proceso judicial, en una primera
acepción, como una secuencia o serie de actos que se desenvuelven
progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, el
conflicto sometido a su decisión. (***)
En nuestro País, el estudioso MONROY GALVEZ respecto del proceso judicial
opina lo siguiente: “El proceso judicial es el conjunto dialéctico de actos,
ejecutados con sujeción a determinadas reglas más o menos rígidas, realizados
durante el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, por distintos sujetos que
se relacionan entre sí con intereses idénticos, diferentes o contradictorios, pero
vinculados intrínsecamente por fines privados y públicos”. (****)
En general, todas las definiciones de proceso reconocen que se trata de resolver
un conflicto mediante la actuación de la ley en el caso concreto, es decir, la
solución del conflicto mediante la imposición de la regla jurídica, el derecho (o más
mediatamente, la implantación de la paz y la justicia en el medio social).
(*) UGO ROCCO, Tratado de derecho procesal civil, tomo I, Bogotá, Editorial Temis, 1969, Pág. 113 y
114.
(**) CHIOVENDA, Principios de derecho procesal civil, tono I, 3ra. Edición, Págs. 95 y siguientes
(***) EDUARDO J. COUTURE, Fundamentos del proceso judicial op., cit., págs. 121 y 122.
(****) MONROY GALVEZ, JUAN. “Introducción al proceso civil”. Ob. Cit. Pág. 112.

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Resulta esencial el proceso, puesto que dicha función se presta por medio de toda
esa serie de actos que garantizan que la declaración final (sentencia) está basado
en una correcta evaluación de las situaciones que se plantean al Juez. Por eso
resulta un derecho humano esencial el del debido proceso, esto es, que se juzgue
no sólo por un juez imparcial e idóneo, sino mediante una serie de actos que
garanticen que esa declaración final sea la que corresponde conforme al derecho
que la sociedad ha dictado.
FINALIDAD Y OBJETO DEL PROCESO EN GENERAL
Las doctrinas que pretenden explicar el fin del proceso oscilan entre cuestiones
diferentes: saber si se trata de resolver un conflicto material (sociológico) o de
actuar el derecho (jurídico); si se persigue un fin individual, solucionar un conflicto
subjetivo, o un fin público, la actuación de la ley, del derecho y, en último término,
los fines de este: paz, justicia.
Desde el punto de vista sociológico, el proceso es un instrumento necesario para
solucionar el choque de intereses que se produce entre por lo menos dos
individuos o entidades, o para eliminar una incertidumbre jurídica que se haya
presentado como contraposición de intereses entre las personas, porque de su
solución depende la paz social.
Desde el punto de vista jurídico el proceso se considera como un instrumento
ideal, inmaterial e inespacial, para resolver los conflictos de intereses que se
producen en la sociedad y necesario para la actuación del derecho sustantivo y
para satisfacer derechos subjetivos de los contendientes.
En suma, es un instrumento en manos del Estado para satisfacer derechos
subjetivos, cuyas decisiones se revisten de la cosa juzgada, elemento necesario e
indispensable para alcanzar la seguridad jurídica y la paz social dentro de la
colectividad.
El maestro ALZAMORA VALDEZ decía que el proceso es el continente, y la
postulación, la aportación de pruebas, las incidencias, las medidas cautelares,
entre otros, forman parte del contenido de aquél.
En general, la mayoría de la doctrina se inclina por una posición mixta. Es decir,
que no consideran al proceso como solución de un conflicto solamente social, ni
tampoco sólo jurídico. O sea admiten, como es lógico, que lo que en su origen
aparece como un conflicto social, cuando es abarcado por el derecho se convierte
en jurídico y se resuelve como tal mediante la “actuación de la ley”. El fin del
proceso es, pues, la satisfacción de un interés público. El fin secundario es la
composición del litigio.

6
Según DEVIS ECHANDÍA, el fin principal de los diferentes procesos es: “tutelar el
interés general en la realización del derecho objetivo sustancial, en los casos
concretos, para mantener la armonía y la paz sociales y para tutelar la libertad y la
dignidad humanas”.(*)
En sentido estricto el OBJETO DEL PROCESO, es decir, aquello sobre lo que
versa éste de modo que lo individualiza y lo distingue de todos los demás posibles
procesos, es siempre una pretensión entendida como petición que se dirige a un
órgano jurisdiccional, frente a otra persona, sobre un bien de la vida. La pretensión
es una declaración de voluntad petitoria que se caracteriza porque ha de estar
fundamentada, esto es, que tiene que hacer referencia a un acontecimiento de la
vida.
En cambio, el OBJETO DEL DEBATE es la resistencia, es decir, la contestación a
la demanda que aparece como par alternativo a la pretensión.
La resistencia es la petición que el demandado dirige al órgano jurisdiccional como
reacción a la pretensión formulada contra él por el demandante. La resistencia
también es una petición, si bien es siempre la misma: no ser condenado.
La resistencia no sirve para delimitar el objeto del proceso (**) ya que no introduce
un objeto del proceso nuevo y distinto del fijado en la pretensión, tampoco es
necesaria que se fundamente ya que el demandado puede limitarse a negar los
fundamentos de la pretensión y formular petición de no condena. Sin embargo, la
resistencia puede ampliar los términos del debate cuando se alega hechos a base
de excepciones materiales así como completar a lo que debe referirse la
congruencia de la sentencia.
La distinción entre objeto del proceso y objeto del debate precisa completarse
atendiendo al tema de prueba (no al objeto de prueba que es cosa diferente), esto
es, a lo que debe probarse en un proceso concreto para que el juez declare la
consecuencia jurídica pedida por la parte. El Tema de prueba son: 1º.- Los hechos
afirmados por una o por otra parte. En todo caso, la prueba ha de referirse a los
hechos afirmados por el actor, pero también a los afirmados por el demandado.
2º.- Los hechos controvertidos. La necesidad de prueba sólo puede referirse los
hechos que, después de las alegaciones, resulten controvertidos.
(*)DEVIS ECHANDIA, HERNANDO, “Compendio de Derecho Procesal: Teoría General del Proceso”, Tomo I.
Editorial Jurídica DIKE, decimotercera edición, 1,993. Pág. 159.
(**)Salvo en el caso de la reconvención, pero ésta no es mera resistencia, sino algo más .

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NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO
Es posible hacer una clasificación de las teorías partiendo del grado de aceptación
que han tenido en la doctrina. Así, encontramos cuatro teorías clásicas sobre la
esencia del proceso. Las dos primeras son conocidas también con el nombre de
teorías privatistas, en tanto elaboran su explicación basándose en categorías
civiles y además, hacen gravitar la trascendencia del proceso en la naturaleza del
presunto acuerdo al que llegan las partes para contender. Por lo que para ellos el
proceso tiene por finalidad decidir conflictos producidos entre los particulares y
conciben el proceso como la discusión que sostiene las partes con arreglo a
determinadas normas procesales sobre sus respectivos derechos y que termina
con una decisión del organismo encargado de dirimir la controversia. En este
sistema, el proceso es un instrumento que el Estado pone en manos de los
particulares para la protección de sus respectivos derechos subjetivos.
En contra de esta posición, surge la concepción publicista del proceso, según la
cual el proceso es un instrumento que la ley pone en manos del Juez para la
actuación del derecho objetivo quien, además, adquiere un rol trascendental y
protagonista. Según esto, consideran que los conflictos que se producen en la
sociedad son fenómenos sociales, cuya justa solución interesa a la colectividad
para restablecer el orden alterado.
Por otro lado, esta diferencia entre teorías privatistas y publicitas es importante
también para determinar el momento en que se inicia el proceso. Así, para las
concepciones privatistas tal suceso ocurre en la contestación – expresa o ficta- de
la demanda o por lo menos en el acto de su notificación; en cambio, para las
publicitas es en acto de la interposición de la demanda.(*)
(*) Si tras la visión panorámica que acabamos de ofrecer,quisiésemos ahora diferenciar de manera tajante las
cuatro teorías fundamentales acerca de la naturaleza del proceso o, mejor dicho, esclarecer la frontera entre
las interpretaciones privatistas y las doctrinas publicistas, diríamos que mientras las primeras descansan o
giran alrededor de la litis-contestatio,las segundas se apoyan en la litis – pendencia, es decir, anticipan a la
interposición de la demanda,el momento constitutivo del proceso, que las otras retardan, en cambio, hasta la
contestación del demandado” (NICETO ALCALA ZAMORA Y CASTILLO, Proceso, autocomposición y
defensa (Contribución al estudio de los fines del proceso) México D.F., Editorial Imprenta Universitaria, 1,947,
Págs., 132 y 133)

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a) TEORÍA DEL CONTRATO Y DEL CUASICONTRATO.-
Conforme a la teoría contractual, el proceso surgiría del consentimiento de las
partes acerca de un objeto común. Esta teoría tuvo su auge en los siglos XVIII y
XIX con la doctrina de POTHIER, DEMOLOMBE, Etc.
El antecedente de ella lo encontramos en la litis contestatio del derecho romano, la
cual significa un acuerdo de voluntades por el que se investía del poder al iudex
(Árbitro). En este acuerdo se hacía novación de los derechos de las partes y de
ahí en adelante su situación jurídica, a resolver por el juez, nacía del acuerdo.
GUASP anota que a esta teoría se le han hecho dos objeciones: “la primera, que
el órgano del poder público que interviene en el proceso no está ligado en su
actuación por la voluntad de las partes ni la fuerza de su mandato nace de tal
voluntad, sino de la soberanía del Estado, a cuya organización pública pertenece
el juez; la segunda, que muchas veces el consentimiento unánime de las partes en
litigar no existe y, sin embargo, no por ello dejan de producirse los vínculos
procesales, especialmente la sumisión del demandado al pronunciamiento
jurisdiccional”. (*)
Para otros autores el proceso es un cuasicontrato, por cuanto se trata de la
voluntad unilateral de un sujeto, el cual, con su conducta unida a ciertos hechos,
liga válidamente a personas distintas. Es preciso señalar que esta teoría se trata,
solamente, de una derivación de la teoría anterior. Después de señalarse que no
podía ser un contrato, pues si el demandado no concurría por su voluntad o,
simplemente, faltaba (rebeldía) la figura que más se adecuaba al fenómeno en
estudio era la del cuasicontrato.
b) TEORÍA DE LA RELACIÓN JURÍDICA.-
Para la mayoría de los procesalistas el proceso es una relación jurídica entre
determinados sujetos investidos de poderes otorgados por la Ley, que actúan en
vistas a un determinado fin.
i) DOCTRINA DE OSCAR VON BULOW.
Esta teoría, cuyos antecedentes se hacen remontar a las ideas de
HEGEL, y aún de juristas medievales, fue expuesta orgánicamente por OSCAR
VON BULOW en su famosa obra publicada en 1,868: La teoría de las excepciones
procesales y los presupuestos procesales. (**)
(*) GUASP, JAIME. Derecho Procesal Civil, Tomo I, 3ra. Ed. Madrid, Instituto de Estudios Políticos,
1968, Pág. 12.
(**) OSCAR VON BULOW, La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales.
Buenos Aires, EJEA, 1,964.

9
Se afirma que la actividad de las partes y del juez está regida por la ley y que el
orden establecido para regular la condición de los sujetos dentro del proceso,
determina una relación jurídica de carácter procesal, consistente en el complejo de
derechos y deberes a que está sujeto cada uno de ellos, tendiendo a un fin
común.
El proceso es, según esta doctrina, la gama de múltiple y casi infinita de relaciones
entre sujetos que tienen deberes y facultades, funciones públicas o privadas,
intereses y roles distintos, además de un fin común. Esta relación se caracteriza
por ser autónoma, en tanto difiere de la relación que conecta a las partes desde
antes del inicio del proceso. Es compleja, dado que se trata de un conjunto de
deberes y facultades distintas en cada sujeto interviniente.
Asimismo, es una relación que pertenece al derecho público, desde que interviene
el Estado en ejercicio de una función trascendental que además es indelegable: la
jurisdicción.
ii) DOCTRINAS DE WACH, HELLWIG y KÖHLER.
WACH sostiene que el proceso es una relación jurídica entre las partes
interesadas, cuyo contenido representa deberes y derechos de naturaleza
procesal con independencia de la relación jurídica material, ya que mediante el
proceso el derecho no solamente es, sino que vale y adquiere una realidad, Los
sujetos de la relación son el juez, el demandante y el demandado, considerando la
relación como de derecho público. La relación jurídica existente en un proceso es
triangular, las partes se relacionan entre sí y entre ellas sobrevienen
responsabilidades procesales. Es el caso, por ejemplo, de la condena en costos y
costas. (*)
HELLWIG, está de acuerdo con WACH, observando la angularidad de la relación y
expresando que los deberes y derechos procesales existen entre el demandante y
el juez y entre el demandado y el juez, pero no entre las partes. La característica
de la relación procesal está en el poder jurisdiccional del juez, y la actividad de las
partes solo tiene importancia en cuanto impulsa la actividad decisoria judicial.
Adviértase que según esta posición, no hay relación entre las partes. (**)
42 WACH, HANDBUCH, Págs. 20 y ss. Cita de PEDRO ARAGONESES, en Proceso y
Derecho Procesal, Madrid, Editorial Aguilar, 1960, Pág. 163.
43 HELLWIG, Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrecht, vol. II, Leipizig, 1907, Págs. 27
y Des deustschen Zivilprozessrecht, parte 1ª, Pág. 305, trabajo citado por PEDRO
ARAGONESES en ob. Cit. Pág., 165

10
KÖHLER dice que la relación procesal se da solo entre las partes y no entre las
partes y el juez, ya que la colaboración de este no es suficiente para hacerle
partícipe de la relación procesal sin que las partes tengan ningún derecho frente al
juez ni frente al Estado para obtener la tutela jurídica que los jueces otorgan por
sus deberes de imperio. El proceso consiste en dos líneas paralelas de relaciones
que van del demandante al demandado y viceversa. (*)
iii) DOCTRINA DE CHIOVENDA – RELACION JURÍDICO PROCESAL.-
Este autor (**) dice que el procedimiento es la envoltura exterior de una relación
jurídica que se llama relación jurídica procesal, idea que es inherente al judicium
romano y a la definición que de él daban los procesalistas medievales. Agrega que
la relación jurídica procesal es una relación autónoma y compleja, que pertenece
al derecho público. El esqueleto de la relación jurídica procesal es el deber del
juez de proveer. Las partes tienen deberes respecto del juez y derechos y deberes
entre sí. Sin embargo, algunos autores, como GOLDSCHMIDT, han criticado este
concepto, argumentando que la obligación del Estado de proveer no tiene
correlatividad con ningún derecho subjetivo ni requiere fundarse en la noción de
relación procesal. En el Estado moderno – agrega GOLDSCHMIDT- no existe
obligación del demandando de someterse a la jurisdicción, sino un estado de
sujeción a ella. CHIOVENDA afirma que el momento en que se constituye la
relación procesal es aquel en que esta es comunicada a la otra parte y como
condición de la obligación del juez de proveer a la demanda de la existencia de los
recursos procesales.
Estamos de acuerdo con el concepto según el cual el proceso es una relación
jurídica procesal, ya que, como lo anota DEVIS ECHANDÍA “de él se originan
derechos y obligaciones, cargas y facultades, distintas de las que pueden surgir de
las relaciones jurídicas materiales que en él se ventilan”. En la relación jurídica
procesal los sujetos son el actor, el demandado y el juez; sus poderes son las
facultades que la ley les otorga para la realización del derecho; el fin es la solución
del conflicto; su actuación se hace por medio de la jurisdicción. (***)
(*) KÖHLER, cita de PEDRO ARAGONESES, ob. Cit., Pág. 166
(**)CHIOVENDA, Principios de derecho procesal civil, tomo I., trad. De José Casáis y Santaló, Madrid,
Instituto Editorial Págs. 117 y siguientes.
(***)DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO. Compendio de derecho procesal – Teoría General del Proceso, Tomo I,
decimotercera edición, Biblioteca jurídica DIKE – Colombia 1993. Pág. 171

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c) TEORIA DE LA SITUACIÓN JURÍDICA.
Según GOLDSCHMIDT, el proceso es el estado de una persona desde el punto
de vista de la sentencia judicial, que se espera con arreglo a las normas jurídicas.
Esta situación se concreta en actos u omisiones determinados: la obtención de
una sentencia favorable depende de la realización de ciertos actos procesales
exitosos (demandar, comparecer, probar, alegar, etc.), y las perspectivas de una
sentencia desfavorable, en cambio, de la realización de actos inconvenientes o de
la omisión de los correspondientes. Se dice que las partes no están vinculadas
entre sí, sino que existen estados de sujeción de ellas al orden jurídico, en su
conjunto de posibilidades, de expectativas y de cargas. El proceso es una
situación, o sea, el estado de una persona frente a la sentencia judicial. El juez no
participa, por cierto, de estas posibilidades, expectativas y cargas, en tanto actúa
porque se trata de un deber funcional de naturaleza administrativa y política. (*)
De acuerdo con esto la obligación de fallar del juez no es obligación procesal sino
obligación que le corresponde frente al Estado. En la concepción dinámica del
derecho, las relaciones jurídicas, categoría del derecho estático, se convierten en
simples situaciones jurídicas al venir al plano dinámico en que el proceso está
situado. Sin embargo, nosotros consideramos que si existen verdaderos derechos
y deberes procesales. Como lo anota GUASP las posibilidades y las cargas, no
son categorías autónomas desligadas de los deberes y derechos, sino, por el
contrario, elementos de los mismos. (**)
(*) JAMES GOLDSCHMIDT, Der prozess als Rechtslage – Eine Kritik des prozessualen
Denken, Berlín, Springer, 1925, Págs. 602 y siguientes, Citado por MONRROY CABRA, MARCO GERARDO,
en Ob. Cit. Pág. 68
(**) AIME GUASP Derecho Procesal Civil, Tomo I., 3ª. Edición, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968,
Pág. 21.

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COMPARECENCIA AL PROCESO
 Comparecer: aparecer ante el juez de la causa, cumpliendo naturalmente con
las formalidades que la ley exige. La comparecencia puede producirse en
cualquier etapa del proceso, pero si ella es posterior al término legal para
contestar la demanda, no se podrá evitar la preclusión de la etapa
correspondiente, y en el caso se habrá perdido el derecho no ejercido
oportunamente. (*)
 Comparecencia: acto y trámite que en determinados procedimientos equivale
a la vista. Se utiliza la expresión comparecencia al proceso para designar el
acto de comparecer personalmente o por medio de representante, ante un
órgano judicial. Para poder comparecer en el proceso hay que tener capacidad
procesal. (**)
Acto de comparecer ante el juez, en cumplimiento de intimidación cursada por
este. Para su eficacia como acto procesal debe realizarse en condiciones de
tiempo y lugar. Puede ser facultativa o necesaria. Normalmente implica una carga
procesal. (***)
 Proceso: representa el conjunto de actos que son necesarios, en cada caso,
para obtener la creación de una norma individual. (****)
Según Andrés De La Oliva es el instrumento de la jurisdicción o función
jurisdiccional del Estado, que consiste en una serie o sucesión de actos tendientes
a la aplicación o realización del Derecho en un caso concreto. (*****)
Entonces teniendo estas premisas podemos afirmar que la capacidad para
comparecer al proceso, se refiere al derecho que la persona tiene para
comparecer por sí misma o por intermedio de abogado. Esto quiere decir, que no
siempre se puede concurrir al proceso de manera personal, directa e
independientemente, por cuanto a veces se requiere de otras personas, como los
representantes o apoderados.
(*) Manuel Osorio, Diccionario de Ciencia Jurídicas, vigésima edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires 2012
(**) (****) Diccionario Jurídico Espasa, primera edición, editorial Espasa Calpe S. A., Madrid, 2007
(***) (*****) Abado Damián Ruiz García, Diccionario Jurídico General, Editorial MV Fénix EIRL, 2010

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CAPACIDAD PARA SER PARTE MATERIAL EN UN PROCESO
La descripción legal en el art. 57 del código procesal civil describe lo siguiente:
Toda persona natural o jurídica, los órganos constitucionales autónomos y la
sociedad conyugal, la sucesión indivisa y otras formas de patrimonio autónomo,
pueden ser parte material en un proceso.
Parte es cada uno de los sujetos que actúa y contra quien se actúa el proceso. El
proceso presupone, por necesidad, 2 partes. Es lo que se denomina “principio de
dualidad de partes”. Manteniendo el binomio sujeto activo-pasivo, puede ocurrir
que cada una de las posiciones (activa y/o pasiva) esté ocupada por varias partes:
más de un sujeto, que actúa con plena autonomía procesal en la defensa de su
derecho. La dualidad no hace referencia a la existencia de sólo 2 partes en el
proceso, sino a dos posiciones antagónicas de las partes: parte activa y parte
pasiva.
De manera general podemos decir que parte es toda persona, sea natural o
jurídico, que reclama en nombre propio, o en cuyo nombre se reclama, la
satisfacción de una pretensión, y aquella frente a la cual se reclama dicha
satisfacción. (*)
Palacio(a), presenta la siguiente definición: "Partes son quienes de hecho
intervienen o figuran en el proceso como sujetos activos o pasivos de una
determinada pretensión, con prescindencia que revistan o no el carácter de
sujetos legitimados para obrar o para contradecir en el concreto proceso que se
trate. La ausencia de legitimación puede determinar el rechazo de la pretensión
por no concurrir, respecto de esta, uno de los requisitos que condicionan su
admisibilidad; pero no afecta la calidad de parte de quien ha deducido o frente a
quien se ha deducido esa pretensión".(**)
Podemos afirmar entonces que la capacidad para ser parte en un proceso,
significa ser sujeto de la relación jurídica procesal, es decir, actuar como
demandante, demandado, sindicado, interviniente, etc. En consecuencia, toda
persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso.
(*)Marianella Ledesma Narváez, Comentarios al Código Procesal Civil, tomo I, primera edición, Editorial
Gaceta Jurídica S.A., julio 2008, pág. 229
(**)Lino Palacio, Derecho Procesal Civil, tomo III, Editorial Albedo Perrot, Buenos Aires, 2001, pág. 9-10

14
La cuestión de determinar quién es parte en un proceso es distinta de la de saber
quién puede serlo: a ésta responde la capacidad para ser parte. La capacidad
para ser parte es una condición estrictamente personal. El concepto procesal de
“capacidad para ser parte” es correlativo del de “capacidad jurídica” del derecho
privado (o aptitud para ser titular de derechos y obligaciones). Es decir que la
capacidad para ser parte consiste en la aptitud para ser sujeto de derechos y
obligaciones de carácter procesal, o aptitud para ser titular de los derechos,
cargas y obligaciones que se derivan del proceso.
Quien comparece la proceso por naturaleza y por lo más común es la persona
física de carne y hueso, es decir la persona natural por lo que empezando por
analizarla se comprende que persona natural es un ente corporal real con vivencia
absoluta que siente, piensa y actúa en el nivel de sus propias necesidades y
facultades que la ley le otorga, que es por lo que se puede decir que la persona
natural es el ente que tiene capacidad desde que nace hasta que muere, lapso de
su existencia que se marca por la edad de la persona y en este sentido tenemos,
la persona con capacidad de goce y la persona con capacidad jurídica.
Como bien se conoce en el proceso civil intervienen, además del Estado que en sí
es sujeto pasivo de la relación procesal que lo representa el juez, existen otros
sujetos que son titulares de los derechos de la acción y de la contradicción que
son el demandante y el demandado, respectivamente. Pero en ambos casos se
denominan partes del proceso y quienes son, simplemente personas,
denominadas partes litigantes, partes en conflicto.
Alzamora Valdez, se pregunta a sí mismo, y ¿quiénes son partes del proceso? La
respuesta es la de convenir con lo que la doctrina civil más generalizada lo tiene
resuelto en el sentido que las partes procesales se identifican con lo que se
denomina sujetos de la relación sustancial procesal, que son el actor o
demandante quien es el titular del derecho que ha sido violado o amenazado y el
reo y en nuestro caso el demandado es la parte contra quien se pide la tutela
jurisdiccional efectiva.
Pero como se puede advertir que quien comparece al proceso es la persona que
con capacidad de goce, ejerce sus derechos pero a través de su representante
que según el caso y la edad, inicialmente la asumen los padres ejerciendo la patria
potestad y después o, al mismo tiempo el tutor ejerciendo las facultades de la
tutela.
La capacidad para ser parte, denominada “legitimatio ad causam”, se la define
como la idoneidad reconocida por el ordenamiento jurídico para ser titular de
derechos y de deberes procesales.
Toda persona por el solo hecho de serlo goza de capacidad para ser parte. La
adquisición y pérdida de esta clase de capacidad coincide con la adquisición y
pérdida de la personalidad jurídica.

15
 la persona humana o natural.- Reconocida en el Código Civil en su Art. 1 al
decir que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento y la
atribución de derechos patrimoniales está sujeta a la condición de que nazca
con vida.
En el caso de las personas naturales, se reconoce capacidad jurídica desde su
nacimiento; sin embargo, hay situaciones donde la ley retrotrae la capacidad
jurídica desde la concepción, para todo cuanto le favorezca. Dicha capacidad se
traduce en la titularidad de expectativas que solo se transforman en verdaderos
derechos patrimoniales siempre que el concebido nazca vivo (ver el artículo 1 del
CC). La capacidad jurídica procesal se extingue con la muerte.
 Capacidad jurídica.-Es la atribución que se le da a la persona natural que
tiene la facultad de ejercer su derechos por si mima o a través de terceros
mediante la representación, cuando es menor de 18 años de edad. Esta es la
persona que tiene facultades para comparecer al proceso civil planteando
algún conflicto o incertidumbre para que sea resuelto por el Poder Judicial
Jurisdiccional.
 Persona Jurídica.- Es una entidad con existencia concreta, cuyos actos se
traducen como efectos del ejercicio regular para los fines que ha sido
constituida.
La personalidad de esta entidad, es propia pero distinta de las personas naturales
que la han constituido.
En el caso de las personas jurídicas o ideales, su capacidad está determinada por
las reglas del Código Civil o de las leyes especiales. Entre las personas jurídicas
de carácter público que tienen capacidad procesal se ubica al Estado,
independientemente que en la relación jurídica controvertida haya actuado en el
ámbito del Derecho Privado o en su calidad de poder público.
La existencia de la persona jurídica de Derecho Privado comienza el día de su
inscripción; sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico ha regulado el caso de las
personas no inscritas. El Código Procesal en el artículo 18 comprende la
competencia de las personas irregulares.
 Órganos constitucionales autónomos.- Son aquellos derechos que emergen
de un interés común que le faculta a cualquier integrante de la comunidad
nacional ejercer el derecho para que se resuelva algún conflicto por haberse
vulnerado ese derecho que es común y de gran beneficio para la sociedad,
como es por ejemplo cuando se atenta contra el medio ambiente.

16
 Sucesión indivisa.- Cuando fállese una persona conforme lo legisla el Art. 660
del C.C. los derechos y las obligaciones se transmiten a los herederos. Pero la
transmisión de la herencia es todo un proceso, por lo tanto mientras ésta no se
lleve a cabo todos los bienes constituyen masa hereditaria indivisa. La masa
hereditaria indivisa pertenece a personas quienes por su propia naturaleza
conforman la sucesión indivisa.
Ahora bien, si la sucesión indivisa comparece al proceso, lo puede hacer
cualquiera de sus miembros o sea cualquiera de quienes conforman la sucesión,
en este caso la demanda estará bien interpuesta. Sin embargo si la sucesión
indivisa es la demandada, la acción tiene que interponerse contra todas las
personas que conforman la sucesión hereditaria.
 Patrimonio autónomo.- Se denomina patrimonio autónomo a los bienes, bien
o conjunto de bienes que resultan como consecuencia de la evolución social
patrimonial sin que se constituya una persona jurídica.
En este caso se tiene: Que en el patrimonio autónomo de la sociedad conyugal, si
uno de los miembros del matrimonio, es decir el marido o la mujer es demandada,
quien haya sido emplazado deberá hacer la denuncia civil para que la notificación
y la demanda se interpongan también contra el otro cónyuge. En cambio si se trata
de una demanda que compete al matrimonio, cualquiera de los cónyuges tiene la
facultad para interponer la acción sin necesidad del otro cónyuge.
Entonces recurriendo a una de las fuentes del derecho la cual es la jurisprudencia
encontramos que “parte en el proceso es aquel que pide tutela jurisdiccional y
pretende la actuación de una norma legal a un hecho determinado y aquel
respecto del cual se formula esa pretensión, los que quedan individualizados en la
demanda”.(*)
Las partes en el proceso están vinculadas bajo los principios de dualidad, igualdad
y contradicción.
La dualidad no se halla referida al número de personas que intervienen o figuran
en el proceso como partes, sino a la posición que asumen en él. Tampoco enerva
este principio la circunstancia que en el proceso intervenga una sola parte, como
ocurre con la rebeldía.
(*) Exp. N° 983-98- Lima. El Peruano, 18/11/98, pág. 2056

17
El principio de igualdad considera que las partes se encuentran ante el órgano
judicial, en una posición igualitaria. Ello significa que dentro de una sustancial
similitud de condiciones o de circunstancias, no caben discriminaciones entre los
derechos y deberes que incumben a cada una de las partes, y que, dentro de sus
respectivas posiciones, ninguna de ellas puede gozar de un privilegio en
desmedro de la otra. Tampoco el Estado cuando actúa en calidad de parte se
halla exento de la aplicación de este principio. En este sentido obra la regulación
del artículo 59 del Código Procesal.
La contradicción se expresa en que cada una de las partes debe tener una
razonable oportunidad de audiencia y de prueba. Este principio se satisface
mediante el otorgamiento de posibilidades de defensa y no se exige, por lo tanto,
la efectividad del ejercicio de las correspondientes facultades procesales.
CAPACIDAD PARA COMPARECER EN UN PROCESO
La norma procesal describe en su art. 58 lo siguiente:
“Tienen capacidad para comparecer por sí a un proceso o para conferir
representación designando apoderado judicial, las personas que pueden disponer
de los derechos que en él se hacen valer, así como aquellas a quienes la ley se lo
faculte. Las demás deben comparecer por medio de representante legal.
También pueden comparecer en un proceso, representando a otras personas, las
que ejercen por sí sus derechos.
Puede continuar un proceso quien durante su transcurso cambia de nombre, sin
perjuicio de la causa que motivó tal hecho.”
El Código distingue la capacidad jurídica de la capacidad para obrar. Como señala
el artículo 57 del CPC, la capacidad jurídica es la idoneidad para ser sujeto de
Derecho: a ella corresponde lógicamente la idoneidad para ser parte en un
proceso (Capacidad para ser parte), la cual pertenece a todas las personas físicas
y jurídicas y además a algunas colectividades organizadas y patrimonios
autónomos. (*)

18
 La capacidad para obrar: consiste en el libre ejercicio de los propios derechos
y por consiguiente en la capacidad de realizar actos jurídicos. Este tipo de
capacidad supone aptitud legal de ejercer los derechos y de cumplir los
deberes inherentes a la calidad de parte o peticionario. Esta capacidad es el
reflejo de la llamada capacidad de obrar o capacidad de ejercicio del Derecho
Privado y permite comparecer por sí o conferir representación designando
apoderado judicial.
La capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, esto es, a los
dieciocho años, sin embargo, el menor de edad adquiere excepcionalmente
capacidad de ejercicio por el matrimonio.
Dicha situación también está comprendida en la norma, cuando atribuye
capacidad para comparecer por sí, a aquellas personas a quienes la ley se lo
faculte, como es el caso de alimentos, regulado en el inciso 2 artículo 561 del
CPC, que permite ejercer la representación procesal, al padre o la madre del
menor alimentista, aunque ellos mismos sean menores de edad.
 Diferencia la capacidad procesal de la legitimación procesal: “(...) mientras
la primera habilita para actuar en un número indeterminado de procesos con
prescindencia de las concretas relaciones o estados jurídicos que en ellos se
controvierten, la segunda se refiere a la idoneidad especialmente atribuida para
pretender o para contradecir con respecto a la específica materia sobre la que
versa el proceso. La legitimación, por consiguiente, puede corresponder a un
in' capaz procesal, pues, la incapacidad solo implica la ineptitud legal de
ejecutar personalmente (a través de un representante convencional) actos
procesales válidos, pero en modo alguno afecta la calidad de parte que reviste
el incapaz ni su eventual titularidad de la relación jurídica substancial
controvertida en el proceso. En cambio, el representante necesario del incapaz
no es parte ni puede estar procesalmente legitimado, ni tiene capacidad
procesal". (*)
(*) Lino Palacio, Derecho Procesal Civil, tomo III, Editorial Albedo Perrot, Buenos Aires, 2001 pág. 33

19
 Cuando no se cuenta con capacidad de ejercicio: se comparece al proceso
por medio de representante, sea en forma convencional o por mandato legal.
Un ejemplo típico de representación legal, es el caso del menor de edad que
comparece por medio de su tutor o padres. La representación voluntaria opera
cuando una persona con capacidad de ejercicio, confiere a otra el poder de
representarla en el proceso. En tal caso, la legitimación formal del
representante será el efecto de la voluntad del representado, expresado en un
poder por escrito, bajo la forma que señala el artículo 72 del CPC.(*)
La diferencia esencial entre representación legal y representación voluntaria se
encuentra en que en aquella, el representante manifiesta su voluntad y no la del
representado incapaz de formularla.
La primera tiene origen en la ley o en los estatutos, mientras la representación
voluntaria es de origen personal, de libre aceptación por el representado,
concretada a determinados negocios jurídicos, esencialmente revocable, sujeto a
las instrucciones del representado.
 Capacidad para ser parte. Diferencias con la capacidad procesal
La capacidad para ser parte no es lo mismo que la capacidad procesal. Es parte
material la persona que es titular, activa o pasiva, de la relación jurídica sustantiva,
esto es, del presunto derecho agraviado. La calidad de parte material está ligada a
la posición que se tiene respecto de la pretensión material, es decir, es la ligazón
directa, actual e inmediata con la que se va a discutir, sea el titular de la
pretensión o la persona a quien se le exige esta; en cambio, es parte procesal
quien realiza actividad procesal al interior del proceso por derecho propio. (**)
Entonces podemos decir que tener capacidad para ser parte no es suficiente para
poder actuar válidamente en un proceso, para ello es preciso tener capacidad para
comparecer en juicio o capacidad procesal. Ésta es correlativa a la “capacidad
para obrar” del derecho privado. Por tanto la capacidad procesal es la aptitud para
realizar válidamente actos procesales (la tienen todas las personas físicas y
jurídicas que tienen capacidad de obrar o de adquirir derechos y de asumir
obligaciones). Los menores de edad y los incapacitados pueden ser parte en un
proceso, pero no tienen capacidad procesal.
(*) Marianella Ledesma Narváez, Comentarios al Código Procesal Civil, tomo I, primera edición, Editorial
(**) Exp. Nº 1396-2002-Lima. Data 35,000. Gaceta Jurídica

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EL ESTADO COMO PARTE
Debemos tener en cuenta que el código Procesal Civil dice lo siguiente al respecto
en su art. 59: “Cuando el Estado y sus dependencias, o las empresas públicas y
privadas con participación económica determinante de aquel intervienen en un
proceso civil, cualquiera sea la calificación o ubicación procesal que se les asigne,
se someterán al Poder Judicial sin más privilegios que los expresamente
señalados en este Código.”
El Estado como expresión de poder y de organización social de un territorio
determinado, se considera como persona de Derecho Privado, en igualdad relativa
con las demás personas jurídicas e individuales y como entidad suprema de
Derecho Público, con jerarquía para establecer la ley y hacerla cumplir.
La personalidad jurídica del Estado expresa su carácter bifronte cuando no solo
asume un rol supraordenador frente a los ciudadanos sino cuando desarrolla un
rol de persona jurídica de Derecho Privado; de ahí que podemos apreciar
pretensiones indemnizatorias dirigidas contra el Estado por errores judiciales o por
el anormal funcionamiento del sistema judicial; pero también el Estado puede ser
requerido como persona de Derecho Privado cuando se vincula en alguna
contratación.
Podemos aclarar que en este mencionado artículo cabe destacar que por regla
general podemos incluir al principio de igualdad de partes: la regla general en
Derecho Procesal es que el órgano judicial debe mantenerse en una posición de
neutralidad y tratar a ambas partes por igual (lo que, en parte, deriva del principio
de contradicción). Así pues, el principio de igualdad de partes supone que éstas se
encuentran en una posición sustancialmente idéntica, ostentando las mismas
facultades y cargas.
Sobre el particular, García Toma considera que "conforme ha aumentado la
presencia del Estado en la esfera de la administración o supervisión de los bienes
y servicios públicos, se ha ido configurando el carácter bifronte de su personalidad
jurídica. Así el Estado tiene una determinada personalidad cuando actúa en la vida
jurídica como poder político que ejerce funciones de gobierno e imperio y tiene
otra cuando se desenvuelve como un simple particular. Cuando actúa como una
entidad soberana desde su posición de supraordinación y supremacía con
respecto a los ciudadanos, el cuerpo político presenta una personalidad jurídica
pública. En cambio, cuando actúa en un mismo plano de igualdad respecto a los
ciudadanos, el cuerpo político asume una personalidad jurídica privada (...). Este
carácter bifronte tiene la utilidad práctica de garantizar el derecho de los
ciudadanos que pactan obligaciones patrimoniales con el Estado".

21
La norma en comentario reafirma el principio de igualdad que señala que las
partes se encuentran por debajo del órgano judicial, en una posición igualitaria.
Ello significa que dentro de una sustancial similitud de condiciones o de
circunstancias, no caben discriminaciones entre los derechos y deberes que
incumben a cada una de las partes, y que, dentro de sus respectivas posiciones,
ninguna de ellas puede gozar de un privilegio en desmedro de la otra. La
cobertura del artículo en comentario hace referencia no solo al Estado y a sus
dependencias, sino que también comprende a las empresas públicas y privadas
reafirmando que cualquiera sea el rol que le toque asumir al Estado en el proceso
judicial, este debe actuar sin más privilegios que los que pueda establecer este
Código.
El presente artículo destaca el principio de igualdad, del que no se encuentra
exento el Estado, cuando actúa en calidad de parte; no obstante el procedimiento
especial previsto por la ley para el trámite de las demandas contra el Estado, por
cuanto aquel no comporta una discriminación arbitraria, tendiente a consagrar un
régimen de injusto privilegio o indebida persecución sino a adecuar
razonablemente el sistema procesal común a las particularidades que reviste la
organización administrativa estatal.
 Sustento constitucional: Debemos advertir que este articulo tiene un matiz
constitucional el cual está presente en el art. 2, inc. 2: toda persona tiene
derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de
origen raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier
otra índole.
Constitucionalmente, el Derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la
ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser
aplicable por igual a todos los que se encuentran en la situación descrita en el
supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no
puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos
sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe
apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación
suficiente y razonable. (*)
SUSTITUCIÓN PROCESAL
En el caso previsto en el inciso 4 del artículo 1219 del Código Civil y en los demás
que la ley permita, una persona puede iniciar un proceso o coadyuvar la defensa
del ya iniciado cuando tenga interés en su resultado, sin necesidad de acreditar
derecho propio o interés directo en la materia discutida.
(*)Exp. N° 0004-2006-AA/TC. FJ. 144

22
La sustitución procesal implica uno de los casos atípicos de defensa por otro de un
derecho que no le corresponde, pero con la singularidad que, al mismo tiempo,
protege en el proceso aquellos que adquirió a través del negocio particular con el
sustituido.
Quien acude en calidad de sustituto admite no ser quien afirma la relación jurídica
material, ni contra quien se deduce esta; no obstante, se permite su ingreso al
juicio fundado en normas expresas que lo habilitan, aun sin corresponderle la
pertenencia del derecho que a las partes originarias vincula.(*)
Camelutti explica que hay sustitución cuando la acción en el proceso de una
persona distinta de la parte se debe no a la iniciativa de esta sino al estímulo de
un interés conexo con el interés inmediatamente comprometido en la litis o en el
negocio. (**)
Constituyen ejemplos representativos de la sustitución la acción subrogatoria, la
citación por evicción y la acción del acreedor en defensa de los bienes prendados
o gravados en forma real contra los ataques de terceros.
 Ejercer los derechos de su deudor sea en vía de “acción" o para asumir
su defensa
La facultad que nos corresponde comentar ahora es conocida por algunos
civilistas como la "acción subrogatoria", y por los procesalistas como un supuesto
de sustitución procesal.
La norma en comentario faculta al acreedor a dos cosas distintas que se hace
preciso señalar:
(i) El acreedor se encuentra facultado a "ejercer los derechos de su deudor en
vía de acción", siempre que éstos no sean inherentes a la persona del deudor o en
los casos en los que prohíba la ley.
(ii) El acreedor se encuentra facultado para asumir la defensa de los derechos
del deudor, salvo aquellos que sean inherentes a la persona del deudor o que la
ley lo prohíba.
(**)CARNELUTTI, Instituciones en el proceso civil, tomo I, pág. 176, citado por GOZAINI, Osvaldo. La
legitimación en el proceso civil. Sociedad Anónima Editora, Buenos Aires, 1966, pág. 158

23
(i) El acreedor se encuentra facultado a "ejercer los derechos de su
deudor en vía de acción", siempre que éstos no sean inherentes a la persona
del deudor o en los casos en los que prohíba la ley
Una primera aproximación a la facultad que ahora comentamos, nos lleva
necesariamente a tener que decir que ésta es otra de las normas que demuestran
cuán alejado estaba el conocimiento de la disciplina procesal del legislador de
nuestro Código Civil. La frase "ejercer los derechos del deudor en vía de acción"
parece una frase propia del Derecho Romano, es decir, de aquel momento
histórico en el cual no había distinción entre ius y actio o, en el mejor de los casos,
corresponde a una expresión propia de la teoría concreta del derecho de acción,
teoría ampliamente superada en la fecha en que nuestro Código Civil fue
elaborado. Dejando de lado estas críticas, las mismas que ya han sido expresadas
por nosotros mismos, de manera general, al comentar el artículo VI del Título
Preliminar del Código Civil, procederemos a reflexionar sobre el instituto bajo
comentario.
La facultad conferida en el inciso 4 del artículo 1219 del Código Civil es
claramente una autorización legal expresa al acreedor para poder iniciar un
proceso en contra del deudor de su deudor a fin de plantear una pretensión, la
cual, en principio, sólo podría ser intentada por su deudor, al ser éste el titular de
la misma. En efecto, al ser el deudor del acreedor, acreedor de otro, él podría
formular contra este último una pretensión de cumplimiento de la obligación o de
indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento o el
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso; sin embargo, la ley, de manera expresa,
legitima al acreedor del deudor para que éste pueda iniciar el proceso planteando
esta pretensión. La norma en comentario es pues una norma de carácter procesal
(tanto así que se ha visto recogida en el artículo 60 del Código Procesal Civil), y
como tal nos lleva necesariamente a hablar del instituto de la legitimación
procesal.
La legitimidad para obrar es la posición habilitante que tiene una persona en el
proceso respecto de la pretensión planteada. Así, si se habla de la legitimidad
activa, se dice que ésta es la posición habilitante para poder plantear una
pretensión en un proceso; y si por el contrario, se habla de legitimidad para obrar
pasiva, se dice que ésta es la posición habilitante para que contra una persona se
pueda intentar una determinada pretensión en el proceso. Atendiendo a los límites
establecidos en este trabajo que corresponde al comentario del inciso 4 del

24
artículo 1219 del Código Civil, nos limitaremos a referirnos sólo a la legitimidad
para obrar -activa.
Ahora bien, la doctrina distingue entre la legitimidad para obrar ordinaria y
legitimidad para obrar extraordinaria. La legitimidad para obrar ordinaria
corresponde a quien afirma ser titular de la pretensión. La razón en la que
descansa este instituto está representada por la naturaleza estrictamente privada
de los derechos que se discuten normalmente en un proceso civil. Por ello, la
legitimidad para obrar ordinaria es la regla general en un proceso civil, pues la ley
quiere preservar el hecho de que quien se afirme ser titular del derecho discutido,
sea el único que exija su cumplimiento, pues, por regla de principio, a nadie más le
interesa que el titular de dicho derecho se vea satisfecho. Debe recordarse que
nos hallamos en el ámbito de las facultades, con lo cual, si el titular del derecho de
crédito no quiere ejercer esa facultad que le confiere el ordenamiento jurídico de
plantear una pretensión procesal contra su deudor para que éste cumpla con la
prestación a su cargo o para que lo indemnice por los daños y perjuicios sufridos,
nadie, repetimos, por regla de principio, podría hacer uso de esa facultad.
Sin embargo, la doctrina se refiere también a la legitimidad para obrar
extraordinaria, la misma que se presenta en nuestro ordenamiento jurídico (y en
cualquier sistema de regulación de un proceso civil) como una excepción,
situación excepcional que, además, debe encontrarse expresamente prevista en la
ley. En efecto, si como hemos venido diciendo, por regla general sólo se
encuentra facultado a plantear una pretensión procesal quien se afirme titular de la
misma, en algunos casos, expresamente previstos por la ley, se permite que una
persona que, por regla de principio, no es titular de la pretensión, la formule en un
proceso. Ese es el caso en el que nos encontramos en la norma bajo comentario.
(ii) El acreedor se encuentra facultado para asumir la defensa de los
derechos del deudor, salvo aquellos que sean inherentes a la persona del
deudor o que la ley lo prohíba
Esta norma también confiere una legitimación extraordinaria, pero esta vez, no
para iniciar un proceso, sino para intervenir en uno ya iniciado en el cual se haya
planteado una pretensión con la cual el patrimonio del deudor se pueda ver
afectado o disminuido. En estos casos, es claro que el acreedor tiene un interés
indirecto en el resultado del proceso, pues si su deudor pierde es posible que se
disminuya su patrimonio y con ello sus posibilidades de cumplir con la prestación a
su cargo o de responder frente al incumplimiento. Ese interés que tiene lo legitima

25
(es un tercero legitimado) para solicitar su intervención en calidad de tercero
coadyuvante (artículo 97 del Código Procesal Civil), forma de intervención que la
propia norma procesal parece haber previsto expresamente en el artículo 60 del
Código Procesal Civil.
Creemos que, sin perjuicio de poder solicitar su intervención como tercero
coadyuvante (forma de intervención natural en estos casos), el acreedor también
podría ingresar al proceso iniciado en aquellos casos en los que advierta o tema
que dicho proceso se está llevando con fraude o colusión para, precisamente,
afectar sus derechos.
Los límites para esta forma de intervención son los mismos que para el inicio del
proceso, razón por la cual nos remitimos a lo ya expresado sobre el particular.
 Para que se configure la sustitución procesal es necesario que concurran
los siguientes requisitos: un proceso en trámite, la existencia de una relación
jurídica sustancial; un sujeto procesal que actúe en calidad de parte principal
litigando por esa misma relación, pero sin tener condición de titular activo o
pasivo de ella; normativa que autorice la admisión y vínculo jurídico de
Derecho material que justifique o fundamente la solución.
La intervención del sustituto es directa cuando se provoca a través de la misma
acción, como es el caso de la pretensión subrogatoria; puede ser provocada,
como es el caso de la citación por evicción.
La sustitución puede ser exclusiva cuando suplanta totalmente la calidad de parte
principal; o de litisconsorcio, cuando actúa acompañando al actor o lo hace como
tercero adhesivo simple.
La sustitución es originaria en caso de que el sustituto asuma tal calidad desde el
comienzo del proceso; es sucesiva, cuando lo hace con posterioridad a la
demanda o contestación.
 La justificación de la sustitución se sustenta en el ejercicio de un derecho o
en la invocación de un interés. Nuestro Código asume ambas posturas
conforme se advierte en la redacción de la norma: "Acreditar un derecho propio
o interés directo en la materia discutida".
Quienes asumen la primera posición, consideran que el sustituto procesal no
puede ejercer derechos sustanciales que no le corresponden, por lo cual su
actuación moviliza un derecho independiente de contenido procesal. La sustitución
no ejercita un derecho de acción ajeno en nombre propio, sino un derecho de
acción propio y por lo tanto en nombre propio, que tiene por objeto una relación
jurídica ajena.

26
Para quienes encuentran al interés como justificante, señalan que "el objeto
controvertido en el proceso no se halla representado por la relación de Derecho
material existente entre el sustituto y el sustituido, sino por la relación jurídica que
vincula a este último con la otra parte, y de cuya declaración judicial depende,
precisamente, la satisfacción del derecho del sustituto. Este, por consiguiente, solo
puede ser considerado titular de un derecho en la medida en que efectivamente
exista el derecho de otro sujeto, razón por la cual no puede negarse que desde el
punto de vista procesal, actúa en sustitución de aquel".
Cualquiera de las formas posibles de celebrar el cambio de las partes por
sustitución, produce el efecto de la transferencia de todas y cada una de las
potestades, deberes, cargas y expectativas que tiene el cedente respecto del
objeto procesal, salvo que fueran indisponibles o dependieran de actos personales
del sustituido.(*)
Otro de los efectos es que la sentencia afecta al sustituto y sustituido por igual,
aun cuando la intervención del primero no haya sido originaria.
La sustitución procesal que regula esta norma es una expresión de legitimación
extraordinaria porque a través de la acción subrogatoria, se permite hacer valer en
nombre propio derechos subjetivos que se afirman de otro (véase el artículo 1294
inciso 1 del CC), esto conlleva a distinguir, según Montero, entre el Derecho
procesal propio del acreedor y el Derecho material del deudor; el sustituto ejercita
los dos, pero en el segundo está haciendo valer en nombre propio el Derecho
subjetivo que afirma corresponder a otro. Según el citado Montero Aroca "la acción
subrogatoria no confiere al acreedor Derecho material alguno y sí un Derecho de
naturaleza procesal. Las dos relaciones jurídicas no se ven alteradas por la
legitimación que se confiere al acreedor; a este no se le da nada que
materialmente no tuviera antes, pues lo que se le reconoce es un derecho
procesal. (**)
Por eso, el acreedor realmente no puede pedir para sí, sino que pide para su
deudor, para integrar el patrimonio de este, con el fin de posibilitar en último caso
la efectividad de su Derecho subjetivo material".
Es importante distinguir la sustitución de la sucesión procesal regulada en el
artículo 108 del CPC. Mientras que en la sucesión la persona que cubre el lugar
de otra en la titularidad del derecho litigioso, evita la discontinuidad de esta, en el
proceso; en la sustitución existe propiamente un cambio de parles que, a veces,
no es absoluto, en la medida que la alteración puede ser parcial y constituirse un
litisconsorcio o una intervención adhesiva en calidad de tercero.
(**)Montero Arroca, Juan, La Legitimación en el código procesal civil, en: ius et praxis, revista virtual de la
faculta de Derecho de la Universidad de Lima, N°24, pág. 21

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CURADORÍA PROCESAL
El curador procesal es un abogado nombrado por el juez a pedido de interesado,
que interviene en el proceso en los siguientes casos:
1. Cuando no sea posible emplazar válidamente al demandado por ser
indeterminado, incierto o con domicilio o residencia ignorados, según lo dispuesto
por el artículo 435;
2. Cuando no se pueda establecer o se suspenda la relación procesal por
incapacidad de la parte o de su representante legal;
3. Cuando exista falta, ausencia o impedimento del representante del incapaz,
según lo dispuesto por el artículo 66; o,
4. Cuando no comparece el sucesor procesal, en los casos que así corresponda,
según lo dispuesto por el artículo 108.Concluye la actuación del curador procesal
si la parte o su re presentante legal comparecen al haber adquirido o recuperado
su capacidad procesal.
- Definiciones:
La norma recoge una de las expresiones de la representación judicial. Esta
representación permite que una de las partes del proceso pueda actuar en él a
través de otra persona debidamente autorizada para ello. La representación puede
darse, en atención al origen de la designación, en tres modos: legal, voluntaria y
judicial.
Curador es la persona designada por el juez para seguir los pleitos y defender los
derechos de un menor, de un ausente o del sometido a interdicción civil o a otra
incapacidad. Las funciones que el juez le confía son las de un defensor judicial,
por ello, nuestra legislación exige que el curador sea abogado. Los casos que
justifican su intervención se detallan en el artículo 61 del Código. (*)
El curador procesal es una expresión de este tipo de representación judicial.
Hay un sector de la doctrina que considera que este tipo de representación se
ubica en la representación legal porque es la ley procesal la que otorga facultades
al juez para la designación del representante de una persona en el proceso. Véase
en ese sentido lo regulado en el artículo 66 del CPC.

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De manera general podemos decir que curador es quien cuida de algo. Un curador
ad litem es la persona designada por el juez para seguir los pleitos y defender los
derechos de un menor, de un ausente o del sometido a interdicción civil o a otra
incapacidad.
Su rol es importante frente a la naturaleza de confrontación del proceso. La
dualidad de las partes es un elemento imprescindible para equilibrar la tutela
judicial y la aplicación de las leyes; esa dualidad se va a establecer a partir del
emplazamiento.
La demanda debidamente notificada tiene para quien la recibe el efecto de
emplazamiento, sin embargo, puede darse el supuesto del inciso 1 que hagan
imposible emplazar válidamente al demandado por ser indeterminado, incierto o
con domicilio o residencia ignorados" circunstancia que el juez a pedido de parte
justifica para designar entre los abogados a un curador procesal. Esta designación
también es extensiva a los supuestos que señalan los incisos 2,3 y 4.
- Deberes del curador procesal
El curador procesal tiene el deber de intervenir en todos los actos que ocurran
durante el desarrollo del proceso cesando su representación solo frente a la
comparecencia del demandado. Debe tener la oportunidad de contestar la
demanda, sin embargo no tiene la carga de reconocer o negar cada uno de los
hechos expuestos en aquella o la autenticidad o recepción de los documentos
acompañados por el actor. A pesar de que la norma no refiera nada al respecto, el
curador podría reservar su respuesta definitiva para después de producida la
prueba.
Carece de facultades para realizar actos de disposición como allanarse, transar y
conciliar; y, no puede ser citado para ejecutar aquellos actos cuya eficacia
depende de su cumplimiento personal por parte del demandado, como el
reconocer firmas.
El curador procesal debe tratar de avisar al interesado de la existencia del
proceso. Debe tenerse en cuenta -según el artículo 408 del CPC- que la decisión
final recaída en proceso, donde la parte perdedora estuvo representada por un
curador procesal, está sujeta a consulta.
La norma no refiere nada de los honorarios del defensor, sin embargo,
consideramos que ellos deben ser remunerados, pues nadie está obligado a
prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento (ver artículo 23 de la
Constitución).
Como señala el artículo 55 del CPC, el curador procesal es un órgano de auxilio
judicial, en tal sentido, le es exigible la imparcialidad en su función, pues está

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sujeto a recusación por las causales contenidas en los artículos 305 y 307, en lo
que sean aplicables, tal como refiere el artículo 315 del CPC.
Sobre el particular debe señalarse que la imparcialidad de los órganos de auxilio
judicial no puede ser extensiva al curador procesal. Este es un abogado nombrado
por el juez a pedido del interesado, para que intervenga en el proceso asumiendo
la defensa de un demandado a quien es imposible emplazarlo válidamente; o
cuando se suspenda la relación procesal por incapacidad de la parte o de su
representante legal; o cuando no comparece el sucesor procesal, entre otros
supuestos que recoge el artículo 61 del CPC.
- Importancia de la curadoría procesal
Vemos que la intervención del curador procesal permite que una de las partes del
proceso pueda actuar en él a través de otra persona debidamente autorizada para
ello. Su rol es importante frente a la naturaleza de confrontación del proceso.
La dualidad de las partes es un elemento imprescindible para equilibrar la tutela
judicial y la aplicación de las leyes; esa dualidad se va a establecer a partir del
emplazamiento. El curador procesal tiene el deber de intervenir en todos los actos
que ocurran durante el desarrollo del proceso cesando su representación solo
frente a la comparecencia del demandado, por tanto, en atención a la actividad
que desarrolla en el proceso, al curador procesal no podemos atribuirle la
imparcialidad que se exige a los demás órganos de auxilio judicial, llámese perito,
traductor, testigos, secretarios, etc.; todo lo contrario, su intervención en el
proceso es parcial porque va a estar orientada a la defensa de la parte a quien
representa, esa es su misión, por tanto, el atributo de la imparcialidad que se
exigiría a todo colaborador de la justicia no podría darse en este supuesto, menos
ser pasible de recusación o de abstención bajo las causales de los artículos 305 y
307 del CPC, pero sí aplicables las reglas del artículo 286 de la LOPJ y los
deberes que recoge el artículo 288 de la LOPJ y 109 del CPC.
REPRESENTACIÓN CIVIL
Al recepto la norma procesal aclara lo siguiente en su art. 62: En todo lo no
previsto en este título, se aplicarán supletoria' mente las normas sobre
representación y mandato contenidas en el Código Civil.
La norma es coherente con lo regulado en el artículo lX del Título Preliminar del
Código Civil que señala que las disposiciones del Código Civil se aplican
supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes,
siempre que no sean incompatibles por su naturaleza".
Este enunciado se justifica en el desarrollo del Derecho Civil. Decimos ello porque
ante el incremento del tráfico mercantil, el surgimiento de la gran industria, entre

30
otros factores, produjo la separación de algunas ramas especiales llámese
Derecho industrial, agrario, procesal'- del tronco común del Derecho Civil.
Este desgajamiento hace coherente que se admita su complementación por ese
tronco común del cual provienen. La norma en comentario nos reafirma que no
hay una separación de todo vínculo entre el Derecho Civil y los derechos
especiales, todo lo contrario, cuando estos carecen de normas específicas
aplicables al punto en discusión, se recurre al Código Civil para llenar los vacíos o
deficiencias que presenta la legislación especial.
Esto significa que el juez debe agotar dentro del Código Procesal todos los medios
para encontrar la norma aplicable al caso. Solo si después de agotados todos los
medios no encuentra norma aplicable a la cuestión controvertida, recurrirá a las
reglas del Código Civil que no sean incompatibles con él ordenamiento procesal.
2. El artículo en comentario nos remite a las normas de la representación y del
mandato contenidas en el Código Civil. Al respecto, Arias Schreiber señala la
tendencia errada a asimilar los conceptos de representación y mandato, sin
considerar que la primera se origina como consecuencia de un acto unilateral de
voluntad de carácter recepticio (el acto de apoderamiento) que otorga solo
facultades, en tanto que el segundo es un contrato del cual surgen obligaciones
para las partes, es un acto jurídico plurilateral. Para que el mandato surja es
preciso que se produzca el acuerdo de voluntades entre las partes que van a
celebrar el contrato. En cambio, el apoderamiento requiere solo la declaración del
poderdante. Son por completo diferentes el mandato y el acto de apoderamiento y,
como es natural, la representación que se deriva de este.(*)
 Facultad y origen de la representación
El acto jurídico puede ser realizado mediante representante, salvo disposición
contraria de la ley.
La facultad de representación la otorga el interesado o la confiere la ley.
El artículo bajo comentario abre el capítulo de la representación del negocio
jurídico en el Código Civil de 1984, estableciendo como norma general que
cualquier negocio jurídico puede ser realizado mediante representante, con
excepción de aquellos en los cuales la ley prohíba la representación. Asimismo
regula de forma expresa las fuentes de la representación: la voluntad del
representado (representación voluntaria) y la ley (representación legal).
 La representación directa y la representación indirecta
Debe destacarse el hecho de que la norma bajo comentario regula el instituto de la
representación directa (o simplemente representación). La representación directa
es el instituto jurídico que permite que una persona denominada "representante"

31
realice negocios jurídicos en nombre de otra denominada "representado" o
dominus con la finalidad de que los efectos del negocio jurídico celebrado tengan
efectos en la esfera jurídica de este último, siempre que el representante actúe
dentro de los límites de las facultades que la han sido conferidas.
La 'representación indirecta' se produce en los casos en los que una persona (el
supuesto representante decimos supuesto pues en realidad no es un
representante) celebra un negocio jurídico en nombre propio; sin embargo, debido
a una obligación asumida previamente con otro sujeto (el supuesto representado),
cederá a éste, en un segundo momento, todos los efectos del negocio jurídico
celebrado con un tercero (es el caso del mandato sin representación). En este
caso no se producen directas ni inmediatamente en la esfera jurídica del supuesto
representado los efectos del negocio jurídico, sino que se producen de 'forma
indirecta', pues se hace necesario un negocio posterior en el que se cedan los
efectos del negocio jurídico celebrado. Este fenómeno es el que desde siempre ha
existido y, en realidad, el representante no es tal, ya que en el negocio jurídico que
celebra actúa él mismo como parte material y formal; tanto es así que se verá
posteriormente obligado a transferir los efectos del negocio jurídico celebrado a su
supuesto representado. De ahí que alguna doctrina -a la cual nos adscribimos-
niegue denominar a este supuesto como 'representación', ya que en realidad ella
no se produce, denominándola más bien interposición de gestión.
 La representación legal
En este caso, la fuente de la representación se encuentra establecida en la ley, la
que por consideración de la declaración de incapacidad de obrar de algunas
personas y la necesidad de que él puedan actuar en el tráfico jurídico establece la
persona que representará al incapaz, o en todo caso la forma de designación del
representante; pues de lo contrario el incapaz se encontraría imposibilitado de
realizar su esfera jurídica. Sin embargo, la ley puede también en función de
consideraciones distintas a aquellas de la incapacidad otorgar representación
legal, como aquella e otorga en caso de la sociedad conyugal.
REPRESENTACIÓN LEGAL DE INCAPACES
Los representantes legales de los incapaces ejercen los derechos civiles de éstos,
según las normas referentes a la patria potestad, tutela y curatela.
Se observa que: "Es conforme al sentimiento de piedad y justicia social, extender
de manera especial la protección de las leyes a quienes por su corta edad y

32
desamparo, o por falta de aptitud moral, no pueden gobernarse por sí mismos, ni
manejar debidamente sus bienes" (BRENES CÓRDOVA).
La protección a los incapaces ha sido regulada por el Derecho a través de los
siguientes sistemas:
1) Sistema latino: que lo encarga a la familia.
2) Sistema germano: que lo encarga a cuerpos judiciales o administrativos.
3) Sistema mixto: que fusiona ambos, como el Código Civil peruano en materia de
familia.
La tutela se dirige y ampara a aquellos menores de edad que no están bajo la
potestad de sus padres y que no pueden valerse por sí mismos. Ahora bien, con la
evolución de esta institución, se rebasa su órbita familiar e incide, en otra
predominantemente social, a través de instituciones públicas.
El Código Civil español concibe a partir de la reforma en 1983, a la tutela
relacionándola con el estado civil de las personas, por ello se sostiene que la
tutela es una institución de autoridad y no de familia.
Tanto el Código Civil italiano como el Código Civil peruano, regulan la situación del
menor que no se encuentra bajo la potestad de los padres. El Código Civil italiano,
en su artículo 360 contempla la posibilidad del nombramiento de un protutor
cuando se encuentren en oposición los intereses del tutor y del menor y, si esto
sucede también con el protutor se nombrará un curador especial. El Código Civil
peruano, en el caso de que exista un conflicto de intereses entre el tutor y el
menor, prevé el nombramiento de un curador especial (artículo 606, inc. 4),
obviando al protutor.
La curatela, en el Código Civil peruano, es tratada a través de la siguiente división:
1) Curatelas típicas, para los incapaces mayores de edad.
2) Curatelas atípicas, dentro de las cuales se encuentran:
2.1. Curatelas de bienes.
2.2. Curatelas para casos especiales.
En este cuerpo de leyes se enuncian taxativamente los casos en los cuales opera
esta institución. El Código de Familia costarricense, se refiere a su aplicabilidad, a
través de una cláusula general, al aludir, en su artículo 217, a "los mayores de

33
edad que padezcan una incapacidad mental o física, que les impida atender sus
propios intereses, aunque en el primer caso tuvieren intervalos de lucidez".
En el Código Civil peruano, al menor que no esté bajo la patria potestad, se le
nombrará un tutor que cuide de su persona y bienes (artículo 502 C.C.). Los
incapaces mayores de edad (absolutos y relativos) solo pueden ser declarados
interdictos (dado que no se cuenta con el instituto de la inhabilitación) y por
consiguiente, están sometidos a curatela (artículo 565.1 C.C.). Según el artículo
581 C.C., los alcances y los límites de la curatela son fijados por el juez, cuando
declara la interdicción del incapaz, en función de su grado de incapacidad. Son
obligaciones del curador proteger al incapaz, proveer en cuanto sea posible a su
restablecimiento y cuando sea necesario, a su internamiento en un
establecimiento adecuado y representarlo y asistirlo, según su grado de
incapacidad, en sus negocios (artículo 576 C.C.). Se prevé que el curador del
incapaz que tiene hijos menores, sea tutor de estos (artículo 580 C.C.).
La representación legal, es aquella conferida por el ordenamiento a determinadas
personas que, por una posición familiar o por un cargo u oficio, actúan en nombre
de otras que están incapacitadas o imposibilitadas para asumir derechos u
obligaciones, o para ejecutarlos con su actuación directa (LOHMANN LUCA DE
TENA). Dentro de la representación legal también se encuentran la representación
de la sociedad conyugal (artículos 292 y 294 C.C.) y la representación judicial
(artículo 61 C.P.C.).
La doctrina nacional (LOHMANN LUCA DE TENA) ha señalado que el
representante legal, particularmente el del incapaz absoluto o del declarado
ausente, no sustituye a la voluntad de su representado, puesto que (de ordinario)
la ley no reconoce eficacia jurídica a esta voluntad. El representado (en el caso de
la tutela y la curatela) no solo no puede conferir representación, sino que su
capacidad jurídica debe canalizarse forzosamente por su representante.
La representación legal difiere de la voluntaria, por cuanto en esta última, el
representado puede elegir al sujeto representante. No así en la legal, cuyo sujeto
unas veces viene predeterminado y otras veces no. No parece que la figura de la
ratificación sea posible en materia de representación legal. La representación legal
tiene un marco de control ajeno al del propio representado. Característica de la
representación legal es la obligatoriedad de su función. No es sustituible ni
delegable por naturaleza (LOHMANN LUCA DE TENA).

34
CONCLUSIONES
Con el desarrollo del tema se hemos llegado a despejar un sin número de dudas
respecto al tema y además de llegar a la conclusión que:
 Capacidad para ser parte es la aptitud que se le reconoce a todo aquel que
posee capacidad jurídica o de goce.
 La capacidad procesal, que es el correlativo de la capacidad de ejercicio, es
la aptitud para realizar válidamente actos procesales, por cuenta propia o
ajena; es decir, la capacidad para ejecutar y recibir, con eficacia, todos los
actos procesales. Es así que la capacidad para comparecer al proceso, se
refiere al derecho que la persona tiene para comparecer por sí misma o por
intermedio de abogado esto es conocido doctrinariamente como derecho a
la defensa técnica. Esto quiere decir, que no siempre se puede concurrir al
proceso de manera personal, directa e independientemente, por cuanto a
veces se requiere de otras personas, como los representantes o
apoderados.
 Todo litigante tiene el derecho de comparecer personalmente ante cualquier
juez para la defensa de sus derechos, pero en algunos casos es la parte
misma quien delega esa intervención en un tercero que actúa en nombre
suyo, mientras que en otros por tratarse de incapaces de hecho, la ley
impone la intervención de la persona que integra su capacidad. En el primer
supuesto existe una representación convencional y en segundo
representación legal.
 La capacidad de ser parte del proceso es la aptitud para ser titular de
derechos y deberes procésales.
 La capacidad procesal sólo la tienen aquellas personas que se hallan
habilitadas por la ley para hacer valer sus derechos por sí mismas
planteando la demanda, contradiciéndola y realizando determinados actos
procesales. La capacidad procesal normalmente se adquiere a los 18 años
de edad, pues ésta constituye una forma de ejercitar los derechos civiles.

35
BIBLIOGRAFIA
 MARIANELLA LEDESMA NARVÁEZ, Comentarios al Código Procesal
Civil, tomo I, primera edición, Editorial Gaceta Jurídica S.A., julio 2008
 ALEXANDER RIOJA BERMÚDEZ, El Nuevo Proceso Civil Peruano,
primera edición, Editorial Adrus S.R.L., mayo 2011
 MARÍA ELENA GUERRA CERRÓN, La postulación y la comparecencia en
el Proceso Civil Peruano, Revista Internauta de Práctica Jurídica, Núm. 25,
año 2010, págs. 37-51
 CODIGO CIVIL COMENTADO POR LOS 100 MEJORES ESPECIALISTAS,
Título Preliminar, Derecho de las Personas Y Acto Jurídico tomo I, Editorial
Gaceta Jurídica S.A
 NADIA GOYBURU NAQUICHE, Revista de Derecho y Cambio Social, La
representación y el poder: conceptos diferentes, Fecha de publicación:
01/04/2013
 ANTONIO ÁLVAREZ DEL CUVILLO, Apuntes de Derecho Procesal
Laboral, Tema 3: Las partes procesales
 BEGOÑA VIDAL FERNÁNDEZ, Introducción al Derecho Procesal. Curso
11-12, Las partes procesales, mayo 2012
 EL PROCESO CIVIL EN JURISPRUDENCIA, Sentencias vinculadas con
los artículos y figuras jurídicas del Código Procesal Civil, Editorial Gaceta
Jurídica S.A
 MANUAL DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, Biblioteca del abogado
procesalista, Editorial Gaceta Jurídica S.A

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