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UNIVERSIDAD DEL ESTE
             Recinto de Yauco
Departamento de Administración de Empresas
           Programa Graduado




              Preparado por:
         Alexandra Sánchez Torres
                 S00493100
     Presentado para el curso FINA 530
             Prof. Luis Baquero
La crisis económica por la que ha atravesado el mundo aproximadamente desde

el 2008 al presente no ha sido la excepción para nuestra Isla del Encanto. Puerto Rico se

ha tenido que enfrentar a la actual crisis económica con un gobierno que no ha caído en

tiempo de la magnitud de ésta y la importancia en la toma de decisiones. Desde el 2009

el gobierno ha tratado de minimizar la gigantesca deuda pública del país, pero este

problema viene desde hace muchos años.


      Una de las instrumentalidades gubernamentales que ha sufrido un embate

huracanado de deuda es la Administración de los Sistemas de Retiro de los empleados

del ELA, la cual es aproximadamente de $25,175 millones, que es 7 veces el

presupuesto, lo que significa que el gobierno podría quedarse sin dinero para pagar las

pensiones en el 2022.


       Para conocer más sobre los Sistemas de Retiro, en un poco de historia, la Ley

447 de 15 de mayo de 1951 creó un sistema de retiro y beneficios denominado “Sistema

de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Con la aprobación de esta Ley, fueron derogadas varias leyes que cubrían

separadamente a varios grupos de empleados gubernamentales. Efectivo el 1 de enero

de 1952, el sistema, creado por la Ley 447, derogó y reemplazó los fondos o planes de

pensiones constituidos bajo la ley, los fondos de pensiones anteriormente se

consolidaron mediante la Ley 447 para formar parte de los fondos del nuevo Sistema
                                                                                        2
creado por dicha Ley. La Ley es aplicable a los miembros de la Policía de Puerto Rico,

los funcionarios y empleados de empresas públicas del Gobierno de Puerto Rico, los

miembros y empleados de la Asamblea Legislativa y los funcionarios y empleados de

los municipios. Mediante la aprobación de la Ley 14 de 10 de diciembre de 1975, se

convierte el Sistema de Retiro en una nueva agencia gubernamental denominada

Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la

Judicatura.

       Más tarde, mediante la Ley Núm. 305 del 24 de septiembre de 1999, se enmendó

la Ley Núm. 447 y se realizó una reforma en la base estructural del Sistema, a la cual se

le conoce como Sistema o Reforma 2000. Todos los funcionarios y los empleados que

ingresen al Sistema a partir de enero de 2000, entran a esta nueva estructura. La

Reforma 2000 estableció un plan de aportaciones definidas donde los trabajadores

contribuyen un por ciento de su salario a su cuenta de ahorro con el Gobierno y el

Sistema a su vez contribuye un por ciento equivalente a las ganancias obtenidas de las

inversiones del Sistema o un interés fijo, según elija el participante. La Reforma 2000

además estableció que las aportaciones de los patronos miembros del Sistema en

relación a los empleados que comenzaran en el Gobierno después del año 2000, fueran

dirigidas a financiar las operaciones de la Administración y reducir el déficit actuarial

acumulado por el plan de beneficios definidos. De esta manera, se modificó la

estructura del plan de retiro para evitar la insolvencia del Sistema.
                                                                                        3
El sistema de retiro es administrado por una Junta de Síndicos, creada y

establecida por la ley orgánica del sistema. La Junta es responsable de poner en vigor

las disposiciones de las diferentes leyes que administra el sistema. Además, la Junta

formula y vela por la implantación de la política pública relacionada con las

operaciones y propósitos sistema. La Junta nombra un administrador para dirigir y

administrar el sistema. Este funcionario es el responsable de implantar las disposiciones

de ley y la reglamentación aprobada por la Junta, considerablemente el presupuesto

operacional del país.


      Pero todas estas enmiendas se ven y se presentan bien bonitas, pero ¿el agrupar

tantos empleados y reformar el retiro fue una buena decisión? El gobierno de Puerto

Rico actualmente tiene cinco sistemas de retiro entre los que se encuentran el Sistema de

Retiro de los Empleados del Gobierno creado por la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de

1951, según enmendada, que cubre a casi todos los empleados del gobierno central,

corporaciones públicas y los municipios; el Sistema de Retiro de los Maestros creado

mediante la Ley Núm. 91 del 29 de marzo de 2004, que cubre a los maestros del sistema

de educación pública; el Sistema de Retiro de la Judicatura, creado mediante la Ley

Núm. 12, que cubre a los jueces; el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico

creado mediante la Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966 y el Sistema de Retiro de los

Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica creado por convenio colectivo. Pero lo


                                                                                        4
preocupante de la situación es que cada uno de estos sistemas de retiro se encuentra en

déficit, ninguno cuenta con suficientes recursos para cumplir con sus obligaciones.


      Esta debacle ha provocado nuevamente que Moody’s, emitiera un informe

advirtiendo que la clasificación de los bonos de Puerto Rico podría ser degradada

debido a la precaria situación financiera de los sistemas de retiro del gobierno. El

informe de la casa evaluadora de crédito Moody’s se limita a analizar el impacto de la

deficiencia acumulada por los sistemas de retiro de los Empleados del Gobierno, los

Maestros y la Judicatura, ya que éstos dependen directamente del fondo general para

las aportaciones patronales, según Marxuach (2011) esta degradación de los bonos del

sistema de retiro pone a Puerto Rico en una forma negativa ante los inversionistas. En

agosto, Moody’s redujo la clasificación de la deuda del Gobierno a Baa1 con perspectiva

negativa debido la situación fiscal de los sistemas de retiro. Moody’s dijo en ese

momento que las reformas necesarias en los sistemas de retiro pueden complicar las

dificultades económicas y fiscales de cara a los próximos años. La perspectiva negativa

significa que Moody’s podría volver a reducir la clasificación de la deuda si no se toman

medidas para reducir el déficit del Sistema, que tiene solamente 8 centavos por cada

dólar que tendrá que pagar en beneficios.


      Presenta Marxuach (2011) en datos recientes, al 30 de junio de 2010, el Sistema de

Retiro de los Empleados del Gobierno tenía un déficit estimado de $17,834 millones; el
                                                                                        5
Sistema de Retiro de los Maestros tenía un déficit estimado de $7,058 millones y el

Sistema de Retiro de la Judicatura tenia un déficit estimado de $283 millones. En

sumatoria el déficit estimado es de aproximadamente $25,175 millones. Al 30 de junio

de 2010, la solvencia financiera del Sistema (“funding ratio”) era de aproximadamente

8.5%. Esta solvencia del Sistema es la peor de todos los Estados Unidos, la solvencia

promedio en los estados es de 85.3%.


      Por otro lado Marxuach (2011), en su reportaje expone que el problema principal

es que actualmente el que más déficit tiene es el Sistema de Retiro de los Empleados del

Gobierno, que cubre a más de 245 mil personas entre miembros activos y retirados.

Pero ¿desde cuándo se arrastra este problema, qué lo ha provocado y cómo han tratado

de resolverlo?


      Informes revelan que este problema viene desde hace aproximadamente 60 años,

según Marxuach (2011), el problema principal era, y en gran medida todavía es, que las

aportaciones tanto de los empleados como de los patronos eran relativamente bajas y no

fueron determinadas actuarialmente. Mientras, los beneficios fueron estipulados por

ley y no guardan ninguna relación con el nivel de aportaciones al sistema o con el

rendimiento de las inversiones del mismo. Cuando se creó el retiro fue con el fin de que

los empleados al retirarse tuvieran una mensualidad con la cual pudieran continuar una

vida a plenitud, garantizando un nivel de vida adecuado para poder cubrir unas

                                                                                       6
necesidades básicas como medicamentos, alimentación, vivienda, entre otros; pero cuán

efectivo fue el manejo de estos activos. Con toda la debacle que se ha generado es más

que prueba suficiente de que no hubo un buen manejo de los éstos. En el 1973 el retiro

tuvo una laceración en sus arcas cuando le prestó $110 millones al gobierno central

para el presupuesto y muchos años después le fueron devueltos y sin intereses. En su

reportaje Acevedo (2010) menciona que aproximadamente el retiro desaparecerá para el

2018 sino se implantan alternativas para atacarlo a tiempo (en datos recientes según

García (2011) el Gobierno ya aprobó en hace unos meses dos medidas: aumento en la

aportación del Gobierno y la inyección de $162 millones; que le han dado agregado

algunos años de vida al Sistema, aproximadamente hasta el 2020). El hecho de que el

Retiro se encuentre al borde del colapso en parte es el producto de una combinación de

malas decisiones de inversión, leyes de aumento de beneficios aprobadas sin importar

los costos, y la morosidad criminal de municipios quienes para abril de 2009 adeudaban

$16.4 millones, las corporaciones públicas con una deuda de $73.9 millones y agencias

del ejecutivo que simplemente han usado el dinero que retienen a los pensionados para

sufragar sus propios gastos operacionales en vez de remitirlo a Retiro.

      Pero en la legislatura y el senado siguen aprobando leyes, para la obtención de

votos, en las cuales se les aumentan los beneficios a los pensionados como el aumento

en el bono de navidad y de verano, el aumento en las pensiones, la intensificación en la

otorgación desmedida de préstamos a los cuales se les aumentó de $5,000 a $15,000, la
                                                                                       7
alta morosidad de corporaciones y municipios, la disminución de la matrícula de

participantes, las cesantías efectuadas bajo la Ley 7 y las malas decisiones de inversión,

son algunas otras de las piezas arrasadoras en la falta de solvencia del Sistema del

Retiro y sin tener de dónde saldrá el dinero para otorgar dicho aumento en los

beneficios. Para honrar los aumentos se han hecho unas emisiones de bonos entre las

que se encuentra la del 2007 por $3,000 millones que a su entender ha sido la inversión

que adelantó la muerte anunciada del sistema de retiro, ya que no se produjo ninguna

ganancia y el déficit del flujo de caja aumentó en $110,000 millones anuales el primer

año.

       Si el Retiro se quedara sin dinero, el Gobierno de Puerto Rico por obligación legal

tiene que asumir el pago de pensiones. Pero de dónde se sacará ese dinero, ese dinero

sólo estaría disponible si se recortan más servicios o si se aumentan las contribuciones.

Por lo que son las contribuciones que pagamos todos las que tendrían que ser usadas

para pagar las pensiones.

       Acevedo (2010) menciona que según el administrador de los sistemas de retiro,

Héctor M. Mayol Kauffmann, las alternativas ante el cuadro fiscal del Sistema son:

aumentar la aportación patronal y del empleado en un 35%, esta alternativa se había

recomendado desde el 2003, donde se sugirió el 16.915% de aumento para tener un

sistema balanceado, el porciento en el 1990 era de 9.275% y no había recibido cambios

desde entonces; en la Ley 116 del 6 de julio de 2011 se presenta que a partir del 1 de
                                                                                         8
julio de 2011, el patrono aportará un porciento mínimo de 10.275%, que a partir del 1 de

julio de 2012 al 30 de junio de 2016 se incrementará en 1% anualmente cada 1 de julio y

a partir del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2021 aumentará anualmente un 1.25%, (si

se hubiese considerado la recomendación hecha en el 2003 de aumentar a un 16.915% la

historia tal vez fuese otra y el déficit fuera menor o no existiera); el desembolso a los

ciudadanos a través de las contribuciones sobre ingreso pero esto sería un peso

tributario adicional al que enfrentan los asalariados por la implantación del IVU y los

estragos de los 25,000 cesanteados del Gobierno, o efectuar cambios y reducciones en

los beneficios que reciben los pensionados lo que significaría la pérdida de derechos

adquiridos que de alguna forma aportan a solucionar la crisis económica. Sugiere que

habría que implantar las tres alternativas para realmente solucionar el problema.

Aunque cada empleado del Gobierno espera por una recompensa tras arduos años de

trabajo, el estado económico actual la ASR pone en riesgo la anhelada pensión y las

alternativas no son fáciles.


       Informes revelan que durante el año fiscal 2010, la aportación actuarial requerida

era de $1,460 millones, pero la aportación patronal que se hizo fue de $534 millones.

Además del déficit actuarial, el sistema también tiene un agudo problema de flujo de

efectivo. Esto se debe a que los pagos de beneficios y gastos administrativos exceden las




                                                                                        9
aportaciones anuales y el sistema tiene que usar ingresos producto de inversiones y

préstamos para cubrir esta deficiencia.


      Por otro lado es importante señalar que el problema de los sistemas de retiro

tiene dimensiones financieras, políticas, legales y morales de una complejidad extrema.

La dimensión financiera es de una magnitud enorme. Las obligaciones de los tres

sistemas que dependen del fondo general equivalen a 40 por ciento del producto

nacional bruto de Puerto Rico en el 2010. Una obligación de esta magnitud no se

resuelve con trucos financieros o de contabilidad. El dinero tiene que aparecer o hay

que recortar beneficios.   En términos políticos, los pensionados son un grupo bien

organizado y simpático, y a los políticos les encanta complacerlos. Por otro lado, es

previsible que las generaciones más jóvenes protesten el tener que pagar esta cuenta

gigantesca, producto de la irresponsabilidad de otros.     Puerto Rico, colectivamente

como sociedad, le debe 40 por ciento de su ingreso a ocho por ciento de su población.

Transferencias de riqueza de esta magnitud no ocurren sin consecuencias políticas. Por

el lado legal, usualmente se asume que los beneficios de las personas ya retiradas no se

pueden reducir debido a la protección constitucional de los contratos. Sin embargo, el

estado de Colorado aprobó legislación recientemente recortando beneficios a personas

ya retiradas. Está por verse si los tribunales de Estados Unidos avalan esta acción. En

el plano moral, se han hecho promesas a miles de personas quienes planificaron su


                                                                                      10
retiro contando con una serie de beneficios. Por otro lado, las generaciones jóvenes

argumentarán que es injusto que tengan que cargar con los errores del pasado,

menciona Marxuach (2011).

      Es obligación de todos, de los retirados, de los empleados actuales, de los que

están por llegar, atender esta situación con la premura, responsabilidad, habilidad para

dialogar, el compromiso de mejorar y trabajar en equipo; lo importante es la integración

de cada integrante de los grupos, hay que poner de su parte para lograr echar hacia

adelante.   No podemos permitir que se sigan poniendo parchitos para solucionar un

problema de la magnitud que están los sistemas de retiro del país, jugando al adivinar.

Hay que ver que los que aportan ahora, cuando decidan y les toque retirarse, sus

pensiones serán pagadas por los sucesores, es como un círculo que termina

beneficiando a todo. El empleado que esté activo en el sistema de retiro, hace su

aportación directa a las contribuciones y a la economia. Es notable que los errores

cometidos despidiendo empleados, incentivando a otros que se retiraban traería un

impacto económico ya que entrarían menos aportaciones y gastarían más en pensiones

por pagar lo que incrementa el déficit ya que no hay fuentes de repago. Por eso el éxito

de los sistemas de retiro va a depender de cómo se toman las decisiones financieras del

sistema. Entre las alternativas que se han ofrecido las que se ven más viables a mi

entender sería el aumento de la aportación patronal, recortar los beneficios a los

pensionados, eliminar los bonos de navidad y verano, ofrecerlo sólo a los empleados
                                                                                      11
activos en el gobierno y crear unas cooperativas que administren esos fondos y los

pongan a producir.




                                                                                12
Referencias:
Ley Núm. 116 del año 2011, rescatada el 28                      de   febrero   de   2012,
http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2011/lexl2011116.htm
Acevedo Denis, Ely E., (2010), Ley 7 le tumbó $157 millones a Retiro, rescatado el 28 de
febrero de 2012 de http://ww.elsualavista.com/periodico/?p=26049

García, Luisa (2011), No habrá solución a la crisis de Retiro este año, rescatado el 30 de
febrero de 2012 en http://sincomillas.com/2011/10/no-habra-solucion-a-la-crisis-de-
retiro-este-ano/

Marxuach, Sergio M. (2011), El insólito déficit de $25,000 millones, La Perla del Sur,
rescatado        el        29       de         febrero       de        2012        en
http://www.periodicolaperla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28
70:sistemas-de-retiro-un-problema-de-25000-millones&catid=93:analisis-
economico&Itemid=300




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Los Sistemas de Retiro en Puerto Rico

  • 1. UNIVERSIDAD DEL ESTE Recinto de Yauco Departamento de Administración de Empresas Programa Graduado Preparado por: Alexandra Sánchez Torres S00493100 Presentado para el curso FINA 530 Prof. Luis Baquero
  • 2. La crisis económica por la que ha atravesado el mundo aproximadamente desde el 2008 al presente no ha sido la excepción para nuestra Isla del Encanto. Puerto Rico se ha tenido que enfrentar a la actual crisis económica con un gobierno que no ha caído en tiempo de la magnitud de ésta y la importancia en la toma de decisiones. Desde el 2009 el gobierno ha tratado de minimizar la gigantesca deuda pública del país, pero este problema viene desde hace muchos años. Una de las instrumentalidades gubernamentales que ha sufrido un embate huracanado de deuda es la Administración de los Sistemas de Retiro de los empleados del ELA, la cual es aproximadamente de $25,175 millones, que es 7 veces el presupuesto, lo que significa que el gobierno podría quedarse sin dinero para pagar las pensiones en el 2022. Para conocer más sobre los Sistemas de Retiro, en un poco de historia, la Ley 447 de 15 de mayo de 1951 creó un sistema de retiro y beneficios denominado “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Con la aprobación de esta Ley, fueron derogadas varias leyes que cubrían separadamente a varios grupos de empleados gubernamentales. Efectivo el 1 de enero de 1952, el sistema, creado por la Ley 447, derogó y reemplazó los fondos o planes de pensiones constituidos bajo la ley, los fondos de pensiones anteriormente se consolidaron mediante la Ley 447 para formar parte de los fondos del nuevo Sistema 2
  • 3. creado por dicha Ley. La Ley es aplicable a los miembros de la Policía de Puerto Rico, los funcionarios y empleados de empresas públicas del Gobierno de Puerto Rico, los miembros y empleados de la Asamblea Legislativa y los funcionarios y empleados de los municipios. Mediante la aprobación de la Ley 14 de 10 de diciembre de 1975, se convierte el Sistema de Retiro en una nueva agencia gubernamental denominada Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. Más tarde, mediante la Ley Núm. 305 del 24 de septiembre de 1999, se enmendó la Ley Núm. 447 y se realizó una reforma en la base estructural del Sistema, a la cual se le conoce como Sistema o Reforma 2000. Todos los funcionarios y los empleados que ingresen al Sistema a partir de enero de 2000, entran a esta nueva estructura. La Reforma 2000 estableció un plan de aportaciones definidas donde los trabajadores contribuyen un por ciento de su salario a su cuenta de ahorro con el Gobierno y el Sistema a su vez contribuye un por ciento equivalente a las ganancias obtenidas de las inversiones del Sistema o un interés fijo, según elija el participante. La Reforma 2000 además estableció que las aportaciones de los patronos miembros del Sistema en relación a los empleados que comenzaran en el Gobierno después del año 2000, fueran dirigidas a financiar las operaciones de la Administración y reducir el déficit actuarial acumulado por el plan de beneficios definidos. De esta manera, se modificó la estructura del plan de retiro para evitar la insolvencia del Sistema. 3
  • 4. El sistema de retiro es administrado por una Junta de Síndicos, creada y establecida por la ley orgánica del sistema. La Junta es responsable de poner en vigor las disposiciones de las diferentes leyes que administra el sistema. Además, la Junta formula y vela por la implantación de la política pública relacionada con las operaciones y propósitos sistema. La Junta nombra un administrador para dirigir y administrar el sistema. Este funcionario es el responsable de implantar las disposiciones de ley y la reglamentación aprobada por la Junta, considerablemente el presupuesto operacional del país. Pero todas estas enmiendas se ven y se presentan bien bonitas, pero ¿el agrupar tantos empleados y reformar el retiro fue una buena decisión? El gobierno de Puerto Rico actualmente tiene cinco sistemas de retiro entre los que se encuentran el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno creado por la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, que cubre a casi todos los empleados del gobierno central, corporaciones públicas y los municipios; el Sistema de Retiro de los Maestros creado mediante la Ley Núm. 91 del 29 de marzo de 2004, que cubre a los maestros del sistema de educación pública; el Sistema de Retiro de la Judicatura, creado mediante la Ley Núm. 12, que cubre a los jueces; el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico creado mediante la Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966 y el Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica creado por convenio colectivo. Pero lo 4
  • 5. preocupante de la situación es que cada uno de estos sistemas de retiro se encuentra en déficit, ninguno cuenta con suficientes recursos para cumplir con sus obligaciones. Esta debacle ha provocado nuevamente que Moody’s, emitiera un informe advirtiendo que la clasificación de los bonos de Puerto Rico podría ser degradada debido a la precaria situación financiera de los sistemas de retiro del gobierno. El informe de la casa evaluadora de crédito Moody’s se limita a analizar el impacto de la deficiencia acumulada por los sistemas de retiro de los Empleados del Gobierno, los Maestros y la Judicatura, ya que éstos dependen directamente del fondo general para las aportaciones patronales, según Marxuach (2011) esta degradación de los bonos del sistema de retiro pone a Puerto Rico en una forma negativa ante los inversionistas. En agosto, Moody’s redujo la clasificación de la deuda del Gobierno a Baa1 con perspectiva negativa debido la situación fiscal de los sistemas de retiro. Moody’s dijo en ese momento que las reformas necesarias en los sistemas de retiro pueden complicar las dificultades económicas y fiscales de cara a los próximos años. La perspectiva negativa significa que Moody’s podría volver a reducir la clasificación de la deuda si no se toman medidas para reducir el déficit del Sistema, que tiene solamente 8 centavos por cada dólar que tendrá que pagar en beneficios. Presenta Marxuach (2011) en datos recientes, al 30 de junio de 2010, el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno tenía un déficit estimado de $17,834 millones; el 5
  • 6. Sistema de Retiro de los Maestros tenía un déficit estimado de $7,058 millones y el Sistema de Retiro de la Judicatura tenia un déficit estimado de $283 millones. En sumatoria el déficit estimado es de aproximadamente $25,175 millones. Al 30 de junio de 2010, la solvencia financiera del Sistema (“funding ratio”) era de aproximadamente 8.5%. Esta solvencia del Sistema es la peor de todos los Estados Unidos, la solvencia promedio en los estados es de 85.3%. Por otro lado Marxuach (2011), en su reportaje expone que el problema principal es que actualmente el que más déficit tiene es el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, que cubre a más de 245 mil personas entre miembros activos y retirados. Pero ¿desde cuándo se arrastra este problema, qué lo ha provocado y cómo han tratado de resolverlo? Informes revelan que este problema viene desde hace aproximadamente 60 años, según Marxuach (2011), el problema principal era, y en gran medida todavía es, que las aportaciones tanto de los empleados como de los patronos eran relativamente bajas y no fueron determinadas actuarialmente. Mientras, los beneficios fueron estipulados por ley y no guardan ninguna relación con el nivel de aportaciones al sistema o con el rendimiento de las inversiones del mismo. Cuando se creó el retiro fue con el fin de que los empleados al retirarse tuvieran una mensualidad con la cual pudieran continuar una vida a plenitud, garantizando un nivel de vida adecuado para poder cubrir unas 6
  • 7. necesidades básicas como medicamentos, alimentación, vivienda, entre otros; pero cuán efectivo fue el manejo de estos activos. Con toda la debacle que se ha generado es más que prueba suficiente de que no hubo un buen manejo de los éstos. En el 1973 el retiro tuvo una laceración en sus arcas cuando le prestó $110 millones al gobierno central para el presupuesto y muchos años después le fueron devueltos y sin intereses. En su reportaje Acevedo (2010) menciona que aproximadamente el retiro desaparecerá para el 2018 sino se implantan alternativas para atacarlo a tiempo (en datos recientes según García (2011) el Gobierno ya aprobó en hace unos meses dos medidas: aumento en la aportación del Gobierno y la inyección de $162 millones; que le han dado agregado algunos años de vida al Sistema, aproximadamente hasta el 2020). El hecho de que el Retiro se encuentre al borde del colapso en parte es el producto de una combinación de malas decisiones de inversión, leyes de aumento de beneficios aprobadas sin importar los costos, y la morosidad criminal de municipios quienes para abril de 2009 adeudaban $16.4 millones, las corporaciones públicas con una deuda de $73.9 millones y agencias del ejecutivo que simplemente han usado el dinero que retienen a los pensionados para sufragar sus propios gastos operacionales en vez de remitirlo a Retiro. Pero en la legislatura y el senado siguen aprobando leyes, para la obtención de votos, en las cuales se les aumentan los beneficios a los pensionados como el aumento en el bono de navidad y de verano, el aumento en las pensiones, la intensificación en la otorgación desmedida de préstamos a los cuales se les aumentó de $5,000 a $15,000, la 7
  • 8. alta morosidad de corporaciones y municipios, la disminución de la matrícula de participantes, las cesantías efectuadas bajo la Ley 7 y las malas decisiones de inversión, son algunas otras de las piezas arrasadoras en la falta de solvencia del Sistema del Retiro y sin tener de dónde saldrá el dinero para otorgar dicho aumento en los beneficios. Para honrar los aumentos se han hecho unas emisiones de bonos entre las que se encuentra la del 2007 por $3,000 millones que a su entender ha sido la inversión que adelantó la muerte anunciada del sistema de retiro, ya que no se produjo ninguna ganancia y el déficit del flujo de caja aumentó en $110,000 millones anuales el primer año. Si el Retiro se quedara sin dinero, el Gobierno de Puerto Rico por obligación legal tiene que asumir el pago de pensiones. Pero de dónde se sacará ese dinero, ese dinero sólo estaría disponible si se recortan más servicios o si se aumentan las contribuciones. Por lo que son las contribuciones que pagamos todos las que tendrían que ser usadas para pagar las pensiones. Acevedo (2010) menciona que según el administrador de los sistemas de retiro, Héctor M. Mayol Kauffmann, las alternativas ante el cuadro fiscal del Sistema son: aumentar la aportación patronal y del empleado en un 35%, esta alternativa se había recomendado desde el 2003, donde se sugirió el 16.915% de aumento para tener un sistema balanceado, el porciento en el 1990 era de 9.275% y no había recibido cambios desde entonces; en la Ley 116 del 6 de julio de 2011 se presenta que a partir del 1 de 8
  • 9. julio de 2011, el patrono aportará un porciento mínimo de 10.275%, que a partir del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2016 se incrementará en 1% anualmente cada 1 de julio y a partir del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2021 aumentará anualmente un 1.25%, (si se hubiese considerado la recomendación hecha en el 2003 de aumentar a un 16.915% la historia tal vez fuese otra y el déficit fuera menor o no existiera); el desembolso a los ciudadanos a través de las contribuciones sobre ingreso pero esto sería un peso tributario adicional al que enfrentan los asalariados por la implantación del IVU y los estragos de los 25,000 cesanteados del Gobierno, o efectuar cambios y reducciones en los beneficios que reciben los pensionados lo que significaría la pérdida de derechos adquiridos que de alguna forma aportan a solucionar la crisis económica. Sugiere que habría que implantar las tres alternativas para realmente solucionar el problema. Aunque cada empleado del Gobierno espera por una recompensa tras arduos años de trabajo, el estado económico actual la ASR pone en riesgo la anhelada pensión y las alternativas no son fáciles. Informes revelan que durante el año fiscal 2010, la aportación actuarial requerida era de $1,460 millones, pero la aportación patronal que se hizo fue de $534 millones. Además del déficit actuarial, el sistema también tiene un agudo problema de flujo de efectivo. Esto se debe a que los pagos de beneficios y gastos administrativos exceden las 9
  • 10. aportaciones anuales y el sistema tiene que usar ingresos producto de inversiones y préstamos para cubrir esta deficiencia. Por otro lado es importante señalar que el problema de los sistemas de retiro tiene dimensiones financieras, políticas, legales y morales de una complejidad extrema. La dimensión financiera es de una magnitud enorme. Las obligaciones de los tres sistemas que dependen del fondo general equivalen a 40 por ciento del producto nacional bruto de Puerto Rico en el 2010. Una obligación de esta magnitud no se resuelve con trucos financieros o de contabilidad. El dinero tiene que aparecer o hay que recortar beneficios. En términos políticos, los pensionados son un grupo bien organizado y simpático, y a los políticos les encanta complacerlos. Por otro lado, es previsible que las generaciones más jóvenes protesten el tener que pagar esta cuenta gigantesca, producto de la irresponsabilidad de otros. Puerto Rico, colectivamente como sociedad, le debe 40 por ciento de su ingreso a ocho por ciento de su población. Transferencias de riqueza de esta magnitud no ocurren sin consecuencias políticas. Por el lado legal, usualmente se asume que los beneficios de las personas ya retiradas no se pueden reducir debido a la protección constitucional de los contratos. Sin embargo, el estado de Colorado aprobó legislación recientemente recortando beneficios a personas ya retiradas. Está por verse si los tribunales de Estados Unidos avalan esta acción. En el plano moral, se han hecho promesas a miles de personas quienes planificaron su 10
  • 11. retiro contando con una serie de beneficios. Por otro lado, las generaciones jóvenes argumentarán que es injusto que tengan que cargar con los errores del pasado, menciona Marxuach (2011). Es obligación de todos, de los retirados, de los empleados actuales, de los que están por llegar, atender esta situación con la premura, responsabilidad, habilidad para dialogar, el compromiso de mejorar y trabajar en equipo; lo importante es la integración de cada integrante de los grupos, hay que poner de su parte para lograr echar hacia adelante. No podemos permitir que se sigan poniendo parchitos para solucionar un problema de la magnitud que están los sistemas de retiro del país, jugando al adivinar. Hay que ver que los que aportan ahora, cuando decidan y les toque retirarse, sus pensiones serán pagadas por los sucesores, es como un círculo que termina beneficiando a todo. El empleado que esté activo en el sistema de retiro, hace su aportación directa a las contribuciones y a la economia. Es notable que los errores cometidos despidiendo empleados, incentivando a otros que se retiraban traería un impacto económico ya que entrarían menos aportaciones y gastarían más en pensiones por pagar lo que incrementa el déficit ya que no hay fuentes de repago. Por eso el éxito de los sistemas de retiro va a depender de cómo se toman las decisiones financieras del sistema. Entre las alternativas que se han ofrecido las que se ven más viables a mi entender sería el aumento de la aportación patronal, recortar los beneficios a los pensionados, eliminar los bonos de navidad y verano, ofrecerlo sólo a los empleados 11
  • 12. activos en el gobierno y crear unas cooperativas que administren esos fondos y los pongan a producir. 12
  • 13. Referencias: Ley Núm. 116 del año 2011, rescatada el 28 de febrero de 2012, http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2011/lexl2011116.htm Acevedo Denis, Ely E., (2010), Ley 7 le tumbó $157 millones a Retiro, rescatado el 28 de febrero de 2012 de http://ww.elsualavista.com/periodico/?p=26049 García, Luisa (2011), No habrá solución a la crisis de Retiro este año, rescatado el 30 de febrero de 2012 en http://sincomillas.com/2011/10/no-habra-solucion-a-la-crisis-de- retiro-este-ano/ Marxuach, Sergio M. (2011), El insólito déficit de $25,000 millones, La Perla del Sur, rescatado el 29 de febrero de 2012 en http://www.periodicolaperla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28 70:sistemas-de-retiro-un-problema-de-25000-millones&catid=93:analisis- economico&Itemid=300 13