1. VOCES 07
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REFORMA HACENDARIA: EL IMPACTO AL SECTOR SOCIAL
En México, los “asuntos públicos” solían estar asociados
con actividades exclusivas
del gobierno. Sin embargo,
una definición de lo “público” más amplia ha permeado
en una parte de la sociedad
que se ha organizado para
participar en los problemas
que nos incumben a todos
quienes formamos parte de
una comunidad. Las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) juegan un papel fundamental en lo “público”: son
actores clave en el desarrollo
social, el fortalecimiento de la
democracia y en las políticas
públicas. Nuevo León es un
buen ejemplo de ello. La crisis
de inseguridad que ha vivido
en los últimos años, motivó a
muchas personas a crear organizaciones que trabajan por
prevenir la violencia, fomentar la denuncia y generar más
espacios de convivencia y par-
ticipación ciudadana. En sólo
un par de años (y de acuerdo
con datos de la Encuesta de
Cultura Ciudadana) la participación aumentó y –pese a la
aumento de la violencia de
alto impacto– la disposición
ciudadana para resolver los
conflictos de forma pacífica
también creció.
El trabajo de las OSC multiplica el bienestar social. Por
cada peso que una organización recibe en donaciones, la
sociedad gana 4.7 pesos. De
los $20,677,820 de donativos
privados entregados en 2011,
la sociedad ganó el equivalente a $82,711,280 mientras que
el gobierno dejó de ingresar
por concepto de impuestos
apenas 6 millones de pesos.
Además, las OSC contribuyen con 1.1% del PIB y son
fuente de empleos para 2
millones de personas de las
cuales más de la mitad (56%)
son voluntarios. Estos datos
son particularmente notables
dado el contexto. Un estudio
realizado por la organización
Alternativa y
Capacidades
(Tapia y Verduzco, 2013) describe las condiciones adversas
que una OSC tiene para constituirse, participar activamente
en la vida pública y conseguir
su sustentabilidad financiera
en México. Este contexto explica, en buena medida, que
mientras en nuestro país hay
cerca de 3 OSC por cada 10
mil habitantes en Brasil hay
17, en Argentina 29, en Chile
64 y en Estados Unidos 65.
Sin embargo, el sector social ha demostrado su importancia pese a estas circunstancias. Por esa razón preocupa
que dentro de la propuesta
de Reforma Hacendaria (en
particular los cambios a la
Ley de Impuesto sobre la Renta, LISR) del presidente Peña
Nieto y que se discute en estos días en la Cámara de Diputados, hay elementos que
ponen en riesgo la sustentabilidad financiera del sector.
La propuesta tiene avances
importantes. El artículo 74 de
la LISR incorpora las actividades contempladas en la Ley
Federal de Fomento, lo cual
permite que más organizaciones puedan recibir donativos.
En segundo lugar, elimina
las restricciones para que las
OSC puedan influir en la legislación (siempre que sea sin
fines de lucro y no a favor de
personas o sectores que hayan dado donativos).
Sin embargo, también hay
cambios y omisiones graves.
El artículo 146 incluye a las
donaciones en el monto máximo de deducciones anuales,
eliminando así los incentivos
que tienen los ciudadanos
para hacer donativos perso-
nales. Además, la propuesta
mantiene el límite de ingresos generados por actividades
no vinculadas al objeto social
de las OSC (actualmente 10%).
Mantener esta restricción
afecta la capacidad de las organizaciones para generar recursos propios, su principal
fuente de ingresos. Finalmente, mantiene el límite a deducibilidad de los donativos
otorgados (actualmente 7%),
lo cual no genera incentivos
para las donaciones. Más de
un centenar de organizaciones en México (tan sólo en
Nuevo León suman casi 50)
se han sumado a un exhorto generalizado para que los
diputados federales corrijan
estas fallas. Esperemos que el
compromiso de nuestros legisladores con su comunidad
se vea reflejado en decisiones
importantes que tomarán en
los siguientes días.
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