Perú: Políticas para mejorar el desempeño del Estado

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
Alma Mater del Magisterio Nacional
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA
Asignatura
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Tema
Política Pública
Identificación y Determinación de Problemas
LIMA – PERÚ

Escuelade Posgrado – Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2
Gestión DE Políticas Publicas
2021

INTRODUCCIÓN
En los últimos diez años, el Perú logró una de las tasas más altas de crecimiento económico de
la región. El Ingreso Nacional Bruto por persona casi se triplicó, y las tasas de pobreza se redujeron
a la mitad. Desde 2010, el Perú se ubica en el grupo de países de ingresos medio alto. Este
crecimiento económico fue acompañado por un crecimiento parecido de los ingresos del Estado.
Desde 2005, la recaudación fiscal se incrementó en 13% por año, y el presupuesto público del año
fiscal 2013 se proyecta en más del doble del presupuesto de apertura del año 2006, incrementándose
de S/.53,929 millones a S/.108,419 millones. Sin embargo, este fuerte crecimiento económico y
presupuestal no fue acompañado por un crecimiento similar de la capacidad del Estado de gastar
bien lo que recauda y de generar las condiciones para un crecimiento sostenible que conlleve a un
desarrollo económico y social. Si bien en años recientes el Perú ha escalado seis posiciones en el
Índice Global de Competitividad 2012-2013elaborado por el Foro Económico Mundial, avanzando
31 posiciones en la variable de estabilidad macroeconómica, aún mantiene un desempeño
deficiente en pilares claves como innovación, instituciones, educación primaria y salud.
En lo que respecta a las instituciones, resalta el bajo desempeño mostrado en aspectos como
confianza en los políticos y carga de la regulación gubernamental, por mencionar sólo algunos de
los más relevantes.
El bajo desempeño del Estado se refleja en la poca confianza de la población en el Estado y
bajos niveles de satisfacción ciudadana. Según el Latinobarómetro 1995-2011, los niveles de
satisfacción con la democracia en el Perú se encuentran por debajo del promedio de la región (31%
en el Perú versus 39% en promedio en América Latina). Además, aún persisten marcadas
desigualdades sociales y territoriales; según el mismo Latinobarómetro, apenas el 14% de los

peruanos considera que la distribución de la riqueza en el país es justa, lo que se refleja en un grado
alto de insatisfacción con el sistema político y económico, y altos niveles de conflictividad social
que afectan la gobernabilidad democrática. Así, a septiembre del 2012, la Defensoría del Pueblo
reporta 167 conflictos sociales activos y 71 conflictos latentes. Desde hace mucho tiempo en el
Perú, la ciudadanía exige un mejor Estado, presente, activo y efectivo en todo el territorio nacional.
A pesar de que en los últimos años la recaudación fiscal y el presupuesto público se han
incrementado sustancialmente, las entidades públicas siguen teniendo una limitada capacidad de
gestión, lo cual les impide proveer con eficacia, eficiencia y transparencia servicios públicos de
calidad a los ciudadanos.
Así, por ejemplo, a pesar que desde el año 2005, el presupuesto para el sector educación se
incrementó aproximadamente en S/.6000 millones hacia el 2011, menos del 30% de los alumnos
del segundo grado alcanza el rendimiento esperado en comprensión lectora y únicamente el 13%
lo hace en matemáticas. Por otro lado, pese a que la brecha global de inversión en redes viales
asciende a US$ 7,375 millones 9 y que sólo el 64% de las viviendas tiene acceso a red pública de
agua y 54% dispone de desagüe10, los tres niveles de gobierno ejecutaron el 2011, en conjunto,
menos del 70% de los recursos disponibles para inversión pública. Buscando acercar el Estado a
los ciudadanos más homogéneamente en todo el país, hace una década se inició un profundo
proceso de transformación, que significó la transferencia de funciones y recursos desde el nivel
central a los gobiernos regionales y locales para que, en ejercicio de su autonomía política,
económica y administrativa sirvieran de manera más cercana y efectiva a la ciudadanía. El proceso
de descentralización satisfizo aspiraciones y necesidades largamente postergadas, y también ha
generado nuevas expectativas por mayor inclusión y oportunidades para el desarrollo.

Sin embargo, esta transferencia de funciones y el incremento de recursos no han sido
acompañados por mejores capacidades descentralizadas de gestión. Iniciar el proceso de
descentralización en un contexto como el antes descrito ha significado que las limitaciones
mostradas por las entidades del Gobierno Central se vean reproducidas a nivel descentralizado.
Como consecuencia de ello, las entidades públicas nacionales, regionales y locales no muestran en
general, tener las capacidades de gobierno y de gerencia suficientes para proveer más y mejores
bienes y servicios públicos a todos los ciudadanos en todo el país, según su necesidad. “Perú tiene
uno de los Estados más disfuncionales de América Latina. Muchas instituciones estatales no
funcionan, y en algunas zonas, ni siquiera existen. En muchas partes del interior, los servicios
públicos (educación, salud, agua potable, infraestructura) no llegan, y si llegan, son pagados por la
corrupción y la ineficiencia. Los gobiernos locales y regionales carecen de un mínimo de capacidad
administrativa. Y la seguridad y la justicia —funciones básicas del Estado— no son ni
mínimamente garantizadas”. Las deficiencias del Estado tienen impacto en la vida de los
ciudadanos y en las actividades empresariales, lo que tiene consecuencias en el bienestar de las
personas, en la competitividad empresarial, en la legitimidad de los gobiernos y, por lo tanto, en el
sistema democrático y sus instituciones. Tomando en cuenta las consecuencias que tienen las
deficiencias de desempeño del Estado en la vida de las personas y en la competitividad y
gobernabilidad democrática del país, es que se requiere una política integradora de modernización
de la gestión pública, para asegurar que todas las entidades de los tres niveles de gobierno actúen
de manera articulada y consistente en dirección de mejorar el desempeño general del Estado en el
servicio a sus ciudadanos.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Las políticas públicas se pueden entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno
detecta la existencia de un problema. Asimismo, es importante destacar que se relacionan unas con
otras, que se concatenan para lograr el fin último que es la satisfacción de la ciudadanía. Las
políticas públicas se traducen en programas o proyectos que atacan al problema que está sucediendo
y se quiere solucionar. Entonces, hay que identificar primero el problema y luego definir la política
pública acorde; luego de ello surgen los programas que hacen a esa política pública.
“Las políticas públicas son acciones que aspiran a transformar la realidad; son las acciones de
la política llevadas a cabo para modelar una realidad imperfecta, intentando que se acerque a
una visión idealizada; son los instrumentos de mejoramiento que la política tiene a su
disposición para hacer efectivas sus promesas”.
Burgue-Torruela, (2014)
“Las políticas públicas se elaboran a partir de demandas sociales (se conocen/identifican), se
interpretan desde el gobierno o las instituciones públicas (se diseña) y finalmente se
concretan/consensuan hasta constituirse en un compromiso institucional (se construyen)”.
Miklos, (2010)

El Problema Público
Un problema se define como la diferencia entre una situación actual y una situación deseada
posible. No obstante, el carácter público aparece cuando confluyen las siguientes situaciones:
 Existe evidencia de carencias y necesidades en las personas o en su entorno, una
oportunidad de mejora, o un riesgo que se desea evitar.
 Los actores del ámbito político junto a la sociedad civil califican a esa situación como
indeseable, en tanto que afecta de manera directa o indirecta el ejercicio de derechos o
bienestar de la población.
 La solución para atender el problema requiere de la intervención del sector público, aun
cuando también implique la intervención del sector privado14 o de actores sociales.
En este sentido, toda política nacional responde a un problema público. Sin embargo, no todo
problema requiere la elaboración de una política nacional porque puede ser abordado desde otro
instrumento de gestión.
Asimismo, es necesario recalcar que los problemas públicos son interdependientes, ya que no suele
existir unicausalidad en su origen o explicación y comúnmente son parte de un sistema complejo;
asimismo, son dinámicos, ya que su concepción evoluciona por los cambios en el conocimiento,
en las nuevas tecnologías y por la aparición de nuevos fenómenos sociales.
Los problemas públicos pueden ser identificados desde las siguientes fuentes:
 Externa al Estado y sus instituciones; es decir, a partir de la demanda social (las cuales
se expresan mediante encuestas a la ciudadanía, entrevistas, comunicados, mesas técnicas
desarrolladas en instancias sub nacionales de gobierno, representaciones de la sociedad
civil, mesas de diálogo, entre otros). Asimismo, se incluyen los tratados y compromisos
internacionales.

 Interna al Estado y sus instituciones; sobre la base del conocimiento integral de la
realidad, diagnósticos, estudios prospectivos, informes de seguimiento y evaluación,
investigaciones públicas o de organismos internacionales. A estas puede sumarse los
instrumentos de política como las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, el PEDN, la
PGG y otros según corresponda y, a su vez, instrumentos normativos como los mandatos
legales de los ministerios.
Entonces, una política nacional debe cumplir al menos los siguientes criterios:
 Expresar una decisión de política para prevenir, reducir o resolver un determinado
problema público de alcance nacional relevante para las personas o su entorno. No se
elaboran para resolver problemas de alcance organizacional, de gestión o coordinación
institucional que afecten a la entidad.
 Establecer objetivos prioritarios que orienten la implementación de un conjunto de
instrumentos o medios de distinta naturaleza para su consecución.
 Orientarse a alcanzar la visión de futuro del país.
 Enmarcarse en los objetivos e intereses generales establecidos en las Políticas de
Estado del Acuerdo Nacional y el PEDN y, considerar la diversidad de las realidades
regionales y locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del gobierno
de la República.
 Cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 4° de la LOPE, descritas en
detalle en el Anexo 1 del Reglamento que regula las políticas nacionales.
Toda política nacional deberá aprobarse mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del
consejo de Ministros y el refrendo del ministro titular del sector o sectores competentes, previa
opinión técnica del CEPLAN.

Cadena de resultados
Para lograr la intervención coherente del Estado al servicio del ciudadano, es importante organizar
los procesos siguiendo el esquema de la cadena de resultados para políticas y planes del
SINAPLAN, la cual está compuesta por los siguientes eslabones:
La definición de cada uno de los eslabones es la siguiente:
 Los insumos son los factores que intervienen en la producción de los bienes y servicios.
Pueden ser, principalmente, de tipo financiero, humano y de capital.
 Las actividades son el conjunto de procesos u operaciones mediante los cuales se
genera valor al utilizar los insumos, dando lugar a un producto determinado.
 Los productos son los bienes y servicios provistos por el Estado que se obtienen de la
transformación de los insumos a través de las actividades.
 Los resultados iniciales representan los efectos generados en la población en el corto plazo,
como consecuencia del consumo de los productos provistos por el Estado.
 Los resultados intermedios se definen como los cambios en las condiciones de vida de la
población que ocurren, en el mediano plazo, por el consumo de los productos provistos por
el Estado.
 Los resultados finales se definen como los cambios en las condiciones de vida de la
población que ocurren, en el largo plazo, por el consumo de los productos provistos por el
Estado.
Impacto
agregado
Resultados
finales
Resultados
intermedio
s
Resultados
iniciales
Productos
Actividades
Insumos
Gráfico 1: Cadena de resultados en el SINAPLAN

Escuela de Posgrado – Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 10
Análisis de Pertinencia de la Elaboración de una Política Nacional
Es una ruta de análisis a través de la cual las instancias de coordinación y de discusión de
política, la alta dirección del o los ministerios intervinientes y sus órganos correspondientes evalúan
las características y necesidades del contexto para cerciorar la conveniencia de la formulación de
una nueva política nacional. Para la discusión y evaluación acerca de la pertinencia o de no contar
con una política nacional, antes de iniciar su diseño y formulación, se proponen tres criterios
excluyentes:
1. El asunto de interés SÍ es un problema de carácter público, pues corresponde a una
carencia o necesidad de las personas o de su entorno; una oportunidad de mejora o un
riesgo que se desea evitar los actores políticos, junto a la sociedad civil, califican la
situación como problema público; su solución requiere de la intervención del sector
público.
2. El asunto de interés SÍ es prioridad nacional, expresada en el marco de la visión de futuro
del país, las Políticas de Estado, el PEDN, la PGG.
3. El asunto de interés NO es atendido por otro instrumento de gestión (como los planes del
SINAPLAN), instrumentos normativos (como un reglamento, norma técnica, etc.) o de otro
tipo.
Tras la aplicación del tercer criterio, es importante tener en cuenta que, aunque el asunto de
interés ya se encuentre abordado por algún otro instrumento (y no amerite la formulación de una
nueva política nacional), al corresponder con el primer y segundo criterio, este reviste importancia.
Por ello, se recomienda evaluar los instrumentos a fin de optimizarlos.

Evaluar los criterios:
1) Existe evidencia de carencias y
necesidades en las personas o
en su entorno, una oportunidad
de mejora o un riesgo que se
desea evitar.
2) Los actores del ámbito político
junto a la sociedad civil califican
a esa situación como
indeseable,en tanto que afecta
de manera directa o indirecta el
ejercicio de derechos o
3) Su solución requiere de la
intervención del sector público.
En el marco de:
1. La visión defuturo
2. Las Políticas deEstado
3. El PEDN
4. La política General de Gobierno
Como:
1) El PESEMo el PEI
2) Un programa presupuestal
3) Un reglamentounanorma
técnica,entre otros.
¿El asunto de
interés es un
problema de
No se
requiere la
elaboració
n de una
política
¿Los instrumentos
están dando
¿El asunto de
interés es
abordado por
algún instrumento
del SINAPLAN, de
gestión normativo
¿El asunto de
interés es
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO NO
Elaborar la
Política
Optimizar
Instrumentos

Etapas de una Política Pública
 Diseño
Consiste en diagnosticar, enunciar y estructurar el problema público objeto de la política nacional,
proponer la situación futura deseada y seleccionar la alternativa de solución más efectiva y viable.
El primer paso del diseño es la delimitación del problema, lo cual requiere de la recopilación y
análisis de la información sobre el problema público, a fin de conocer y comprender su situación
de forma integral.
El segundo paso en la enunciación y estructuración del problema público, el cual debe ser claro,
breve y preciso, conteniendo una sola variable central.
El tercer paso es la determinación de la situación futura deseada, que es la descripción de la
situación más favorable y factible de ser alcanzada en un plazo determinado.
Etapa 4:
Seguimiento y
Evaluación
Etapa 3:
Implementación
Etapa 2:
Formulación
Etapa 1:
Diseño
Paso 1:
Delimitacióndel
problema Público
Paso 2:
Enunciacióny
estructuracióndel
problema público.
Paso 3:
Determinaciónde la
situaciónfutura
deseada.
Paso 4:
Selección de
alternativasde
solución.
Paso 1:
Elaboraciónde los
objetivos prioritarios e
indicadores
Paso 2:
Elaboraciónde
lineamientos
Paso 3:
Elaboraciónde los
servicios yestándaresde
cumplimiento
Paso 4:
Identificaciónde las
políticasrelacionadas
Paso 1:
Identificaciónde los
niveles de intervención
existentes
Paso 2:
Articulaciónde la política
nacional enlos planes
Paso 1:
Seguimiento
Paso 2:
Evaluación

El cuarto paso es de selección de alternativas de solución, donde se propone alternativas de
solución al problema público, se evalúa las alternativas de solución y se selecciona la o las
alternativas más efectivas y variables.
 Formulación
“La formulación de las políticas públicas consiste, en primer lugar, en la selección y
especificación de la alternativa que es considerada más viable, y que es acompañada generalmente
por un proceso de comunicación, con una o varias declaraciones que dan a conocer y explicitan
la decisión adoptada, sus objetivos y su marco jurídico, administrativo y financiero.
Frecuentemente la elección de la alternativa adoptada se hace según criterios de conveniencia
política y de oportunidad, y muy influida por la disponibilidad de recursos físicos, humanos,
tecnológicos y económico-financieros”.
Diaz, (1998).
Luego de la estructuración del problema público y la selección de la(s) alternativa(s) de solución
más efectiva y viable, inicia la etapa de formulación, la cual consiste en cuatro pasos y se explican
a continuación.
El primer paso para la formulación es la elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores, los
cuales deben ser coherentes y consistentes con estructuración del problema público, debe ser
concretos y realizables en un periodo de tiempo.
El segundo paso es la elaboración de lineamientos, teniendo en cuenta que los lineamientos
establecen los medios para la consecuencia de los objetivos prioritarios y deben ser planteados en
el marco de las alternativas de solución seleccionas y, en consecuencia, corresponder con el tipo
de intervención e instrumento o instrumentos seleccionados.

El paso tres, se identifica los servicios y estándares de cumplimiento, donde se deberá definir
aquellos servicios orientados a satisfacer las necesidades de la población objetivo de la política, y
establecer los estándares de cumplimiento para dicho servicio.
El cuarto paso es, la identificación de las políticas relacionadas; se busca que las políticas estén
alineadas de forma vertical, y horizontal.
 Implementación
“La implementación es el conjunto deliberado y secuencial de actividades del gobierno
orientadas al logro de los propósitos y objetivos de la política, articulados en declaraciones
oficiales de política; la implementación es el proceso de transformar en resultados los objetivos
asociados con una política pública. Se trata de un proceso continuo y no lineal, el que debe ser
administrado”.
Citado por (Lahera, 2006).
La implementación es un proceso complejo en el que intervienen una multiplicidad de variables
y no sólo factores burocráticos. Esto es, existe un número de factores que de una manera u otra
influyen en el proceso de implementación y, consecuentemente, en los resultados finales de una
política, todos los cuales merecen ser objeto de estudio En el ámbito de los gobiernos regionales y
locales formulan políticas regionales y locales en sus respectivos ámbitos territoriales, en
concordancia con las políticas nacionales conforme a lo dispuesto en sus respectivas Leyes
Orgánicas. Las políticas regionales se concretan en los PRDC y en los PEI de las entidades públicas
del ámbito regional responsables del cumplimiento de los objetivos priorizados. Las políticas
locales se implementan en los PDC y en los PEI de las entidades públicas del ámbito local
responsables del cumplimiento de los objetivos priorizados.

 Seguimiento y Evaluación
Las políticas serán evaluadas en cuanto a su diseño, implementación y resultados de acuerdo a las
indicaciones que se presentan a continuación:
Evaluación de diseño
Implica analizar objetivamente la política en los siguientes aspectos:
a) Coherencia interna, que consiste en examinar si los objetivos prioritarios y los lineamientos se
encuentran articulados, y si se han cumplido los criterios para la selección de los indicadores de
los objetivos prioritarios.
b) Coherencia externa, que analiza la consistencia de la articulación horizontal y vertical.
Evaluación de implementación.
Consiste en analizar si los PDC, PEI y POI, en cuanto corresponda, contienen objetivos
estratégicos, acciones estratégicas o actividades operativas que permiten implementar la política
nacional para la solución del problema público.
Evaluación de resultados.
Consiste en analizar los cambios entre la situación inicial y final de cada año de los objetivos
prioritarios establecidos en la política a través de sus indicadores. De esta manera, es posible
conocer los alcances, las limitaciones y las oportunidades de mejora de la política.
Uso y función de la evaluación de las políticas públicas
- Rendición de Cuentas: Dado que las políticas utilizan fondos públicos es preciso saber cómo se
están gastando. La responsabilidad política, social y técnica exige garantías y comprobaciones de
que se está trabajando con seriedad y eficacia. Sin embargo, no es suficiente con explicar cómo se
gastan los fondos públicos y su control por los organismos correspondientes sino responder de las
acciones e inacciones que explican los resultados.

- Transparencia: Para que la sociedad pueda percibir el grado de eficacia y eficiencia de las
administraciones públicas resulta necesario arbitrar procesos de transparencia. La publicidad de las
evaluaciones contribuye, no solo a la mejora de los sistemas de control del Estado, sino a la
percepción por la sociedad de la responsabilidad de sus agentes decisores y de los resultados de las
políticas. El ejercicio de transparencia de las acciones públicas las acerca a los ciudadanos que las
financian y les otorga legitimidad. Los ciudadanos necesitan saber, no solo en qué gastan su dinero,
sino como se gasta y que resultados e impactos se producen con ese gasto.
- Participación: Para satisfacer las demandas ciudadanas, lo que se persigue dentro del propio
modelo de democracia representativa, es abrir mayores espacios a la participación. Impulsar la
democracia en la administración pública puede mejorar su control y eficiencia, fortaleciendo a la
ciudadanía tanto directa como indirectamente. Este es un planteamiento que tiene varias vías de
realización, siendo la evaluación una de ellas a tratar de favorecer la valoración y la responsabilidad
de los gestores de programas en la implementación de las políticas. Además, la evaluación aporta
información que permite a los ciudadanos conformar una opinión fundamentada, lo que constituye
uno de los pilares de la participación.
Según el objeto:
1) Evaluación de políticas públicas: resultados sobre el cumplimiento de las políticas
generales, sectoriales – decisiones sobre políticas públicas.
2) Evaluación de programas públicos: impacto o resultados de una intervención pública
directa sobre una realidad social – mejorar el funcionamiento del programa y el impacto
hacia la población beneficiaria.
3) Evaluación de la gestión y resultados de entidades públicas: resultados obtenidos por
las instituciones públicas y su comparación con aquellos planeados – mejorar desempeño.

4) Evaluación del desempeño individual
Según la etapa de la intervención:
1) Ex ante – previa a la implantación de una acción gubernamental (estudios de diseño de
políticas y programas, estudios de pre‐ inversión).
2) Procesos – durante el ejercicio de la acción gubernamental. Se examina el uso de recursos
para el cumplimiento de los objetivos, el ajuste de la programación de la generación de los
productos.
3) Ex post – una vez finalizada la intervención o acción, o la gestión de un determinado
período. Involucra análisis y pronunciamiento de los resultados inmediatos, intermedios e
impactos o resultados finales.
¿Cómo reacciona la sociedad ante una Política Pública?
Hemos remarcado en múltiples ocasiones sobre la importancia que una Política Pública sea
enfocada a la sociedad. Empero, surge un fenómeno también por parte de ésta, respecto a cuándo
su conducta se puede ver modificada o alterada (ya sea de manera positiva o negativa).
El sistema democrático invita a que la sociedad participe y se integre a los proyectos que de
manera directa le benefician o perjudican (según se vea). Es por esto que veremos este
comportamiento y sus etapas.
La participación ciudadana puede dibujarse usando la imagen de una escalera, que va de
menores a mayores grados de involucramiento de la ciudadanía. A continuación, presentamos el
esquema representativo de lo anteriormente expuesto:

Para que quede lo más claro posible, nos permitiremos definir cada una de las etapas y a su vez
explicarlas brevemente:
 Información: Se trata de un nivel básico de participación en el cual se aclaran dudas, se
explican alcances, beneficios y consecuencias de las acciones, y se atienden temores. Es el
escalón en el que actualmente los gobiernos ponen el énfasis cuando se plantean promover
alguna política.
 Consulta: Se trata de un nivel limitado de participación, pero que puede ser estratégico
cuando es vinculante para los tomadores de decisiones a cargo de las Políticas Públicas en
cuestión. Los tomadores de decisiones ponen a consideración de la población la puesta en
práctica de una determinada decisión política.
 Control Ciudadano: Existe un traslado de competencias a la sociedad civil en relación a
la ejecución de políticas ya formuladas, aunque siempre dentro del ámbito de la Política
Pública la sociedad civil puede hacer un efectivo seguimiento de los compromisos seguidos
por los gobiernos, y buscar que dicho seguimiento se traduzca en correcciones del rumbo y
la toma de decisiones de las respectivas acciones de política pública.

 Co-gestión: Se trata de una administración compartida en la toma de decisiones, entre
representantes de gobierno y sociedad civil.
 Aquí la población ya se encuentra integrada y participa de manera activa. Se pueden hacer
observaciones, inclusive se pueden rechazar ciertas propuestas del gobierno si no son
consideradas como prioritarias por la sociedad.
 Autogestión: Es el escalón máximo de participación ciudadana mediante el cual la
ciudadanía diseña programas, los administra y ejecuta.
Ejes De La Política Publica
POLÍTICAS DE ESTADO
Las políticas de Estado definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en
el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Son el
resultado de un consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional en el año 2002 (sociedad
civil, Estado y partidos políticos).
CEPLAN
Es el organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector, orientador y de
coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; orientado al desarrollo de la
planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo
armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco
del Estado constitucional de derecho.

Rol del CEPLAN
o En calidad de ente rector del SINAPLAN, el CEPLAN cumple las siguientes funciones en
relación a las políticas nacionales:
o Brindar asistencia técnica metodológica en el proceso de diseño, formulación, seguimiento,
evaluación y actualización de las políticas nacionales.
o Emitir opinión técnica favorable sobre la propuesta de política nacional previa a su remisión
a la CCV.
o Elaborar informes de consolidación anual de los reportes de cumplimiento de los objetivos
establecidos en las políticas nacionales, remitidos por los ministerios.
o La propuesta final del documento de política deberá ser remitida al CEPLAN mediante
oficio por la Secretaría General del ministerio correspondiente solicitando opinión técnica,
antes de su remisión a la CCV. De presentarse observaciones, el CEPLAN devolverá al
ministerio la propuesta de documento para la incorporación de los ajustes necesarios hasta
conseguir la opinión técnica favorable. Una vez que ingrese a la CCV y en caso de que el
documento sea observado o reajustado, el ministerio volverá a solicitar la opinión técnica
favorable del CEPLAN. Sólo después de dicho proceso, el ministerio continuará con los
procedimientos administrativos correspondientes hasta su aprobación mediante Decreto
Supremo.
EL ACUERDO NACIONAL
Consiste en 35 Políticas de Estado, las que han sido agrupadas en cuatro ejes temáticos: (i)
Democracia y Estado de derecho; (ii) Equidad y justicia social; (iii) Competitividad del país; y (iv)
Estado eficiente, transparente y descentralizado.

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL (VIGENTE)
El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) vigente, “Plan Bicentenario: El Perú hacia
el 2021” (aprobado por Decreto Supremo N° 054-2011-PCM) es el documento orientador del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN).
El PEDN vigente está sustentando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el
concepto de desarrollo humano como libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional.
Se enmarca en seis ejes estratégicos: (i) Derechos fundamentales y dignidad de personas; (ii)
Oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) Economía,
competitividad y empleo; (v) Desarrollo regional e infraestructura; y, (vi) Recursos naturales y
ambiente. Para cada uno de ellos, el PEDN define un objetivo estratégico nacional, lineamientos
de política y objetivos específicos con indicadores y metas, acciones estratégicas, programas
estratégicos y proyectos.
Durante el periodo de actualización del PEDN y hasta la aprobación del nuevo PEDN, los
integrantes del SINAPLAN utilizarán las políticas de Estado, este PEDN vigente, la política
general de gobierno y la pre-imagen de futuro al 2030 para el planeamiento estratégico y operativo.
DIRECTIVA N° 001-2017-CEPLAN/PCD
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), como ente rector del Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), presentó ante el Foro del Acuerdo Nacional una
propuesta de la visión de futuro del país o pre-imagen. Sobre esta base, se construirá la visión
concertada que guíe la actualización de todas las políticas y planes del Estado para asegurar el

Por ello, en cumplimiento de sus funciones, el Consejo Directivo del Ceplan aprobó la Directiva
N° 001-2017-CEPLAN/PDC “Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional”, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.
Este ciclo enfatiza el lugar central que tienen las personas en las políticas públicas. Está compuesto
por cuatro fases: (i) conocimiento integral de la realidad, (ii) futuro deseado, (iii) políticas y planes
coordinados y (iv) seguimiento y evaluación, con respecto de la ejecución y resultados de los planes
estratégicos y operativos que permiten retroalimentar el ciclo para la actualización de políticas y
planes.
La construcción concertada de la visión de futuro y la actualización del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional (PEDN) al 2030 será un trabajo arduo. Durante el periodo de actualización y
hasta la aprobación del nuevo PEDN, los integrantes del SINAPLAN utilizarán las políticas de
Estado, el PEDN vigente (“Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”), la política general de
gobierno y la pre-imagen de futuro al 2030 para el planeamiento nacional, sectorial, multisectorial,
territorial e institucional.
POLITICAS DEL ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL
1) Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de derecho
2) Democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos
3) Afirmación de la identidad nacional
4) Institucionalización del diálogo y la concertación
5) Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y
procedimientos transparentes
6) Política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración
7) Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana

8) Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo
integral, armónico y sostenido del Perú
9) Política de seguridad nacional 25. Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas
y su servicio a la democracia
10) Reducción de la pobreza
11) Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación
12) Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de
la cultura y del deporte
13) Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social
14) Acceso al empleo pleno, digno y productivo
15) Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición
16) Fortalecimiento de la familia, protección y promoción de la niñez, la adolescencia y la
juventud.
17) Afirmación de la economía social de mercado
18) Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica
19) Desarrollo sostenible y gestión ambiental
20) Desarrollo de la ciencia y la tecnología
21) Desarrollo en infraestructura y vivienda
22) Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad
23) Política de desarrollo agrario y rural
24) Afirmación de un Estado eficiente y transparente
25) Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de
dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas
26) Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas

27) Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e
independencia judicial
28) Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa
29) Eliminación del terrorismo y afirmación de la reconciliación nacional
30) Sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda
31) Gestión del riesgo de desastres
32) Política de Estado sobre los recursos hídricos
33) Ordenamiento y gestión territorial
Nota. El Acuerdo Nacional tiene su partida de nacimiento el 22 de julio del año 2002, con la firma
y presencia de los actores políticos, económicos y sociales del Perú y de la comunidad
internacional. Esta Carta de Navegación, marca el horizonte al que queremos llegar los peruanos
para redibujar el rostro social del Perú y hacer una primera evaluación de lo avanzado para el 2021,
año del bicentenario de nuestra independencia. Probablemente llegaremos a la conclusión que el
crecimiento económico es indispensable, pero absolutamente insuficiente si no existe inclusión
económica y social, con una mejor distribución de los beneficios de ese crecimiento económico y
con respeto a nuestra biodiversidad y pluriculturalidad.
La ventaja del Acuerdo Nacional es el largo plazo con visión de futuro y rumbo definido, aunque
la globalización tiene efectos impredecibles. Esta fortaleza lleva en sí misma un riesgo, que es el
de no entender que el largo plazo no empieza hoy, sino ayer. Todos los proyectos de ley del
Congreso de la República tienen ahora como fundamento de su propuesta el estar alineados con
alguna de las políticas del Acuerdo Nacional. Quizás lo que está faltando es el camino inverso: las
políticas de Estado en normas o instrumentos de gestión del Estado que generen no solo

crecimiento económico sostenido y desarrollo sustentable, sino que se reflejen en beneficios
tangibles, concretos y medibles para todos los peruanos, sin distinción, comenzando con los más
pobres y excluidos.
Logos Una vez realizado la convocatoria, las instituciones que decidieron participar inicialmente
en la suscripción del AN fueron los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil (SC).
Dentro de los partidos políticos estuvieron: Acción Popular, Frente Independiente Moralizador,
Partido Aprista Peruano, Perú Posible, Somos Perú, Unidad Nacional, Unión por el Perú. En las
organizaciones de la SC: Conferencia Episcopal Peruana, Concilio Nacional Evangélico del Perú,
CONFIEP, CGTP, Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, Coordinadora
Nacional de Frentes Regionales. De la participación de las instituciones, en una serie de debates y
comisiones, se derivaron por consenso 29 políticas de largo plazo (luego se ampliaron a las
cuales fueron enmarcadas en cuatro grandes objetivos:
1. Fortalecimiento de la Democracia y Estado de Derecho
2. Desarrollo con Equidad y Justicia Social
3. Promoción de la Competitividad del País
4. Afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizad
APORTES Y PROBLEMAS DEL PLAN PERÚ 2021
Es conocido por todos que el largo periodo de tiempo que medió entre la creación formal del
CEPLAN y el inicio efectivo de sus operaciones. Los intereses para relegar a la planificación a un
lugar secundario son claros. Se desconoce el origen de estos, pero al parecer confluyen sectores
poderosos del Poder Ejecutivo, del sector privado y quizás internacionales. Asimismo, no sólo se

trató de utilizar la estrategia de la dilación, sino que, al momento de asignar los recursos
económicos a la institución, estos fueron en extremo limitados. Esta información es relevante para
poder contextualizar su resultado principal que es el Plan Perú 2021.
Un primer tema que llama la atención es que no sea haga referencia alguna al proceso metodológico
de elaboración. Se comenta el enfoque, donde se señala la naturaleza orientadora y la estructura
del documento. Nunca cómo se elaboró. Se deduce que el mismo es más una construcción de
gabinete, sin consulta alguna (o muy limitada) a los actores y sectores participantes, salvo las
instituciones públicas proveedoras de información estadística.
Asimismo, se puede apreciar que el mismo fue elaborado por el reducido personal del CEPLAN,
con el auxilio de un consultor mencionado en las tablas y que aborda la tarea de desarrollar las
proyecciones y escenarios macroeconómicos de mediano y largo plazo. El mejor camino debió
incorporar al personal propio, expertos por cada tema y los actores relevantes por materia o tema
específico.
No se discute la modalidad de planeación considerada para la elaboración del Plan, donde la
discusión podría ser extensa. Puede ser interesante mencionar dos perspectivas: prospectiva y
estratégica con elementos comunes, pero también diferenciados. Ambas pueden aportar y su
combinación pudo haber sido interesante. La Planeación prospectiva aporta una metodología en
cuatro etapas que parte de la especificación del futuro deseado, la evaluación del presente y su
prognosis (determinación del futuro manteniendo las tendencias actuales), la especificación de las
brechas entre ese futuro deseado y el presente proyectado, y la determinación de las estrategias
para alcanzar el futuro deseado (Miklos y Tello, 1991). El Plan parte de un diagnóstico situacional
del presente con información principalmente para el 2007, 2008 o 2009. Se presenta un diagnóstico

de la situación externa y luego de la interna. Sin embargo, en el caso del interno sigue una estructura
convencional alrededor de seis temas principales:
derechos fundamentales, oportunidades y acceso a los servicios, Estado y gobernabilidad,
economía-competitividad y empleo, desarrollo regional e infraestructura, y recursos naturales y
ambiente.
La lista de temas es relevante, pero del diagnóstico no se deducen ideas fuerza que deben
considerarse para el diseño de las estrategias. Tampoco se deduce qué restricciones son más
importantes que otras, con lo que el capítulo se convierte en un listado de problemas sin prioridad
alguna. Obviamente esto es fácil de comentar, pero difícil de enfrentar en la práctica.
Tampoco se conoce la magnitud de los desequilibrios y brechas, ya que no hay proyección alguna
a través de un escenario prognosis. Estos resultados proyectados y comparados respecto del futuro
deseado resultarían útiles para determinar la magnitud de las brechas que tendrían que cerrarse. Por
ejemplo, ¿cuál es la magnitud de los déficits de energía?, ¿qué ocurrirá con los pasivos
ambientales?, ¿surgirán brechas entre la disponibilidad de la mano de obra y la demanda de
trabajo?, entre otras. En otro orden de ideas el futuro deseado se circunscribe a una visión
interesante del país al 2021, pero demasiado escueta.
En la concepción estratégica debió no sólo incorporarse el listado de los elementos que forman
parte de la estrategia y los antecedentes internacionales en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sino cómo se generaría el proceso de desarrollo.
¿Cómo los individuos y los grupos desarrollarían iniciativas considerando el entorno nacional e
internacional, aprovechando los incentivos y desincentivos que implican las políticas públicas?

Luego de presentar la concepción estratégica se desarrollan los objetivos, lineamientos, metas y
acciones para cada uno de los seis grandes temas propuestos. El detalle es extenso, hay buenos
elementos, pero se pierde la atención porque nuevamente los listados son extensos y no hay
prioridad alguna. Es interesante anotar que la lista de temas es diferente a la propuesta por el ANEl
(es la Asociación empresarial que agrupa a las empresas de Economía Social de Navarra, tanto
Sociedades Laborales como Cooperativas de Trabajo Asociado) documento termina con un análisis
de contingencia de eventos externos e internos (situación económica internacional, conflictos
sociales, narcotráfico y corrupción, cambio climático y agua) que pueden afectar el escenario
básico edulcorado que está a lo largo de todo el documento.
Llama la atención que tanto en la presentación como en el núcleo del documento las variables
anteriores corresponden a exógenas fuera del control de las autoridades. Esto es cierto para la
situación económica internacional, pero no lo es para los conflictos sociales, la corrupción, cambio
climático y agua, donde la sociedad y las autoridades pueden ser corresponsables
Antes de abordar la discusión de los contenidos del Plan, es preciso señalar que la modalidad
utilizada se aproximaría más a la correspondiente a la planeación estratégica. Sin embargo, ésta no
cumpliría con las pautas tradicionales de una estructura en cuatro etapas: análisis interno y externo
de la situación actual; establecimiento de la visión, misión, valores y código de ética; formulación
de estrategias y de implementación estratégica, que permitirían la convergencia a la situación
esperada futura (D´Alessio, 2008).
En el Plan no se detalla la misión, los valores y el código de ética. El análisis interno y externo es
de poca profundidad respecto de lo que se sugiere teóricamente. Posteriormente D´Alessio (2010)
propone una nueva modalidad de administración estratégica para el país y de la comparación
respecto del Plan las carencias son más numerosas.

En el Plan no se especifican los intereses nacionales respecto de otros países. Tampoco se analiza
la estructura de los sectores productivos, ni se determinan las ventajas competitivas del país.
Esta es una carencia importante del documento. Nos guste o no durante los últimos 10 años, luego
de la estabilización macroeconómica, se han desarrollado todo un conjunto de nuevas actividades
y otras antiguas que han logrado una mayor competitividad internacional. De la agroindustria de
exportación, de la industria textil y confecciones, de la industria química exportadora,
siderometalúrgica, entre otras, se dice muy poco o nada.
El Plan debió profundizar en el análisis del desempeño de estas actividades, incorporando los
límites y cuellos de botella que enfrentan cada una de éstas. Luego en la sección de las estrategias
incluir las medidas específicas que permitan superar estos problemas y retos
En el diagnóstico externo se presentan una serie de hechos relativos a la globalización, la
democracia global, las telecomunicaciones y la masificación del uso de internet, el surgimiento de
nuevas potencias económicas, el envejecimiento demográfico, la migración internacional, el
crecimiento de las megaciudades, la preocupación por el ambiente, la preferencia por los productos
naturales, el desarrollo biotecnológico y la ingeniería genética, el desarrollo de la nanotecnología
y la robótica. Se supone que estos elementos condicionan el futuro desempeño de la economía
peruana; sin embargo, el desarrollo de estos temas es somero. No se puntualiza de manera
suficiente cómo esos elementos generan oportunidades y amenazas para nuestro país. Por otra
parte, como se ha señalado anteriormente, la óptica es sólo positiva. Se elude, por ejemplo,
comentar sobre los problemas estructurales de la economía norteamericana y la naturaleza de la
crisis económica y financiera internacional (Alarco, 2009a). ¿Dónde están los problemas de
demanda efectiva, de reconcentración del ingreso, de desindustrialización, de desequilibrio de la
balanza de pagos, entre otros? Para el CEPLAN este fenómeno corresponde al pasado. Nada más

equivocado. La crisis está cambiando de formas, de una estanflación moderada entre 2007 y 2008,
se pasó en el último trimestre del 2008 a una contracción severa, luego a una recuperación desde
el último trimestre del 2009, mientras que ahora parece transitamos nuevamente hacia una
estanflación más severa y de deflación para las economías europeas. No se comenta el lado
negativo de los cambios tecnológicos a nivel internacional que generan menos empleos que antes,
ni como la globalización conduce a una mayor competencia internacional entre los diferentes
países.
No hay visión de la economía internacional en el largo plazo, aunque luego se comentan los
desarrollos a partir de Kondratief y Schumpeter para la economía peruana. Tampoco, como el
envejecimiento poblacional en los países desarrollados genera espacios para nuestros emigrantes,
pero desacelera el consumo y la demanda interna, reduciendo posibilidades para nuestras
exportaciones
La gran omisión del Plan son los pequeños emprendedores y, como se comentaba anteriormente,
los sectores de exportación no tradicional. Ambos aparecen marginalmente en el diagnóstico y en
los objetivos, lineamientos, metas y acciones
En cambio, se trata de dos conjuntos de actores con gran potencial. Los primeros con gran
incidencia en la generación de empleo e ingresos, mientras que los segundos tienen mucho
dinamismo, que puede ser útil a toda la actividad económica. Sin embargo, no debemos olvidar
que el actual proceso de crecimiento de estos sectores de micro y pequeños inversionistas, desde
mediados de los noventas, está cediendo su lugar a otro modelo más concentrado resultado de
procesos de fusiones y adquisiciones a cargo de medianas y grandes empresas de capital nacional,
pero especialmente extranjeras.

El Plan es al mismo tiempo una lista extensa de acciones estratégicas, pero que no miran alto ni
lejos. No hay grandes proyectos que puedan convertirse en realidad. Sólo se habla marginalmente
de estudiar la posibilidad de generación nucleoeléctrica, cuando sabemos que ya es viable debido
a que los niveles de inversión por MW instalado son ahora sólo ligeramente superiores a los de la
generación hidráulica. Se comenta de los excesos de agua de la cuenca del Atlántico y de las
insuficiencias en la del Pacífico, pero no se señala proyecto alguno para trasvasar, en volúmenes
significativos, agua de una cuenca a la otra.
En las variables macroeconómicas llama la atención que el Plan no diga nada sobre el tipo de
cambio real, cuya tendencia decreciente tiene efectos negativos sobre las exportaciones no
primarias. No hay mención alguna a los riesgos que significa la enfermedad holandesa. Tampoco
hay referencia a las tasas de interés real activas y pasivas, a los márgenes de intermediación del
sistema financiero y a la vinculación del crecimiento del sistema financiero respecto de la
expansión del producto. No aparecen en el diagnóstico y, en las acciones estratégicas, se limitan a
señalar que se deberán adoptar medidas para incrementar la competencia en los mercados
financieros.
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
La dimensión del problema de vulnerabilidad del Perú ante desastres y los efectos negativos del
cambio climático es significativa. Según diversos estudios recientes, el país está identificado como
uno de los países con mayor vulnerabilidad frente a múltiples amenazas naturales, incluidas las de
origen climático, en la región. Específicamente, la Nota Sectorial contribuye a identificar los
principales problemas asociados a la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio
climático que afectan el desarrollo económico y social del país, el estado del marco institucional y
legal para abordar dichos problemas, los nichos y oportunidades de acción para la contribución del

Banco, y el marco de resultados e indicadores de desempeño a los que el Banco podría contribuir
durante la etapa de ejecución de su Estrategia de País de Perú 2016-2021.
Política Nacional contra las Drogas al 2030
Mejorar la situación socioeconómica e institucional de las zonas estratégicas de intervención.
Reducir la producción y comercio ilícito de drogas en zonas estratégicas de intervención. Reducir
el consumo de drogas en grupos vulnerables.
Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción
Para avanzar en este camino, hace falta analizar permanentemente la realidad de las acciones
anticorrupción desde el Estado y la sociedad civil, si existe o no voluntad política para combatir la
corrupción en el país; además, de algunos casos concretos que permitan determinar posibles modus
operandi, modalidades y vacíos legales que podrían estar abriendo campo a los corruptos para
actuar. Esto debe ir acompañado de una revisión de las herramientas nacionales e internacionales
que existen y que podemos utilizar para combatir la corrupción en el Perú.
La actual coyuntura debe ser aprovechada para el debate de estas propuestas. El proceso
electoral generará una nueva configuración de las fuerzas representadas en el Congreso de la
República y nos dará un nuevo presidente de la República, al que suman las recientemente electas
autoridades locales, provinciales y regionales; todos ellos son los llamados a debatir y consensuar
propuestas; proceso en el que, además, se demostrará si existe una verdadera voluntad política para
lucha contra la corrupción. El momento es preciso, está en todos nosotros el no desperdiciar la
oportunidad.

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
Cabe destacar este último punto, que se refiere a la administración de fondos concursables o
transferencias condicionadas, de tal manera que el ente rector pueda financiar iniciativas y
esfuerzos de las entidades públicas, y acompañarlas con apoyo técnico.
Las acciones a ser desarrolladas por el ente rector en el ámbito de cada uno de los pilares de la
modernización de la gestión pública son las siguientes:

Principales deficiencias de la gestión pública en el Perú
Como se ha mostrado, existen deficiencias en la prestación de los servicios públicos, las cuales
terminan incidiendo negativamente en la percepción ciudadana sobre la gestión pública y el
desempeño del Estado en el Perú. Frente a ello, ¿cuáles son los principales problemas de gestión
que deben ser resueltos? Del “Documento de identificación de la problemática y mapeo de actores”
se pueden identificar los siguientes:
 Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el
sistema de presupuesto público:
No queda claro el rol efectivo del CEPLAN ni las políticas u objetivos prioritarios del Gobierno.
Asimismo, se ha identificado problemas en la definición de objetivos –no necesariamente recogen
demandas de la población y las brechas que se pretenden cubrir no se estiman adecuadamente-. Por
otra parte, no se asegura el alineamiento entre las políticas públicas nacionales y sectoriales con las
territoriales de responsabilidad de los gobiernos descentralizados, así como de los Planes de
Desarrollo Concertado (PDC), los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y los Planes Operativos
Institucionales (POI), ni la vinculación de éstos con los documentos de gestión y los programas
presupuestales. Ello, en la práctica, no logra utilizar el planeamiento como herramienta efectiva de
gestión y no articula el plan y el presupuesto público. Otro aspecto a resaltar es que existen
limitaciones en cuanto a las capacidades de las entidades para identificar y priorizar programas y
proyectos de envergadura y alto impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. A nivel del
presupuesto público, aunque se ha logrado avances a través de la implementación progresiva del
presupuesto para resultados, aún existen problemas pendientes en tanto en ciertos sectores persiste
una asignación inercial de recursos (monto asignado el año anterior y negociación con el MEF por

incrementos). Asimismo, debe mencionarse que el gobierno nacional tiene el 70% del gasto
corriente total, las regiones el 19% y los gobiernos locales, el 11%. Adicionalmente, existe poca
predictibilidad de los recursos transferidos como consecuencia del canon y las regalías.
Además, no siempre la asignación de los recursos responde a una definición clara de las
prioridades del país y a una objetiva determinación de metas de productos o servicios que cada
entidad debe ofrecer, así como de sus respectivos costos. Ello hace que en el nivel operativo no
necesariamente exista coherencia entre los insumos que van a ser adquiridos y los servicios que
serán provistos con ellos, con lo cual los presupuestos no siempre se dirigen a cerrar las brechas o
déficits existentes de infraestructura y servicios públicos, ni responden a las prioridades ciudadanas
• Deficiente diseño de la estructura de organización y funciones
En muchas instituciones públicas su estructura de organización y funciones (agrupamiento de
actividades y asignación de responsabilidades dentro de la entidad) no necesariamente viene siendo
congruente con las funciones que deben cumplir ni tampoco con los objetivos que puedan haberse
fijado como resultado de sus procesos de planeamiento estratégico-operativo y de su
presupuestación. Ello puede deberse a que las organizaciones fueron diseñadas bajo un modelo de
gestión funcional, con estructuras jerárquicas, estamentales y sin claridad en los procesos que
deben realizar para entregar los bienes y servicios públicos de su responsabilidad con la calidad y
pertinencia requeridos. Además, los lineamientos y los modelos vigentes para la formulación de
documentos de gestión –ROF, CAP, etc.- imponen normas uniformes de organización para la gran
diversidad de entidades existentes, en especial en el caso de los Gobiernos Regionales, para los que
su Ley Orgánica establece un modelo único y demasiado detallado de organización que no
considera la heterogeneidad15 de las realidades regionales.

• Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos:
Los procesos dentro de las organizaciones se deben definir como una secuencia de actividades
que transforman una entrada en una salida, añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena. Sin
embargo, la mayor parte de entidades no cuenta con las capacidades o los recursos para trabajar en
la optimización de sus procesos de producción de bienes y servicios públicos. En ese sentido, no
se estudia de manera rigurosa y estructural cómo optimizar, formalizar y automatizar cada uno de
los procesos internos a lo largo de la cadena de valor. Por otra parte, uno de los problemas
neurálgicos en esta materia, es la desarticulación de los principales sistemas administrativos,
además de ser complejos, engorrosos y en muchos casos, de difícil cumplimiento, sobre todo para
los Gobiernos Locales más pequeños con menores capacidades institucionales –no están diseñados.
Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública al 2021 Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021.
considerando la gran heterogeneidad de instituciones públicas existente en el país. De allí que, en
las actividades de los funcionarios, prime el criterio de cumplimiento de sus funciones vinculado
estrictamente con la normatividad establecida en los documentos de gestión, en detrimento de la
búsqueda de la satisfacción del ciudadano destinatario de los servicios públicos.
• Infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente:
Las capacidades de gestión de las entidades públicas también se ven limitadas por una deficiente
infraestructura y equipamiento. Es así que en muchos casos la infraestructura es precaria, y el
equipamiento y mobiliario son obsoletos. Además, muchas entidades tienen varias sedes de trabajo
y a su personal disperso y fraccionado entre ellas, lo cual trae una serie de costos de gestión y
coordinación como resultado de pérdidas de tiempo en traslados para sostener reuniones o tramitar
documentos. Adicionalmente a esto, están las carencias de planificación y gestión de tecnologías

de información en tanto actualmente, las áreas a cargo de éstas son percibidas como únicamente
responsables del soporte técnico y no como un área que puede aportar al planeamiento y gestión
de la institución, en cuanto a la identificación y gestión de las necesidades tecnológicas para apoyar
las funciones sustantivas de la institución y con ello, coadyuvar a la consecución de sus metas y
resultados de gestión.
• Inadecuada política y gestión de recursos humanos:
Explicada por la coexistencia de distintos regímenes laborales y por la falta de un marco legal
e institucional que, en lugar de otorgar la flexibilidad que se necesita para atender las diferentes
necesidades de recursos humanos de entidades heterogéneas, trata de estandarizar todos los
aspectos críticos de una adecuada gestión de recursos humanos -por ejemplo, estandariza los
sueldos e incentivos, o es muy inflexible para contratar y desvincular personal a plazo fijo o en las
condiciones en las que se puede contratar personal de naturaleza temporal-. Ello se expresa en una
inadecuada determinación de los perfiles de puestos y el número óptimo de profesionales
requeridos por cada perfil –bajo un enfoque de carga de trabajo y pertinencia para el logro de
resultados-, lo que se ve exacerbado por inadecuados procesos de planificación, selección,
contratación, evaluación del desempeño, incentivos, desarrollo de capacidades y desincorporación
de las personas. Estos problemas se potencian por la ausencia de políticas de capacitación y de
desarrollo de capacidades y competencias, ya sea porque las autoridades no valoran la gestión del
personal o porque la entidad no cuenta con recursos para ello.

• Limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los
insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades:
Como consecuencia de la falta de un sistema de planificación que defina objetivos claros y
mesurables tomando en cuenta las brechas de necesidades de la población por cerrar, las entidades
no cuentan con tableros de indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear su gestión en
los diferentes niveles de objetivos y responsabilidad sobre los mismos. Además, se identifica que
la información para la toma de decisiones no necesariamente pasa por procesos rigurosos de control
de calidad; los datos no están centralizados en bases consolidadas, ordenadas y confiables, sino que
se encuentran dispersos entre diferentes áreas, personas y en bases de datos desvinculadas; además,
hay información que se procesa a mano –lo cual puede llevar a error humano-. Esta situación lleva
a que existan altos costos de transacción y coordinación para obtener información o que la calidad
de la información no sea adecuada, lo que, a su vez, dificulta el acceso a información para evaluar
la gestión y sus resultados, y tomar con oportunidad las decisiones que de ello se deriven.
 Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento:
La gestión del conocimiento implica la transferencia del conocimiento y el desarrollo de
competencias necesarias al interior de las instituciones para compartirlo y utilizarlo entre sus
miembros, así como para valorarlo y asimilarlo si se encuentra en el exterior de estas16.
Relacionado con el problema anterior, actualmente, en el Estado no existe de manera
institucionalizada un sistema de gestión de la información y el conocimiento, ni existe un sistema
de recojo y transferencia de buenas prácticas; las lecciones aprendidas de la propia experiencia no
se registran, por lo que se repiten los mismos errores y se buscan soluciones a problemas que ya
habían sido resueltos, generando pérdidas de tiempo, ineficiencias, además de que las mejores
prácticas no se aplican, ni se comparten.

 Débil articulación intergubernamental e intersectorial:
La coordinación como proceso apunta a vincular entre sí a diversas entidades y agentes públicos
con el fin de complementar sus recursos y capacidades, y articular objetivos y acciones en espacios
intersectoriales e intergubernamentales17. Esta es una necesidad inevitable en el contexto del
proceso de descentralización en curso, en el que tres niveles de gobierno deben coordinar y
complementarse a través de múltiples materias de competencia compartida. Sin embargo, la
coordinación intergubernamental e intersectorial dentro del Estado peruano es escasa, difícil,
costosa y muy poco efectiva. Nuestro marco legal incluye diversos mecanismos de coordinación,
tanto a nivel intergubernamental como intersectorial18. Sin embargo, varios de ellos muestran
limitaciones de diseño legal, no han logrado consenso para su implementación o en la práctica, han
resultado poco eficaces para conseguir una efectiva coordinación y articulación interinstitucional
e intergubernamental en los asuntos que les han sido encargados por sus normas de creación
Cinco políticas nacionales fueron aprobadas en el 2020
En una época marcada por la emergencia sanitaria por la COVID-19, el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN) durante el año 2020 brindó asistencia técnica en el marco del
Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, a los sectores de Cultura, Educación, Salud, Justicia y
Derechos Humanos, y la Presidencia del Consejo de Ministros que aprobaron cinco Políticas
Nacionales.
Siendo la Política Nacional de Cultura (MINCUL), la Política Nacional Penitenciaria
(MINJUSDH), la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva (MINEDU), la
Política Nacional Multisectorial de Salud (MINSA) y la Política Nacional contra las drogas al 2030
(PCM).

En ese sentido, se resalta que las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los
lineamientos, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser
entregados a la población para resolver los problemas identificados.
Cabe destacar que desde la publicación del DS N° 029-2018-PCM a la fecha se han aprobado un
total de 14 Políticas Nacionales. Las cuales se detallan a continuación:
Política Nacional de Cultura (MINCUL) - Aprobada el 20/07/2020
Política Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado (MININTER) - Aprobada el
17/07/2019
Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Terrorismo (MININTER) - Aprobada el
17/10/2019
Política Nacional de Competitividad y Productividad (MEF) - Aprobada el 31/12/2018
Política Nacional de Inclusión Financiera (MEF) - Aprobada el 05/08/2019
Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales (MINEDU) - Aprobada el
13/12/2018
Política Nacional de Juventud (MINEDU) - Aprobada el 23/09/2019
Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva (MINEDU) - Aprobada el
31/08/2020
Política Nacional Multisectorial de Salud (MINSA) - Aprobada el 24/08/2020
Política Nacional Marítima (MINDEF) - Aprobada el 23/12/2019
Política Nacional de Transporte Urbano (MTC) - Aprobada el 10/04/2019
Política Nacional de Igualdad de Género (MPV) - Aprobada el 04/04/2019
Política Nacional Penitenciaria (MINJUS) - Aprobada el 25/09/2020
Política Nacional contra las Drogas al 2030 (PCM) - Aprobada el 14/12/2020

Como se recuerda, las políticas nacionales aprobadas bajo la metodología del CEPLAN, se
enmarcan en las políticas de Estado, la Política General de Gobierno y los objetivos del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional, además responden a la identificación de problemas o
necesidades que enfrenta la población, los cuales son priorizados en la agenda pública.
Esta aprobación resalta la rectoría de los ministerios sobre las políticas nacionales y la necesidad
de que las políticas de los gobiernos regionales y locales se encuentren concordadas con ellas, en
correspondencia con el carácter unitario del gobierno.
De esta forma y durante la emergencia nacional sanitaria, el CEPLAN viene brindando asistencia
técnica y capacitando metodológicamente a los 19 ministerios en la elaboración y/o actualización
de las Políticas Nacionales, lo cual permitirá a los equipos sectoriales, diseñar, formular,
implementar, realizar el seguimiento y evaluación a sus políticas.
El dato:
Las Políticas Nacionales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades y niveles de
gobierno, como lo indica su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2018-PCM
y modificatorias.

MINISTERIO QUE
REPORTO EL
DOCUMENTO
MINISTERIO
CONDUCTOR /
RECTOR DEL
DOCUMENTO
NOMBRE DE LA POLITICA
TIPO DE
DOCUMENTO
TIPO DE POLITICA
PCM PCM
Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres
Política Multisectorial
PCM PCM
Política Nacional contra las
Drogas al 2030
PCM PCM
Política Nacional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción
PCM PCM
Política Nacional de
Modernización de la Gestión
Pública
PCM PCM
Política Nacional de Protección
y Defensa del Consumidor
PCM PCM
Política Nacional para el
Desarrollo de la Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica
MINCUL MINCUL Política Nacional de Cultura Política Sectorial
MINCUL MINCUL
Política Nacional de Lenguas
Originarias, Tradición Oral e
Interculturalidad
MINCUL MINCUL
Política Nacional para la
Transversalización del Enfoque
Intercultural
MINAM MINAM Política Nacional del Ambiente Política Multisectorial
MINAM MINAM
Estrategia Nacional de
Diversidad Biológica
Estrategia Multisectorial
MINAM MINAM
Estrategia Nacional ante el
Cambio Climático
MINAM MINAM
Plan Nacional de Gestión
Integral de Residuos Sólidos
Plan Multisectorial
MINJUS MINJUS
Política Nacional Frente a los
Delitos Patrimoniales
MINJUS MINJUS
Plan Nacional de Prevención y
Tratamiento del Adolescente en
Conflicto con la Ley Penal
Plan Multisectorial
MINJUS MINJUS
Política Nacional Penitenciaria y
el Plan Nacional de la Política
Penitenciaria 2016-2020
MINJUS MINJUS
Política Nacional contra el
Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo

MINJUS MINJUS
Plan para la Consolidación de la
Reforma Procesal Penal
Plan Multisectorial
MINJUS MINJUS
Plan Nacional de Derechos
Humanos 2018-2021
Plan Multisectorial
MININTER MININTER
Política Nacional de Lucha
contra el Crimen Organizado
MININTER MININTER
Política Nacional
Multisectorial de Lucha
contra el Terrorismo
MININTER MININTER
Política Nacional frente a la
Trata de Personas y sus
formas de explotación
MRE MRE
Cooperación Técnica
Internacional
Política Sectorial
MRE MRE Política Nacional Antártica Política Multisectorial
MRE MRE
Política Nacional Migratoria
2017-2025
MRE MRE
Desarrollo e Integración
Fronteriza
MEF MEF
Competitividad y
Productividad
Política Sectorial
MEF MEF
Inclusión Financiera
Política Sectorial
MEF MEF
Promoción de la Inversión
Privada de Asociaciones
Público Privadas y Proyectos
en Activos
Política Sectorial
MINEDU MINEDU
Política de Atención
Educativa para la Población
de Ámbitos Rurales
Política Sectorial
MINEDU MINEDU
Educación Superior y
Técnico Productiva
Política Sectorial
MINEDU MINEDU Política Nacional de Deporte Política Sectorial
MINEDU MINEDU
Juventud
MINEDU MINEDU
Educación Ambiental
Política Sectorial

MINEDU MINEDU
Política Sectorial de
Educación Intercultural y
Educación Intercultural
Bilingüe
Política Sectorial
MINSA MINSA
Política Nacional
Multisectorial de Salud
MTPE MTPE
Estrategia Sectorial para la
Formalización Laboral 2018-
2021
MTPE MTPE
Seguridad y Salud en el
Trabajo
MINAGRI MINAGRI Política Nacional Agraria Política Sectorial
MINAGRI MINAGRI
Política y Estrategia
Nacional de Recursos
Hídricos
MINAGRI MINAGRI
Política Nacional Forestal y
de Fauna Silvestre
Política Sectorial
MINAGRI MINAGRI
Agricultura Familiar 2015-
2021
MINAGRI MINAGRI
Seguridad Alimentaria y
Nutricional 2013-2021
MINEM MINEM
Política Energética Nacional
del Perú 2010 - 2040
Política Sectorial
MINDEF MINDEF
Seguridad y Defensa
Nacional
PCM MINDEF Política Nacional Marítima Política Multisectorial
MINCETUR MINCETUR
Política Nacional en
Comercio Exterior – PENX
MINCETUR MINCETUR
Política Nacional en Turismo
– PENTUR
MTC MTC
Transporte Urbano
Política Sectorial
MTC MTC
Política Nacional del Sector
Transportes
Política Sectorial
MVCS MVCS
Plan Nacional de
Accesibilidad
Plan Multisectorial
MVCS MVCS
Saneamiento
Política Sectorial

MVCS MVCS
Vivienda, Urbanismo y
Desarrollo Urbano
Sostenible
Política Sectorial
PRODUCE PRODUCE
Política Nacional para la
Calidad
Política Sectorial
PRODUCE PRODUCE
Acuicultura
Política Sectorial
PRODUCE PRODUCE
Desarrollo Industrial
Política Sectorial
PRODUCE PRODUCE Política Nacional de Pesca Política Sectorial
PRODUCE PRODUCE
Comercio Interno
Política Sectorial
MIMP MIMP
Política Nacional de Igualdad
de Género
MIMP MIMP
Plan Nacional de Acción por
la Infancia y la Adolescencia
– PNAIA 2012-2021
Plan Multisectorial
MIMP MIMP
Política Nacional en relación
a las Personas Adultas
Mayores
MIMP MIMP
Plan de Igualdad de
Oportunidades para las
Personas con Discapacidad
Plan Multisectorial
MIDIS MIDIS
Desarrollo e Inclusión Social

CONCLUSIÓN
Nuestro país vive hoy día una encrucijada histórica. Por un lado, trata de profundizar su
democracia, alcanzar el desarrollo, optimizar el uso de los recursos financieros y mejorar sus
niveles de calidad de vida; por otro, trata de hacerlo con un modo especial de ordenarse y decidir
sobre sus asuntos públicos y privados.
En esa relación, tenemos que coincidir que no hay equilibrio: nuestros desafíos no concuerdan con
la forma como hacemos las cosas; nuestros problemas tratamos de resolverlos con una estrategia o
modo de hacer donde no prevalece la sistematicidad y coherencia, tampoco la disciplina de trabajar
con arreglo al mediano y largo plazo. Este es un país que desaprovecha muchos recursos existentes
(financieros, humanos, territoriales e institucionales). En ese contexto tenemos la necesidad de
generar un equilibrio entre los desafíos y una forma adecuada de hacer las cosas. En esa
perspectiva, quiero plantear algunas consideraciones finales.
 Las políticas públicas son de interés, tanto para el Estado como para la toda la sociedad. El
origen y desarrollo de ellas se caracteriza por la complementariedad y transversalidad entre
ambas esferas. Las políticas públicas y sociales no se pueden entender si no es con relación
a su sistema mayor: el Estado y la sociedad civil.
 Hay que poner en discusión, en la agenda pública, el corpus teórico que respalda las
políticas públicas aplicadas en Chile. De hacerlo así, estaremos discutiendo no sólo el tipo
de sociedad que queremos, sino también, los principales problemas de la sociedad chilena
y cuya persistencia afecta la relación entre Estado y sociedad civil.
 Hay que abrir un espacio de discusión sobre el impacto de las políticas públicas en la
dimensión territorial, es decir, qué tipo de políticas debe aplicarse en el ámbito nacional,

cuáles en el nivel regional, así como las especificidades de las políticas en el ámbito
comunal y local.
 Uno de los principales desafíos será analizar, desde una perspectiva intra-región, las
potencialidades para asumir nuevos desafíos no sólo en la administración política regional,
sino también, en la administración, formulación y evaluación de políticas públicas. En este
sentido, y entre otros factores, las universidades mantienen, en regiones, una deuda
pendiente con relación a formar e impulsar una masa crítica que contribuya a resolver el
nivel de contradicción entre el centro y las regiones.
 Es imperativo elaborar Sistemas de Información Social, cuyo objetivo sea fortalecer las
capacidades regionales, y facilitar las tareas de seguimiento de las políticas públicas, pero
también resolver el tema de las necesidades ex-ante y que originan estas políticas. El rol de
estos sistemas de información puede ser múltiple y un relevante instrumento de trabajo en
los temas de regionalización y descentralización.
 Desde un punto de vista teórico, los actores sociales deben discutir y analizar no sólo el rol
del Estado en la nueva era de la globalización, sino también, analizar en una mirada
retrospectiva y prospectiva el quehacer del aparato público en el diseño de las políticas
públicas, y discutir el rol de la sociedad civil en ellas.
 g) Desde un punto de vista metodológico, hay que generar nuevas estrategias y
planteamientos respecto a las políticas públicas, en especial, tratando de compatibilizar
diseño y participación; metodológicamente, también hay que innovar en varias cosas: el
tipo de información que se utiliza, definir nuevas responsabilidades para las regiones,
plantear nuevas formas de control. En este aspecto el tema central pareciera ser ¿cómo la
sociedad civil se incorpora en el proceso de toma de decisión?

Perú: Políticas para mejorar el desempeño del Estado

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