1. Para que un sistema democrático se considere como tal, se requiere que la
autoridad y los ciudadanos intercambien información a fin de legitimar las
decisiones públicas trascendentales. La autoridad debe explicar sus acciones y
establecer las razones que las justifican para que los gobernados evalúen si
estas acciones se apegan al interés de la colectividad.
“La rendición de cuentas engloba el derecho de los particulares para solicitar y
recibir información y, su contraparte, la obligación de la autoridad para
entregarla”1.
La rendición de cuentas o “accountability” ha sido un punto importante dentro
de la agenda de la Reforma del Estado en México, ya que el gobierno ha
mostrado un interés por recuperar la credibilidad que ha perdido durante las
últimas décadas.
El término “acountability” es muy usado en el lenguaje de política pública y se
refiere básicamente a la información que debe proporcionar el gobierno a los
ciudadanos en los procesos de diseño, implementación y evaluación para que
éstos participen activamente y se genere así una corresponsabilidad con el
gobierno.
De acuerdo a Guillermo O’Donell, la rendición de cuentas se da de dos
maneras: horizontal y vertical. La primera ocurre entre instituciones del mismo
nivel, por ejemplo el poder legislativo puede “exigir cuentas” al Ejecutivo. En
cambio, la rendición de cuentas de manera vertical es la que se presenta entre
los “agentes” y los ciudadanos, por la que es la más importante ya que permite
un acceso a la información que redunda en el buen funcionamiento del
gobierno.
Rendición de Cuentas es el diálogo que debe existir entre autoridades y
gobernados, a través de las herramientas idóneas para ello. Un verdadero
esquema de rendición de cuentas tiene tres dimensiones básicas: la obligación
1
Exposición de motivos de la Iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública para el
Distrito Federal, p. 11

2. de los servidores públicos de informar sus decisiones; la obligación de dichos
servidores públicos de justificarlas frente a los gobernados, y la posibilidad de
la sanción por la violación a sus deberes públicos.
Produce efectos como:
 Los ciudadanos se involucran en las actividades gubernamentales
 Produce un clima de inversión más confiable
 Reduce asimetrías originadas por privilegios informativos
 Mejora el proceso de toma de decisiones de los servidores públicos al
obligarles a conducirse con mayor responsabilidad