La Nación gastó $28 mil millones en funciones de las provincias

1. 11 de Setiembre de 2016 – Número 669
LA NACIÓN GASTÓ $28 MIL MILLONES
EN FUNCIONES DE LAS PROVINCIAS
La incapacidad para llevar a la práctica el consenso sobre la necesidad de sancionar
un nuevo sistema de coparticipación demuestra que hay que cambiar de estrategia.
Seguir reduciendo el tema a una puja de porcentajes entre jurisdicciones garantiza
perseverar en el fracaso. En cambio, eliminando superposiciones de roles entre la
Nación y las provincias puede abrir espacios de acuerdo político que faciliten una
mejor organización del Estado.
Es cada vez más enfático el consenso sobre la necesidad y la importancia de rediscutir las
reglas de coparticipación federal de impuestos. Posiblemente, la centralización extrema y el
uso abusivo de la arbitrariedad en la gestión anterior han contribuido a hacer tomar
conciencia sobre la importancia de cumplir con este mandato constitucional cuya concreción
se vienen postergando desde hace dos décadas. Son cada vez más las voces que señalan
la necesidad de contar un sistema más simple y transparente de federalismo.
Sin embargo, no parecen existir condiciones para que esta aspiración se concrete. Las
provincias demandan más recursos que la Nación no puede ceder porque sufre un muy alto
déficit fiscal y además se necesita reducir la presión impositiva. Si se sigue supeditando la
reforma de la coparticipación a resolver esta puja de porcentajes, el resultado será el
fracaso. Por eso, es imprescindible ampliar la perspectiva e incorporar como parte
fundamental del debate las superposiciones de roles entre jurisdicciones.
En este sentido, sirve observar las transferencias que el Estado nacional hace regularmente
a los Estados provinciales y municipales. Con datos de la Asociación Argentina de
Presupuesto entre enero y julio del 2016 se calculan los siguientes montos:
• Para gastar en vivienda, saneamiento y obras públicas $13 mil millones.
• Para financiar acciones complementarias para la educación $11 mil millones.
• En concepto de acciones de salud y asistencia social $4 mil millones.
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2. Estos datos muestran que la Nación transfirió en lo que va del año cerca de $28 mil
millones a los gobiernos provinciales y municipales para financiar servicios que están
a cargo de los gobiernos locales. Eso representa un volumen de recursos equivalente al
85% del déficit primario (es decir, antes del pago de intereses de deuda). Dicho de otra
manera, de no haberse ejecutado estas transferencias se habrían reducido sustancialmente
la necesidad de emitir moneda para financiar el déficit fiscal, facilitando la reducción en la
inflación y promoviendo la recuperación de la actividad productiva.
Que la Nación aporte financiamiento para sostener servicios estratégicos es planteado
frecuentemente como una medida positiva. Estas intervenciones son presentadas como que
la Nación “ayuda” a las provincias a cumplir con sus responsabilidades. Sin embargo, es
una modalidad de gestión que genera una estructura de incentivos perversa que sólo
conduce a potenciar el derroche de recursos.
Esto se debe a que en el nivel central es muy difícil tomar decisiones de gestión correctas.
Sea porque no se es responsable directo de la administración como porque se está lejos de
los problemas. Por más capacidades que tenga un funcionario del nivel central, es imposible
que decida con pertinencia donde construir una escuela en Jujuy, cómo comprar una
ambulancia en Misiones o cómo proveer un merendero en Bariloche. En paralelo, es muy
fácil caer en la tentación de usar la discrecionalidad para subordinar voluntades políticas.
El esquema también induce comportamientos inapropiados en el nivel local. Los
funcionarios provinciales y municipales, en lugar de concentrar dedicación a la gestión de
sus recursos, son inducidos a “mendigar” recursos en Buenos Aires. Bajo estas reglas, para
un funcionario local conseguir la simpatía de los funcionarios nacionales es mucho más
redituable que administrar con eficiencia y austeridad los recursos ordinarios que la sociedad
le asigna para cumplir con sus cometidos. Como agravante, la lógica de la “cogestión
interjurisdiccional” demanda muchos esfuerzos de coordinación, que finalmente no se
producen lo que termina diluyendo responsabilidades y generando riesgos de corrupción.
Condicionar la sanción del nuevo régimen de coparticipación a resolver porcentajes entre
jurisdicciones es un camino inconducente. Por el contrario, abordar críticamente la gran
cantidad de solapamiento de roles y funciones que hay entre las jurisdicciones puede
generar espacios de acuerdos. De esta forma, se podrá avanzar hacia una organización
del Estado más federal, responsable y comprometida con el progreso del país.
Transferencias nacionales para servicios a cargo de gobiernos locales
En miles de millones de pesos
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