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31 de Agosto de 2014 – Número 563 
SOLO 1 DE CADA 3 PESOS DE 
RECAUDACION VA A LAS PROVINCIAS 
La descentralización y el respecto por las autonomías locales es una tendencia 
global que bien instrumentada tiene enormes ventajas, además de ajustarse a lo que 
manda la Constitución Nacional. Pero planteos de este tipo pierden credibilidad 
cuando provienen de una administración que ha basado su gestión en la 
concentración y la arbitrariedad. Antes de pensar en trasladar la capital es necesario 
clarificar roles entre jurisdicciones nacional y provincial y sancionar un sistema 
coherente de coparticipación federal de impuestos. 
La organización federal se basa en la descentralización de funciones y de recursos públicos. 
La regla básica es que el nivel central cumple los acotados roles que comprenden al 
conjunto de la población y las jurisdicciones locales (las provincias y los municipios, para el 
caso argentino) tienen la mayor parte de las responsabilidades que involucran la atención a 
los ciudadanos dentro de sus límites geográficos. 
Bajo esta lógica, la Constitución Nacional asigna a la Nación las relaciones internacionales, 
la defensa nacional, la justicia federal, la educación superior y ciencia y técnica, la seguridad 
social y la infraestructura interprovincial (energía, comunicaciones y transporte interurbano). 
Las provincias y municipios son responsables de las funciones estatales más importantes 
desde el punto de social, tales como la educación básica, la salud pública, la infraestructura 
urbana, la promoción y la asistencia social, la seguridad y la justicia provincial. 
Para un adecuado funcionamiento de esta organización es clave que los recursos públicos 
sean distribuidos de forma coherente con la asignación de roles entre jurisdicciones. En este 
sentido, los datos de la Secretaría de Hacienda muestran que: 
• En el período 1994 – 2000, el 37,9% de los recursos públicos nacionales iban a las 
provincias, de los cuales 32,0 puntos porcentuales se dirigía por mecanismos 
automáticos y 5,9% por mecanismos no automáticos. 
• En el período 2001 – 2009, el 36,7% de los recursos nacionales iba a las provincias, 
de los cuales 27,6 puntos eran automáticos y 9,1 puntos no automáticos. 
• En el período 2010 – 2014, el 35,8% de los recursos nacionales van a las provincias, 
de los cuales 26,7 puntos son automáticos y 9,1 no automáticos. 
info@idesa.org - www.idesa.org – Tel. (54) - 11 - 4374 7660 / (54) - 351 - 427 1271
De estos datos oficiales se destacan tres hechos muy relevantes. En primer lugar, la 
desproporcionada cantidad de recursos que capta la Nación ya que apenas 1 de cada 3 
pesos de la recaudación se distribuye a las provincias. En segundo lugar, que esta 
desproporción no es reciente, aunque se ha profundizado en la última década. En tercer 
lugar, que es cada vez más preponderante la porción de los recursos que se distribuyen a 
las provincias por mecanismos no automáticos, es decir, por criterios arbitrarios. 
Las provincias tienen la mayor parte de las responsabilidades pero no cuentan con 
los recursos, mientras que la Nación tiene los recursos pero no es responsable de los 
principales servicios sociales. Se trata de un esquema irracional e ineficiente porque 
genera superposiciones, vacíos y dilución de responsabilidades. ¿Qué función cumple un 
ministerio de educación nacional que no administra escuelas? En la práctica, justifica 
burocracia e interfiere en la gestión provincial, por ejemplo negociando el salario docente 
cuando el 90% de los salarios lo pagan las provincias. ¿Qué rol cumple un ministerio de 
salud nacional de quien no dependen los hospitales? Básicamente interferir en la gestión 
provincial de la salud pública, por ejemplo distribuyendo dispositivos anticonceptivos sólo 
entre algunas provincias. Con estas superposiciones e incoherencias ambas jurisdicciones 
tienen excusas para eludir responsabilidades por los pobres resultados alcanzados. 
La descentralización y el respeto por las autonomías locales es una tendencia global 
que bien instrumentada tiene enormes ventajas. Es más democrático y participativo 
porque acerca la gestión de los recursos públicos a la gente. También más eficiente porque 
evita burocracia y facilita el control social. Por el contrario, la centralización como la que 
sufre la Argentina facilita la administración autoritaria del Estado, promueve la burocracia, la 
falta de pertinencia del gasto, la discrecionalidad y la corrupción. Un testimonio muy 
ilustrativo es el escándalo con los planes de viviendas (una responsabilidad provincial) 
instrumentado desde la Nación a través de una fundación ligada a los derechos humanos. 
Lo más importante no es mudar la capital sino terminar con el centralismo. Es decir, 
volver a los criterios constitucionales de asignación de responsabilidades y distribución 
coherente de recursos impositivos en función de los roles de cada jurisdicción. El resultado 
de este proceso debe ser un nivel central concentrado en funciones estratégicas y las 
provincias y municipios gestionando y rindiendo cuentas por los resultados. Sólo bajo estas 
condiciones resulta pertinente cambiar la localización geográfica de la capital. 
Distribución de los recursos públicos nacionales a las provincias 
(En % de la recaudación total) 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
info@idesa.org - www.idesa.org – Tel. (54) - 11 - 4374 7660 / (54) - 351 - 427 1271 
Las fuentes y los 
datos en formato 
Excel utilizados en 
este informe pueden 
ser solicitados a 
info@idesa.org 
Nota: 2014 
corresponde a 
primer semestre 
Fuente: IDESA en 
base a Secretaría de 
Hacienda (Ministerio 
de Economía) 
37,9% 36,7% 35,8% 
Total 
32,0% 
27,6% 26,7% 
5,9% 
9,1% 9,1% 
0% 
1994 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2014 
Distribución automática Distribución no automática

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Distribución de los recursos públicos nacion ales a las provincias

  • 1. 31 de Agosto de 2014 – Número 563 SOLO 1 DE CADA 3 PESOS DE RECAUDACION VA A LAS PROVINCIAS La descentralización y el respecto por las autonomías locales es una tendencia global que bien instrumentada tiene enormes ventajas, además de ajustarse a lo que manda la Constitución Nacional. Pero planteos de este tipo pierden credibilidad cuando provienen de una administración que ha basado su gestión en la concentración y la arbitrariedad. Antes de pensar en trasladar la capital es necesario clarificar roles entre jurisdicciones nacional y provincial y sancionar un sistema coherente de coparticipación federal de impuestos. La organización federal se basa en la descentralización de funciones y de recursos públicos. La regla básica es que el nivel central cumple los acotados roles que comprenden al conjunto de la población y las jurisdicciones locales (las provincias y los municipios, para el caso argentino) tienen la mayor parte de las responsabilidades que involucran la atención a los ciudadanos dentro de sus límites geográficos. Bajo esta lógica, la Constitución Nacional asigna a la Nación las relaciones internacionales, la defensa nacional, la justicia federal, la educación superior y ciencia y técnica, la seguridad social y la infraestructura interprovincial (energía, comunicaciones y transporte interurbano). Las provincias y municipios son responsables de las funciones estatales más importantes desde el punto de social, tales como la educación básica, la salud pública, la infraestructura urbana, la promoción y la asistencia social, la seguridad y la justicia provincial. Para un adecuado funcionamiento de esta organización es clave que los recursos públicos sean distribuidos de forma coherente con la asignación de roles entre jurisdicciones. En este sentido, los datos de la Secretaría de Hacienda muestran que: • En el período 1994 – 2000, el 37,9% de los recursos públicos nacionales iban a las provincias, de los cuales 32,0 puntos porcentuales se dirigía por mecanismos automáticos y 5,9% por mecanismos no automáticos. • En el período 2001 – 2009, el 36,7% de los recursos nacionales iba a las provincias, de los cuales 27,6 puntos eran automáticos y 9,1 puntos no automáticos. • En el período 2010 – 2014, el 35,8% de los recursos nacionales van a las provincias, de los cuales 26,7 puntos son automáticos y 9,1 no automáticos. info@idesa.org - www.idesa.org – Tel. (54) - 11 - 4374 7660 / (54) - 351 - 427 1271
  • 2. De estos datos oficiales se destacan tres hechos muy relevantes. En primer lugar, la desproporcionada cantidad de recursos que capta la Nación ya que apenas 1 de cada 3 pesos de la recaudación se distribuye a las provincias. En segundo lugar, que esta desproporción no es reciente, aunque se ha profundizado en la última década. En tercer lugar, que es cada vez más preponderante la porción de los recursos que se distribuyen a las provincias por mecanismos no automáticos, es decir, por criterios arbitrarios. Las provincias tienen la mayor parte de las responsabilidades pero no cuentan con los recursos, mientras que la Nación tiene los recursos pero no es responsable de los principales servicios sociales. Se trata de un esquema irracional e ineficiente porque genera superposiciones, vacíos y dilución de responsabilidades. ¿Qué función cumple un ministerio de educación nacional que no administra escuelas? En la práctica, justifica burocracia e interfiere en la gestión provincial, por ejemplo negociando el salario docente cuando el 90% de los salarios lo pagan las provincias. ¿Qué rol cumple un ministerio de salud nacional de quien no dependen los hospitales? Básicamente interferir en la gestión provincial de la salud pública, por ejemplo distribuyendo dispositivos anticonceptivos sólo entre algunas provincias. Con estas superposiciones e incoherencias ambas jurisdicciones tienen excusas para eludir responsabilidades por los pobres resultados alcanzados. La descentralización y el respeto por las autonomías locales es una tendencia global que bien instrumentada tiene enormes ventajas. Es más democrático y participativo porque acerca la gestión de los recursos públicos a la gente. También más eficiente porque evita burocracia y facilita el control social. Por el contrario, la centralización como la que sufre la Argentina facilita la administración autoritaria del Estado, promueve la burocracia, la falta de pertinencia del gasto, la discrecionalidad y la corrupción. Un testimonio muy ilustrativo es el escándalo con los planes de viviendas (una responsabilidad provincial) instrumentado desde la Nación a través de una fundación ligada a los derechos humanos. Lo más importante no es mudar la capital sino terminar con el centralismo. Es decir, volver a los criterios constitucionales de asignación de responsabilidades y distribución coherente de recursos impositivos en función de los roles de cada jurisdicción. El resultado de este proceso debe ser un nivel central concentrado en funciones estratégicas y las provincias y municipios gestionando y rindiendo cuentas por los resultados. Sólo bajo estas condiciones resulta pertinente cambiar la localización geográfica de la capital. Distribución de los recursos públicos nacionales a las provincias (En % de la recaudación total) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% info@idesa.org - www.idesa.org – Tel. (54) - 11 - 4374 7660 / (54) - 351 - 427 1271 Las fuentes y los datos en formato Excel utilizados en este informe pueden ser solicitados a info@idesa.org Nota: 2014 corresponde a primer semestre Fuente: IDESA en base a Secretaría de Hacienda (Ministerio de Economía) 37,9% 36,7% 35,8% Total 32,0% 27,6% 26,7% 5,9% 9,1% 9,1% 0% 1994 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2014 Distribución automática Distribución no automática