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1. Conflictos socioambientales en el Perú
Mg. Gloria Ramos Prudencio
Congresista de la República
I. INTRODUCCION.
Los recientes acontecimientos de la segunda huelga amazónica, con los hechos
trágicos del 5 de junio ya conocidos, ha despertado una creciente preocupación acerca
de la razón del conflicto, de sus motivaciones y sobre la naturaleza del movimiento
social indígena que visto en perspectiva, es el más grande despliegue de fuerzas de la
mayoría de pueblos amazónicos hasta la fecha.
La causa más visible del conflicto ha sido motivada por la aplicación de un paquete de
Decretos Legislativos en el marco del Tratado de Libre Comercio, sin la consulta a las
comunidades nativas de acuerdo al convenio 169 de la OIT y porque vulnera los
derechos a la identidad cultural, sin embargo, cabe precisar, que en la selva peruana
se vienen presentando conflictos sociales constantes desde hace por lo menos toda la
década del 2000. En todo caso, queda claro que estos DL fueron el factor que impulsó
un conjunto de protestas y descontentos que ya se estaban desarrollados desde
antes.
En un periodo de tres años un total de 23 zonas fueron escenarios de intensos
conflictos sociales que entraban en una fase de actividad o de latencia. En ese mismo
periodo, se realizaron dos huelgas nacionales indefinidas, siendo esta última el más
prolongado (55 días) y más trágico por la muerte de 34 personas (24 policías y 10
nativos). Loreto tuvo el mayor número de casos, aunque las regiones de Amazonas y
Madre de Dios son los que tuvieron los casos de conflictos más violentos e intensos.
Las comunidades se enfrentan al Estado y el conjunto de compañías transnacionales,
de diversas formas. En algunos casos se evidencia su presencia negociadora o de
diálogo en instancias del Estado o de empresas, pero también en forma violenta
porque estos últimos no los validan como sujetos capaces de articular un discurso y
participar de un debate, colocándolos como parte de sus trabajadores o sus
beneficiarios sociales o finalmente como opositores al progreso económico, sin
considerar que son los verdaderos propietarios de las tierras. Cuando finalmente se da
el conflicto entre la autoridad y las comunidades, ante una iniciativa empresarial de
gran escala y que compromete los intereses indígenas, se aprecia una actitud del
Estado tardía y reactiva así los procesos de negociaciones para llegar a un consenso
no tuvieron buenos resultados.
Los conflictos por tanto surgen de dos procesos: por un lado, del Estado como son la
dación de Decretos Legislativos, el creciente temor de las comunidades nativas de
perder sus tierras, esto es un derecho colectivo al territorio que no ha sido reconocido
a cabalidad por el Estado y por el otro, el temor de pérdida o contaminación respecto a
sus propios recursos naturales suelo, agua, flora, fauna y enfermedades de la
población indígena por la mayor presencia de empresas transnacionales o intención
de funcionarios públicos y de comerciantes de maderas, migrantes nacionales o
extranjeros que ofrecen ganancias por el uso y finalmente empresas petroleras y de
gas por explorar en sus territorios comunales.
El temor es más fuerte en aquellas comunidades que no cuentan con sus títulos
saneados e inscritos por el Estado; más aún, la posibilidad y el miedo de perder sus
tierras creció cuando se aprobaron decretos que claramente abrían esa posibilidad,

2. caso de los Decretos 1015 – 1013 – 1064 – 1090 (Derogados después del conflicto de
Bagua). Ello se agudiza por los conflictos generados por la presencia de empresas
petroleras, las luchas que se hicieron contra los graves casos de contaminación
ambiental y la existencia de pasivos ambientales y la falta de control más exigente que
no son asumidos por el Estado, ya se venían dando desde antes. Algunos de los
conflictos venían desde la década del 1960, otros se habían activados desde finales
de la década del 90. Por tanto, el temor tenía fundamento. Es básicamente ese temor
el que activó la movilización de líderes de las comunidades de las regiones de la selva.
El tema de la propiedad, la posible pérdida de los recursos apareció así en el centro
del problema. La particularidad de los conflictos por la propiedad de la tierra y
bosques, a diferencia de las comunidades campesinas y del campesino en general,
era que las comunidades nativas establecieron el concepto de tierras vinculado al de
territorio como componentes básicos en la titulación de sus comunidades nativas y de
sus bosques incluidos (fauna, flora, agua).
II. LA NO INCLUSIÓN EN EL SISTEMA POLÍTICO Y EL ESTADO
Muy pocas de las demandas indígenas son asumidas por los partidos políticos, y ese
es un factor que genera desconfianza a la hora de establecer diálogos. Ello queda
demostrado por la falta de conocimiento que tienen muchos congresistas sobre el
tema indígena.
Desde el congreso se ha formado una Comisión Multipartidaria para trabajar sobre
políticas públicas que incluyan las principales demandas de los pueblos indígenas en
las políticas de desarrollo nacional.
Se han trabajado los temas de Territorio, Salud y Educación como la inclusión de la
consulta previa y aplicación del Convenio 169. El informe sobre consulta previa a los
pueblos indígenas ha sido presentado en la Comisión de constitución del Congreso de
la República, generando interés y un debate que debe seguir siendo promovido por
los congresistas del grupo parlamentario indígena del Perú.
Cabe señalar que la actuación de los organismos públicos en general, salvo
excepciones como el Ministerio de educación con su instancia de Educación Bilingüe
Bicultural (EBI)1
y el Ministerio de Saludos con el Centro de Salud Intercultural (CSI)2
y
algunos Gobiernos regionales, los encargados sobre el tema indígena ha sido muchs
veces poco productiva.
El Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos
INDEPA3
adscrita al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES).constituye el
El MINEDU tiene para el tema indígena la dirección nacional de Educación Intercultural y bilingüe
(DINEBI). Con la R.D 175-2005-ED, el MINEDU determina los Lineamientos de Política de la Educación
Bilingüe Intercultural centrado en la política de Lenguas y Culturas 2005 (MINEDU 2005a).
El actual Centro de Salud Intercultural (CENSI) se encarga de la Estrategia Sanitaria Nacional de salud
de los Pueblos Indígenas establecida por la LEY Nº 27657 del MINSA, en el año 2002. El CENSI es el
órgano técnico normativo que tiene como objetivo proponer políticas y normas en salud intercultural; así
como promover el desarrollo de la investigación, docencia, programas, servicios, transferencia tecnológica
y la integración de la medicina tradicional con la medicina occidental. Esta última con el propósito de
contribuir a la mejora del nivel de salud de la población. Según el Informe Defensorial Nº 101, el CENSI
tuvo una mayor presencia entre los Pueblos Indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto
inicial, en Cusco.
El proceso INDEPA deviene de la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas (SETAI), apoyado por el
Banco Mundial en el período1998 – 2000. La SETAI fue constituida el año 1998 como un órgano de
cuarto nivel dentro del ámbito administrativo del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo

3. organismo rector de las políticas nacionales (propone y supervisa su cumplimiento),
coordina con los Gobiernos Regionales la ejecución de los proyectos y programas
dirigidos a la promoción, defensa, investigación y afirmación de los derechos y
desarrollo con identidad de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.
INDEPA tendría que tener activo el Consejo Directivo integrado por 23 miembros
entre ellos cuatro representantes andinos, tres amazónicos y dos afroperuanos
elegidos mediante el voto popular en sus respectivas comunidades. Sin embargo,
según informan dirigentes campesinos y nativos, no se ha convocado a reunión
alguna por lo menos desde el 2008.
En el caso de la titulación de las tierras comunales era una función del Proyecto
Especial de Titulación de Tierras PETT, y dependía funcionalmente del Ministerio de
Agricultura. Con la reforma del Ejecutivo, el PETT fue absorbido por COFOPRI, una
institución encargada de la titulación de las viviendas urbanas y dependiente del
Ministerio de Vivienda. El pase de un sector a otro, generó problemas de carácter
técnicos por la pérdida de personal especializado en la materia. Este organismo no ha
jugado un papel positivo toda vez que ante la creciente exigencia de las comunidades
por su titulación, las respuestas son dilatorias.
No solo hubo falta de recursos económicos y técnicos para cumplir sus planes y
metas, sino también por el hecho de que fue ubicado en un sector del Ejecutivo que
nada tiene que ver con las comunidades indígenas4
.
Es importante más bien la acción del Ministerio de Educación en los lineamientos de
políticas de EBI se reconoce que El Perú es un país multilingüe y pluricultural, sin
embargo la estructura jurídico-política vigente no corresponde a esta realidad, un
Estado-nación con una cultura uniforme y lengua "nacional". En el caso del CENSI
tiene trabajos sobre salud intercultural poco conocidos.
Los funcionarios de ambas instancias sostienen que tienen una débil capacidad para
influir en las políticas. A su vez, cada vez tienen menos apoyo de la cooperación
internacional para realizar sus proyectos. Los funcionarios consideran que se ha
avanzado muy poco con INDEPA.
En los gobiernos regionales hay que destacar la creación en el gobierno regional de
Junin, el Consejo Regional de Pueblos indígenas cuyas organizaciones tienen
posibilidad de presentar propuesta de política regional.
En estos meses se ha constituido el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de
los Pueblos Amazónicos5
a cargo de la formulación de un Plan integral de desarrollo
Humano- PROMUDEH y su creación duró hasta el año 2001. El 5 de Octubre de 2001 se creó la
Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA), dependiente de la
Presidencia del Consejo de Ministros. Su finalidad era liderar un proceso de cambio priorizando
estrategias de desarrollo que respeten los valores culturales y eliminen toda forma de discriminación con
los pueblos indígenas y Afroperuanos. (D.S. N° 111-2001-PCM). Esta entidad tuvo también una corta
duración, pues fue desactivada en 2004, creándose INDEPA
Recientemente se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Agricultura y COFOPRI (el 21 de
setiembre de 2009) para la titulación de 150 comunidades nativas, sin que se explique la forma comos e
llevará a cabo dicha titulación. Desde la Comisión Agraria se ha solicitado la presencia de los funcionarios
que han firmado dicho convenio para que expliquen la manera como se hará dicha titulación sin que
hayan sido convocados aún por la Presidencia de la Comisión.
Se constituyó el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos con
RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 211-2009-PCM de junio 2009 y se Modifican R.S. Nº 117-2009-PCM en
agosto 2009 mediante la cual están:
- El Ministro de Agricultura o su representante, quien lo presidirá;

4. sostenible para dichos pueblos, en los ámbitos de educación, salud, titulación,
formalización de tierras y demás medidas necesarias. Este plan está en elaboración.
Desde el gobierno se han venido promoviendo medidas que generan desconfianza y
poca claridad que muchas veces no permite la negociación con los pueblos indígenas
y comunidades campesinas como las siguientes:
• El interés del Estado de incentivar las exploraciones de lotes petroleros, la
mayoría de ellos ubicadas en la Selva sin el adecuado proceso de información
previa y consulta para los pueblos indígenas.
• El creciente interés del estado de promover la inversión privada para el
desarrollo de proyectos agroindustriales. Para tal efecto buscó acondicionar las
normas legales para facilitar que empresas agropecuarias puedan acceder a
tierras (y bosques deforestados) para producir bio combustibles. Esta decisión
alertó a comunidades nativas que vieron en esta política una posible forma de
quitarles sus tierras comunales y la constitución de latifundios.
• El creciente interés por explotar los bosques maderables, bosques que por lo
general están en los territorios comunales.
Un hecho que agravó más la inseguridad de las comunidades nativas respecto del
futuro de sus tierras fue la falta de precisión en los datos que difundía el Estado
respecto del número de hectáreas de bosques de las comunidades nativas. Las cifras,
según especialistas no coinciden. La acusación de que el Estado ha difundido cifras
menores de las que las comunidades reconocen como suyas es porque – sospechan –
éste, quiere apropiarse de facto de tierras comunales para ofertarlas a privados.
Es en este escenario complejo en el que se desarrollaron las dos huelgas nacionales y
jornadas de lucha en la amazonia peruana
III. LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA RELACIÓN ESTADO Y PUEBLOS
INDIGENAS AMAZÓNICOS
El conflicto amazónico tiene tres puntos críticos no resueltos a la fecha. Estos son
a) La poca credibilidad y logro de resultados de los espacios de concertación creados
por el Gobierno y el desconocimiento del derecho a la consulta previa a los
pueblos indígenas amazónicos.
Las dos huelgas amazónicas del 2008 y 2009 han puesto en evidencia que los
espacios de concertación creados por el Gobierno de turno, especialmente con el
INDEPA, no dieron resultado. Vale decir, no fue un espacio de concertación y
diálogo, sino un órgano con ninguna capacidad de resolución de las demandas de
los pueblos amazónicos y sin ninguna posibilidad de ser contrapeso a las
decisiones del Ejecutivo. Tampoco tuvo capacidad de proponer iniciativas
legislativas.
- Los titulares o representantes de los siguientes sectores: Ambiente; Energía y Minas; de la Mujer y
Desarrollo Social; Salud; Educación; Transportes y Comunicaciones y Vivienda, Construcción y
Saneamiento;
- Los Presidentes de los Gobiernos Regionales de los departamentos de Loreto, Ucayali, Amazonas, San
Martín, Madre de Dios, Cuzco, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho y Cajamarca; y, - Los 10 representantes
de las organizaciones indígenas amazónicas acreditados en la reunión del 22 de junio del presente año.

5. b) El conflicto de intereses entre una política nacional de promoción de la inversión de
recursos naturales y una demanda de las comunidades de ser consultadas en
materias de política que afecta derechos comunales.
Este es un punto generador del actual conflicto amazónico, frente al cual no hay
todavía fórmulas de salida. El Gobierno ha priorizado como objetivo nacional la
puesta en valor la selva y sus recursos naturales y para ello ha centrado su interés
en incentivar la inversión privada en la explotación del petróleo, gas, minería
aurífera y bosques maderables.
Pero esta iniciativa ha chocado con derechos de pueblos indígenas que ven en
esta política un grave riesgo a su sobrevivencia.
No hay todavía fórmulas de salida a la crisis. Los esfuerzos por encontrar salidas
consensuadas a este punto crítico no han dado resultado, y puede ser a corto
plazo un factor generador de nuevos enfrentamientos.
c) Tierra y Territorio; titulación de tierras y bosques de las comunidades amazónicas
La AIDESEP, el CONAP y también las federaciones bases han planteado la
necesidad de poner en la agenda de debate nacional la demanda de la titulación
de las tierras y bosques comunales, ante el avance de las concesiones de bosques
y tierras a colonos y empresas privadas.
Tierra es igual que Territorio. La propiedad de las tierras implica el dominio sobre
los recursos naturales y un derecho a negociar en igualdad de condiciones con las
empresas mineras, en relación de propietario a concesionario. Con esta demanda
se busca paralizar las concesiones de lotes petroleros básicamente, para que las
comunidades puedan tener decisión sobre la presencia de las empresas
petroleras, mineras o madereras en territorios indígenas.
.
IV. CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
El último informe de la Defensoría del Pueblo Nº 68 sobre conflictos sociales, señala
que los conflictos socioambientales han venido aumentando Los conflictos de distinta
intensidad entre población, autoridades de diferentes entidades públicas y empresas,
con información actualizada al 31 de octubre de 2009. El reporte da cuenta de la
existencia de 286 conflictos sociales, de los cuales 219 se encuentran activos (77%) y
67 en estado latente (23%). Del total de conflictos, 132 son conflictos
socioambientales.
La mayoría ubicados en los departamentos de Puno, Cajamarca y Ancash,
departamentos en los que la inversión minera y las concesiones han ido en aumento.
En general los conflictos se dan por el incumplimiento de las empresas mineras de
acuerdos o convenios a los que arribaron con las comunidades.

6. Tomado del Informe Nº 68 de la Defensoría del Pueblo
En todo caso los conflictos van en aumento.
Desde el congreso se han tenido iniciativas legislativas a fin de que los derechos de
los pueblos indígenas y comunidades sean tomados en consideración, se han
propuesto iniciativas legislativas para hacer efectivo el derecho ala consulta previa y la
aplicación en la legislación nacional de los alcances del Convenio 169 de la OIT que
pese a estar ratificado por el Estado Peruano desde 1994 aún no se ha incluido
propiamente en la elaboración de normas y no se ha aplicado cabalmente.
La reivindicación del territorio de los pueblos indígenas es una de las demandas más
importantes de las Organizaciones Amazónicas y de las comunidades andinas.
Los conflictos están latentes y pese a las iniciativas de mesas de dialogo y comisiones
investigadoras no hay soluciones claras que busquen y promuevan un reconocimiento
de los derechos de los pueblos indígenas, más aun desde la políticas de gobierno hay
una invisibilización de las poblaciones indígenas.
En ninguno de los discursos presidenciales desde el 2006 se ha incluido a las
comunidades, en ninguno de los planes de desarrollo elaborados desde el ejecutivo se
las tiene en consideración como tal con el pleno reconocimiento de sus derechos a
una cultura propia e identidad pese a que estos derechos están reconocidos por la
Constitución Política del estado de 1993.
V. CONCLUSIONES
1. No hay voluntad política para reconocer los derechos de los pueblos
indígenas sobre su territorio, al contrario desde el Estado se promueve la
inversión privada en territorios indígenas existiendo superposición de lotes
para concesión minera o de hidrocarburos en tierras ancestrales de pueblos
indígenas.
2. Desde las organizaciones indígenas se busca el reconocimiento de los
derechos indígenas por parte del estado. Los movimientos indígenas
regionales han ido ganando el apoyo de otras organizaciones regionales y
reivindican sobre todo el derecho a la tierra-territorio promoviendo el
derecho a la consulta a fin de ser tomados en cuenta por el Estado al
momento de otorgar las concesiones sobre los recursos naturales que
existen en ellos.

7. 3. Los espacios de dialogo y concertación que ha venido promoviendo el
estado están siendo desconocidos al sentir la población que devienen
inoperativos y que no aportan soluciones sino largos tiempos de espera.
4. En el Congreso se han presentado iniciativas legislativas que promueven la
inserción y reconocimiento del Convenio 169 en la legislación Nacional, ya
es un primer paso que se haya debatido el informe sobre las propuestas de
inclusión de consulta previa en la comisión de Constitución.
5. Se ha presentado también en la comisión de Pueblos Andinos Amazónicos
y Afroperuanos Ambiente y Ecología la iniciativa de dar rango de Ley a la
Declaración de Pueblos Indígenas de la ONU, iniciativas que son
presentadas por los parlamentarios del Grupo del Parlamento Indígena de
América.