Desde su formación, el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, ha tenido que luchar contracorriente para cumplir con su misión de velar por la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, LAIP. Sin embargo, en diciembre de 2014, el IAIP parece haberse cansado de luchar y por medio de una resolución ha contribuido a perpetuar el secretismo en Casa Presidencial. El IAIP tramitó el proceso de apelación NUE: 117-A-2014 iniciado por FUNDE/ALAC, en el que se pedía revertir la decisión del Oficial de Información de la Presidencia de la República que reservaba información sobre gastos de viajes presidenciales, gastos de publicidad, informes de auditoría interna y detalles sobre la atención a funcionarios internacionales que visitan el país. El papel de la Presidencia en este proceso fue preocupante, porque en contradicción con el compromiso público hecho por el Presidente Sánchez Cerén al asumir su cargo, mostró una postura contraria a la transparencia al solicitar que se restringiera el acceso de particulares y medios a la audiencia en la que se discutiría este caso. La sociedad civil se opuso fervientemente a esta moción, por lo que el abogado de la Presidencia desistió de la petición en una audiencia ampliamente concurrida por representantes de organizaciones civiles y de medios de comunicación. La LAIP es clara y en el presente caso la información solicitada por FUNDE/ALAC es pública, y no cabe dentro de los supuestos de información reservada, por lo que nos sorprendió la resolución del IAIP notificada el 23 de diciembre de 2014, que mediante el voto de la mayoría de sus Comisionados autoriza a la Presidencia a que mantenga fuera del conocimiento de la sociedad, información cuya reserva impide el ejercicio de una contraloría ciudadana sobre el uso de recursos estatales. Consideramos que la resolución del IAIP es un grave retroceso para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, interpreta restrictivamente los alcances de la LAIP, incumple su misión de garantizar la transparencia y la máxima publicidad y perpetúa el secretismo. El IAIP concluye que dar a conocer información sobre el diseño, producción e implementación de las campañas publicitarias del Gobierno conlleva un riesgo de generar prácticas anticompetitivas. En el caso de los viajes del expresidente de la República, el IAIP afirma que dar a conocer la identidad de los miembros de las comitivas oficiales, el país de destino, los costos de vuelos y hospedaje puede revelar datos capaces de comprometer la seguridad de los funcionarios actuales. Consideramos que los argumentos del IAIP atentan contra los principios de razonabilidad, proporcionalidad y de máxima publicidad a los que están sujetas sus resoluciones. Ninguno de los argumentos esgrimidos por el IAIP expresa la suficiente justificación para limitar el goce del derecho f

1. IAIP INCUMPLE SU MISIÓN DE PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y FAVORECEIAIP INCUMPLE SU MISIÓN DE PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y FAVORECEIAIP INCUMPLE SU MISIÓN DE PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y FAVORECEIAIP INCUMPLE SU MISIÓN DE PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y FAVORECE
SECRETISMO DE CASA PRESIDENCIALSECRETISMO DE CASA PRESIDENCIALSECRETISMO DE CASA PRESIDENCIALSECRETISMO DE CASA PRESIDENCIAL
Desde su formación, el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, ha tenido que luchar contracorriente para
cumplir con su misión de velar por la correcta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, LAIP. Sin embargo,
en diciembre de 2014, el IAIP parece haberse cansado de luchar y por medio de una resolución ha
contribuido a perpetuar el secretismo en Casa Presidencial.
El IAIP tramitó el proceso de apelación NUE: 117-A-2014 iniciado por FUNDE/ALAC, en el que se pedía revertir la
decisión del Oficial de Información de la Presidencia de la República que reservaba información sobre gastos de viajes
presidenciales, gastos de publicidad, informes de auditoría interna y detalles sobre la atención a funcionarios
internacionales que visitan el país.
El papel de la Presidencia en este proceso fue preocupante, porque en contradicción con el compromiso
público hecho por el Presidente Sánchez Cerén al asumir su cargo, mostró una postura contraria a la
transparencia al solicitar que se restringiera el acceso de particulares y medios a la audiencia en la que se
discutiría este caso. La sociedad civil se opuso fervientemente a esta moción, por lo que el abogado de la Presidencia
desistió de la petición en una audiencia ampliamente concurrida por representantes de organizaciones civiles y de medios
de comunicación.
La LAIP es clara y en el presente caso la información solicitada por FUNDE/ALAC es pública, y no cabe
dentro de los supuestos de información reservada, por lo que nos sorprendió la resolución del IAIP notificada el 23
de diciembre de 2014, que mediante el voto de la mayoría de sus Comisionados autoriza a la Presidencia a que mantenga
fuera del conocimiento de la sociedad, información cuya reserva impide el ejercicio de una contraloría ciudadana sobre el
uso de recursos estatales.
Consideramos que la resolución del IAIP es un grave retroceso para la garantía del derecho fundamental
de acceso a la información pública, interpreta restrictivamente los alcances de la LAIP, incumple su
misión de garantizar la transparencia y la máxima publicidad y perpetúa el secretismo. El IAIP concluye que
dar a conocer información sobre el diseño, producción e implementación de las campañas publicitarias del Gobierno
conlleva un riesgo de generar prácticas anticompetitivas. En el caso de los viajes del expresidente de la República, el IAIP
afirma que dar a conocer la identidad de los miembros de las comitivas oficiales, el país de destino, los costos de vuelos y
hospedaje puede revelar datos capaces de comprometer la seguridad de los funcionarios actuales. Consideramos que los
argumentos del IAIP atentan contra los principios de razonabilidad, proporcionalidad y de máxima publicidad a los que
están sujetas sus resoluciones. Ninguno de los argumentos esgrimidos por el IAIP expresa la suficiente
justificación para limitar el goce del derecho fundamental de acceso a la información pública, el cual tiene
asidero constitucional en el art. 6 de nuestra Ley Primaria y en reiterada jurisprudencia constitucional. El
único punto en que el IAIP aceptó que se desclasificara totalmente información es con relación a los informes de auditorías
internas, ello gracias a un criterio previamente establecido por el IAIP.
En virtud de lo expuesto, hacemos un llamado al IAIP para que dentro del procedimiento legalmente
establecido reconsidere esta resolución. También exhortamos al Presidente de la República a que cumpla con la LAIP
y revele la información solicitada en este caso. Finalmente, invitamos a la ciudadanía a seguir ejercitando su derecho
fundamental de acceso a la información pública, porque es ejerciendo una contraloría ciudadana que contribuimos a tener
una sociedad más democrática en la que realmente cobra vigencia el principio de soberanía popular.
San Salvador, 8 de enero de 2015.